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Rocha Moya, ya esta solo

Dr. German Molina Carrillo / Por

Julián Germán Molina Carrillo 

 

El regreso a la gubernatura de Sinaloa de Rubén Rocha Moya, que se dio la semana pasada en forma intempestiva y sin anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni de la diligencia nacional de Morena originó un sisma de graves repercusiones en contra del Gobierno Federal, por existir una solicitud de detención por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con efectos de extradición en contra del Gobernador y de nueve funcionarios y ex funcionarios de su administración. 

Después de 112 días que transcurrieron desde su solicitud de licencia al cargo y en los cuales se mantuvo aislado en su domicilio sin hacer declaraciones, ni presentarse en actos públicos ya que solamente se dio a conocer que había sido citado por la Fiscalía General de la Republica como parte de una investigación que se ha mantenido en secreto y de la que no se tiene ninguna información pública. El Gobernador el viernes 21 de agosto decidido salir de su aislamiento, solicitando su reincorporación al cargo al Congreso del Estado de Sinaloa que se encuentra controlado por el morenismo. 

Sin embargo, su reincorporación solo duró 36 horas, ante la ola de criticas tanto del oficialismo, así como de morena.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de ¨X¨ no tener conocimiento de la reincorporación del Gobernador, fue evidente su molestia, ante lo que significaba un desafío a su autoridad y control político de lo que ocurre en el país. 

A la posición de la presidenta se sumaron las declaraciones de la presidenta nacional del partido Ariadna Montiel y del presidente de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal, quienes desaprobaron la reincorporación del Gobernador por las graves consecuencias que trajo a nivel interno y en la relación bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos. 

La presión para que Rocha Moya desistiera de seguir en el cargo subió de tono, con la publicación de un desplegado firmado por 23 gobernadores estatales emanados de Morena y aliados quienes se desmarcaron de la decisión de Rocha Moya de regresar a su cargo y dando su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. 

La presión tuvo resultados obligando a Rocha Moya a solicitar una nueva licencia ahora por tiempo indefinido y cuatro días después el Congreso del Estado designó como nueva Gobernadora Interina a Graciela Domínguez Nava para concluir el periodo de Rocha Moya que será el 31 de octubre de 2027. 

En este contexto es necesario plantearnos las siguientes preguntas:

  1. ¿La decisión de regresar a la gubernatura de Rocha Moya, la tomó por iniciativa propia o por instrucciones de el ex presidente Andrés Manuel López Obrador? 
  2. ¿Fue por la detención del Fausto Corrales Rodríguez testigo clave en el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén, por lo que Rocha Moya buscó recuperar su fuero para evitar ser detenido?
  3. ¿Resulta que ahora sí, la Fiscalía General de la República ya cuenta con las pruebas suficientes que acreditan la culpabilidad de Rocha Moya respecto a la acusación de sus vínculos con el Cartel de Sinaloa y al financiamiento a su campaña para ganar la gubernatura en 2021?
  4. ¿Por qué el oficialismo, que inicialmente defendió a Rocha Moya y le dio todo su respaldo tanto del partido, legisladores y de los gobernadores de los 23 Estados, ahora decidió darle la espalda? 
  5. ¿Cuál será la actitud de las autoridades del Gobierno de Estados Unidos, al persistir la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para detener a Rocha Moya y a los demás acusados por la Corte del Distrito de Nueva York?
  6. ¿Cuáles han sido los daños a la popularidad de la presidenta y a Morena, que ha ocasionado este escandalo con vistas a las elecciones de 2027?
  7. ¿Ya existe una división al interior de Morena y del Gobierno Federal, entre quienes apoyan a la presidenta de la Republica y de quienes continúan siguiendo órdenes del ex presidente AMLO, líder moral del movimiento a la 4T?
  8. ¿El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum seguirá protegiendo a Rocha Moya y a los funcionarios cuya detención con fines de extradición ha sido solicitada por las autoridades Estados Unidos o bien cumplirá el tratado de extradición vigente y los entregará la justicia del vecino del norte?
  9. ¿Sera, que la estrategia del oficialismo es ganar tiempo hasta las elecciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre de este año, para que, si el presidente Donald Trump pierde las elecciones, haya una recomposición en la relación bilateral negociando las solicitudes de detención que existen a la fecha y las que se han anunciado en contra de otros gobernadores? 

Los siguientes dos meses serán claves para nuestro país debido a que en la situación actual que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum podría obligarla a distanciarse de la influencia del ex presidente AMLO y enfrentar en forma decidida a los carteles y grupos de la delincuencia organizada que siguen operando en las dos terceras partes del territorio nacional.

