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El secuestro de la democracia mexicana

La solicitud de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázares y de ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de dicho estado, acusados por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, dado a conocer el pasado 23 de abril por la administración del presidente Donald Trump, ha colocado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada, por la gravedad de las acusaciones y sobre todo por la negativa de la presidenta a cumplir con lo solicitado por las autoridades estadounidenses.

Los funcionarios y exfuncionarios han sido acusados por los delitos de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la fracción de los hijos de El Chapo Guzmán, para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, acusándolos además de proteger a los líderes del cartel contra detenciones y procesos judiciales dándoles información de las autoridades de orden público y militar para apoyar sus actividades delictivas.

La Presidenta ha argumentado que no existen pruebas suficientes para considerar válidas dichas acusaciones en contra del gobernador y coacusados; pero además poniendo como argumento para dicha negativa, la defensa de la soberanía de México.

Hasta este momento, lo único que se ha llevado a cabo por el gobierno federal, ha sido el lograr que el gobernador Rocha Moya solicitara licencia a su cargo para que la Fiscalía General de la República realice las investigaciones correspondientes para determinar si tanto el gobernador como los demás acusados cometieron alguno de los delitos que se les imputan, pero persistiendo la negativa de detener a los acusados que continúan en libertad, menospreciando la urgencia de la solicitud del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su detención.

Aún y cuando fue del dominio público la presencia del gobernador Rocha Moya en la reunión en una finca en Culiacán el 25 de julio de 2024 convocada por Joaquín Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán, a la que también asistió Ismael El Mayo Zambada y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado y en la que se llevó a cabo el secuestro de El Mayo Zambada para ser trasladado en una avioneta, a El Paso Texas; el gobernador negó que hubiera asistido a dicha reunión.

Su argumento fue que en esa misma fecha realizó un viaje a Los Ángeles, sin poder acreditar su ingreso al país vecino, las investigaciones a cargo de la fiscalía estatal incluso armaron un intento de asalto en una gasolinera donde supuestamente fue asesinado Héctor Melesio Cuén, la Fiscalía General de la República nunca atrajo la investigación y dos días después el presidente AMLO y la presidenta electa dieron su respaldo total en un acto público al gobernador Rocha y se comprometieron a seguir apoyando a su gobierno, descartando cualquier investigación en su contra, hasta ahora que por la acusación y solicitud de detención finalmente se determinó investigar al gobernador.

La acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala en el apartado: “Actos para promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas” en el punto 31. Con el fin de promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas del cartel y para llevar a cabo los objetivos ilegales de dicha asociación delictuosa, los acusados participaron en los actos que se describen a continuación, entre otros:

a. A principios de 2021, o alrededor de esa fecha, RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado, estaba en campaña para convertirse en gobernador de Sinaloa. Por esas fechas, y antes de su elección en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, ROCHA MOYA se reunió con los entonces líderes del cartel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que ROCHA MOYA ganara las elecciones a gobernador. A cambio ROCHA MOYA prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultara elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos.

En los apartados b, c y d se menciona que antes de la elección Enrique Díaz Vega entregó a Los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya con sus domicilios para que pudieran intimidarlos y obligarlos a retirarse de la elección.

El día de la elección sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, los mandos de la policía estatal prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos electorales y no intervenir en caso de denuncias ciudadanas, todo para garantizar el triunfo de Rocha Moya, que a cambio con el senador Inzunza Cázares les dieron el control de la policía estatal de Sinaloa facilitando sus actividades de tráfico de drogas y para detener a los enemigos de Los Chapitos.

