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El terrorismo fiscal en su máxima expresión

La miscelánea fiscal 2026 y todos los cambios que se aprobaron desde el año pasado en la Cámara de Diputados, a fin de hacer crecer la recaudación de impuestos en el país, se ha visto reforzada con una serie de medidas alternas por parte del SAT, a fin de lograr no sólo que los particulares y las empresas nacionales y extranjeras cumplan con sus obligaciones tributarias, sino también fijar una posición en la que se busca lograr que todos los mexicanos que reciben un ingreso paguen sus impuestos.

La información financiera que por ley deben proporcionar las instituciones bancarias al SAT en forma obligatoria, hoy permite al Estado conocer todos los ingresos y movimientos financieros que lleven a cabo los particulares y empresas inscritas en el padrón fiscal.

A finales del año pasado muchos mexicanos festejaron el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya obligado al empresario Ricardo Salinas a pagar más de treinta y dos mil millones de pesos al SAT, que adeudaban Grupo Elektra y TV Azteca después de años de litigios en tribunales federales.

En redes sociales muchos mexicanos calificaron el cobro como un acto de justicia contra un empresario que, en los últimos años, ha sostenido un pleito público con el expresidente AMLO y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, algunos pensando que esos recursos seguramente se destinarían para beneficio de los grupos vulnerables o para el abasto de medicinas en el sector salud, o la construcción de hospitales o de escuelas; aunque lo más seguro es que se hayan destinado a seguir subsidiando las magnas obras de López Obrador, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles que sigue sin despegar y Mexicana de Aviación que opera con número rojos.

No se puede estar de acuerdo en que los ciudadanos evadan el pago de los impuestos y contribuciones, ya que es una obligación constitucional contemplada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República para contribuir al gasto público y mantener el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, surgen diversos cuestionamientos precisamente porque el hecho de que los contribuyentes cumplan con el pago de sus impuestos no significa que el Estado cumpla también con su función otorgando servicios de calidad y suficientes que demandan en rubros como la educación, la salud, la seguridad pública, el transporte, el medio ambiente, el contar con un empleo remunerado y sobre todo mejorar su calidad de vida.

En los seis años del gobierno de AMLO y en lo que va del actual sexenio, si algo han descuidado es el contar con funcionarios y servidores públicos con experiencia, eficientes y honestos, ya que sólo se dan los cargos y responsabilidades a quienes garantizan lealtad al movimiento, antes que capacidad y experiencia, siendo los ciudadanos quienes terminamos pagando las consecuencias por los errores de la burocracia.

Aunque hay que reconocer, que si en un área de la administración se ha esmerado e invertido la 4T es en el SAT y la UIF que se han convertido en su brazo fuerte para recaudar recursos y además como brazo político ejecutor contra los adversarios del oficialismo.

El problema del acoso y terrorismo fiscal, podemos dividirlo en dos grupos: el primero el de los particulares que están inscritos ante el SAT y que anualmente deben presentar su declaración de ingresos y pagar la cantidad que la autoridad fiscal determine para estar al corriente y no verse en riesgo de pagar más dinero por multas, recargos y actualizaciones a las que se puede hacer acreedor de no pagar sus impuestos o de no presentar su declaración anual.

En la situación actual los errores en el cálculo o la omisión en la presentación obliga a contratar los servicios de un contador público para después no tener que pagar más por declarar mal, porque incluso tienen la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos en gastos que sean deducibles.

Actualmente para todo trámite o gestión administrativa de los particulares, las autoridades administrativas están requiriendo presentar la Constancia de situación fiscal y la firma electrónica para otorgar un servicio; con ello los ciudadanos se ven obligados a darse de alta y entrar al control del estado para pagar sus impuestos y presentar su declaración correspondiente.

En el caso de las empresas, las acciones del SAT están enfocadas a llevar un registro pormenorizado de todas sus operaciones, contratos, compras, personal, ingresos y gastos a fin de llevar un control de los impuestos que deben enterar.

