Morena archivos

El inicio de las precampañas anticipadas de 2027

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación electoral federal de nuestro país, las elecciones federales se realizarán el 6 de junio de 2027 bajo la organización del Instituto Nacional Electoral con el apoyo de los Organismos Públicos Locales Electorales en los procesos de las elecciones estatales para las 17 gubernaturas que deben renovarse.

El 6 de junio de 2027 también se renovarán 500 diputaciones federales, 300 serán por el principio de mayoría simple (uno por cada distrito electoral federal en que se divide el país) y 200 por él principio de representación proporcional (de acuerdo a las listas por las 5 circunscripciones electorales que integran el país).

Cabe destacar que los actuales diputados que integran la LXVI legislatura se podrán reelegir por última ocasión.

Además, se llevará a cabo la elección de gobernador en los siguientes estados, que actualmente gobierna Morena y que son: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala. Los que gobierna el PAN son Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua; de Movimiento Ciudadano: Nuevo León y del Partido Verde Ecologista de México: San Luis Potosí.

Aún y cuando el calendario electoral señala que las campañas se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, los actuales partidos políticos con registro como la alianza oficialista integrada por Morena, el PT y el PVEM como es su costumbre, ya dieron inicio a lo que algunos analistas han calificado como las precampañas anticipadas, es decir, sin respetar las reglas que deben regir el proceso electoral de 2027, y que debe existir equidad en la contienda y piso parejo para todos los candidatos a dichos cargos, ya iniciaron su proceso interno para inscribirse como coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía en las 17 entidades donde se elegirán a gobernadores.

El pasado 23 de junio, ya presentaron su renuncia a los cargos 17 senadores de Morena y tres más del PVEM para inscribirse formalmente al proceso interno del partido y buscar la candidatura que saldrán de acuerdo con los resultados de las encuestas internas.

La desbandada de legisladores demuestra su falta de compromiso y de responsabilidad para quienes les dieron su voto para llegar a ocupar sus curules y reflejan su ambición por alcanzar otro cargo, sin haber cumplido con el período para el cual fueron electos.

Aún y cuando oficialmente, Morena ha establecido en su convocatoria que se respetarán los resultados de las encuestas, para nadie es un secreto que en el gobierno de AMLO, no se respetaron dichos resultados y en estados como Sinaloa se impuso a quién no salió triunfador en la encuesta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y en el caso de la Ciudad de México, el entonces presidente impuso a la actual jefa de gobierno Clara Brugada, aún y cuando el ganador de la encuesta interna fue el actual secretario de seguridad y protección ciudadana de México Omar García Harfuch, a quién se le dio la candidatura a una senaduría.

Será interesante conocer cuál será la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en la asignación de las candidaturas a las gubernaturas, si a diferencia de su antecesor respetará el resultado de las encuestas y no impondrá a un candidato o candidata por dedazo, lo que en el partido nunca fue cuestionado.

Hasta el momento el INE en ningún momento ha cuestionado la ilegalidad de la convocatoria y las reglas del proceso interno de Morena y aliados, para iniciar una actividad que debería llevarse a cabo en enero de 2027 y que el oficialismo ha adelantado para junio de 2026.

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar el proceso, es que la autodeterminación de los partidos en su organización interna, no afecta la normatividad electoral, aunque en los hechos no hay lugar a dudas que se trata de una precampaña anticipada a la vista de todo el electorado en cada estado.

Así ante la pasividad y complacencia del INE que debe vigilar la equidad del proceso y que no se violente la legislación en la materia, los partidos de oposición como el PRI y el PAN, en aras de no quedar en desventaja ante el bloque oficialista, han anunciado que llevarán a cabo procesos similares, aprovechando de que no existen reglas parejas para todos los partidos en este momento, como si las hubo en las elecciones de 2024.

En este momento, no están definidos plazos comunes para todos los partidos, responsabilidades para rendir informes al INE, los topes de gastos para los aspirantes en esta fase, la verificación del origen y destino de los recursos económicos y materiales que reciban y utilicen los aspirantes, como se dará trámite a las quejas e inconformidades que se presenten por irregularidades en los procesos y sus resultados ante las autoridades electorales.

El mal ejemplo y oportunismo electoral cunden y en este caso, el bloque oficialista pone el ejemplo y los ciudadanos desde ahora tendremos que aguantar a casi un año de la elección del 6 de junio de 2027, la promoción y precampañas adelantadas de los aspirantes que andarán visitando los domicilios y plazas públicas buscando el apoyo, no sólo de los militantes de Morena y partidos aliados, sino también de los simpatizantes que deseen participar en el proceso.

Es evidente el miedo y la preocupación del oficialismo por mantener las 17 gubernaturas y la mayoría calificada en la Cámara de diputados federal, el 6 de junio de 2027, los mexicanos tenemos una cita en las urnas, para decidir por la continuidad de un proyecto o por un cambio obligado para tratar de rescatar lo poco que queda de nuestra democracia.

México 2026: Entre la inseguridad y el miedo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Nuestro país enfrenta actualmente una crisis en diversos aspectos de la vida pública y privada de todos los ciudadanos, que en los últimos siete años se ha acrecentado por las políticas del primer gobierno de izquierda en el poder con AMLO en el período 2018-2024 en que después de dos intentos fallidos llegó a la presidencia de la república con el movimiento de la cuarta transformación; aunque no pudo contar con la mayoría calificada en ambas cámaras de diputados y senadores, ni tener el control de los Jueces, magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que venían del período neoliberal y que frenaron varias de sus reformas constitucionales.

A partir del 2 de junio de 2024, Morena y sus aliados el PT y el PVEM obtuvieron el triunfo en las elecciones para la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum Pardo, así como tomaron el control del Poder Legislativo con una sobrerrepresentación que les otorgó el INE y fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para contar con la mayoría calificada en ambas cámaras de diputados y de senadores.

Además, Morena pasó de gobernar cuatro estados en 2018 a 24 gubernaturas, ya que obtuvo el triunfo en 5 de las 8 gubernaturas que estuvieron en disputa, lo que representó un crecimiento histórico para el movimiento, logrando con ello gobernar a más del 70 por ciento de la población del país, según lo dieron a conocer diferentes medios nacionales y extranjeros.

Por ello Morena y sus aliados actualmente son y con mucho, la principal fuerza política en el país.

Sin embargo, el discurso y las justificaciones a la falta de solución de los graves problemas que les fueron heredados por los presidentes de la era neoliberal y que además se han agravado en siete años, han dejado de funcionar en cuanto a culpar a los políticos del pasado de la situación, así como el discurso de polarización y odio que ha dividido a los mexicanos, se ha visto rebasado ante la , de seguridad, de derechos humanos, salud, de empleo, de falta de inversiones, de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones, ambiental, de educación, impunidad y corrupción, migración y de la mala imagen que se tiene de nuestro país en la comunidad internacional.