Ante hechos como los señalados, como mexicanos cabe preguntarnos:

¿Cuál ha sido el papel del gobierno de AMLO y el actual sobre la situación en la que se ha visto envuelto el Estado de Sinaloa antes y después de la elección de Rocha Moya?
¿Qué acuerdos inconfesables se hicieron por el gobernador y su equipo con los líderes del Cártel de Sinaloa para darles el control de la seguridad y poner en sus manos las vidas de los ciudadanos del Estado?
¿De no haberse dado la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y coacusados, nunca se habría hecho ninguna investigación y seguirían gozando de impunidad para seguir apoyando a los líderes del cartel de Sinaloa?
¿Cuántas vidas de sinaloenses y daños a la economía del Estado han costado, por tener un gobierno comprometido con un cartel para enriquecerse a toda costa, simulando que cumplían con su función?
¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en los partidos para las elecciones de 2027 y evitar que de nuevo un cartel ponga a sus candidatos y siga gobernando el estado?
¿En cuántos estados del país se eligieron gobiernos comprometidos con los carteles y las autoridades encargadas de la seguridad y fiscalías están controladas por estos grupos delictivos?

Es indispensable que el gobierno federal y los partidos políticos de todos los colores se comprometan hoy a salvar nuestra democracia y erradicar la filtración de los cárteles en las elecciones, si es que aún desean recuperar la confianza ciudadana.

México, ¿un socio no confiable para el T-MEC?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Nunca en la historia de los procesos de firma y revisión del antes denominado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y actualmente con el nombre de T-MEC, se habían reunido tantos factores adversos para nuestro país, que llega a la mesa de negociaciones con serios cuestionamientos y críticas de la administración del presidente Donald Trump y las empresas e inversionistas de Estados Unidos.

Empresarios han mostrado su preocupación por la grave crisis de inseguridad que vive el país y sobre todo por las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente López Obrador y las de la presidenta Claudia Sheinbaum en la actual administración.

Antes de la aprobación de dichas reformas, los analistas y expertos en el Tratado, advirtieron los riesgos e inconformidades que vendrían de parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y sus inversionistas, por las afectaciones a sus intereses y flujos comerciales que se verían seriamente afectados; sin embargo todo ello, nunca ha sido un obstáculo para los gobiernos de la cuarta transformación y del Congreso de la Unión para aprobar los cambios, de acuerdo a las órdenes de Palacio Nacional.

Al respecto, los CEOS de las empresas más fuertes de Estados Unidos como Apple, GM, JPMorgan, Fedex y Walmart entre otras, han manifestado su preocupación al denunciar que México vive un colapso del Estado de derecho, por la elección de los ministros, magistrados y jueces por voto popular, por el empoderamiento y terrorismo fiscal lleva a cabo el SAT, expropiaciones disfrazadas y proteccionismo a las empresas del estado como CFE, PEMEX y Mexicana de Aviación. Acusan que la justicia mexicana se convirtió en un instrumento político.

La falta de independencia judicial, la arbitrariedad fiscal y la destrucción de los organismos autónomos (reguladores) estarían hundiendo la confianza global en México. Han solicitado a Estados Unidos, restaurar los arbitrajes internacionales del T-MEC para proteger sus inversiones, ante la falta de confianza en los tribunales mexicanos.

Si la economía mexicana pierde credibilidad jurídica, no habrá inversión, ni empleo, ni futuro. Afirmaron: “Sin justicia independiente, no hay nación viable”.

Es digno de un análisis a la luz de la situación del país, ante el proceso de renegociación o revisión del T-MEC el documento emitido por la U.S. Chamber of Commerce del 28 de octubre de este año, donde confirma en su texto las advertencias que hicieron los expertos y negociadores del tratado, cuando se discutieron y aprobaron las reformas constitucionales de AMLO y Sheinbaum.

Entre los puntos más relevantes del documento destacan los siguientes:

Que el gobierno de México viola el Tratado al minar la independencia judicial.
Al desmantelar y desaparecer a los organismos reguladores.
Hostigar físicamente a las empresas instaladas en México.
Distorsionar el sector energético y bloquear la competencia.
Cuestiona que la reforma judicial, amenaza el estado de derecho al “socavar la autonomía judicial y regulatoria” y violar el trato justo y equitativo del Tratado.
Que el SAT impone recargos retroactivos, que la ANAM cambia reglas aduaneras sin aviso.
Que PEMEX y CFE operan bajo privilegios ilegales.
Que COFEPRIS ignora patentes, retrasa registros y frena innovación.

