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Rocha Moya: los daños al movimiento de la 4T

La crisis que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador morenista de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios antiguos y actuales de su administración, dada a conocer el pasado 23 de abril.

Se inscribe en el marco de varios acontecimientos previos en los que la presidenta participó; en primer lugar, su presencia en la Cumbre Global Progressive Mobilisation (GPM) los días 17 y 18 de abril en Barcelona España donde asistieron más de cuarenta líderes del bloque de países de izquierda, convocada por el presidente de España Pedro Sánchez y al que asistieron personajes como Luis Ignacio Lula Da Silva presidente de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Yamandú Orsi de Uruguay, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, países con los que la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha tenido serios desencuentros, siendo el objetivo de la cumbre, el de consolidar un frente común contra la ultraderecha, enfocado en la democracia y la justicia social.

En segundo lugar, el operativo para el desmantelamiento de una instalación para la producción de drogas sintéticas en la Sierra del Pinal, el 19 de abril entre los municipios de Morelos y Guachochi en Chihuahua y en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la defensa y cuatro agentes de la CIA.

Los agentes perdieron la vida después de concluir el desmantelamiento del laboratorio en un accidente en carretera y que desató toda una serie de reclamos y cuestionamientos del oficialismo en contra de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, a quien se responsabilizó de la intromisión de los agentes de la CIA en el operativo, de violar la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciando con ello todo un debate en contra de la actuación de una gobernadora emanada del PAN y que concluye su cargo en 2027 y que incluso fue invitada por el Senado de la República para que se presentara a rendir un informe de los hechos en los que se le responsabiliza de la actuación de los agentes de la CIA fallecidos.

En tercer lugar, el pasado 23 de abril, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Jonhson, acudió en Sinaloa a la colocación de la primera piedra del Proyecto Pacifico Mexinol en Topolobampo, y ante la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya advirtió sobre la corrupción y la extorsión, destacando la importancia de la certeza jurídica para la inversión, a escasos días en que se dieran a conocer las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete y legisladores, no se hizo esperar, descalificando las declaraciones del embajador como intervencionistas, señalando que los diplomáticos no deben intervenir en asuntos internos.

Bajo este panorama, es cuando formalmente el Gobierno de Estados Unidos, hizo publica la acusación en contra del gobernador de Sinaloa, de aliarse con el Cártel de Sinaloa, específicamente con los líderes de la fracción de los Chapitos, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo ambos de apellidos Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

Cito textualmente el punto 2 de dicha acusación: 2: Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cartel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el actual gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el acusado. Estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cartel, han expuesto y sometidos a las victimas a amenazas y violencia, y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos.

De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias perpetradas por el cartel, entre otras cosas, mediante el homicidio de enemigos del cartel y el secuestro de individuos en México los cuales se les sospechaba de cooperar con las fuerzas del orden público estadounidense.

Los delitos de los que se acusa al gobernador y los nueve colaboradores y excolaboradores de su administración son los de asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, desde México a estados Unidos. Se les acusa de haber dado protección a los líderes del cártel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado que se proporcionara información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cártel y a narcotraficantes aliados para apoyar actividades delictivas del cartel, entre otros cargos.

Es evidente la gravedad de las acusaciones en contra de Rocha Moya y sus funcionarios; sin embargo, la postura de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido la de descalificar la acusación, argumentado que no existen pruebas contundentes del gobierno de Estados Unidos que la sustenten y que, por lo tanto, la Fiscalía General de la República hará su propia investigación para determinar si existen la comisión de algún probable delito en contra de los acusados.

La Presidenta no tiene una salida que la deje bien librada del escándalo y sus consecuencias, tanto para el movimiento de la 4T como para su gobierno, ya que si decide detener a los acusados y en su momento acceder a su extradición enfrentará una división del partido, porque la lista de acusados seguramente crecerá y si decide defender a Rocha Moya y coacusados la presión de Estados Unidos será mayor y las sanciones para México pueden ser de graves consecuencias económicas e internacionales, si se acusa a nuestro país, de ser un Estado narcoterrorista por proteger a los funcionarios acusados y poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por lo pronto en la víspera de la revisión del T-MEC nos estamos jugando el futuro del país y a 41 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, los ojos del mundo están ya en México, esperando que la Presidenta tome la mejor decisión y corrija el rumbo, rompiendo definitivamente con los vínculos con los cárteles y su partido, salvando el futuro y la seguridad de los mexicanos.

El Efecto Tequila en las gestiones municipales

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera, emanado de Morena, fue detenido el pasado 5 de febrero, acusado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro agravado, siendo vinculado a proceso el pasado 11 de febrero.