Si a lo anterior sumamos la elección del Poder Judicial llevada a cabo en junio de 2025 para designar a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum para tener el control del único poder que el oficialismo no tenía a sus órdenes y en la que logró imponer a los candidatos afines a los intereses del gobierno federal, ahora tenemos también una crisis en el Poder Judicial con repercusiones no sólo a nivel nacional, sino internacional.

En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos priorizó la queja de 65 jueces y magistrados con más de 30 años de carrera judicial exigiendo al Estado mexicano responder en cuatro meses.

La Comisión activó el principio de “no regresividad”: no puedes desmantelar un sistema judicial profesionalizado y sustituirlo por uno de elección popular sin violar tratados internacionales suscritos por México.

De encontrar la Comisión que hay violaciones a la Convención Americana, el caso puede llegar a la Corte IDH, que podría emitir una sentencia obligando al oficialismo a reformar su propia reforma constitucional.

Ante este probable escenario que dejaría muy mal parado al gobierno, esta misma semana, el senador Javier Corral ya inició los trabajos y foros para impulsar una reforma a la elección del Poder Judicial antes de que se lleve a cabo la que estaba prevista para 2027 y que ahora se propone se lleve a cabo en 2028.

La actitud desafiante de la presidenta Claudia Sheinbaum quién acudió a la cumbre de jefes de estado de países socialistas llevada a cabo en Barcelona España, con presidentes confrontados con Donald Trump, en momentos en que nuestro país lleva a cabo negociaciones para la revisión del T-MEC sin duda el acuerdo comercial más importante de nuestro país y del que depende la economía de México, así como el hecho de oponerse a que fuerzas de seguridad de Estados Unidos combatan a los carteles del narcotráfico que continúan operando sin que las fuerzas de seguridad como el ejército, la guardia nacional y la marina logren frenarlos; coloca al estado mexicano en una delicada situación de riesgo.

La violencia originada por los grupos delictivos, homicidios y desapariciones continúan y las estrategias del estado para combatirla no están funcionando, debido a que la corrupción, captación de mandos policiales, bajos salarios, falta de armamento y la impunidad de los delincuentes son factores que afectan el desempeño de las fuerzas de seguridad.

A 47 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol en nuestro país, los riesgos de que ocurran actos violentos, protestas, movilizaciones, cierres de vialidades, fallas en los sistemas de transporte de los turistas que vendrán al país a presenciar los partidos y sobre todo desapariciones, secuestros y extorsiones en contra de los aficionados se encuentran latentes y la responsabilidad de lo que ocurra le pasará factura al oficialismo, sino comprenden que sólo con un país unido y con el apoyo de la sociedad civil, se puede avanzar en resolver los problemas que el país sigue padeciendo.

No todo en la vida, son las elecciones y la lucha por el poder para exterminar a los adversarios políticos. México y los ciudadanos exigimos que las autoridades cumplan con su responsabilidad y con sus funciones por el bien común, la paz y la seguridad de todos.

¿Existe fractura en la alianza del oficialismo?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El autor Robert Green en su obra Las 48 leyes del Poder en la Ley número 31 señala lo siguiente: “Controle las opciones: haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte”.

En lo que sería la interpretación de la ley, en el criterio afirma: “El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones: sus víctimas sienten que controlan la situación, pero en realidad no son sino títeres en sus hábiles manos. Presente opciones que siempre le sean favorables, independientemente de cuál de ellas elijan los demás. Oblíguelos a optar entre el menor de dos males y logre que cualquiera de las dos elecciones resulte a favor de usted. Haga que cualquier alternativa por la que se decidan sus rivales los perjudique a ellos y los beneficie a usted”.

La citada ley la traigo a colación, por la intentona de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su partido de lograr la aprobación de su proyecto de reforma electoral constitucional, que finalmente fue rechazada por la Cámara de Diputados, a pesar de los esfuerzos y trabajo del coordinador de la bancada Ricardo Monreal, desde hace varias semanas, con los partidos aliados de Morena, PT y PVEM cuyos líderes habían anunciado desde que se conoció el texto del proyecto, que no acompañarían su aprobación y que sus bancadas no darían su voto en la sesión plenaria, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.

Es la primera votación en la que un proyecto de reforma enviado por la presidenta, no fue aprobada por los partidos que la llevaron al cargo en 2024, por lo que de inmediato se desataron en los medios y redes sociales toda una serie de opiniones y comentarios a favor y en contra de los partidos PT y PVEM lo que implicaría el rompimiento de la alianza del oficialismo, ya que los partidos de la oposición PRI, PAN Y MC desde días previos ya habían anunciado que no darían su voto a la iniciativa de la presidenta.

En las reuniones que se llevaron a cabo con los partidos de la alianza por el oficialismo, se les plantearon varias propuestas a fin de convencerlos de la necesidad de que se cambiara la forma de elección de los diputados plurinominales, la reducción del número de senadores, la disminución del presupuesto público a los partidos políticos, prohibir el nepotismo en las candidaturas, la reducción del presupuesto y de los altos sueldos de los consejeros del INE y sobre todo el hecho de terminar con los privilegios y el gasto excesivo en las elecciones en el país.

La narrativa, de que la reforma había sido una demanda del pueblo y un compromiso de Morena, no sirvió para que ambos partidos le dieran su apoyo a la iniciativa, por el contrario, en el fondo sabían que de aprobarse la misma, los primeros que iban a sufrir las consecuencias serían ellos, ya que finalmente Morena lograría en el siguiente proceso en 2027 quitarles diputaciones a sus bancadas y en cuanto al presupuesto el partido que contaría con mayores recursos sería el oficial, haciéndolos a un lado para que en la siguiente legislatura Morena dejara de depender de ellos para aprobar sus iniciativas, al contar con la mayoría calificada y con una sobrerrepresentación plena.

Ninguno de los argumentos de la presidenta y de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena convencieron a PT y PVEM para aprobar la iniciativa de reforma, por lo que después de la votación fueron acusados como traidores al movimiento y corruptos por defender sus posiciones y presupuesto, afirmando en tribuna Ricardo Monreal de que los partidos que habían rechazado la iniciativa serían juzgados por la historia.

De nada sirvieron incluso las amenazas en contra de algunos legisladores y líderes, de sacar de los archivos sus expedientes o alguna carpeta de investigación por parte de las fiscalías estatales o federal para que dieran su voto en la sesión, al final se concretó el rechazo por una mayoría integrada por PRI, PAN, MC. PT y PVEM, ya que Morena no cuenta con la mayoría calificada para la aprobación de reformas constitucionales, que requieren las dos terceras partes de los votos de los 500 diputados que integran la cámara.

