Poder Judicial archivos

2 de Junio 2025, el fin de la República

2 DE JUNIO 2025, EL FIN DE LA REPÚBLICA “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El próximo dos de junio, un día después de la celebración de la jornada mediante la cual se habrá llevado a cabo la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que comprenden los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistrados de circuito, 386 cargos para jueces de distrito, se habrá consumado lo que para muchos juristas y analistas políticos, se ha denominado como el fin de la república tal y como la conocemos desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2017.

Los argumentos que sostienen esta idea se basan esencialmente, en el hecho de que a partir de la elección y de que se den a conocer los resultados definitivos del proceso, el 15 de junio en que el INE publicará y avalará los números finales y quienes ocuparán los diversos cargos a partir de agosto de este año, el poder judicial pasará a formar parte del poder ejecutivo que ya controla el poder legislativo: es decir se pone fin al principio de la independencia judicial y ahora los funcionarios judiciales, dejarán de ser impartidores de justicia, para convertirse en empleados del grupo político o partido que impulsó su candidatura y le ayudó a legar al cargo.

La ficción de que será el pueblo, quien con su voto en las urnas elegirá a los próximos funcionarios judiciales, sólo es parte de una simulación y engaño, para justificar la llegada de los nuevos Ministros, magistrados y jueces, que llegan con el estigma de que los ciudadanos les dieron su voto y los eligieron, sin haber sido influenciados o vendido su voto para favorecerlos.

La elección judicial, se presenta en un momento crucial para el futuro de nuestro país, ya que serán las generaciones de mexicanos que hoy están naciendo y de quienes en unos cinco años llegarán a la mayoría de edad, quienes padecerán las consecuencias de esta decisión del gobierno en turno, que pone a las instituciones al borde como lo señala el jurista Diego Valadez, de una anarquia, ya que el control absoluto de los poderes quedará concentrado en el poder ejecutivo y no existirán más contrapesos en contra de las decisiones del presidente o presidenta en turno, porque los otros dos poderes estarán bajo su control.

Para millones de mexicanas y mexicanos, a quienes se ha vendido a idea, de que ahora ellos decidirán mediante su voto, quienes serán sus Ministros, Magistrados y Jueces, no les queda claro, en que se verán beneficiados o de que forma en su momento podrán exigir cuentas o esperar un trabajo profesional de quienes llegarán a los puestos en su gran mayoría sin experiencia, ni una formación adecuada para desempeñar los cargos en forma eficiente.

Si bien es cierto, el poder judicial en su conformación actual, presenta deficiencias y vicios que deberían ser erradicados, no podemos medir a todos con la misma vara o generalizar de que todos son corruptos o corruptas.

Realmente, ninguno de los tres poderes reconocidos en nuestra Constitución, es perfecto ya que cada uno de ellos, ha incurrido en excesos, vicios, arbitrariedades, delitos, etcétera y aún así, los más de 130 millones de mexicanos seguimos soportando su actuar en detrimento de nuestra democracia.

Lo que se espera, con la elección judicial del uno de junio, es que el remedio sea peor que la enfermedad y que los viejos vicios y prácticas corruptas, lejos de erradicarse, se acentúen con funcionarios a los que no sólo es faltarán conocimientos y experiencia, sino que por los recortes a su salario y la duración que tendrán en los cargos, estarán más preocupados por enriquecerse antes de que los despidan, que atender eficientemente los juicios y procedimientos sometidos a su conocimiento.

Realmente, los nuevos funcionarios judiciales, desde hoy tienen claro, que no deben su puesto al pueblo, ya que muchos de ellos ni siquiera hicieron campaña para conseguir los votos y que si llegaron a ser elegidos, se lo deben al grupo político o partido del oficialismo que los impulsó y desde el INE logró salieran electos; de ahí que en su actuar saben que más les conviene resolver de acuerdo a las instrucciones del oficialismo los asuntos, que a favor de los ciudadanos, porque corren el riesgo de ser removidos y hasta que se les integre una carpeta de investigación por el Consejo de Disciplina Judicial y terminar en prisión, por resolver en contra de los intereses del estado.

A nivel internacional, México es la burla de otros países, que ven como una amenaza esta elección, por la desconfianza que origina para los inversionistas extranjeros, no contar con un poder judicial independiente e imparcial, poniendo en grave riesgo el estado de derecho y la democracia del país.

Si la elección judicial, es a largo plazo un error del oficialismo y de los partidos que aprobaron la reforma, desafortunadamente los costos y consecuencias de ello, las pagaremos todos los mexicanos en el corto plazo.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Elecciones del Poder Judicial, ¿VOTAR O NO VOTAR?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

A veintiún días, de que se lleven a cabo las elecciones de ministros, magistrados y jueces de distrito del poder judicial de la federación, así como de los magistrados y jueces de los poderes judiciales de diecinueve estados del país, en esta primera fase, con 1800 cargos, y posteriormente en 2027, en una segunda fase, lo harán los estados que decidieron no llevar a cabo su proceso local en este año.

