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La división que se avecina en la Cuarta Transformación

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en la cumbre del Grupo del G7 el pasado 17 de junio, celebrada en Evian Francia, afirmando que “México perdió el control del país, los carteles gobiernan México, es triste” y donde añadió que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena persona, es una mujer “muy asustada”.

Sus declaraciones no dejan lugar a dudas de que quien encabeza los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por combatir a los cárteles que siguen operando en México es Donald Trump y no sus asesores o una “oficina” que está en Brooklyn, Nueva York a quien se le ocurrió lanzar una acusación en contra de diez políticos mexicanos de Sinaloa, el pasado 29 de abril, como lo ha afirmado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras, así como en su discurso de celebración del segundo año de haber ganado la Presidencia de la República en el Monumento a la Revolución, donde acusó al vecino del norte de buscar tener injerencia en las elecciones de México de 2027 y posteriormente de 2030 con los grupos de la ultraderecha.

El endurecimiento de la postura de la administración de Donald Trump en contra de los cárteles y de la falta de cooperación del gobierno mexicano, se reforzó con las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos Sara Carter que señaló que “Washington va contra narco funcionarios” aludiendo a la negativa de la Presidenta a proceder a la detención del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de otros siete funcionarios de su gobierno acusados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro con resultado de muerte, entre otros delitos.

Finalmente la declaración de JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, afirmando que su gobierno “se reserva su derecho de tomar acciones militares en México contra los cárteles, si es necesario para proteger la vida de los estadounidenses.

Los puntos clave de su declaración de acuerdo con lo publicado en diversos medios de Estados Unidos y de México consisten en que: aunque la prioridad es colaborar con las autoridades mexicanas, si un cartel transporta un cargamento masivo de armas o fentanilo hacia Estados Unidos y la única forma de detenerlo es intervenir militarmente, el gobierno estadounidense actuará.

Agregó que los cárteles operan como un cáncer en México y aseguró que estas organizaciones criminales tienen un fuerte control sobre diversas regiones del país.

Sobre la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se respete la soberanía de México y su negativa a las intervenciones militares de un país extranjero, insistió en la necesidad de Washington de reservarse el derecho de actuar para garantizar la seguridad de su población.

La misma presidenta en su discurso del 31 de mayo, declaró: “Hoy vienen por unos, mañana vendrán por otros”, en alusión a las solicitudes de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y los funcionarios de su administración, a quienes ha defendido y se ha negado a detener, bajo el argumento de que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad y de que se está atacando la soberanía de México por las autoridades de Estados Unidos.

A pesar de que el expresidente López Obrador el pasado 3 de junio dio a conocer una carta sobre la relación México-Estados Unidos y Donald Trump.

La carta la tituló “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”. En el documento acusó que algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer la oposición en México.

Señaló además que atribuyó el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras “incluso lo insta a que: mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Cierra la carta con la frase: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

Con este panorama, para la Presidenta y el movimiento de la Cuarta Transformación, las cosas se encuentran en un punto crítico y es inminente que no tiene otra salida, que entregar o hacer que voluntariamente se entregue el gobernador Rubén Rocha Moya y los siete funcionarios cuya detención ha sido solicitada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, antes de obligar al comando sur del ejército de Estados Unidos a llevar a cabo una acción militar para presentarlos ante dicho tribunal, como ocurrió con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

La entrega de Rocha Moya marcaría el principio de las detenciones de narco funcionarios de la Cuarta Transformación, que aparecen en una larga lista, y que deberán decidir si voluntariamente se entregan a las autoridades estadounidenses para volverse testigos protegidos proporcionando información de interés para los fiscales o si esperan a ser detenidos y extraditados a suelo norteamericano para enfrentar sus juicios.