El jueves 12 de marzo la Presidenta anunció el envío de un paquete de iniciativas de reformas electorales a la Cámara de Diputados, que denominó como el Plan B, aunque hay algunos aspectos que ya no serán incluidos por estar contemplados en la Constitución.

La propuesta insistirá en aras de la austeridad republicana, la reducción del presupuesto a los partidos, del INE, de las candidaturas, a lo que se agregaría la reducción del presupuesto de los Congresos estatales, de los salarios de diputados y del número de regidores en los ayuntamientos.

El proyecto será presentado el próximo 17 de marzo, esperando el oficialismo ahora sí contar con los votos y apoyo de sus partidos aliados PT y PVEM, sin embargo, en esta discusión seguramente se incorporarán los diputados locales y los mismos gobernadores y presidentes municipales, que también se verán afectados en lo que se apruebe en la cámara de diputados, ya que iría en contra de la soberanía de los estados y del pacto federal.

De aprobarse las iniciativas de la presidenta en la cámara de diputados y después en el Senado con la mayoría de los legisladores de Morena y de que PT y PVEM no las respalden, se prevé un rompimiento de la alianza, porque una vez más el oficialismo, aunque convoca y declara que está abierto a escuchar las opiniones de los ciudadanos, organizaciones, académicos y partidos de oposición, una vez más impondrá sus iniciativas, para beneficiarse en los próximos procesos electorales y rompiendo los acuerdos políticos con sus aliados, de quienes busca librarse para convertirse en un partido hegemónico.

Hay quienes opinan que la decisión de los partidos aliados de no apoyar la iniciativa de la presidenta, se dio para defender la democracia en el país; pero también hay otros elementos que apuntarían a un intento de desmarcarse del partido oficial, en el caso de que el gobierno de Donald Trump ejecute acciones para detener a políticos y funcionarios de Morena acusados de estar vinculados a los cárteles del narcotráfico o de haber recibido recursos para sus campañas, lo que los marcaría como partidos coludidos con grupos criminales en gobiernos a nivel estatal y municipal.

El discurso de los líderes nacionales del PT y del PVEM de que seguirán apoyando a la Presidenta y a su movimiento, deberá reflejarse en su voto en ambas cámaras al Plan B, si ello ocurre, ambos partidos habrán jugado y perdido con las cartas que les puso en la mesa el oficialismo y deberán pagar los costos de su insubordinación.

La reforma electoral del oficialismo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El pasado 25 de febrero en su conferencia del “pueblo” la presidenta Claudia Sheinbaum dio un adelanto de los puntos más relevantes de su propuesta de reforma electoral que se vino cocinando desde el 4 de agosto de 2025 mediante el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral integrada por personajes ligados a su gobierno y plenamente identificados con el morenismo, siendo designado como su presidente Pablo Gómez, extitular de la UIF; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia; el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

Cabe señalar, que esta reforma de acuerdo al discurso de la presidenta forma parte del paquete de reformas constitucionales del segundo piso de la 4T y fue parte de los compromisos que hizo en campaña atendiendo a las demandas del “pueblo” sin que pueda precisarse en que mitin o acto público recibió la petición de parte de los ciudadanos o de sus aliados el PT y el PVEM para llevar a cabo dicha reforma, mediante la cual, se busca a toda costa afianzar a Morena como un auténtico partido de Estado, al estilo de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, regresando al país a los gobiernos del priismo que durante más de setenta años padecimos los mexicanos.

Es de llamar la atención, que a pesar de que el oficialismo actualmente controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo con una mayoría calificada en ambas cámaras y desde el 2 de junio de 2025 al Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación mediante la elección de ministros, magistrados y jueces impulsados por Morena y sus partidos aliados; así como los organismos electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se empeñe ahora en llevar a cabo una reforma en nombre del pueblo para afianzarse en el poder y evitar que exista la posibilidad de que en las elecciones de 2027, pueda perder la mayoría en el poder legislativo federal y las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

A pesar de que de acuerdo a una encuesta de Alius Polls publicada el 15 de febrero, si hoy fueran las elecciones para gobernador, Morena arrasaría en 14 de las 17 gubernaturas, con una amplia ventaja en estados como: Baja California, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, donde por cierto existe una fuerte presencia de los cárteles y el control de territorios, el oficialismo no quiere correr ningún riesgo y por ello la presidenta ha tomado la decisión de impulsar la reforma electoral, para evitar alguna sorpresa o que los resultados se salgan de control.

Aunque el discurso de la presidenta se ha centrado en negar por todos los medios que la reforma atente contra la democracia en el país y que se pretenda afianzar aún más a su partido, aún no cuenta con el respaldo de los aliados de Morena el PT y el PVEM que han amagado con no apoyarla, porque no están dispuestos a perder las canonjías y privilegios que les ha dado el oficialismo por apoyar sus iniciativas de reformas constitucionales.

La presidenta dio un plazo de cuatro días, para que sus partidos aliados se pronuncien a favor de apoyar la reforma electoral que vence el dos de marzo, fecha en la cual seguramente la presidenta enviará la iniciativa a la Cámara de Senadores para dar inicio a su discusión y posterior aprobación.

Serán cuatro días de negociaciones entre los tres partidos, en los que el PT pedirá la gubernatura de Zacatecas apoyando al hermano del diputado Ricardo Monreal, Saúl Monreal que no podrá ser candidato por Morena, con lo cual el PT, de ganar las elecciones, tendría la primera gubernatura en su historia.

Por el lado del PVEM la gubernatura de San Luis Potosí con la candidatura de la esposa del actual gobernador a quien le heredaría el cargo por seis años más, lo que significaría que para dichos partidos el tema del combate al nepotismo impulsado por la presidenta e impuesto a Morena, no les sería aplicable ya que lo que ellos buscan es por lo menos conservar o aumentar el número de diputados federales con los que actualmente cuentan y las prerrogativas que reciben del INE que les han permitido vivir del dinero público.

Entre los puntos más relevantes de la reforma electoral dados a conocer por la presidenta destacan:

a) La composición del Congreso.
b) La reducción del presupuesto y labores del INE.
c) Se elimina el PREP.
d) Disminución de los tiempos de campaña en radio y televisión.
e) La forma de fiscalizar las campañas.
f) Se busca regular el uso de la inteligencia artificial y redes sociales.

De aprobarse la reforma constitucional, se modificarían las leyes secundarias como son: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras.