CTE, asignación de tareas

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Mediante un mensaje videogravado (https://www.youtube.com/watch?v=JbDquXJcHKc) Gracia, Mario Delgado, titular del despacho educativo federal, daría la bienvenida a las y los docentes del sistema educativo nacional y tiraría línea sobre el quehacer del magisterio nacional. Mensaje que el Boletín 272 SEP publicaría poco después de las 10:30 horas del 23 de agosto y que dedicaría, entre otras cuestiones, a la “la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar previa al inicio del ciclo escolar 2026-2027”. Diplomático y afectuoso ponderaria “este periodo vacacional tan merecido para las maestras, los maestros y de la oportunidad que como familias hemos tenido de convivir más tiempo con nuestras hijas y con nuestros hijos; [el retorno de] 23 millones alumnos” a las escuelas y en ese entorno les asignaría varias tareas: “fortalecerán sus capacidades de co-diseño curricular para construir el programa analítico de su escuela o servicio educativo, atendiendo las necesidades educativas, situaciones, circunstancias, saberes y problemáticas de la comunidad en la que ejercen su actividad docente”.
El mensaje traería aparejada el cumplimiento de una promesa presidencial; promesa que formaría parte de las tareas asignadas, la desaparición del USICAM expresada en 6 líneas: “Por ello, durante este consejo técnico, vamos a realizar un cuestionario de diagnóstico en línea para tener un punto de partida donde las maestras y los maestros opinen sobre aspectos tan determinantes como qué tipo de valoraciones deben de hacerse, quiénes deben realizarlas, qué aspectos deben tomarse en cuenta, qué peso deben tener criterios como la preparación profesional, los conocimientos, la antigüedad en el servicio, la experiencia pedagógica u otros instrumentos de valoración”, y cuyo formato digital sería rechazado el martes 26 de agosto por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) [La Jornada, pág. 11, jueves 27/08].
De la misma manera,  referiría el inicio de  “un debate nacional para que en el caso del sistema educativo se determine la pertinencia de permitir [o no] los dispositivos móviles dentro de las aulas y las escuelas, porque es precisamente en el aula donde se enfrenta el desafío de mantener la atención de los estudiantes para escuchar, leer, preguntar, conversar, sentir y aprender a convivir con su entorno y su comunidad. Las redes sociales están diseñadas con algoritmos muy poderosos para enganchar a las y los niños durante etapas vulnerables de su desarrollo, generándoles una adicción y apego excesivo a las pantallas mediante el scroll infinito, los likes, los videos de reproducción automática y notificaciones”.
Delgado “aprovecharía” el saludo para fijar la fecha en la que se realizaría (7 de septiembre) “la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil [y formularía una aspiración]. La escuela debe ser un espacio libre de violencias donde se construya una cultura de paz, respeto y se privilegie el diálogo ante los conflictos”. De pasada, se referiría al alcance que tendría el “programa La escuela es nuestra, que ya incluye a media superior”, entre los que contarian 71 000 comités de escuelas a los que entregarían 23 000 millones de pesos en el ejercicio anterior. Agradecería a las y los docentes “sumarse a la estrategia nacional Vive Saludable, vive feliz. […]. Con su ayuda hemos censado a más de 10.9 millones de niñas y niños de más de 83 000 escuelas primarias públicas, el 97.5%  de la matrícula nacional, detectando con ello problemas de salud y atendiendo a más de 8 millones de estudiantes con servicios gratuitos. Los invito en este ciclo escolar que inicia a mantenernos firmes en el logro histórico que hemos alcanzado, erradicar la comida chatarra de las escuelas. Sigamos promoviendo los hábitos saludables y el gusto por la activación física y el deporte”.
La bienvenida de Mario Delgado dejaría una pregunta inevitable: con tantas responsabilidades asignadas al magisterio, ¿en qué momento esperarían las autoridades que las y los docentes se dediquen plenamente a enseñar? El mensaje incorporaría tareas relacionadas con el co-diseño curricular, la consulta sobre el relevo de USICAMM, la discusión sobre dispositivos móviles, la prevención de la violencia, el seguimiento de programas de salud, la promoción de hábitos alimenticios y la participación en diversas estrategias gubernamentales. La lista parecería confirmar que la escuela seguiría siendo la institución,  a cuyos docentes se les asignarían tareas cada vez más amplias, sin que necesariamente se les redujeran otras responsabilidades laborales. Recordaría Gracia que «Al maestro que todo le encargan, poco tiempo le dejan para enseñar.»

Más espacios en la UNAM

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Todavía no salen de una cuando les encomiendan otra, Gracia. La mañanera del 19 de agosto sería el marco propicio para que la titular del ejecutivo federal demandara que “la UNAM, desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo, la verdad. Es nada más cuestión de reorientar el presupuesto. Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad, bueno, pues hay que hacer otro más, otro más. Y la UNAM, que es la Universidad de la nación, pues tenga más espacios para los jóvenes, igual que el Poli, igual que el Tecnológico Nacional de México, igual que todas las universidades públicas y nuevas universidades donde los jóvenes, si quieren estudiar, puedan estudiar. […] Vamos abriendo espacios y ya cada universidad autónoma puede decidir cómo ingresan a sus espacios”.
La solicitud gubernamental de «abrir más espacios» no sería un fenómeno reciente. Se remontaría a la administración de Luis Echeverría Álvarez; administración en la que la UNAM contaría con más de 107 mil estudiantes y en la que crearía el Colegio de Ciencias y Humanidades. Crecimiento que proseguiría con los gobiernos de José López Portillo, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo quienes impulsarían el incremento de la matrícula y de la cobertura universitaria; aunque cada gubernatura nacional tuviese su forma y estilo de matar las pulgas.
 
Crecimiento histórico de la matrícula de educación superior en México 1950-2023
 
Año
Matrícula aproximada
Cobertura (18-24 años o equivalente)
1950
30 mil estudiantes
1.3%
1960
75 mil
2.6%
1970
200 mil
5.3%
1980
700 mil
~12%
1990
1.0 millón
~14%
1993
1.14 millones
~15%
2000
2.0 millones (aprox.)
~20%
2010
2.9 millones (aprox.)
~30%
2020
4.6 millones (aprox.)
~40%
2023
5.0 millones (aprox.)
~43%
Fuente: Las cifras de 1950-1993 provienen de estudios históricos de la UNAM sobre la expansión del sistema de educación superior mexicano. [puees.unam.mx], [puees.unam.mx]. Las cifras recientes se sustentan en los anuarios estadísticos de ANUIES y en las estadísticas de educación superior publicadas por la SEP. [anuies.mx], [ANUIES | MÉXICO].
La matrícula de educación superior pasaría de 30 000 a 200 000 estudiantes en tan sólo 20 años (1950-1970), en una faceta caracterizada por la creación de nuevas universidades locales y por la inauguración de Ciudad Universitaria en 1953. La matrícula de educación superior pasaría de 200 000 estudiantes en 1970 a 700 000 alumnas y alumnos en 1982 y en ese lapso se crearía la Universidad Metropolitana (1973); años en los que se crearían nuevas instituciones de educación superior, modalidades y bachilleratos vinculados con instituciones autónomas de educación superior y entre ellos el mencionado Colegio de Ciencias y Humanidades. Entre los años de 1982 al 2000 la matrícula de las IES rebasaría los  2 millones de estudiantes, aparejado con el boom de las instituciones de financiamiento privado y finalmente entre los años 2000 y 2026 la oferta de servicios educativos de educación superior crecería fundamentalmente de la mano del sector público a través de universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales, la incorporación de la educación en línea; opciones que se fomentarían a partir de las políticas públicas adoptadas por las 2 últimas administraciones. La cobertura nacional pasaría de alrededor de 20% a más de 40% en esos años. La matrícula nacional superó los 5 millones de alumnos en 2023.
La información difundida mostraría que la apertura de más espacios educativos no sería un fenómeno reciente. Surgiría bajo el lema de Arriba y Adelante cuando el Estado adoptaría la idea de que la educación superior debería pasar de ser un sistema de pocos a uno de acceso masivo. Desde entonces, prácticamente todas las administraciones federales habrian impulsado, con distintas estrategias, el crecimiento de la matrícula y la cobertura universitaria. [ses.unam.mx], [puees.unam.mx]. Un dato muy ilustrativo Gracia, sería que México pasaría de 30 mil estudiantes de educación superior en 1950 a más de 5 millones en la actualidad, un crecimiento superior a 160 veces en poco más de siete décadas. Para cerrar y a  propósito del exámen de control se debería considerar que «Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza.»