Lo previsible, es que cada funcionario de la lista busque la forma de salir bien librado y de acusar a sus compañeros de partido para tratar de obtener una pena mínima sin importar sacrificar a quien sea y que todo esto lleve a la fragmentación de la alianza de Morena, PVEM y PT partidos que, aunque tuvieron la oportunidad de deslindarse del escándalo y sobrevivir políticamente, no lo hicieron y seguramente serán arrastrados en esta avalancha de acusaciones y detenciones por las complicidades que los unieron en los municipios y estados que gobiernan, donde los cárteles tienen el control de los gobiernos y territorios.

Antes de que finalice la Copa del Mundo de Futbol 2026 seguramente seremos testigos de entregas voluntarias o detenciones de narco políticos acusados por Estados Unidos, el balón aún sigue en la cancha de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la disyuntiva de “cooperas o los detengo y me los llevo”

Garcia Luna, el villano favorito de la Cuarta Transformación

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Durante la campaña a la presidencia de la república de AMLO, uno de los temas recurrentes de sus discursos fue el culpar a los gobiernos del período neoliberal de la inseguridad y clima de violencia que se vivía en el país, a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa quién declaró la guerra contra el narco y los grupos de la delincuencia organizada, dando la orden de que las fuerzas armadas del país integradas por el ejército y la marina participaran activamente en esa guerra, sin obtener resultados e incluso haciendo la promesa de que de ganar la presidencia regresaría a las fuerzas armadas a los cuarteles y daría el mando a un civil, con lo que resolvería el problema de la inseguridad y terminaría con los grupos de la delincuencia organizada que operaban en territorio mexicano.

AMLO aseguraba: “por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y de campo, la falta de empleo y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han causado miles de muertos en el país”

Declaró que: “La crisis de seguridad que aflige a México es el resultado de una conjunción de factores; pobreza, injusticia y exclusión que se suman a la ineficiencia de las autoridades y a la corrupción de los cuerpos policiacos y el aparato judicial”

Una vez que ganó las elecciones y asumió el cargo como presidente de la república, sus políticas sociales y la promesa de que para resolver el problema de la inseguridad, se deberían atender las causas y lanzar sus programas sociales como el de “Jóvenes construyendo el futuro” para alejarlos de incurrir en conductas antisociales. “Becarios si, sicarios no” modelo que a la postre y al final de su gobierno, no dio los resultados esperados y el crecimiento de los grupos criminales siguió al alza, mediante el reclutamiento de jóvenes a actividades delictivas, por los jugosos ingresos y promesa de los carteles en convertir a los jóvenes una carrera delictiva que les permitiría asegurar su futuro y el de sus familias.

En el tema de la corrupción de las autoridades gubernamentales desde las más altas esferas como lo fueron la Secretaría de Seguridad, cuerpos como la extinta policía federal, fiscalías y funcionarios del poder judicial de todos los niveles, el discurso Obradorista en sus conferencias mañaneras, fue de sus temas favoritos, generalmente culpando a los gobiernos del período neoliberal del estado en que recibió el país y culpando a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de haber apoyado y protegido con funcionarios corruptos la expansión de los carteles en el país.

Así uno de sus personajes favoritos para culpar al gobierno de Felipe Calderón de su política fallida para combatir la inseguridad en México, fue el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, detenido por el gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2019 por estar coludido con los carteles como el de Sinaloa y de recibir millonarias sumas de dinero para permitir y proteger sus actividades delictivas en el país.

Durante más de una década García Luna fue el hombre más poderoso a cargo de a seguridad pública en México, protegido por el expresidente Felipe Calderón.

Como lo señala le periodista Peniley Ramirez en su libro: “ Los Millonarios de la Guerra” el expediente inédito de García Luna y sus socios, García Luna “En Nueva York un gran jurado lo acusó de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y un cargo por haber mentido a las autoridades sobre su historial delictivo. Seis meses después le añadieron otro cargo, también por narcotráfico. En resumen le imputaron haber sido un topo, un infiltrado en el gobierno mexicano del grupo criminal que las autoridades consideran como el más poderoso del continente”