La Cámara de Comercio exige al gobierno estadounidense “garantizar el cumplimiento total de México” y activar paneles de disputa y medidas correctivas si persisten las violaciones.

Bajo este escenario, los márgenes de negociación de México en la mesa del T-MEC se ven seriamente acotados, ya que aun y cuando el secretario de Economía Marcelo Ebrard ha declarado que las pláticas y acuerdos van por buen camino y que existe la disposición de las autoridades de Estados Unidos para llegar a una buena negociación, resulta evidente que la presión y las denuncias de las empresas e inversionistas de Estados Unidos que tienen intereses en México, se harán cada vez más fuertes, exigiendo al presidente Donald Trump que intervenga ante la presidenta Claudia Sheinbaum para dar garantías a las inversiones y un trato equitativo a las empresas de Estados Unidos y Canadá.

Aunque la Presidenta ha declarado que el T-MEC beneficia a ambos países, y no sólo a México, el gobierno norteamericano, protegerá los intereses de sus empresas y de no cambiar las causas de inconformidad planteadas por los inversionistas, Trump podría dar por cancelado el tratado y manejar sólo acuerdos comerciales en algunas áreas estratégicas para Estados Unidos, colocando a México en una grave situación debido a que el 80 % de las exportaciones de las empresas mexicanas van a los Estados Unidos.

Conociendo la forma de actuar de quienes dirigen la 4T y de los partidos que conforman la mayoría en ambas cámaras de diputados y senadores, difícilmente darán marcha atrás a las reformas constitucionales vigentes y de las que se duelen las empresas e inversionistas de Estados Unidos y Canadá, quienes no se quedarán de brazos cruzados y podrían llevarse sus capitales del país, al no existir la confianza y credibilidad de las instituciones del Estado mexicano, a las que se suma la corrupción, la inseguridad y violencia que no ha podido frenar el Estado.

¡Que Dios y Donald Trump, nos agarren confesados!

La crisis migratoria y la relación México – USA

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La semana laboral que concluyó este viernes trece de junio, ha sido caótica y muy complicada en la relación de México con los Estados Unidos; principalmente por el clima de desencuentros y posturas que han tomado por un lado la administración del presidente Donald Trump, quién está dispuesto en los hechos, a cumplir a los estadounidenses que le dieron su voto en el pasado proceso electoral, con todas las promesas de campaña que enarboló y que hicieron posible su retorno a la casa blanca y por otro lado la posición que ha tomado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a defender la soberanía del país, evitar la intromisión de extranjeros en la vida política y procesos electorales, su rechazo a la aplicación de los aranceles a los producto mexicanos que se exportan a los Estados Unidos; así como a las remesas que envían nuestros connacionales y que se han anunciado serán del 3.5%, su rechazo a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que se ha traducido en una persecución feroz del ICE, para superar el número de al 42 personas de portadas en una semana, sin importar su estatus migratorio, con la sola sospecha de que se trata de un inmigrante ilegal en territorio norteamericano.

Si revisamos la situación actual que se vive en Estados Unidos y que también está impactando a otros países, desde la llegada del presidente Donald Trump a su segundo mandato presidencial, podemos darnos cuenta, que de alguna forma no se está saliendo del guion de sus promesas de campaña, como lo fueron: recobrar la fuerza y presencia de Estados Unidos en el mundo, argumentado que varios países con los que mantiene relaciones comerciales, como China, Canadá, México, la Unión Europea, entre otros, han abusado imponiendo aranceles a los productos que exportan; el terminar con la construcción del muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal, deportar a sus países de origen al mayor número de emigrantes que hayan ingresado ilegalmente a territorio norteamericano, exterminar a los carteles y grupos de la delincuencia organizada con presencia y nexos en territorio de Estados Unidos; resolver los conflictos armados como el de Israel con Palestina, la guerra entre Rusia y Ucrania y fortalecer el poder militar de los Estados Unidos a nivel mundial.