La situación, en la que se encuentran inmersos los poderes ejecutivo y legislativo, así como el INE y la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la federación, para sacar adelante el proceso, atraviesan por muchas dificultades y dudas, siendo en este momento lo más preocupante la falta de convencimiento a los ciudadanos que se encuentran inscritos en las listas nominales del padrón electoral y que podrán acudir a emitir su voto, en esta elección extraordinaria e inédita en la historia de la democracia en el país.

Los obstáculos y problemas que desde el inicio se previeron para primero sacar adelante la reforma a los artículos 96 al 100 de la Constitución General de la República, que señala que los Ministros, Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, deberán ser elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.

Otro de los elementos, que han jugado en contra del proceso desde el principio ha sido la falta de recursos suficientes al INE para organizar adecuadamente las elecciones, ya que de los 13 mil millones de pesos que originalmente solicitaron, al final sólo les fueron asignados 8 mil millones de pesos, lo que trajo como consecuencia una reducción en el personal necesario para las tareas de capacitación y de organización, lo que originó una reducción en el número de casillas, que normalmente se instalan para una elección como la presidencial para tratar de cubrir todo el territorio del país.

El porcentaje de participación de electores en el proceso que se tiene considerado, varia desde las estimaciones más pesimistas que la ubican hasta en un 5%, hasta el más optimista que prevé un 15% de participación; pero casi en todos los pronósticos, nadie considera que puede llegar al 20%, ni aún y cuando los operadores del oficialismo y los beneficiarios de los programas del bienestar logren llevar a los ciudadanos a emitir su voto, ya que uno de los principales problemas, es que muy pocos comprenden como deben emitir su voto y además desconocen la trayectoria y méritos de los candidatos, por lo que, han decidido mejor no complicarse la vida y abstenerse de participar en la jornada electoral del 1 de junio.

El discurso, que permeo entre los militantes y simpatizantes de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM y que hicieron extensivo a grandes sectores de la sociedad, sobre la conveniencia y significado que tendría el hecho de que ellos pudieran elegir mediante su voto a sus Ministros, Magistrados y jueces, popularmente dio buenos resultados, ya que la percepción de que esto beneficia a los ciudadanos llego a estimarse hasta en un 67%, lo que no significa que quienes entran en esa estadística, efectivamente irán a votar por los candidatos que aparecerán en la boleta.

Las últimas noticias sobre la inclusión en las listas aprobadas por el Senado de la república de candidatos identificados con los carteles y grupos de la delincuencia organizada, así como de defensores de lideres de estos grupos, puso una alerta roja en el proceso, que motivó que el propio Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente que se habían equivocado en los registros y que de no ser por las denuncias ciudadanas sobre los nexos de estos candidatos y trayectorias, hubiera sido imposible que los comités encargados de aprobar los registro se hubieran percatado de haber dejado pasar a dichos personajes; que a decir del INE ya no pueden ser excluidos de las boletas, por lo que legítimamente participarán en las elecciones con posibilidades de ganar para ocupar los cargos.

A pesar de todo lo aquí señalado, es inminente que el 1 de junio próximo, México vivirá su primera elección de integrantes del poder judicial y hasta el momento, nada, ni nadie, ya sea que se trate de los partidos de oposición o los inversionistas de Estados Unidos que tienen capitales en México y que han pedido el apoyo de los legisladores del Congreso Norteamericano que se frene el proceso, por la desconfianza y riesgo en que se encuentran sus intereses, ante un poder judicial controlado desde el gobierno y sin independencia para emitir sus resoluciones, así como el hecho de que la elección, viola el T-MEC y ello pudiera originar que en su revisión en 2026, Estados Unidos pudiera decidir, darlo por terminado o endurecer su posición afectando los intereses de México, parecerían suficientes para dar marcha atrás a las elecciones.

El abstenerse de ir a votar el 1 de junio, facilitará las cosas para que el oficialismo, ante la falta de vigilancia en las casillas y en el recuento e los consejos distritales, pueda manipular los resultados y finalmente inflar las cifras para que salgan como ganadores, los candidatos que a ellos les conviene y que estarán bajo su control; considerando que aunque exista un nivel de baja participación, al final el resultados será validado por el INE y no habrá poder humano que pueda revertir o modificarlos.

Mi invitación, es que se acuda a votar, analice la trayectoria de los candidatos y si no tiene el tiempo para ello, vote por los candidatos del poder judicial, que decidieron entrar al proceso; al menos ellos si tienen carrera judicial y actuarán en forma independiente, realmente en beneficio de los ciudadanos, alejada de los intereses políticos.

Pero además, conviértase en un observador electoral, y denuncie las anomalías que detecte el día de la elección, después ya no tiene caso quejarse de los resultados, porque si usted se mantiene al margen del proceso, de nada servirá lamentarse de la calidad de los impartidores de justicia en el país.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Autoritarismo presidencial

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La declaración de la presidenta con “A” Claudia Sheinbaum, a pregunta de un reportero en su “conferencia del pueblo” la mañana del cuatro de febrero, afirmando que la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña, no había sido invitada a la ceremonia solemne de conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República que se llevaría a cabo en la ciudad de Querétaro con la presencia de los otros dos poderes y de los gobernadores de todos los estados del país.