Actualmente con el uso de la IA y la información que les proporcionan los bancos, así como con la facturación que deben llevar a cabo de los bienes o servicios que proporcionen a los particulares, se cierra el círculo y difícilmente pueden evitar o evadir el pago de impuestos; con el riesgo de que en caso de incurrir en alguna omisión o presentar una factura fake pueden ser sancionadas con la cancelación de sus sellos digitales impidiendo puedan emitir facturas y con ello paralizando todas sus actividades y manejo de sus recursos y cuentas, incluso pueden ser acusados por el delito de defraudación fiscal con penas de tres meses hasta de nueve años de prisión

En días pasados empresas extranjeras multinacionales de Estados Unidos como UPS, Coca Cola y Hewlett Packard denunciaron ser víctimas de acoso por parte del SAT, y presentaron una carta al secretario de Hacienda denunciando prácticas como auditorías agresivas y la falta de acceso efectivo a la apelación tributaria en quejas similares a la de corporaciones mexicanas.

En la carta señalaron también que “en un momento en que la cooperación económica entre Estados Unidos y México y el cumplimiento del Estado de Derecho están bajo un escrutinio más riguroso, estas medidas de administración tributaria se han convertido en una prioridad principal que requiere de una solución urgente”

Bajo este escenario, me pregunto: ¿Qué empresa ya sea mexicana o extranjera en su sano juicio va a querer invertir en México, si no tiene medios de defensa ante las arbitrariedades y medidas coercitivas del SAT y con un Poder Judicial al servicio del Estado?

Desapariciones forzadas en México y la ONU

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

En mi colaboración del pasado 26 de abril de 2025, abordé el tema de la Crisis de las Desapariciones forzadas y la 4T mediante un análisis de los antecedentes de dichos delitos vinculados al de los homicidios dolosos, que en México no son un fenómeno nuevo, pero que por lo menos en los últimos veinte años ha llegado a niveles escandalosos, sin que las autoridades puedan evitar su comisión y mucho menos procesar a los responsables.

Por el contrario, una tendencia que se ha manifestado tanto en los gobiernos del denominado período neoliberal como el de los actuales de la cuarta transformación, ha sido negar en forma recurrente su número, así como la participación o apoyo que las autoridades brindan a las organizaciones criminales.

En dicha colaboración, hice hincapié en el momento que vivía México, por la Declaración del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, de fecha ocho de abril de 2025, que acusó que dichas desapariciones “…son perpetradas por el Estado y que se presentaban en forma sistemática y generalizada, derivado del hallazgo que hicieron los grupos de padres y madres buscadores en el Rancho de Teuchitlán Jalisco”.

Desde esa fecha, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de rechazo al diagnóstico afirmando que: hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada no con el estado, al defender que su administración está haciendo todo lo que está en sus manos para combatir, atender, desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito.

Al respecto señalé: “Pese a su declaración y de que su gobierno asumió el compromiso de entregar un informe detallado de las medidas y resultados en un plazo de 30 días no se ha cumplido con la entrega de este, por lo que es previsible que finalmente el caso llegue a la Asamblea General de la ONU y se emita una declaración en contra del gobierno federal, que hasta el momento no ha logrado frenar las desapariciones forzadas, en las que se han visto involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con los cárteles del narcotráfico que siguen con sus actividades delictivas”

Bajo este escenario el pasado 2 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada (CED) determinó solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que remita urgentemente el caso de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

El comité concluyo que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

La respuesta del gobierno mexicano, no se hizo esperar descalificando furiosamente el informe del Comité, rechazando su contenido y argumentando que la gran mayoría de las desapariciones son acciones criminales aisladas de cárteles y grupos armados que actúan sin el apoyo del gobierno, por lo que no deberán ser tratadas bajo la competencia de una Convención internacional si no hay participación oficial demostrada.