Evidentemente, algunas acciones que ha plasmado en sus ordenes ejecutivas, le han dado los resultados esperados, otras no y varias de ellas, han causado afectaciones a los intereses de varios países, como en el caso de la aplicación de los aranceles, de las deportaciones masivas y de decisiones que también están afectando a los ciudadanos estadounidenses ante una inminente aprobación de la iniciativa fiscal de Trump conocida como un solo proyecto de ley grande y hermoso que aunque promete la creación de empleos y el impulso económico, para muchos analistas las cifras revelan un camino potencialmente peligroso para la debilitada salud fiscal de Estados Unidos; debido a que añadirá entre dos y cinco billones de dólares a la imponente deuda estadounidense de 36.3 billones de dólares los próximos diez años, con una menor recaudación fiscal que compensará con creces la reducción del gasto.

En el escenario actual, el endurecimiento de las acciones de las fuerzas del ICE para deportar a más inmigrantes ilegales en estados como California en esta semana, con la detención de al menos 42 de origen mexicano, desató la inconformidad de los ciudadanos de California, con el apoyo del gobernador demócrata Gabin Newson quién públicamente rechazó estas acciones acusando al presidente Donald Trump de esta ola de persecución y detenciones de trabajadores migrantes, sumándose a este rechazo la alcaldesa de los Angeles Karen Bass, por el envío de más de setecientos soldados de la guardia nacional a la ciudad para reforzar las detenciones y frenar las manifestaciones que se han organizado por los familiares de los migrantes y ciudadanos del estado en contra de las detenciones y deportaciones del ICE.

Por la situación y enfrentamiento entre las autoridades de California con el presidente Donald Trump, así como al hecho de que grupos de inconformes ha hecho quema de patrullas, destrozos y saqueo de comercios, la alcaldesa decretó desde el martes pasado un toque de queda nocturno para detener las acciones violentas y evitar daños a las propiedades y comercios.

Pero un elemento que además vino a complicar la situación que se vine en la relación de México- Estados Unidos, fue la declaración de la secretaria de Seguridad Nacional de USA Kristi Noem, quién el 9 de junio públicamente acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar alentado las manifestaciones violentas de mexicanos en los Ángeles, condenándola ante la presencia del presidente Donald Trump.

La misma tarde del martes la presidenta Sheinbaum publicó en su cuenta de X un mensaje señalando que es “absolutamente falso que esté alentando las manifestaciones violentas, sino por el contrario estar a favor del dialogo y respeto entre ambas naciones.”

A pesar de la aclaración presidencial, morenistas como el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, inicio un debate con el senador republicano Eric Schmitt de aumentar el arancel de las remesas del 3 al 5% burlándose del legislador y poniendo en riesgo un eventual incremento que vendría a afectar a los migrantes y a las familias mexicanas que viven de las remesas. A su vez la diputada Melissa Cornejo Consejera estatal de Morena en Jalisco, hizo un posteo en su cuenta de X en contra del retiro de visas a mexicanos con una frase vulgar, lo que motivó que el Subsecretario de Estado Christopher Landau ordenara la cancelación de visa de la morenista, aclarando que ni siquiera contaba con ella.

La presidenta Sheinbaum y la presidenta Nacional de Morena han tenido que intervenir para frenar las declaraciones desafortunadas de Fernández Noroña y el partido deslindándose de las declaraciones de la diputada Cornejo, ante la delicada situación de la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, la radicalización de los grupos de Morena en Estados Unidos y las protestas violentas, pueden complicar aún más la posición de nuestro país, con el vecino del norte, que ha calificado a los migrantes de delincuentes, violadores y terroristas para expulsarlos por poner en riesgo la seguridad de su país. Es momento de buscar soluciones pacificas y que sea la diplomacia y los intereses comunes los que orienten una solución a esta crisis de la relación.

Son enormes los intereses de México que están en juego, una declaración desafortunada o una acción de gobierno mal interpretada pondría en grave riesgo al país, sobre todo ante la revisión del T-MEC que podría verse afectada o incluso darse por cancelado, si Estados Unidos decide no firmarlo en forma definitiva.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.