La detención de García Luna y todo lo que vino después, fue utilizada por el presidente AMLO y MORENA como un factor determinante y contundente para debilitar a sus adversarios políticos PRI y PAN denostando la denominada guerra contra el narcotráfico y poniéndolo como un ejemplo de lo que hicieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a quienes acusó de estar coludidos con los carteles mediante el ex secretario detenido ahora en Estados Unidos y quién actualmente ha sido sentenciado por dichos cargos a 38 años y ocho meses de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

Así cada vez que los partidos de oposición, salían a criticar la estrategia de seguridad y resultados del gobierno de la cuarta transformación en el combate a los carteles del narcotráfico, la respuesta del oficialismo era poner de ejemplo los delitos cometidos por García Luna, que se convirtió en el blanco favorito de AMLO y de la dirigencia nacional de Morena para acusar de corruptos a los partidos de la oposición, celebrando la condena que se le impuso al exsecretario de seguridad.

Pero la narrativa cambio esta semana, al denunciarse por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que entidades financieras como Casa de Bolsa Vector de la que es socio el ex jefe de la oficina de AMLO Alfonso Romo, fue acusada de lavar dinero del crimen organizado desatando un escándalo por la cercanía de Romo con el gobierno de la 4T; por lo que de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Hacienda, así como la UIF salieron a declarar que no existían pruebas de que Vector hubiera incurrido en dichas actividades y que sólo había incurrido en faltas administrativas que ya habían sido sancionadas, retando al Departamento de tesoro de estados Unidos que presentara las pruebas en contra de Vector.

También, esta misma semana se dio a conocer, que desde septiembre de 2024 tanto la UIF como la Secretaría de Hacienda, tenían información de la investigación en contra de Vector, que se ocultó, seguramente por las elecciones presidenciales, lo que podría poner en riesgo los resultados al demostrarse que el villano favorito de la 4T, finalmente había sido cobijado por uno de los principales asesores de AMLO y de su movimiento.

Las investigaciones seguramente continuarán y en los próximos días, se darán a conocer nuevos elementos del caso. Pero por lo pronto García Luna ya no será más un personaje útil en el discurso del oficialismo en su confrontación permanente con la oposición.

*@Dr.GermanMolinaCarrillo

Sheinbaum – AMLO, el rompimiento que viene

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La encomienda y el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el expresidente AMLO, desde que el segundo impulsó su candidatura a la presidencia, un año antes de las elecciones del pasado dos de junio de 2024, fue la de ejecutar el denominado segundo piso de la cuarta transformación; la que hoy cada día se tambalea y encuentra en grave riesgo de no cumplirse, ante las circunstancias que enfrenta nuestro país, de diversa índole y que es necesario analizar, a fin de determinar, lo que le espera a la presidenta en los meses por venir.

Aún y cuando el oficialismo tiene el control absoluto del poder legislativo y de que sus iniciativas y reformas, difícilmente podrían ser bloqueadas o sujetas a modificaciones, lo ocurrido hasta ahora, nos demuestra que quienes controlan ambas cámaras, la de diputados con Ricardo Monreal y la de senadores con Adán Augusto López, han impuesto decisiones y cambios, desafiando a la presidenta, como por ejemplo la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH y la modificación a la entrada en vigencia de la reforma constitucional contra el nepotismo en los cargos públicos, para las elecciones de 2030, en un claro desacato a la iniciativa de la presidenta que la propuso para 2027, hecho que nunca hubiera ocurrido en el gobierno de AMLO, cuyas ordenes e iniciativas, no se les cambiaba ni una coma, para no despertar su ira.

A los hechos anteriores podemos sumar la división de la alianza de Morena y sus aliados PT y PVEM en la aprobación del dictamen de la Comisión instructora para el desafuero del ex gobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, para lo que debieron echar mano de los votos del PRI, para protegerlo, cubriéndolo de un manto de impunidad y sin importarles, lo que ello significaba para la imagen de la presidenta, quién declaró en su toma de protesta la frase: llegamos todas y que se vino abajo por la postura del oficialismo de apoyar a costa de todo la impunidad de su compañero de bancada.