“EL DESGASTE PRESIDENCIAL “

Dr. German Molina Carrillo / Por

Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Cuando para la mayoría de los mexicanos, el enterarnos de los elogios y reconocimientos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la república Omar García Harfuch, por parte del Director de la DEA Terry Cole en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por el Ministerio de Seguridad Argentino y la DEA, a la que asistieron delegados de más de cien países para coordinar estrategias contra los carteles y organizaciones que llevan a cabo actividades de narcotráfico trasnacional, donde fue el invitado principal y fue calificado como: “un socio de confianza y un buen amigo de los Estados Unidos”

Pensamos que, ahora si el gobierno federal demostraba su compromiso de ir en serio en contra de los grupos criminales que operan en México atendiendo al mensaje que el secretario García Harfuch pronuncio en el evento.

Pero además es de llamar la atención, la exposición del secretario de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum enfocada en la inteligencia y colaboración institucional como los ejes principales para combatir a los narcotraficantes que existen en México.

El reconocimiento del director de la DEA a la trayectoria de Harfuch, resaltando su carrera de más de dos décadas para proteger a las personas en México, su liderazgo y disposición para el intercambio rápido de inteligencia y compromiso compartido para perseguir lideres criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes de crimen trasnacional, de alguna forma significó reconocer por Estados Unidos ,ante un foro internacional la lucha del gobierno mexicano en contra de los carteles para echar abajo las acusaciones de nuestro país está gobernado por los grupos criminales.

Como un logro más de la asistencia a la cumbre, el secretario de Seguridad logró negociar con el gobierno de Argentina, la expulsión y traslado a México del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, quién se encontraba detenido en dicho país, acusado de haber ingresado con un pasaporte falso.

Cabe señalar que Fernando Farías Laguna, es acusado por la fiscalía general de la República de encabezar junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, una red de huachicol fiscal y tráfico de hidrocarburos por un monto superior a seiscientos mil millones de pesos y era reclamado por el gobierno mexicano para enfrentar dichos cargos en nuestro país. Ambos acusados son sobrinos políticos del secretario de Marina durante el gobierno de AMLO, almirante José Rafael Ojeda Duran.

A pesar de la turbulencia política de la última semana originada por el anuncio de Andrés Manuel López Beltran hijo de AMLO, de que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado su visa y de la desafortunada carta que le dirigió al presidente Donald Trump reclamando dicho acto, pidiendo la destitución del secretario de Estado Marco Rubio y del subsecretario Christopher Landau por haber ordenado dicha medida.

La presidenta tuvo que salir a defender al hijo de AMLO, señalando que la fiscalía general de la república no tenía ninguna prueba o indicio en su contra y que la decisión del gobierno

de Estados Unidos era una medida injerencista y que no significaba que tuvieran una investigación en contra de López Beltran.

Es evidente que la presidenta, está a dos fuegos y debe asumir una doble postura, ante la presión del gobierno de Estados Unidos que le exige una mayor cooperación y resultados en la lucha contra los carteles para evitar que sigan operando y enviando drogas como el fentanilo a su país, para lo cual debe detener a los lideres, funcionarios y exfuncionarios de su gobierno y a empresarios ligados a los carteles y bandas que se dedican al huachicol fiscal y por otro lado, la presidenta está obligada a defender al expresidente AMLO, a los gobernadores como el de Sinaloa Rubén Rocha Moya, cuya detención no se ha llevado a cabo a pesar de haber sido solicitada por las autoridades de Estados Unidos, la de Baja California Norte Marina del Pilar Ávila, de Sonora Arturo Durazo y de Tamaulipas Américo Villareal a quienes también les ha sido retirada su visa.

El anuncio de Rocha Moya de que a partir de este día 21 de agosto retoma la gubernatura de Sinaloa, al no haber encontrado la Fiscalía general de la república ninguna prueba en su contra, a pesar de que sigue vigente la solicitud de su detención por la corte de Nueva York de Estados Unidos, es un desafío y un reto a la presidenta, que ahora debe enfrentar las consecuencias de dicha decisión y lo que puede afectar la tensa relación con el gobierno del presidente Donald Trump.

Los meses de septiembre y octubre serán claves, para el desenlace de los anuncios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que solicitará formalmente más detenciones y la postura que asumirá la presidenta para tratar de defender a los funcionarios y legisladores de su partido para que no afecten la imagen del movimiento de la 4T con vista a las elecciones intermedias de 2027, en que se renovarán 17 gubernaturas con sus congresos locales y la cámara de diputados federal.