Quizás los que apoyan al oficialismo y quienes simpatizan con el movimiento de la 4T, no tiene ninguna importancia, la descortesía de la presidenta y por lo mismo, su decisión , está plenamente justificada, dados los desencuentros y la postura del Poder Judicial de la Federación, en contra de la reforma impulsada por el gobierno de AMLO y que según se ha dicho forma parte del segundo piso del movimiento de trasformación iniciado en México en 2018.

Incluso hubo voces, dentro del morenismo, que afirmaron que la postura de la presidenta era una muestra de que el poder que ostenta con el apoyo del legislativo, son suficientes para gobernar el país y que total, para que invitar a un acto republicano, a un poder que ya va de salida y que no tiene el respaldo del pueblo bueno y sabio, ya que es visto como un enemigo acérrimo de la cuarta transformación.

Pero, analicemos cuales son de fondo, las implicaciones que tiene para nuestro sistema de gobierno, la exclusión de uno de los poderes en un acto, en el que precisamente el objetivo principal, es honrar a nuestra Carta Magna, en un aniversario más de haber sido promulgada.

Para nadie es un secreto que en el gobierno de AMLO y después de la salida de la presidencia de la Corte del exministro Arturo Záldivar y la llegada de la ministra Norma Piña al cargo, dada la importancia de los asuntos que debería resolver la Corte y en los cuales el poder ejecutivo, tenía especial, a través del secretario Adán Augusto López el presidente trató de influir en las decisiones de los jueces, magistrados de circuito y en el pleno del máximo tribunal constitucional del país, para que las resoluciones les favorecieran y evitar se echaran abajo reformas legislativas, a pesar de existir en muchos casos violaciones al proceso legislativo o leyes inconstitucionales, era evidente que el Poder Judicial se convirtió para el presidente en un obstáculo para su gobierno, al punto de declarar en una conferencia mañanera: no me vengan con eso, de que la ley, es la ley demostrando con ello su desprecio por el respeto al estado de derecho y contradiciendo la protesta que hizo al tomar el cargo de: “…guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” (artículo 87 de la Constitución general de la República)

Como la Ministra Norma Piña, en ningún momento se sometió al poder ejecutivo y mando el mensaje de que se aplicaría la ley y la Constitución en todas las resoluciones y asuntos sometidos al conocimiento del Poder Judicial de la federación, con ello cerró las puertas a las presiones e influencia del presidente, a las que si cedió su antecesor Záldivar y que se confirmó meses después por el mismo presidente, quién públicamente reconoció que el exministro le ayudó junto con su equipo en varios asuntos, lo que motivó la apertura de una investigación ordenada por la propia Ministra Piña, en contra de Záldivar y que no se ha concluido, por lo que seguramente será de los asuntos que se archivarán con la llegada de los nuevos Ministros, después de las elecciones que se llevarán a cabo el primer domingo de junio de este año.

No debemos dejar de lado, que el propio artículo 89 de la Constitución General de la República que señala las facultades y obligaciones del Presidente de la República, en su fracción XII, establece como una obligación del presidente¨…facilitar al poder judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.”

Lo anterior, deja en claro, que el espíritu del constituyente originario, fue que quién desempeñe el cargo de presidente de la república debe apoyar al poder judicial, a fin de que pueda ejercer en forma expedita sus funciones; como diría la presidenta Sheinbaum al referirse a la relación con el gobierno del presidente Trump: colaboración, no subordinación lo que podría aplicarse al actuar de la presidenta de la Corte Norma Piña, cuyos pecados han sido, entre otros; el haber enfrentado al poder presidencial, el no someterse a dicho poder y dictar resoluciones respetando la Constitución y las leyes que de ella dimanen.

Pero la actitud de la presidenta Sheinbaum, hacia Norma Piña, no se justifica, ya que ella representa al Poder Judicial de la federación, uno de los tres poderes reconocidos en el párrafo primero del artículo 116 de la Carta magna; pero además, porque ella misma en su toma de protesta declaró que con su gobierno, no llegaba una, sino que llegaban todas, así que me pregunto; ¿Quiénes son para la presidenta las que llegaron con ella, únicamente las que apoyan su movimiento? ¿quedan fuera de dicho grupo, las mujeres que no apoyan a la 4T y quienes no están con e oficialismo? Son preguntas que debería contestar a las propias mujeres, porque en el discurso se oye muy bien poner en alto el nombre de las mujeres, pero en los hechos la realidad y su actuación la contradice.

La presidenta, no tenia necesidad de excluir de la ceremonia a la representante del poder judicial, ya que, en todo caso, los conflictos que tuvo dicho poder fueron con AMLO directamente y no con su gobierno y aquí caben dos interrogantes, la primera: ¿lo hizo para quedar bien con su antecesor, quién se supone ya no tiene injerencia en el actual gobierno? y la segunda: ¿hará lo mismo en 2026, en caso de que quién presida la corte, no se afín al movimiento de la 4T? sólo el tiempo nos dará las respuestas.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.