A pesar de ello, la presidenta no ha perdido la calma y ha tratado de no llegar a una confrontación pública, con Monreal y Adán Augusto López, lo que pudiera significar una fractura o división entre quienes le son leales y fieles, con aquellos que siguen venerando a AMLO y sienten que es su obligación dejar claro a la presidenta que necesita de ellos y que no basta su voluntad para la toma de decisiones, dejando el mensaje de que si las cosas se salen de control, pudieran usar su cargo para poner en jaque la figura y autoridad presidencial.

El escándalo que se dio a conocer a nivel nacional, por la millonaria campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez de Chihuahua, para lograr posicionarse para ser la candidata a la gubernatura, con el apoyo de Fernando Padilla empresario beneficiado con contratos otorgados durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y después con su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, así como del ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, que provocó reclamos de los partidos de oposición PRI y PAN en el Senado y una declaración de la presidenta en su conferencia mañanera del Pueblo, descalificando los actos adelantados de campaña de la senadora y el dispendio de recursos utilizados en las caravanas médicas en las poblaciones de la Sierra de Chihuahua, con la respuesta de la senadora de que la presidenta no podía descalificarla, si ella también había hecho campaña adelantada a la presidencia de la república dos años antes, declaración que representa un desafío a la investidura presidencial, lo que no importó a la senadora, que cuenta con el apoyo de Adán Augusto López.

Si revisamos la situación en los gobiernos de los 24 estados que maneja Morena, aún y cuando todos los gobernadores se han pronunciado por apoyar las políticas y decisiones de la presidenta firmando cuanto desplegado o manifiesto se ha requerido a nivel nacional para respaldarla; no dejan de existir divisiones y luchas por los compromisos que tienen varios de ellos tanto con Ricardo Monreal, como con el grupo de Adán Augusto López, a los que les deben haber sido postulados y después haber recibido los apoyos necesarios para alcanzar el triunfo en sus estados.

En cuanto a la situación, que se vive al interior de Morena, aún y cuando la “presidenta del partido” Luisa María Alcaide se ha pronunciado públicamente por respaldar las decisiones y políticas de la presidenta, sin confrontar las acciones de Monreal y Adán Augusto López; para la militancia del partido, es evidente que quién maneja en los hechos el partido es el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán con quién todos los presidentes de las dirigencias de los estados, se subordinan al considerar que siguen las directrices del expresidente, de quién suponen desea que su hijo sea impulsado para alcanzar la candidatura presidencial en 2030.

Las decisiones que ha tomado la presidenta, para cumplir las exigencias del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para detener la migración y la producción y tráfico de fentanilo; así como la cooperación para exterminar a los carteles del narcotráfico que ha declarado como grupos terroristas, a fin de evitar la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos que se exportan al vecino del norte para lo cual ha modificado la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, han significado romper con las políticas y actuación de las fuerzas de seguridad que se implementaron en el gobierno de AMLO: dejando además al descubierto la complicidad y contubernio que en seis años, existieron entre los capos de los carteles con autoridades de los tres niveles y algunos empresarios; por lo que a la presidenta le es casi imposible defender al gobierno anterior, cuyos escándalos se dan a conocer semana tras semana, como en el caso del huachicol fiscal que ha afectado por más de 500 mil millones de pesos al país, de acuerdo a los últimos reportes y en el que se han visto involucrados funcionarios aduanales y de los gobiernos del norte del país.

Después de las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia que se llevarán a cabo el 1 de junio, en todo el país y de cuyos resultados depende que el oficialismo tome el control absoluto del Poder Judicial Federal; que fue uno de los compromisos de la presidenta con AMLO, vendrá un momento decisivo para la presidenta, quién deberá decidir, entre seguir las directrices de AMLO y terminar con las acciones del segundo piso de la 4T, con las consecuencias subsecuentes, o bien, romper con el y asumir su papel como presidenta, por el bien del país, defendiendo los intereses de los ciudadanos y haciendo un lado, el populismo y presiones del ex presidente y su cúpula, que siguen empecinados en anteponer sus intereses a los de la Nación.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.