El desgaste y los conflictos entre los grupos y corrientes de Morena, así como las cuotas y la lucha que se dará para lograr ganar las candidaturas a los cargos, ya es visible y si a ello se suma la percepción y datos de que varios aspirantes tienen antecedentes o ligas con grupos de la delincuencia organizada y carteles, todo apunta a que ante la falta de liderazgo y ambición de poder, será muy difícil se lleguen a acuerdos de unidad y los resultados podrían ser adversos para el movimiento de la 4T.

El desgaste que enfrenta la presidenta empieza a pasarle factura, ya que debe lidiar con los de casa que la llevaron al poder y con los vecinos del norte, que no estás dispuestos a permitir que los carteles y grupos criminales sigan controlando la tercera parte del país y colocando en los cargos a autoridades y funcionarios a su servicio que los protejan y solapen sus actividades delictivas.

LA LISTA NEGRA DE LOS PERIODISTAS INCÓMODOS AL REGIMEN.

Dr. German Molina Carrillo / Por

En el escenario de la polémica desatada desde la presidencia de la república por la propuesta de los lineamientos para regular los derechos de las audiencias que han sido definidas como las garantías y facultades que protegen a la ciudadanía al usar radio y televisión, destacando el derecho de recibir información plural, a diferenciar la publicidad del contenido y al respeto a los horarios.

Propuesta que pone en puntos opuestos los derechos de las audiencias vs. la libertad de los concesionarios los primeros defendidos por el gobierno actual y los segundos por los integrantes de la industria de radio y televisión (CIRT) y organizaciones internacionales como artículo 19 que califican a los lineamientos como un mecanismo de censura en contra de medios como TV Azteca, el Universal y Reforma cuyos contenidos y notas con contrarias al oficialismo.

El pasado 12 de agosto la Consejera Jurídica de la presidencia de la República Luisa María Alcaide en su programa denominado “Derecho de réplica” dio a conocer los nombres de un grupo de periodistas y comunicadores, que de acuerdo a una investigación del gobierno difunden noticias y comentarios en contra del movimiento de la 4T y del oficialismo, por medio de una red que se encarga de replicar lo publicado en las redes sociales utilizando recursos económicos a gran escala para llegar a un mayor número de personas.

La publicación de la lista de comunicadores con sus correos electrónicos incluye a personajes y programas de radio y televisión como Javier Alatorre de Azteca noticias, Carmen Aristegui, Joaquín López Doriga, Víctor Trujillo, Adela Micha, Azucena Uresti, Carlos Alazraski, Denisse Dreser, entre otros, que casi a diario atacan al régimen y llevan a cabo una labor de desgaste en contra de la presidenta y de su gobierno, de acuerdo con el dicho de la consejera Jurídica.

Ante la ola de descalificaciones y criticas a la publicación de la lista y de los pronunciamientos de diversos sectores de la sociedad y la academia, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a defender a su consejera y a tratar de justificar que no se trata de una campaña contra de la prensa, sino de que el pueblo de México, se de cuenta de como operan estas redes para difundir información falsa en contra del movimiento.

Pese a lo anterior y de que varios de los periodistas y comunicadores cuyos nombres fueron incluidos en la lista de la presidenta, de inmediato dieron respuesta puntual a lo aseverado por la Consejera Jurídica negando desde luego la existencia de dicha red y de que exista un concierto entre todos estos medios para llevar a cabo la tarea de difundir información falsa y tendenciosa en contra de la presidenta, considero necesario hacer una serie de reflexiones para ser valoradas por los ciudadanos mexicanos, ante la complicada situación en la que se encuentra inmerso el país, al ser considerado como uno de los cuatro más peligrosos a nivel mundial para ejercer el periodismo.

En primer lugar, como ya se ha vuelto costumbre desde la presidencia de AMLO, de difundir información que debiera ser reservada y que se pone en riesgo la seguridad de las personas que se mencionan en la conferencia mañanera, como ocurrió en el caso de periodistas como Carlos Loret de Mola dando a conocer su situación patrimonial e ingresos; le tocó a la Consejera Jurídica, no sólo dar a conocer los nombres, sino también  los contactos de los periodistas enemigos del régimen que desde ese momento se volvieron el centro de ataques y descalificaciones a su labor, con insultos y ataques a su trabajo, así como amenazas a su integridad física y vida, por fanáticos y ciudadanos que consideran que se han vuelto sus enemigos y que deben ser  tratados como delincuentes y traidores a la patria.

Aunque al día siguiente de la publicación de la lista, la propia consejera jurídica, en sus redes sociales, salió a aclarar que no se trataba de una lista, sino de información que denunciaba la forma de operar de estas personas para hacer viral en sus plataformas y programas de noticias sus comentarios y críticas al régimen, el daño ya está hecho y esperemos que quienes aparecen en la mencionada lista, como el caso de Ciro Gómez Leyva que ya fue víctima de un ataque armado en la ciudad de México por un comando de la delincuencia organizada, no sean afectados en su seguridad por seguir desempeñando su labor de informar.

México, no merece seguir en la polarización y división que dejó como herencia el expresidente AMLO, que no ha dejado nada bueno al país y que ha incentivado el encono y la violencia por discusiones ideológicas y el discurso de confrontación en el que se ha puesto a los ciudadanos en gran parte de la Nación.

Nos quejamos de la violencia en el país y estamos formando a las nuevas generaciones en un clima de divisionismo y de falta de tolerancia para quienes no piensan igual que nosotros; el oficialismo no comprende que se trata de sacar adelante al país cuyos problemas y carencias siguen prevaleciendo y no de buscar a toda costa aplastar a quienes calificamos como enemigos por cuestionar o denunciar las cosas que no están funcionando y que en todo caso corresponde resolver a quienes nos gobiernan; una vez más, se cuestiona al mensajero y no se hace caso al mensaje.

