El terrorismo fiscal en su máxima expresión
La miscelánea fiscal 2026 y todos los cambios que se aprobaron desde el año pasado en la Cámara de Diputados, a fin de hacer crecer la recaudación de impuestos en el país, se ha visto reforzada con una serie de medidas alternas por parte del SAT, a fin de lograr no sólo que los particulares y las empresas nacionales y extranjeras cumplan con sus obligaciones tributarias, sino también fijar una posición en la que se busca lograr que todos los mexicanos que reciben un ingreso paguen sus impuestos.
La información financiera que por ley deben proporcionar las instituciones bancarias al SAT en forma obligatoria, hoy permite al Estado conocer todos los ingresos y movimientos financieros que lleven a cabo los particulares y empresas inscritas en el padrón fiscal.
A finales del año pasado muchos mexicanos festejaron el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya obligado al empresario Ricardo Salinas a pagar más de treinta y dos mil millones de pesos al SAT, que adeudaban Grupo Elektra y TV Azteca después de años de litigios en tribunales federales.
En redes sociales muchos mexicanos calificaron el cobro como un acto de justicia contra un empresario que, en los últimos años, ha sostenido un pleito público con el expresidente AMLO y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, algunos pensando que esos recursos seguramente se destinarían para beneficio de los grupos vulnerables o para el abasto de medicinas en el sector salud, o la construcción de hospitales o de escuelas; aunque lo más seguro es que se hayan destinado a seguir subsidiando las magnas obras de López Obrador, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles que sigue sin despegar y Mexicana de Aviación que opera con número rojos.
No se puede estar de acuerdo en que los ciudadanos evadan el pago de los impuestos y contribuciones, ya que es una obligación constitucional contemplada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República para contribuir al gasto público y mantener el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, surgen diversos cuestionamientos precisamente porque el hecho de que los contribuyentes cumplan con el pago de sus impuestos no significa que el Estado cumpla también con su función otorgando servicios de calidad y suficientes que demandan en rubros como la educación, la salud, la seguridad pública, el transporte, el medio ambiente, el contar con un empleo remunerado y sobre todo mejorar su calidad de vida.
En los seis años del gobierno de AMLO y en lo que va del actual sexenio, si algo han descuidado es el contar con funcionarios y servidores públicos con experiencia, eficientes y honestos, ya que sólo se dan los cargos y responsabilidades a quienes garantizan lealtad al movimiento, antes que capacidad y experiencia, siendo los ciudadanos quienes terminamos pagando las consecuencias por los errores de la burocracia.
Aunque hay que reconocer, que si en un área de la administración se ha esmerado e invertido la 4T es en el SAT y la UIF que se han convertido en su brazo fuerte para recaudar recursos y además como brazo político ejecutor contra los adversarios del oficialismo.
El problema del acoso y terrorismo fiscal, podemos dividirlo en dos grupos: el primero el de los particulares que están inscritos ante el SAT y que anualmente deben presentar su declaración de ingresos y pagar la cantidad que la autoridad fiscal determine para estar al corriente y no verse en riesgo de pagar más dinero por multas, recargos y actualizaciones a las que se puede hacer acreedor de no pagar sus impuestos o de no presentar su declaración anual.
En la situación actual los errores en el cálculo o la omisión en la presentación obliga a contratar los servicios de un contador público para después no tener que pagar más por declarar mal, porque incluso tienen la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos en gastos que sean deducibles.
Actualmente para todo trámite o gestión administrativa de los particulares, las autoridades administrativas están requiriendo presentar la Constancia de situación fiscal y la firma electrónica para otorgar un servicio; con ello los ciudadanos se ven obligados a darse de alta y entrar al control del estado para pagar sus impuestos y presentar su declaración correspondiente.
En el caso de las empresas, las acciones del SAT están enfocadas a llevar un registro pormenorizado de todas sus operaciones, contratos, compras, personal, ingresos y gastos a fin de llevar un control de los impuestos que deben enterar.
Actualmente con el uso de la IA y la información que les proporcionan los bancos, así como con la facturación que deben llevar a cabo de los bienes o servicios que proporcionen a los particulares, se cierra el círculo y difícilmente pueden evitar o evadir el pago de impuestos; con el riesgo de que en caso de incurrir en alguna omisión o presentar una factura fake pueden ser sancionadas con la cancelación de sus sellos digitales impidiendo puedan emitir facturas y con ello paralizando todas sus actividades y manejo de sus recursos y cuentas, incluso pueden ser acusados por el delito de defraudación fiscal con penas de tres meses hasta de nueve años de prisión
En días pasados empresas extranjeras multinacionales de Estados Unidos como UPS, Coca Cola y Hewlett Packard denunciaron ser víctimas de acoso por parte del SAT, y presentaron una carta al secretario de Hacienda denunciando prácticas como auditorías agresivas y la falta de acceso efectivo a la apelación tributaria en quejas similares a la de corporaciones mexicanas.
En la carta señalaron también que “en un momento en que la cooperación económica entre Estados Unidos y México y el cumplimiento del Estado de Derecho están bajo un escrutinio más riguroso, estas medidas de administración tributaria se han convertido en una prioridad principal que requiere de una solución urgente”
Bajo este escenario, me pregunto: ¿Qué empresa ya sea mexicana o extranjera en su sano juicio va a querer invertir en México, si no tiene medios de defensa ante las arbitrariedades y medidas coercitivas del SAT y con un Poder Judicial al servicio del Estado?