También la Fiscalía general de la República lo acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva generación, quien habría financiado su campaña política, además le imputa el secuestro de dos políticos del PAN, en marzo de 2021, para que desistieran de competir en la elección de dicho año y dejaran paso libre al candidato Juan Gabriel Toribio Villareal como al final ocurrió.

Si bien es cierto, el Cabildo ya designó a una presidenta municipal sustituta, que forma parte del mismo grupo que apoyaba al alcalde detenido, a los dos días siguientes también ya fue señalada por su afinidad con el líder del CJNG Nemesio Oseguera cantando corridos en su honor, por lo que la población aunque en un principio festejó la detención de Rivera, hoy la situación del municipio aún con la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, no está segura de que la presidenta, rompa el vinculo y poder que tiene el CJNG en la zona.

Tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declararon que el gobierno como el partido con esta detención daban muestras de que no se protege a nadie y que no hay impunidad, porque un integrante de su movimiento que ocupaba un cargo público fue detenido y actualmente se encuentra sujeto a proceso por los delitos que se le imputan.

Lo que llama la atención es que sólo por las denuncias y presión de empresas como la de José Cuervo que se quejaron de los abusos de autoridad y extorsión del alcalde, fue como las autoridades del gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República, se vieron obligadas a actuar deteniendo a dicho personaje, cuyos vínculos con el CJNG había sido denunciado desde su campaña para la presidencia municipal.

El caso de Diego Rivera es similar, aunque no en la misma dimensión con la situación que día a día enfrentan los ciudadanos en los municipios gobernados por alcaldes emanados de Morena, cuyos vínculos con los cárteles del narcotráfico son evidentes, dejándolos actuar a sus anchas e imponiendo con apoyo de las autoridades municipales sus propias reglas y cuotas como el derecho de piso para poder continuar con sus actividades comerciales.

De los 2478 municipios en los que está dividido el país, los problemas que enfrentan los alcaldes son diversos atendiendo a las zonas geográficas, al tipo de población y número de habitantes, a su grado de desarrollo, actividades económicas y sobre todo al presupuesto que anualmente les es asignado por los Congresos estatales; sin embargo, desde el año 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, en el que se inicia la denominada guerra contra los cárteles de la droga, el sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros siete años de los gobiernos de la cuarta transformación, los gobiernos municipales, han dejado de tener proximidad con la población que gobiernan y en su mayoría han sido infiltrados por los grupos delictivos y cárteles de la droga, patrocinando sus campañas políticas e imponiéndoles a los funcionarios del primer nivel de sus administraciones, sobre todo en las áreas de seguridad pública, obras e infraestructura y de comercio, mediante las cuales pueden obtener jugosas ganancias y recuperar lo invertido en las campañas de los alcaldes que les deben el cargo.

Cada tres años en que se renuevan las presidencias municipales, los cárteles de la droga, ya cuentan con una lista de candidatos que proponer a los partidos políticos, para llevarlos al triunfo en las elecciones y apoyando su reelección en aquellos casos en que les han dado buenos resultados y los han dejado trabajar a sus anchas.

Por lo general, los habitantes de los municipios conocen perfectamente la historia de los que aspiran a contender en las elecciones de alcaldes, ya sea porque nacieron en muchos de los casos en esos lugares, porque identifican a su familia o bien porque tienen trayectoria política o han ocupado algún cargo público; incluso si tienen alguna actividad delictiva o están vinculados con algún cártel o grupo delictivo, los pobladores lo saben y deciden callar, para evitar ser víctimas de alguna agresión o poner en riesgo su vida.

Ahora que la presidenta de la República y la dirigente nacional de Morena han declarado que pondrán más cuidado en la selección de sus candidatos y los investigarán antes de postularlos, verificando que no tengan abierta alguna carpeta de investigación en su contra; sería sano que lo hicieran con los alcaldes que actualmente está en funciones e investigaran también el financiamiento de sus campañas, así como su situación patrimonial y de sus familiares cercanos y que los Congresos locales pongan más atención en el desempeño de los ediles, así como la percepción de inseguridad que existe en las cabeceras municipales.

Estoy seguro, que el caso del alcalde del municipio de Tequila sólo es un botón de muestra de la situación que enfrentan los pobladores en varias zonas del país, con presidentes que abusan de su autoridad y se han coludido con cárteles del narcotráfico, ya que se sienten intocables por provenir del partido de Morena, PT o PVEM contando con una doble protección para seguir delinquiendo, la de los cárteles y la del oficialismo que prefiere sostenerlos, antes que detenerlos, por el costo electoral que puede representar para la continuidad en sus gobiernos.

El síndrome de los presidentes municipales como el personaje de Varguitas de la película La ley de Herodes ha cundido en el país, reforzado por la delincuencia organizada, que además hoy se ha empoderado y tiene el control territorial de más de la tercera parte del territorio naciona