Platos rotos

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
El sitio de Facebook Línea Caliente Noticias publicaría el 25 de julio pasado los resultados de una investigación de Raúl Rojas González, matemático y experto en Inteligencia Artificial -entre otras ramas del conocimiento científico-, en la que encontraría un elevado porcentaje de resultados atípicos en el examen de admisión de la UNAM 2026 “compatibles con la hipótesis de haber recibido ayuda externa durante el examen”. La difusión de los resultados que Raúl Rojas habría obtenido de la comparación “de la distribución de los puntajes obtenidos en 2026 con la observada entre 2021 y 2025” motivaría la integración de una comisión técnica del Consejo Universitario que, tras su análisis, confirmaría la existencia de patrones estadísticamente atípicos señalados por el investigador  de la Universidad de Berlín y mandataría un examen de control; medida adoptada desde el ámbito institucional que terminaría trasladando a miles de aspirantes los costos y las incertidumbre derivados de una controversia que no provocaron y que conocerían por la lectura de varios boletines institucionales.
El Boletín UNAM-DGCS-463bis [publicado a las] 18:00 h [del] 9 de agosto de 2026 señalaría: “Más de 43 mil aspirantes ya tienen fecha y sede para el Examen de Control”; evento que iniciaría el miércoles 12 de agosto en la sede León y proseguiría en Oaxaca, Tijuana y concluiría el 19 de agosto, en la CDMX. Previamente, la UNAM habría reconocido la existencia de “resultados atípicos” obtenidos -en el examen de admisión- por aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios como ya se había mencionado Gracia. Y aunque en el boletín de marras la Universidad vistiera el examen de control como un acto de justicia social, al determinar que la aplicación se realizaría en “3 sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior para las y los jóvenes de las entidades de la República”. Las protestas de los obligados no dejarían de sentirse, bajo argumentos relacionados con lejanía, altos costos que les generaría y conflictos de ingreso a la plataforma al solicitar la opción de control.
No obstante, el escándalo detonado de manera institucional por la presentación de resultados, el Boletín UNAM-DGCS-413 del 16 de julio de 2026 aportaría algunos datos a tener en consideración, por ejemplo: “21 mil 962 ingresarán por el Concurso de Selección y 28 mil 151 por Pase Reglamentado. La matrícula de licenciatura aumentará en 1 454 espacios respecto al periodo anterior”. Estudiantado que ingresaría a cualquiera de “las 134 carreras que ofrece la UNAM en sus diferentes sistemas”. Los aspirantes, señalaría el boletín, habrían ascendido a “191 306” estudiantes; de ellos, 158 712 (82.09%) sustentarían el examen correspondiente y a 3 174 (2%) les sería “cancelado por haber realizado
conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria”; si bien, el comunicado habría resaltado que “el examen para nivel licenciatura se realizó en línea, lo que se traduce en brindar la oportunidad de seguir su proceso de ingreso a un mayor número de personas aspirantes que viven en diferentes regiones del país y del extranjero, sin necesidad de desplazarse”; desplazamiento obligado e ignorado al asignar las sedes para quienes se someterían a la comprobación del resultado obtenido en el examen de admisión, y que acrecentaría las dificultades para los reexaminados, tal como se comprobaría con la lectura de la nota “UNAM: ayer hicieron examen de control 69% de convocados (La Jornada, 13/08/26, pág. 8), aspirantes que pagarían los platos rotos.
Gracia, nadie podría cuestionar el deber de la UNAM de proteger la integridad de sus procesos de selección. Ante indicios estadísticos que sugerían anomalías, la revisión resultaría no sólo legítima, sino necesaria. Sin embargo, también es cierto que las decisiones adoptadas trasladarían parte del costo de la incertidumbre institucional a decenas de miles de jóvenes que, hasta prueba en contrario, actuaron conforme a las reglas establecidas por la propia convocatoria. Y así Estimada Maestra, entre algoritmos, estadísticas y sospechas, terminarían siendo los aspirantes quienes pagarían los platos rotos, porque como reza el viejo refrán: «pagan justos por pecadores».