Uno de los argumentos del oficialismo para impulsar la reforma electoral es el alto costo de las elecciones en el país, consideradas como las más caras del mundo y el ahorro que significaría para el erario, disminuir los recursos que se entregan vía las prerrogativas a los partidos políticos; sin embargo en temas tan delicados como el dinero que los cárteles y grupos de la delincuencia organizada aportan para apoyar a los candidatos a los puestos como presidentes municipales, legisladores locales, federales y gobernadores, la propuesta es omisa, ya que no establece mecanismos efectivos de control y sanciones severas para candidatos y partidos que incurran en estas prácticas.

Por lo que de aprobarse en la forma en que se ha anunciado la reforma, no se dará solución a un problema como el que hoy vive nuestro sistema político de elecciones, con la intromisión de los cárteles en las elecciones apoyando candidatos y financiando campañas políticas; con un INE debilitado por la falta de personal y recursos para llevar a cabo una fiscalización y denuncia ante las fiscalías para evitar que sigan gobernando presidentes municipales sometidos a la autoridad de los cárteles como sucede actualmente y con una población victima de la inseguridad y violencia, sin derecho a vivir en paz y tranquilidad.

El Efecto Tequila en las gestiones municipales

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera, emanado de Morena, fue detenido el pasado 5 de febrero, acusado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro agravado, siendo vinculado a proceso el pasado 11 de febrero.

También la Fiscalía general de la República lo acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva generación, quien habría financiado su campaña política, además le imputa el secuestro de dos políticos del PAN, en marzo de 2021, para que desistieran de competir en la elección de dicho año y dejaran paso libre al candidato Juan Gabriel Toribio Villareal como al final ocurrió.

Si bien es cierto, el Cabildo ya designó a una presidenta municipal sustituta, que forma parte del mismo grupo que apoyaba al alcalde detenido, a los dos días siguientes también ya fue señalada por su afinidad con el líder del CJNG Nemesio Oseguera cantando corridos en su honor, por lo que la población aunque en un principio festejó la detención de Rivera, hoy la situación del municipio aún con la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, no está segura de que la presidenta, rompa el vinculo y poder que tiene el CJNG en la zona.

Tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declararon que el gobierno como el partido con esta detención daban muestras de que no se protege a nadie y que no hay impunidad, porque un integrante de su movimiento que ocupaba un cargo público fue detenido y actualmente se encuentra sujeto a proceso por los delitos que se le imputan.

Lo que llama la atención es que sólo por las denuncias y presión de empresas como la de José Cuervo que se quejaron de los abusos de autoridad y extorsión del alcalde, fue como las autoridades del gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República, se vieron obligadas a actuar deteniendo a dicho personaje, cuyos vínculos con el CJNG había sido denunciado desde su campaña para la presidencia municipal.

El caso de Diego Rivera es similar, aunque no en la misma dimensión con la situación que día a día enfrentan los ciudadanos en los municipios gobernados por alcaldes emanados de Morena, cuyos vínculos con los cárteles del narcotráfico son evidentes, dejándolos actuar a sus anchas e imponiendo con apoyo de las autoridades municipales sus propias reglas y cuotas como el derecho de piso para poder continuar con sus actividades comerciales.

De los 2478 municipios en los que está dividido el país, los problemas que enfrentan los alcaldes son diversos atendiendo a las zonas geográficas, al tipo de población y número de habitantes, a su grado de desarrollo, actividades económicas y sobre todo al presupuesto que anualmente les es asignado por los Congresos estatales; sin embargo, desde el año 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, en el que se inicia la denominada guerra contra los cárteles de la droga, el sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros siete años de los gobiernos de la cuarta transformación, los gobiernos municipales, han dejado de tener proximidad con la población que gobiernan y en su mayoría han sido infiltrados por los grupos delictivos y cárteles de la droga, patrocinando sus campañas políticas e imponiéndoles a los funcionarios del primer nivel de sus administraciones, sobre todo en las áreas de seguridad pública, obras e infraestructura y de comercio, mediante las cuales pueden obtener jugosas ganancias y recuperar lo invertido en las campañas de los alcaldes que les deben el cargo.

Cada tres años en que se renuevan las presidencias municipales, los cárteles de la droga, ya cuentan con una lista de candidatos que proponer a los partidos políticos, para llevarlos al triunfo en las elecciones y apoyando su reelección en aquellos casos en que les han dado buenos resultados y los han dejado trabajar a sus anchas.

Por lo general, los habitantes de los municipios conocen perfectamente la historia de los que aspiran a contender en las elecciones de alcaldes, ya sea porque nacieron en muchos de los casos en esos lugares, porque identifican a su familia o bien porque tienen trayectoria política o han ocupado algún cargo público; incluso si tienen alguna actividad delictiva o están vinculados con algún cártel o grupo delictivo, los pobladores lo saben y deciden callar, para evitar ser víctimas de alguna agresión o poner en riesgo su vida.

Ahora que la presidenta de la República y la dirigente nacional de Morena han declarado que pondrán más cuidado en la selección de sus candidatos y los investigarán antes de postularlos, verificando que no tengan abierta alguna carpeta de investigación en su contra; sería sano que lo hicieran con los alcaldes que actualmente está en funciones e investigaran también el financiamiento de sus campañas, así como su situación patrimonial y de sus familiares cercanos y que los Congresos locales pongan más atención en el desempeño de los ediles, así como la percepción de inseguridad que existe en las cabeceras municipales.

Estoy seguro, que el caso del alcalde del municipio de Tequila sólo es un botón de muestra de la situación que enfrentan los pobladores en varias zonas del país, con presidentes que abusan de su autoridad y se han coludido con cárteles del narcotráfico, ya que se sienten intocables por provenir del partido de Morena, PT o PVEM contando con una doble protección para seguir delinquiendo, la de los cárteles y la del oficialismo que prefiere sostenerlos, antes que detenerlos, por el costo electoral que puede representar para la continuidad en sus gobiernos.

El síndrome de los presidentes municipales como el personaje de Varguitas de la película La ley de Herodes ha cundido en el país, reforzado por la delincuencia organizada, que además hoy se ha empoderado y tiene el control territorial de más de la tercera parte del territorio naciona

La defensa de AMLO en el segundo piso de la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A diferencia del proceso de transición del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, al de Andrés Manuel López Obrador, en los qué tres días después de conocerse los resultados del proceso electoral, Peña Nieto, prácticamente le entregó el mando del país y la toma de decisiones; sin embargo, en el proceso en que López Obrador entregó el poder a la presidenta Claudia Sheinbaum, las cosas fueron distintas.