En su conferencia mañanera la presidenta planteó diversos cuestionamientos contra el informe tratando primero de resaltar que el problema data desde 2006 año de inicio de la guerra contra el narcotráfico instaurada por el expresidente Felipe Calderón y que continuó en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, las estadísticas e informes del período del expresidente López Obrador y de la actual, resultan alarmantes por el poder y control que han alcanzado los cárteles del narcotráfico en más de la tercera parte del territorio del país, donde ejercen un dominio total, con gobiernos estatales y municipales que los protegen en sus actividades delictivas, entre las que debemos incluir el delito de desaparición forzada de personas.

El poder de los cárteles y su descarada injerencia en los procesos electorales, en los que no sólo postulan a personajes que les garantizan impunidad y libertad para llevar a cabo sus actividades delictivas, dotándolos de recursos económicos y apoyos de sus grupos y gente de los pueblos y comunidades, que prefieren someterse a la autoridad y apoyo de los grupos criminales, que confiar en las autoridades que se han convertido en empleados de los líderes de los cárteles, presentan un panorama muy grave, que con mucho ha rebasado al Estado mexicano, que a pesar de sus planes, programas y reformas legislativas para enfrentar el problema de las desapariciones no ha podido resolverlo.

No existe forma de deslindar la responsabilidad y complicidad de las autoridades federales, fuerzas armadas y autoridades estatales y municipales, con la desaparición forzada, aún y cuando puede argumentarse que no hay bases para calificarla como generalizada y que no reciben apoyo, autorización o que actúan con la aquiescencia de los funcionarios públicos encargados precisamente de la seguridad pública.

Bien haría el oficialismo en primero: reconocer la magnitud del problema de la desaparición; segundo: que las autoridades de los tres niveles de gobierno y fuerzas armadas, han sido rebasadas para contener el delito; tercero: que no cuentan con estadísticas verídicas sobre el número de personas desaparecidas en todo el país; tercero: que la ayuda internacional de organismos como la ONU es un factor que puede contribuir a disminuir el número de desapariciones; cuarto: que no se trata de un debate político, ni de ganar una narrativa, sino de combatir a los grupos criminales que cometen la desaparición y cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública a los mexicanos.

Ya estamos cansados de un oficialismo que todo lo niega, esconde y manipula y que sólo le preocupa ganar las siguientes elecciones y perpetuarse en el poder con su movimiento; de que contraataque para defenderse sin atender los problemas de fondo y evadiendo su responsabilidad; llegó el momento de que entreguen buenos resultados y cuentas a los que pagamos sus salarios con nuestros impuestos. La patria lo necesita y los ciudadanos se los reconoceremos.

El exterminio de las donatarias y la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El anuncio de la semana pasada por parte del oficialismo de la cancelación de permisos por parte del SAT a más de cien organizaciones de la sociedad civil, para recibir donativos, bajo el argumento de que no habían incurrido en irregularidades y no habían cumplido con las reglas que les fueron impuestas desde 2019 en el gobierno de AMLO, han desatado toda una polémica, ya que dicha decisión contó con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo.

Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, se fijó como uno de los objetivos de su naciente administración, la revisión de todos los organismos y entidades del sector privado que recibían donativos y apoyos de particulares e incluso de gobiernos extranjeros, bajo el argumento de que existía corrupción y de que bajo dicha figura de donatarias, organizaciones de la sociedad civil se aprovecharon para entrometerse en los asuntos públicos, investigando actos del gobierno y denunciando conductas con las que se ponía en el banquillo de los acusados a miembros de los gobiernos municipales, estatales y federales.