Estadísticas de educación y de educación superior

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Los recientes resultados del proceso de selección de la Universidad Nacional Autónoma de México, volverían a colocar en la agenda pública un tema recurrente: la capacidad del sistema de educación superior para atender la creciente demanda de las y los jóvenes que aspiran a continuar sus estudios profesionales. Cada año, miles de aspirantes participan en los distintos mecanismos de admisión de la UNAM y otras instituciones públicas de alta demanda, generando debates sobre cobertura, equidad, financiamiento y oportunidades educativas; y en este último proceso, las posibles trampas con IA, a las que recurrirían no pocos aspirantes.
Sin embargo, más allá de los casos individuales y de la atención mediática que generan los resultados de ingreso, conviene observar el panorama nacional. Las estadísticas del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, aunque después de pasados 2 ciclos escolares presentarían un desfase temporal, permitirían dimensionar el tamaño, las características y los desafíos de la educación superior mexicana, así como identificar avances y rezagos que ayudarían a comprender de mejor manera el contexto en el que ocurre la disputa por los espacios universitarios.
El cuadro Estadísticas del sistema educativo nacional 2024-2025 (pág.12), publicado en Las Principales cifras del sistema educativo nacional 2024-2025 (SEP), permitirían contar con un panorama cercano a la realidad. En el ciclo escolar citado, México contaría con una matrícula total de 34 370 623 estudiantes; de ellos, 17 418 766 corresponderían a mujeres (50.67%) y 16 951 857 a hombres (49.32%), los que serían atendidos por 2 180 559 docentes en 262 351 escuelas. De la matrícula total asistirían al sistema público 28 769 367 (83.70%) alumnos; 14 452 416 (83.54%) mujeres y 14 316 951 (84.45%) hombres.
El 16.05% de la matrícula total (5 519 791 alumnos) estaría inscrita a educación superior y de los 5 millones mencionados, 2 988 614 (54.14%) son mujeres y 2 531 177 (45.85%) hombres, quienes serían atendidos por 519 190 docentes (23.80% del total de la plantilla nacional),  y asistirían a alguna de las 9 263 escuelas (3.53%) de ese nivel. De la matrícula total de superior el 61.92% (3 417 960) asistirían a instituciones públicas, y de esa cifra, 1 777 633 (52.0%) son mujeres y 1 640 327 (47.99%) hombres. A las Instituciones de Educación Superior privadas, asistirían 2 101 831 alumnas y alumnos (38.07% de la matrícula total del nivel); de esas cifras y porcentajes 1 210 981 (57.61%) corresponderían a mujeres y 890 850 hombres (38.57%), quienes serían atendidos por 233 355 docentes (44.94%) en 5 962 (64.36%) planteles.
El cuadro Tipo, sostenimiento y nivel, mostraría que la matrícula de educación superior crecería en un 6.3% entre los ciclos escolares 2022-2023 y 2024-2025, al pasar de 5 192 618 a 5 519 791 alumnas y alumnos, quienes serían atendidos por 519 190 docentes, un 5.8% más que el ciclo escolar 2022-2023 y que asistirían  a 9 263 escuelas. Este cuadro dividiría a las y los estudiantes de educación superior en 3 tipos: 1. Normal licenciatura, escuelas que en el antepasado ciclo escolar contarían con 127 938 alumnas y alumnos y una participación del 2.31% del total de la matrícula de este nivel, a cargo de 14 887 docentes, el 2.86% del total del rubro, distribuidos en 399 escuelas (4.30% de total del rubro); 2. Licenciatura universitaria y tecnológica, a las que asistirían 4 913 471 (90.15% de la inscripción), atendidos por 400 113 maestras y maestros, (77.06% de la plantilla del nivel), quienes laborarían en 7 785 escuelas (84.04%); 3. Posgrado, sub nivel al que estarían inscritos 478 382 profesionistas (8.66%) y adscritos 104 190 docentes, (20.06% del total), los que dispondrían de 4 418 escuelas.
La gráfica Egresados 2023-2024 de nivel licenciatura por cada 100 alumnos que iniciaron su educación primaria en 2007-2008, establecería la media nacional en 32 egresados; el estado de Puebla contaría con 31, 1 menos que la media nacional y 36 menos que los egresados de la Ciudad de México, entidad que se ubicaría en el sitio 1 de la gráfica y que contaría con 67 egresados. Puebla estaría distante de Oaxaca en 17 puntos de Oaxaca entidad que contaría con 14 egresados de cada 100 de acuerdo al parámetro indicado.
Las cifras mostrarían que la educación superior mexicana continuaría creciendo y que cada vez más jóvenes lograrían acceder a estudios profesionales, no obstante la oferta educativa globa,l incluida la de las IES privadas, dejaría fuera a 1 de cada 2 aspirantes  de quienes deberían contar con esa alternativa, y si nó, habria que preguntarle a los rechazados. No obstante el aumento de la matrícula, del personal docente y de los planteles reflejaría esfuerzos importantes de expansión realizados durante los últimos años y lo mismo, la importancia que aún mantienen las IES de financiamiento privado, a pesar de las circunstancias adversas en la que se desenvuelven.
No obstante, los datos también revelan desafíos estructurales:  Entre ellos que  solo 1.6 de cada 10 estudiantes que ingresara a la escuela primaria  en el ciclo escolar 2006-2007 egresaría de educación superior; las diferencias entre entidades federativas en materia de egreso seguirían siendo significativas. Mientras algunas entidades muestran trayectorias educativas consolidadas, otras continúrían enfrentando dificultades para que los estudiantes concluyan exitosamente sus estudios.
 De la misma manera, la participación predominante de las instituciones públicas confirmaria que el Estado seguiría siendo el principal responsable de garantizar el acceso a este nivel educativo. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda obligaría a fortalecer la inversión, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones académicas evitando trampas y simulaciones Gracia.

Los huérfanos del conflicto: La infancia invisibilizada ante la guerra de facciones en Sinaloa

Dr. German Molina Carrillo / Por

1. El quiebre institucional y la violencia desatada

Desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa atraviesa uno de los episodios de violencia más convulsos y traumáticos de su historia reciente. A raíz del secuestro y posterior entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada, la fractura interna del Cártel de Sinaloa detonó un conflicto armado abierto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos. Esta confrontación no solo ha dejado una estela de cientos de muertes entre los bandos beligerantes, sino que ha arrastrado a la población civil a una dinámica diaria de fuego cruzado, bloqueos, ejecuciones y constantes ataques violentos.

Sin embargo, detrás de las cifras macroeconómicas del delito y los titulares sobre la seguridad nacional, existe una crisis humana silenciosa y devastadora: la situación de los niños, niñas y adolescentes que pierden a sus padres en este entorno de desprotección institucional.

2. Los niños en la sombra: Vulnerabilidad y huérfanos de la violencia

El impacto de esta guerra fratricida sobre la infancia sinaloense abarca múltiples dimensiones que van desde lo socioeconómico hasta lo psicosocial:

  • Sostén económico y deserción escolar: La muerte o desaparición del proveedor principal de la familia deja a los menores en un estado inminente de marginación. Con frecuencia, estos niños se ven obligados a abandonar el sistema educativo para incorporarse al trabajo informal o de supervivencia.
  • Secuelas y trauma psicológico: Crecer en medio de balaceras, presenciar la violencia directa contra sus familiares y vivir con el estigma social genera cuadros graves de estrés postraumático, ansiedad y depresión no diagnosticada en la infancia.
  • Riesgo de reclutamiento forzado: Sin una red de contención institucional o comunitaria, los menores huérfanos se convierten en un blanco altamente vulnerable para las propias estructuras del crimen organizado, perpetuando así un ciclo ininterrumpido de violencia generacional.

 

3. La insuficiencia de la ayuda estatal a las víctimas

Actualmente, las instituciones encargadas de la atención a víctimas (como las Comisiones Estatal y Nacional de Atención a Víctimas) operan bajo un marco burocrático y presupuestal insuficiente. Aunque existen apoyos económicos coyunturales en su mayoría pagos únicos para gastos funerarios o despensas inmediatas, estos insumos no constituyen una respuesta estructural ni sostén a mediano y largo plazo.