En primer lugar, porque desde su primer discurso como candidata ganadora la noche del dos de junio de 2024, la presidenta se ha dedicado, no sólo a agradecer a AMLO el haberle heredado la silla presidencial, sino también, a ensalzar su figura como un héroe nacional y como el forjador con Morena del movimiento de la cuarta transformación de la vida pública del país del período 2018-2024.

La presidenta ha venido destacando los logros de su gobierno y protegiendo su imagen, ante los ataques y descalificaciones de su gobierno provenientes no sólo de la oposición y los medios no afines al oficialismo, sino incluso de mandatarios de otros países con los cuales AMLO tuvo serias diferencias y desencuentros, como los casos del gobierno español, Perú, Ecuador y en un momento dado hasta con la Unión Europea.

Es evidente para los mexicanos, que la transición del gobierno de AMLO al de Claudia Sheinbaum, ha pasado por momentos confusos, donde tal pareciera que el expresidente sigue dando línea dirigiendo las acciones de la presidenta, a quien le encomendó concluir las reformas constitucionales y políticas que no pudo concretar al fin de su gestión.

Reformas como la del Poder Judicial, de la Ley de Amparo y la de reforma electoral que seguramente no tardará en ser analizada por las cámaras de diputados y senadores, para su implementación en las elecciones de 2027, han sido impulsadas por la presidenta siguiendo el guion del expresidente, que prometió retirarse de la vida pública para irse a vivir a su rancho a Palenque y dedicarse a escribir libros.

La administración de Sheinbaum se encuentra acotada por los funcionarios que AMLO dejó sembrados en su gabinete, en los liderazgos de ambas cámaras con incondicionales como Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, así como también en el control de la dirigencia nacional de Morena con Luisa María Alcalde y su hijo Andrés Manuel López Beltrán que hasta hace unos meses era considerado como el virtual sucesor de Claudia Sheinbaum para el 2030.

Ante dicha situación, el margen de maniobra de la presidenta para gobernar el país, pasa en forma obligada al filtro que forman dichos personajes fieles a AMLO, a quién le siguen debiendo lealtad y están comprometidos con él, por haberlos colocado en forma transexenal en los cargos que ocupan.

Aunque varios analistas y medios de comunicación, llegaron a considerar que el rompimiento entre la presidenta y AMLO, se daría de un momento a otro, bajo las presiones del gobierno de Donald Trump y la crisis de inseguridad que vive el país, por los cárteles del narcotráfico y la guerra entre los Chapitos y la Mayiza en Sinaloa, y los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos funcionarios de los tres niveles de gobierno emanados de Morena coludidos con los cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, hasta este momento la presidenta ha mantenido intacta la relación con el expresidente, y en sus conferencias mañaneras ha dedicado buena parte de su discurso a defender los logros del gobierno obradorista, con los mismos argumentos del sexenio pasado, es decir, culpando a los conservadores y a los empresarios y adversarios políticos del PRIAN de ser los autores de los ataques y cuestionamientos de su mentor.

Si revisamos los discursos de AMLO de sus conferencias, su villano favorito fue el expresidente Felipe Calderón, por haberle robado el triunfo electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno calderonista y actualmente sentenciado en los Estados Unidos por tener nexos y brindar protección a los cárteles del narcotráfico.

Para el gobierno de Sheinbaum, el discurso de culpar a los gobiernos del período neoliberal de todos los problemas y males que aquejan al país, se ha desgastado a tal nivel, que ya no es tan efectivo como lo fue para AMLO, porque la herencia que recibió y los escándalos de su antecesor, todos los días salen a la luz y cada día le es más difícil defenderlo ante la magnitud de los escándalos de corrupción y enriquecimiento de los funcionarios morenistas que pregonaban la austeridad republicana y hoy viven en el lujo y la opulencia haciendo gala de sus propiedades, viajes y excentricidades, que no pueden justificar con los ingresos que reciben por su trabajo.

La andanada de escándalos, actos de corrupción, aumento de la deuda externa, así como las irregularidades detectadas en el gobierno de AMLO, rebasan el discurso de la presidenta, ya que la mayoría de los ciudadanos empiezan a desconfiar del movimiento, por la traición a los principios de no mentir, no robar y no traicionar que se diluyen y contradicen cada vez que surge una nueva denuncia o escándalo.

Si bien es cierto, que a la presidenta no está de acuerdo en romper con el expresidente AMLO, las circunstancias y escándalos están afectando a su administración y en la víspera de la revisión o eventual renegociación del T-MEC con los Estados Unidos y Canadá, así como de la amenaza del Departamento de Guerra del vecino del norte de combatir a los cárteles identificados como grupos terroristas hasta exterminarlos.

De no tomar medidas y dar un giro a su gobierno deslindándose de los escándalos y denuncias de corrupción que se atribuyen al gobierno anterior, las consecuencias pueden ser letales para el país que puede entrar en una crisis económica, donde los programas sociales y los grupos más vulnerables, así como la clase media, pagarán las consecuencias a corto plazo.

La tortuosa relación iniciativa privada y la 4T

Dr. German Molina Carrillo, notas educativas / Por editor

Uno de los grupos con los que más se confrontó el expresidente AMLO, desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en las tres campañas en las que participó para llegar a la Presidencia de la República, en el año 2006, 2012 y 2018 fue el de los empresarios.

Los dueños de las grandes empresas trasnacionales, a quienes acusó, no sólo de saquear al país en el período neoliberal por medio de las compras de empresas del estado, concesiones y permisos para explotación de bienes nacionales, sino también por haberse consolidado como un grupo de poder que apoyó incondicionalmente a los presidentes emanados del PRI y el PAN.

Para López Obrador, como líder de la oposición, inicialmente en el PRD y después con Morena, los grandes empresarios y representantes de la iniciativa privada, los consideró como sus enemigos y aprovechaba cualquier acto proselitista para acusarlos de ser junto con los neoliberales, los culpables de los grandes males del país, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la explotación de los trabajadores que laboraban en sus empresas con bajos salarios, mientras los empresarios amasaban grandes fortunas gozando de privilegios como condonaciones en los pagos de sus impuestos o ayudas para pagar a plazos o ejecutando proyectos, al amparo del poder con presidentes municipales, gobernadores y funcionarios de primer nivel en la Federación.

Los empresarios junto con los gobiernos neoliberales PAN y PRI en turno, representaban lo que el expresidente denominó como la mafia del poder por el apoyo que recibieron de los funcionarios de los tres niveles, en licitaciones para que se les asignaran grandes obras o proyectos y participando de las utilidades a los familiares o prestanombres de los presidentes municipales, gobernadores y secretarios de estado.