Conforme fue avanzando el gobierno de AMLO y se dieron a conocer los escándalos en que incurrieron integrantes de Morena y partidos aliados, así como los casos de corrupción como la estafa de SEGALMEX, fue creciendo el malestar y la incomodidad que para el gobierno federal ocasionaban en la imagen del presidente dichos organismos, con el apoyo de otros más a nivel internacional, por ello era necesario buscar la forma de frenarlos o asfixiarlos para evitar continuaran con sus investigaciones y denuncias, que en muchos de los casos, no fueron atendidas por autoridades como la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República o el gobierno federal.

Aunque en el discurso del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se ha sostenido que sus decisiones siempre se toman por la voluntad del pueblo, la realidad es que la gran mayoría de ellas, se toman por el presidente en turno, sin importar que exista oposición en materias como los grandes proyectos como lo fueron el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Interoceánico, el Tren Maya por citar algunos ejemplos de obras en los que si bien es cierto se ha dicho que son en beneficio del pueblo.

Un gran sector de los ciudadanos del país, hasta ahora no han visto reflejado en su bolsillo o vida cotidiana lo que se les prometió; por el contrario, ha habido afectaciones a sus entornos, daños ecológicos, invasión a sus áreas naturales y pérdidas económicas y de vidas que han sido minimizadas o ignoradas por los gobiernos.

Para la 4T la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil organizada, sólo es útil y merece ser apoyado, en los procesos electorales o cuando se necesita demostrar fuerza de su movimiento con sectores como los campesinos, maestros, obreros, colonos y líderes que pueden acarrear ciudadanos y garantizarles votos en las elecciones.

Fuera de lo anterior, para ellos no es conveniente que las organizaciones y grupos de la sociedad civil, se organicen o tengan apoyo para sus actividades, ya que les representan un riesgo para el control y adoctrinamiento que ejercen en amplios grupos de la sociedad a los que les entregan las pensiones del Bienestar que clientelarmente les han permitido ganar elecciones en los tres niveles de gobierno y contar con la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, congresos locales, gubernaturas y a partir de 2025 al Poder Judicial con la elección de los ministros, magistrados y jueces a nivel federal y en los estados que llevaron a cabo elecciones.

Para el Estado mexicano, el hecho de debilitar y exterminar a las organizaciones de la sociedad civil, es una forma de quitarse de encima a entes que le incomodan y son un obstáculo para lograr que las decisiones de gobierno no sean cuestionadas o se denuncien los abusos y corrupción que exista en las obras, licitaciones y proyectos gubernamentales.

Llama la atención, que el oficialismo mediante el SAT, haya endurecido las reglas para dichas organizaciones en algunos casos y en otros haya abierto la puerta y otorgado todas las facilidades como con la organización Humanidad con América Latina impulsada por intelectuales afines al oficialismo y respaldada por el expresidente AMLO, que en menos de seis días de constituida obtuvo la autorización del SAT para ser donataria, abrir una cuenta bancaria que también es todo un trámite en cualquier banco del país y así poder captar donativos para apoyar a la dictadura cubana.

El objetivo de la estrategia del SAT para cancelar los permisos de las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para dejar de ser donatarias es asfixiarlas y amedrentarlas, con el argumento de la “falta de cumplimiento en la acreditación de labores científicas o fiscales” para que dejen de llevar a cabo sus investigaciones y denuncias, así como de vigilar la actuación de quienes ostentan el poder, labores que han llevado a cabo por años organizaciones como: Mexicanos Primero, México Evalúa, el IMCO, entre otros.

Organizaciones como Amnistía Internacional, señalaron que “limitar el financiamiento a organizaciones que defienden los derechos humanos; apoyo a víctimas y vigilan al gobierno favorece la corrupción y los abusos”.

La postura de AI, fue calificar la acción como parte de una tendencia de leyes “anti-ONGS” que usan cargas administrativas para asfixiar a la sociedad civil.

Ojalá que la UIF y el SAT pusieran el mismo interés y vigilancia a las actividades de los cárteles y grupos de la delincuencia organizada que en actos de corrupción y delitos como la extorsión, secuestro, el huachicol fiscal y el narcotráfico, muchos han acumulado grandes fortunas de las que nunca se informa de su aseguramiento o de que las empresas ligadas a ellos y sus actividades son sancionadas y los responsables llevados a juicios; por algo será.