Las deficiencias más críticas del esquema actual radican en:

  1. Falta de integralidad: La ayuda asistencialista no compensa la carencia de acompañamiento psicológico continuo, becas escolares garantizadas hasta la mayoría de edad ni cobertura médica especializada.
  2. Revictimización y estigmatización: En muchos casos, los hijos de personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades ilícitas son estigmatizados por el propio aparato gubernamental y la sociedad, lo que frena la entrega de apoyos estatales bajo prejuicios morales o vacíos legales.
  3. Ausencia de un registro oficial actualizado: No existen censos precisos sobre el número de huérfanos derivados directamente de la pugna iniciada en septiembre de 2024, lo que imposibilita la creación de diagnósticos certeros.

4. Un vacío en la política pública: Hacia una agenda con propósito

El principio Poderis est responsibilitas (el poder es responsabilidad) impone a los tomadores de decisiones y a los líderes del sector público el deber ético de intervenir. México y el estado de Sinaloa carecen hoy de una política pública focalizada e integral para la protección de la infancia víctima indirecta de la guerra de cárteles.

Para transformar esta realidad, es indispensable que la agenda pública priorice los siguientes ejes de acción:

  • Creación de un Padrón de Niños Víctimas de la Guerra contra el Narcotráfico: Un registro confidencial orientado a garantizar derechos y no a la persecución o señalamiento.
  • Becas de Protección Integral a Largo Plazo: Programas blindados presupuestalmente que aseguren educación, alimentación y servicios de salud a los menores afectados hasta su mayoría de edad o término de estudios superiores.
  • Atención Psicosocial Comunitaria: Desplegar brigadas especializadas de salud mental en las zonas con mayores índices de violencia en Sinaloa para la atención continua de traumas infantiles.
  • Reformas al marco legal de Atención a Víctimas: Garantizar que el derecho a la reparación del daño sea progresivo, incondicional y centrado en el interés superior de la infancia, al margen de la situación jurídica de los padres fallecidos.

 

Conclusión

La guerra de los cárteles en Sinaloa no solo está reconfigurando el mapa de la criminalidad en México; está cobrando como factura el futuro de toda una generación de niños y jóvenes. Ignorar la vulnerabilidad de estos menores equivale a sembrar la semilla de futuras crisis sociales y de seguridad.

Las ideas con propósito deben traducirse en leyes y presupuestos efectivos. Corresponde al Estado, a las instituciones y a los líderes de la sociedad civil asumir la responsabilidad colectiva de proteger a la infancia, garantizando que el abandono institucional no complete el daño iniciado por la violencia criminal.

Escuelas militarizadas cuestionadas

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra
A preguntas expresas realizadas por una reportera que asistiría a la Mañanera del lunes 17 de abril: “Tras el fallecimiento de Dafne Zapata y de este caso […] cómo se va a trabajar esta regularización de la novatada? ¿Se va a legislar el tema? ¿A quién le corresponde supervisar esto?” La titular del ejecutivo federal subiría a la palestra a Mario Delgado, quien al responder señalaría: “No está autorizada por la ley ningún tipo de educación  “militarizada”. Ni la Secretaría Educación y la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. […] Además, la ley también protege a los niños, a las niñas, de cualquier tipo de maltrato. […] La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo”.
El interrogatorio reporteril mañanero continuaría cuestionando al encargado de despacho: -“¿Entonces, van a prohibir estas…?- [Su respuesta sería muy clara] Es que no es que “estén prohibidas”, es que no están permitidas. Lo que estamos, lo que estamos […] Recordarle a todo el Sistema Educativo es que esto no está permitido, para que inicien una supervisión. [Y continuaría contestando a la intervención de otro comunicador]; pero sí siguen ocurriendo las novatadas, pueden seguir ocurriendo. ¿Cómo se va a supervisar y legislar eso? Porque dice que “no está”, pero pueden seguir ocurriendo [preguntas a las que Delgado respondería:] Porque la Ley General de Educación y la Ley de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe cualquier tipo de maltrato. Entonces, no puede permitirse ese tipo de prácticas”.
El encargado del despacho educativo seguiría contestando inquéritos formulados por reporteras y reporteros y, a la pregunta de si va a revisar en todo el país, contestaría que esa acción ya se habría verificado reconociendo que la autoridad competente sería la local; al contestar el cuestionamiento de sí habría una deficiencia en la educación afirmaría que no; aunque reconocería que sí “hubo un reglamento hace muchos años, hay que decirlo, pero eso está más que superado por las actuales leyes”. Otra cuestionadora le espetaría: Si no son legales, ¿operan en el marco de…?”. Pregunta que merecería una respuesta clarificadora: “No, es que son escuelas que ofrecen esta modalidad. Son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad, y eso es lo que no debe permitirse”. Otra reportera cuestionaría: “¿No correspondería a la Profeco checar si es publicidad falsa? A lo que respondería “No, porque no solo es publicidad; sí están -como ya lo vimos ahora- disfrazando estas prácticas, estos maltratos, diciendo que ´es militarizada´. Y entonces, esa modalidad no existe en la ley y no está permitida.”
Respuestas sujetas a interpretación de las y los lectores Gracia, y que permitirían hacer algunas acotaciones al margen. Quien encabezaría el despacho educativo federal señalaría que las instituciones de corte militarizado no estarían autorizadas; aunque esa afirmación no sería equivalente a que estuviesen prohibidas como él mismo lo acepta, al tiempo que reconocería que no existiría “autorización expresa para ellas”. Recordando la máxima jurídica que dicta que “los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, mientras que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza expresamente” y que el encargado de despacho interpretaría en sentido contrario.
El señalamiento: “Recordarle a todo el Sistema Educativo es que esto no está permitido, para que inicien una supervisión”, y requeriría de una “base legal” que estuviese apegada al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fundada y motivada) para no interpretarse como una cacería de brujas o una respuesta, de botepronto, a un feminicidio que generaría un gran malestar social y que sería producto de una novatada; fenómeno que se remontaría en la historia a instituciones militarizadas y/o a internados, instituciones en las que los decesos producto de novatadas, incluiría a normales rurales (Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla y a la de Normal Rural Mactumactzá, Chiapas entre otras), pero también a centros de formación policial y/o militar, universidades públicas, por lo que generalizar a partir de lo acaecido en la escuela de Tamaulipas sería incorrecto. Exigir (como también lo formula el jefe de la oficina) el pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de educación básica y obligatoria, no sería sólo un imperativo formal extensivo a la educación superior y la convivencia rutinaria entre personas de todo género y edad, sino una exigencia legal y socialmente reconocida.
Gracia, en un Estado de derecho no bastaría con la indignación social, por legítima que esta sea, ni tampoco con declaraciones políticas formuladas al calor de una tragedia. La obligación de las autoridades consistiría en actuar con apego irrestricto a la ley, distinguiendo entre las prácticas abusivas que deberían erradicarse sin contemplaciones y los modelos educativos que, aunque controvertidos, deberían analizarse desde la legalidad y no desde prejuicios o generalizaciones. El lamentable fallecimiento de una estudiante obligaría a revisar protocolos, supervisión y responsabilidades, pero también a evitar simplificaciones que conduzcan a sancionar indiscriminadamente realidades distintas.
La defensa de los derechos humanos exigiría firmeza contra el maltrato, así como respeto a los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso. Solo así la justicia dejaría de ser una reacción emocional para convertirse en una auténtica solución institucional. “Porque entre la indignación y la legalidad no debería haber conflicto: la primera exigiria respuestas; la segunda, que sean correctas.»