En el periodo neoliberal, los empresarios se vieron obligados por las circunstancias a acercarse a los partidos y gobiernos en turno, para lograr, primero la creación, crecimiento y por último consolidación de sus negocios, teniendo que pagar en muchos de los casos los famosos moches para realizar una obra o proyecto en los gobiernos, ya que quienes no pagaban, estaban condenados a nunca ganar una licitación y por ende a ejecutar algún proyecto u obra.

Derivado de lo anterior, fueron muy pocos los empresarios y grupos que, en las dos primeras campañas presidenciales de AMLO, le dieron su apoyo abierto e incondicional, por los riesgos que corrían en caso de que perdiera la elección López Obrador, de ser perseguidos por el gobierno en turno, por apoyar al candidato derrotado.

Fue hasta la tercera campaña en 2018 que algunos empresarios y gobernadores de otros partidos como el PVEM y se considera algunos del propio PRI, decidieron apoyar las aspiraciones de AMLO y en secreto le entregaron recursos económicos para su promoción y estructura partidista, sin que el INE tuviera conocimiento o fiscalizara el origen de dichos recursos.

Ya en la presidencia AMLO abandonó el discurso de la república amorosa, que millones de ciudadanos le compraron y se dedicó en el 90 por ciento de sus conferencias mañaneras, a culpar al PRI y el PAN de todos los problemas del país y por ende a los grupos empresariales y de la iniciativa privada que los sostuvieron y se enriquecieron al amparo de dichos gobiernos, por ende tanto dichos sobre los partidos como los empresarios fueron blanco de sus ataques y discurso de polarización para convencer a los mexicanos de que eran sus adversarios y el pueblo bueno y sabio, nunca más debería pensar en que regresen al poder.

Pero, desde el inicio del gobierno de la 4T, hubo empresarios como Carlos Slim y el mismo Ricardo Salinas Pliego, que todo apunta a que supieron jugar con el candidato ganador y fueron convocados por el presidente para participar en el diseño de políticas de gobierno en materia económica para impulsar el crecimiento del país.

De la buena relación de AMLO con Slim y Salinas Pliego, el único que la pudo conservar y beneficiarse de la misma fue el primero, ya que el dueño de Grupo Salinas terminó por tener diferencias con el presidente, con motivo de sus litigios fiscales y por decisiones del nuevo gobierno que afectaron a sus empresas, como el hecho de que no le fuera dado el manejo de los recursos de los programas del Bienestar que se habían considerado otorgar a las sucursales de Banco Azteca.

Existen además otros empresarios y grupos de la iniciativa privada, cercanos a los gobiernos de la 4T que han sido beneficiados económicamente en proyectos federales, estatales y municipales; aunque un grupo importante fue desplazado en la ejecución de las obras que AMLO asignó su ejecución al Ejército mexicano, como el AIFA y el Tren Maya.

Actualmente, investigaciones periodísticas han dado a conocer los grandes negocios y ganancias obtenidas por empresas en las que participan como socios, militantes de Morena y funcionarios de gobierno a través de familiares o socios incluso ligados a los cárteles del narcotráfico con operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Así la relación entre el gobierno y los empresarios que dejó el expresidente, sigue la misma línea en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, un día los recibe en Palacio Nacional y les promete resolver sus problemas y apoyar su crecimiento y al otro día, los somete a nuevas reglas del SAT e impulsa reformas que ponen en riesgo sus inversiones y subsistencia, con nuevas cargas fiscales y laborales, lo que ha tenido como consecuencia que muchos de ellos, estén sacando sus capitales del país, por la falta de seguridad y la reforma al Poder Judicial que ha creado incertidumbre y desconfianza en los mercados.

Podemos afirmar que para la 4T la iniciativa privada y grupos empresariales nunca han dejado de ser considerados como adversarios del régimen calificándolos como conservadores, fifís, neoliberales, corruptos, enemigos del pueblo, sin importar las fuentes de trabajo que generan, los impuestos que pagan, su contribución al PIB, y al crecimiento de la economía del país.

Para ellos quizás sólo sirven para donar despensas a los afectados en las catástrofes originadas por los fenómenos naturales, lo que tampoco se les reconoce, al ser entregadas con el sello y colores de Morena, lucrando políticamente hasta en la desgracia de los damnificados que requieren estos apoyos.

Renacen los vicios del pasado

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Uno de los puntos centrales de las tres campañas del expresidente López Obrador en las en las que participó en 2006, 2012 y 2018 fue la crítica hacía los gobiernos del PRI y el PAN del período neoliberal por la impunidad, escándalos de corrupción, nepotismo, enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos, peculado, colusión con los grupos de la delincuencia organizada y del narcotráfico, entreguismo a las políticas de los organismos internacionales como el Banco Mundial, aumento de la pobreza extrema, venta de las empresas de la nación, entre otras acciones, a las que se propuso combatir de ganar la Presidencia de la República.

Así en sus primeros discursos en 2018 ya como presidente electo, la frase más repetida en sus conferencias mañaneras y en los discursos que pronunció a lo largo y ancho del país, inaugurando obras o de visita en los pueblos, municipios y estados, fue: “nosotros no somos iguales que los prianistas” y “vamos a terminar con los vicios del pasado” haciendo compromisos con los ciudadanos como el de la austeridad republicana y barrer con la corrupción en el país de arriba para abajo”

Los mexicanos que le dimos el voto en las elecciones de julio de 2018 creímos en su discurso y promesas de campaña, porque existía un hartazgo de la ciudadanía, ante los escándalos de corrupción y enriquecimiento de quienes AMLO señaló de ser la mafia en el poder.

La situación en que López Obrador dejó al país a la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha vuelto cada vez más complicada a un año de haber asumido el cargo, ya que todos los días continúa creciendo el número de desapariciones, homicidios dolosos, extorsión, secuestros, robos, la guerra entre los cárteles en estados como Sinaloa y Tabasco por el control de sus territorios.

Si a los anterior se suma la presión del gobierno de los Estados Unidos, declarando a los cárteles mexicanos como el de Sinaloa, del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana como grupos terroristas y que se les dará el mismo trato como enemigos del gobierno del norte, que esta semana declaró que su ejército se encuentra en guerra para combatir a los cárteles.

La situación se vuelve aún más difícil, ya que ellos mismos se han autorizado para intervenir y ejecutar acciones en contra de dichos grupos, sin necesidad de pedir autorización a los gobiernos de los países donde los ubiquen.

Aunque la presidenta en mayo de este año hizo un llamado a través de un documento de diez puntos a los militantes de Morena para que se apegaran a los principios del partido, como el de la austeridad y evitar los viajes en primera clase, usar ropa de diseñador y joyas ostentosas, el uso de camionetas de lujo con escoltas, usar aeronaves particulares, hoteles de lujo y vivir en la justa medianía y con humildad.