El colapso de la dictadura cubana

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Lo que antes de la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América para un segundo período presidencial, era una tendencia en América Latina con presidentes populistas emanados de partidos de izquierda en países como Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y México en los últimos veinte años, sin contar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sus gobiernos se han perpetuado en el poder por décadas con el apoyo de potencias como Rusia, China e Irán, repentinamente ha dado un giro inesperado modificando radicalmente la geopolítica del continente, bajo la denominada doctrina Monroe que data de 1823 y que ha sido modificada por Donald Trump como la doctrina Donroe que busca reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La doctrina Donroe se ha caracterizado por su agresividad, por el uso de sanciones, imposición de aranceles, amenazas, y acciones militares contra rivales de la región como Venezuela.

Uno de las promesas de Trump para ganar de nuevo la presidencia fue precisamente que Estados Unidos recobrara su poder y presencia en el continente, criticando la tibieza de su antecesor Joe Biden del partido demócrata que consintió la migración y el florecimiento de gobiernos de izquierda en países de América Latina, poniendo en riesgo la seguridad territorial de Estados Unidos y el trasiego de drogas por los carteles que se expandieron en varios países de centro y Sudamérica con la complicidad de los gobiernos de izquierda y las dictaduras populistas.

Por ello, desde los primeros días de su segundo mandato, inició mediante decretos y órdenes ejecutivas una ofensiva para expulsar a los migrantes de los Estados Unidos que habían entrado ilegalmente al país y además declarando a los cárteles como organizaciones terroristas como en los casos de países como Venezuela, México y Colombia; llevando a cabo la detención y encarcelamiento del presidente de Venezuela Nicolas Maduro y amenazando a los presidentes de Colombia Gustavo Petro y a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para combatir a los carteles y llevar a cabo acciones de inteligencia y militares en sus territorios para exterminar a los grupos de la delincuencia organizada.

El caso de Cuba con una dictadura con un régimen de partido único que inicio el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la revolución cubana y la huida del dictador Fulgencio Batista tomando el control del gobierno Fidel Castro como primer presidente socialista, posteriormente su hermano Raúl Castro y actualmente Miguel Díaz-Canel encabezando una dictadura con un único partido y que se ha perpetuado en el poder por más seis décadas.

La relación de México con la dictadura de Cuba, desde el gobierno de Fidel Castro a la fecha, siempre ha sido de apoyo para el pueblo cubano, debido al bloqueo o embargo, que sufre la isla por el gobierno de Estados Unidos desde 1960 y que se ha mantenido y reforzado en el gobierno de Trump.

Cabe señalar que México, aún en los gobiernos del periodo neoliberal del PRI y del PAN, mantuvo la ayuda al régimen cubano, aunque nunca en los términos y condiciones en que lo hizo AMLO de 2018 a 2024 y actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum, que se vio obligada a dejar de enviar buques petroleros a la dictadura cubana, ante la amenaza del gobierno de Trump de aumentar aranceles a los países cuyos gobiernos enviaran petróleo a la isla, por lo que sólo se ha limitado a enviar alimentos al régimen, que atraviesa una grave crisis económica y de descontento social por el fracaso que representa para la población la dictadura.

El secretario de Estado Marco Rubio -de padres cubanos, pero nacido en Estados Unidos-, ha sido el principal promotor de la caída del gobierno de la isla y el endurecimiento de las medidas para evitar que gobiernos como el de Rusia, Venezuela y México envíen petróleo a Cuba, que enfrenta una crisis energética, con una infraestructura obsoleta que data del siglo pasado y con apagones continuos que afectan todas las actividades económicas del país.