Debate nacional

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Va con todo Gracia. La mañanera del 21 de julio serviría de marco para que la titular del ejecutivo federal convocara a un “Debate Nacional sobre el uso de redes sociales”, dispositivos móviles e inteligencia artificial en niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de construir una propuesta de regulación “basada en evidencia científica, participación social y consenso nacional”. La estrategia radicaría en la realización de 3 foros nacionales que se efectuarían en Nuevo León (19 de agosto); Chiapas (3 de septiembre) y en otra entidad de la zona Centro-Sur (por definirse; 17 de septiembre) a los que se sumarían otros de carácter regional; orientados a conocer, señalaría la mandataria “el impacto de las redes sociales, con la idea de que hagamos una propuesta de orientación, regulación de las redes para evitar lo que nos van a comentar los expertos. […] Y después, cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión y que podamos -yo diría- proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción”.
La intervención de Mario Delgado abundaría en la propuesta de su jefa y reconocería lo “evidente”: “De acuerdo con datos en nuestro país, más del 70 por ciento de la población de 6 años o más es usuario de internet. Y entre adolescentes, este porcentaje es de arriba del 90 por ciento. A escala mundial, la ONU tiene datos de que los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado en todo el planeta”, y abundaría señalando carencia de “derechos digitales efectivos” como un reto que incluiría contar con “marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales [que entre otras cuestiones generen] entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas, para fortalecer una comunidad protectora en torno a nuestros hijos, a nuestras hijas”.
El encargado del despacho educativo federal intentaría llevar la discusión mucho más allá del acceso tecnológico. El problema, señalaría, no radicaría únicamente en la conectividad, sino en las consecuencias sociales, emocionales y culturales derivadas de una interacción cada vez más intensa con “plataformas diseñadas para captar y retener la atención de sus usuarios durante el mayor tiempo posible”.
A partir de esa premisa, aparecería una de las definiciones más importantes mencionadas en la Mañanera de referencia: la conectividad no garantizaría por sí misma bienestar, ciudadanía digital ni ejercicio pleno de derechos. Por el contrario, el reto actual se situaría en una compleja intersección entre lo tecnológico, lo educativo, lo ético y lo social. Asegurar acceso a internet ya no bastataría; ahora se volvería indispensable discutir la seguridad digital, la salud mental, la privacidad, la protección de datos personales y la construcción de marcos regulatorios capaces de proteger derechos fundamentales frente a entornos digitales que evolucionan con mayor rapidez que las propias instituciones públicas, como se deduciría de las intervenciones de la representante de la ONU y del titular de la oficina educativa federal.
En este contexto Gracia resultaría particularmente significativo que el gobierno federal coincidiera con la divulgación de las medidas que al respecto adoptaría Francia; nación de la que se conocería prohibiese el acceso a las redes a los menores de 17 años, tan solo dos días después de la convocatoria al debate nacional. Debate que ¿sería? condición previa autoimpuesta, para que quien preside el ejecutivo federal envíe una iniciativa que sería discutida en la cámara de diputados. Aunque sin duda, la iniciativa de modificación a la Ley General de Educación que resultaría de la discusión en el legislativo, “atentaría” en contra de los intereses de quienes desearían seguir contando con un mercado juvenil sometido a los intereses financieros de los grandes consorcios nacionales y extranjeros.
El debate convocado no tendría que enfocar sus baterías en contra la tecnología en sí misma, sino en contra de modelos de negocio sustentado en una economía de la domesticación que iniciaría desde la más tierna infancia y que contaría con la complicidad en casa -en muchas ocasiones- de padres, madres y tutores; quienes facilitarían que sus vástagos fueran sometidos por esquemas empresariales, cuyo éxito económico dependería de mantener a niñas, niños, adolescentes y adultos el mayor tiempo posible frente a una pantalla, consumiendo información, contenidos y publicidad. Si se tomara en consideración la vertiente señalada, el debate dejaría de ser exclusivamente educativo, para convertirse en una discusión que se extendiera al poder que ejercerían las grandes corporaciones tecnológicas en la construcción de hábitos, preferencias, relaciones sociales y patrones de comportamiento Gracia.
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