Los escándalos de personajes como el diputado Sergio Guzmán y su esposa la diputada “dato protegido”, del hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, secretario General de Morena; del senador Gerardo Fernández Noroña, del secretario de Educación Mario Delgado, del diputado Ricardo Monreal y del senador Adán Augusto López, quienes han hecho todo lo contrario de lo que la presidenta les pidió con viajes a todo lujo, hospedaje en hoteles de los más caros, uso de camionetas blindadas con escoltas, viajes en primera clase, propiedades cuyo valor excede el monto de sus ingresos, cuentas bancarias con recursos cuyo origen no está aclarado, han llevado las cosas a un punto insostenible para ser defendidos por la presidenta, que en sus últimas conferencias al ser cuestionada sobre dichas conductas, se ha limitado a declarar que cada quién haga las aclaraciones correspondientes.

El dicho del expresidente AMLO, de que “no podía haber gobierno rico, con pueblo pobre” ha quedado rebasado, debido a que ante lo indefendible, los militantes y legisladores de Morena como Gerardo Fernández Noroña, olvidando la austeridad republicana, han declarado a los medios, que es su derecho gastar su dinero en lo que mejor les parezca y que por ello ya no dará explicaciones de los gastos que haga y de sus viajes.

Aunque el oficialismo, ha echado la culpa a los medios de que la información de los escándalos de los funcionarios y legisladores se publique y de que existe una campaña en contra para afectar su imagen; la realidad es que resulta imposible tapar el sol con un dedo, porque al tratarse de personajes de la vida pública, los ciudadanos se preguntan, ¿Dónde quedó la ideología de izquierda y su discurso contra lo que representa la “derecha neoliberal” si con el poder que ostentan ahora actúan y viven como aquellos a quienes tanto criticaron a costa del erario.

Las acciones de dispendio y lujos de los morenistas reviven el pasado neoliberal y distan mucho de los principios que vendieron a los ciudadanos en las campañas para obtener sus votos y la desaprobación y rechazo a dichas conductas, pueden traer a la larga en 2027 un cobro de facturas en las que no podrán hablar de una vida austera y humilde, a favor del pueblo, cuando su vida y actuación pública, demuestra, que los cargos los están usando para servirse del poder y no para servir al pueblo.

Morena vs. Morena

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A raíz de los casos del denominado “huachicol fiscal” y de la acusación del gobierno de Javier May en Tabasco y de la fiscalía estatal de que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Adán Augusto López y de su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, Hernán Bermúdez Requena, encabezaba el cartel de La Barredora en Tabasco y Chiapas; la situación en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum y del partido oficial Morena, se han visto envueltas en un escándalo que afecta su credibilidad.

Sin embargo, también ha originado el descontento en algunos grupos al interior de Morena y de los ciudadanos, que esperamos que los responsables de la comisión de delitos como homicidios, desapariciones, extorsión, cobro de piso, robos, delincuencia organizada, lavado de dinero entre otros sean detenidos y procesados.

Desde que se emitió la orden de captura en contra de Bermúdez Requena conocido como el Comandante H, comenzaron los señalamientos en contra de Adán Augusto López, líder en el Senado de la bancada morenista, haciéndolo responsable de haberlo nombrado y permitido encabezara a dicho grupo criminal, que, desde hace más de cinco años, ha sembrado la violencia y el terror entre los pobladores de Tabasco.

La detención de Bermúdez Requena, quien se encontraba prófugo en Paraguay, el pasado 14 de septiembre y quien fue expulsado por las autoridades de dicho país, y trasladado dos semanas después a México, hicieron que aumentara la presión contra Adán Augusto López por los partidos de oposición en el Senado y por los líderes de PAN, PRI y MC exigiendo que se separara del cargo y aclarara lo que sucedió durante su mandato como gobernador de Tabasco con su secretario de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionada en su mañanera del pueblo, acerca de la responsabilidad de Adán Augusto López por haber nombrado a Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad, se limitó a contestar que “mientras no hubiera pruebas en contra del senador no tenía por qué dejar el cargo y que mientras la fiscalía no lo llamara a declarar no podía ser acusado de haber cometido delito alguno”.

Es de llamar la atención que aunque la presidente había tratado de frenar las acusaciones contra López Hernández y de que buscó restarle importancia al tema; en días pasados al darse a conocer información acerca del patrimonio del senador y sus declaraciones ante el SAT, reconociendo un ingreso de cerca de 79 millones de pesos en los últimos tres años, le envió el mensaje de que debía salir a aclarar el origen de dichos recursos ante la opinión pública, convocando a una inusual rueda de prensa, donde se presentó sólo, sin el apoyo de los senadores de su bancada y donde dejó más dudas que certezas sobre el origen de los 79 millones, de los que sólo pagó por ISR el 2.6 % cuando estaba obligado a pagar el 35 % como cualquier ciudadano.

Para nadie es un secreto, que la relación entre la presidente y Adán Augusto López no atraviesa por su mejor momento y que cada vez le es más difícil a Sheinbaum sostenerlo al frente de la bancada morenista en el Senado pactada por seis años, porque conforme transcurra el proceso contra Bermúdez Requena y se vaya dando a conocer los vínculos y delitos cometidos por la barredora, así como de sus cómplices, será más complicado para el oficialismo defender y demostrar que el líder del senado, no tenía conocimiento de las actividades delictivas de su secretario.

Para la presidente sostener a Adán Augusto significa un desgaste a su gobierno que no le conviene, ni a ella, ni a Morena, por los señalamientos de la oposición de que en la gestión de López Hernández hubo un narco gobierno y de que la colusión entre las autoridades del estado y La Barredora dañaron gravemente la seguridad y las actividades económicas.

Por otra parte, si la presidente decide impulsar la salida de Adán Augusto López, a quien AMLO declaraba que era su hermano podría significar un rompimiento con el expresidente y desatar una guerra de grupos al interior de Morena, entre quienes siguen siendo fieles al legado de López Obrador y de quienes apoyan incondicionalmente a la presidente.

Si a lo anterior sumamos el caso del huachicol fiscal en el que están involucrados los sobrinos del ex secretario de Marina en el gobierno de AMLO uno de ellos detenido y el otro prófugo de la justicia, que fue dado a conocer en conferencia de prensa por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la que a pesar de que, tanto el fiscal, como la presidente han tratado de exculpar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda de estar al tanto de la comisión de los delitos cometidos por sus sobrinos, es evidente que las investigaciones de la fiscalía lo involucran y de que difícilmente saldrá librado de su responsabilidad.