Ante el endurecimiento de las medidas de Estados Unidos contra la dictadura cubana, el expresidente López Obrador hace seis días, salió de su retiro y a través de su cuenta de X pidió a los mexicanos hicieran donativos para ayudar al pueblo cubano depositando a la cuenta de una asociación denominada: Humanidad con América Latina, afirmando: “…Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”

Dicha petición que fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del pueblo, invitando a los ciudadanos a donar a la cuenta, refrendando su apoyo a la dictadura y desafiando al gobierno de Trump al señalar que buscara la forma y momento oportuno para enviar de nueva cuenta petróleo a la isla.

Las críticas y enojo de miles de ciudadanos no se hizo esperar en los medios y redes sociales, cuestionando al expresidente, que está más preocupado porque continúe una dictadura con privilegios a costa del sufrimiento de su pueblo , que por solidarizarse y pedir apoyo para los niños enfermos de cáncer y que no cuentan con medicamentos, con las madres buscadoras que todos los días sin recursos y apoyo gubernamental salen al campo a tratar de localizar a sus familiares víctimas de desaparición, de las personas que perdieron familiares en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, de pedir recursos y apoyos para los grupos vulnerables y en extrema pobreza en el país.

En momentos en que funcionarios del gobierno cubano han anunciado la apertura a la inversión de capitales extranjeros que provengan de ciudadanos en el exilio y que deseen regresar a la isla, lo que significa que existen grandes posibilidades de que se de un cambio de régimen y finalmente termine la dictadura en Cuba, sería interesante se diera a conocer qué va a pasar con el dinero recaudado con los donativos que pidió AMLO. ¿Si aún en la situación actual del gobierno cubano serán enviados a los funcionarios de la isla? ¿o si terminarán financiando las campañas políticas de 2027 para apoyar a los candidatos y candidatas del oficialismo a los cargos que estarán en disputa?

Por lo pronto mi humilde consejo, es que usted amable lector no tire su dinero a la basura y lo destine a una causa noble apoyando a mexicanos que realmente necesitan apoyo.

¿Existe fractura en la alianza del oficialismo?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El autor Robert Green en su obra Las 48 leyes del Poder en la Ley número 31 señala lo siguiente: “Controle las opciones: haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte”.

En lo que sería la interpretación de la ley, en el criterio afirma: “El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones: sus víctimas sienten que controlan la situación, pero en realidad no son sino títeres en sus hábiles manos. Presente opciones que siempre le sean favorables, independientemente de cuál de ellas elijan los demás. Oblíguelos a optar entre el menor de dos males y logre que cualquiera de las dos elecciones resulte a favor de usted. Haga que cualquier alternativa por la que se decidan sus rivales los perjudique a ellos y los beneficie a usted”.

La citada ley la traigo a colación, por la intentona de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su partido de lograr la aprobación de su proyecto de reforma electoral constitucional, que finalmente fue rechazada por la Cámara de Diputados, a pesar de los esfuerzos y trabajo del coordinador de la bancada Ricardo Monreal, desde hace varias semanas, con los partidos aliados de Morena, PT y PVEM cuyos líderes habían anunciado desde que se conoció el texto del proyecto, que no acompañarían su aprobación y que sus bancadas no darían su voto en la sesión plenaria, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.

Es la primera votación en la que un proyecto de reforma enviado por la presidenta, no fue aprobada por los partidos que la llevaron al cargo en 2024, por lo que de inmediato se desataron en los medios y redes sociales toda una serie de opiniones y comentarios a favor y en contra de los partidos PT y PVEM lo que implicaría el rompimiento de la alianza del oficialismo, ya que los partidos de la oposición PRI, PAN Y MC desde días previos ya habían anunciado que no darían su voto a la iniciativa de la presidenta.