Pero el hecho de que en la carpeta de investigación, aparezcan declaraciones de testigos protegidos en los que se mencionan los nombres de los hijos del expresidente AMLO, coloca a la presidente en una encrucijada porque de comprobarse la participación de Andrés y Gonzalo López Beltrán en esta red de huachicol fiscal, la fiscalía se vería obligada a actuar en su contra, originando con ello un rompimiento con su antecesor y al interior de Morena por que sus militantes se verían obligados a tomar una postura ya sea a favor o en contra de Claudia Sheinbaum.

n todo este entramado, la intervención del gobierno de los Estados Unidos, y su lucha en contra de los cárteles del narcotráfico a quienes ha calificado como grupos terroristas y que se extiende a todas aquellos funcionarios, empresas y grupos que hayan apoyado sus actividades delictivas en territorio norteamericano o en otros países, obliga al gobierno mexicano a agotar las investigaciones y detener a los responsables, antes de que los vecinos del norte decidan actuar en nuestro territorio para llevarlos a la justicia de aquel país.

Por ello, la presidente debe actuar con prudencia y medir las consecuencias de sus decisiones, ya que está en juego el futuro de su gobierno y los intereses de México, ahora que se avecina la revisión del T-MEC.

El mayo zambada, 48 años de complicidades

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

La decisión del Mayo Zambada de declararse culpable de los delitos de los que se le acusó por el gobierno de los Estados Unidos, la semana pasada ante el juez en una Corte de Nueva York, a fin de evitar la pena de muerte, que cambio por la de cadena perpetua, negociando con las autoridades del vecino del norte, información sobre sus actividades delictivas, así como su declaración al señalar que desde que inicio su carrera delictiva, sobornó a personajes de la vida política, altos mandos militares, gobernantes y autoridades policiacas, han puesto a temblar a ex funcionarios de administraciones pasadas, desde la época del presidente Luis Echeverría Álvarez, pasando por los que le sucedieron José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón del PAN, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador de Morena.

Aunque se ha declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que cualquier acusación o señalamiento del Mayo o de cualquier otro capo, para que procedan, debe existir una denuncia y presentarse las pruebas para acreditar la culpabilidad de los acusados, resulta evidente que dependiendo de los delitos que se les imputen, el tiempo transcurrido desde su supuesta comisión y de la gravedad de los mismos, son elementos que deben ser considerados para que se cumpla lo que señala la presidenta.

De ahí que posiblemente, en el caso de los ex funcionarios, que aún sobrevivan y que hayan ocupado cargos hasta principios de los ochentas, pueden salir bien librados ante la justicia mexicana, pero no ante la justicia de los Estados Unidos, que no dejará de investigarlos y perseguirlos si considera que tienen cuentas pendientes ante la justicia de dicho país, como en el caso del ex secretario de gobernación Manuel Bartlett Díaz, acusado de haber ordenado el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, conocido como Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985.

La cacería de la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, en contra de los grupos criminales y carteles, continuará y ahora con la información que les proporcione el Mayo Zambada, involucrará a miembros de la clase política de los partidos que han gobernado a México tanto del período neoliberal, como también del sexenio anterior, por lo que es previsible que en los próximos meses, sean enviados o extraditados a los Estados Unidos personajes de la vida política del país, del PRI, PAN, PRD y de MORENA, dependiendo de la información y declaraciones que para las autoridades y cortes de Estados Unidos sean elementos suficientes para requerir su envío a territorio estadounidense para ser juzgados.

El papel que debería estar juzgando la Fiscalía General de la República con el apoyo del ejército, la marina y la guardia nacional es el de investigar a fondo a aquellos de quienes tiene elementos suficientes para abrir carpetas de investigación por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico y trasiego de drogas, lavado de dinero y protección a los grupos de la delincuencia organizada, sin importar colores o partidos, antes de que sean las autoridades de Estados Unidos, quienes sin tomar en cuenta a la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exhiba a nivel internacional, la incapacidad del gobierno mexicano para combatir a los carteles y garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Aunque las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su secretario de seguridad Omar García Harfuch, han dado resultados y se ven avances en las detenciones de criminales, decomisos de droga y destrucción de laboratorios clandestinos en diversos estados del país, es de tal magnitud el tamaño y control de los carteles de Municipios, Estados y zonas, que la lucha para exterminarlos llevará al menos cinco años, porque desafortunadamente funcionarios que estuvieron en la administración anterior y sobre quienes pesan acusaciones de que estuvieron involucrados con los carteles, continúan en el gobierno ahora en otras posiciones incluso superiores, situación que frena el trabajo de inteligencia y combate a la delincuencia, desde el aparato de estado.

Aunque se cuestiona, el valor de lo que pueda declarar y aportar de información, un narcotraficante como el Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos, por ser un criminal, no olvidemos que el dicho de otros narcotraficantes que como testigos protegidos declararon en el juicio contra el ex secretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, fueron suficientes para declararlo culpable y sentenciarlo a cadena perpetua, por lo que se prevé que se aplique el mismo criterio para someter a juicio a aquellos militares, políticos, gobernantes y policías que Zambada declare haber sobornado para que le permitieran llevar a cabo sus actividades delictivas, sin esperar a que haya una denuncia, se presenten más pruebas y la fiscalía mexicana integre una carpeta de investigación.

El pago de los quince mil millones de dólares que debe hacer el Mayo Zambada a Estados Unidos como parte del acuerdo donde se declaró culpable de los delitos de los que fue acusado y la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que parte de ese dinero debe ser entregado a México, obliga a preguntarnos ¿Qué hubiera pasado si las autoridades mexicanas hubieran detenido y procesado a Zambada y se le hubiera impuesto una condena donde se le obligara a pagar dicha suma? ¿Dónde tiene ese dinero o bienes por ese valor Zambada? ¿Cuáles son las empresas de su propiedad o de sus prestanombres que la UIF ni el SAT han podido detectar y siguen operando?, ¿Cuántas carpetas tiene integradas la fiscalía general de la república y fiscalías de los estados contra Zambada? ¿Cuántas ordenes de aprehensión, tiene dictadas en su contra, no ejecutadas? Las respuestas las tienen las autoridades federales y seria interesante nos dieran una explicación al respecto.

La próxima visita a México del secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con la encomienda de ejecutar acciones para combatir a los carteles que continúan operando en nuestro país, donde seguramente insistirá a la presidenta Claudia Sheinbaum de aceptar la ayuda de las agencias norteamericanas para exterminar a los carteles, coloca a la presidenta en la disyuntiva de por un lado aceptar la ayuda y no solo la “cooperación” que se ha venido dando, o por otro lado negarse a aceptarla haciendo valer la soberanía de México, lo que podría representar en una mala señal para Estados Unidos, que podría interpretarlo como una forma de permitir que los carteles sigan con sus actividades delictivas introduciendo drogas a territorio norteamericano.