En las reuniones que se llevaron a cabo con los partidos de la alianza por el oficialismo, se les plantearon varias propuestas a fin de convencerlos de la necesidad de que se cambiara la forma de elección de los diputados plurinominales, la reducción del número de senadores, la disminución del presupuesto público a los partidos políticos, prohibir el nepotismo en las candidaturas, la reducción del presupuesto y de los altos sueldos de los consejeros del INE y sobre todo el hecho de terminar con los privilegios y el gasto excesivo en las elecciones en el país.

La narrativa, de que la reforma había sido una demanda del pueblo y un compromiso de Morena, no sirvió para que ambos partidos le dieran su apoyo a la iniciativa, por el contrario, en el fondo sabían que de aprobarse la misma, los primeros que iban a sufrir las consecuencias serían ellos, ya que finalmente Morena lograría en el siguiente proceso en 2027 quitarles diputaciones a sus bancadas y en cuanto al presupuesto el partido que contaría con mayores recursos sería el oficial, haciéndolos a un lado para que en la siguiente legislatura Morena dejara de depender de ellos para aprobar sus iniciativas, al contar con la mayoría calificada y con una sobrerrepresentación plena.

Ninguno de los argumentos de la presidenta y de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena convencieron a PT y PVEM para aprobar la iniciativa de reforma, por lo que después de la votación fueron acusados como traidores al movimiento y corruptos por defender sus posiciones y presupuesto, afirmando en tribuna Ricardo Monreal de que los partidos que habían rechazado la iniciativa serían juzgados por la historia.

De nada sirvieron incluso las amenazas en contra de algunos legisladores y líderes, de sacar de los archivos sus expedientes o alguna carpeta de investigación por parte de las fiscalías estatales o federal para que dieran su voto en la sesión, al final se concretó el rechazo por una mayoría integrada por PRI, PAN, MC. PT y PVEM, ya que Morena no cuenta con la mayoría calificada para la aprobación de reformas constitucionales, que requieren las dos terceras partes de los votos de los 500 diputados que integran la cámara.

El jueves 12 de marzo la Presidenta anunció el envío de un paquete de iniciativas de reformas electorales a la Cámara de Diputados, que denominó como el Plan B, aunque hay algunos aspectos que ya no serán incluidos por estar contemplados en la Constitución.

La propuesta insistirá en aras de la austeridad republicana, la reducción del presupuesto a los partidos, del INE, de las candidaturas, a lo que se agregaría la reducción del presupuesto de los Congresos estatales, de los salarios de diputados y del número de regidores en los ayuntamientos.

El proyecto será presentado el próximo 17 de marzo, esperando el oficialismo ahora sí contar con los votos y apoyo de sus partidos aliados PT y PVEM, sin embargo, en esta discusión seguramente se incorporarán los diputados locales y los mismos gobernadores y presidentes municipales, que también se verán afectados en lo que se apruebe en la cámara de diputados, ya que iría en contra de la soberanía de los estados y del pacto federal.

De aprobarse las iniciativas de la presidenta en la cámara de diputados y después en el Senado con la mayoría de los legisladores de Morena y de que PT y PVEM no las respalden, se prevé un rompimiento de la alianza, porque una vez más el oficialismo, aunque convoca y declara que está abierto a escuchar las opiniones de los ciudadanos, organizaciones, académicos y partidos de oposición, una vez más impondrá sus iniciativas, para beneficiarse en los próximos procesos electorales y rompiendo los acuerdos políticos con sus aliados, de quienes busca librarse para convertirse en un partido hegemónico.

Hay quienes opinan que la decisión de los partidos aliados de no apoyar la iniciativa de la presidenta, se dio para defender la democracia en el país; pero también hay otros elementos que apuntarían a un intento de desmarcarse del partido oficial, en el caso de que el gobierno de Donald Trump ejecute acciones para detener a políticos y funcionarios de Morena acusados de estar vinculados a los cárteles del narcotráfico o de haber recibido recursos para sus campañas, lo que los marcaría como partidos coludidos con grupos criminales en gobiernos a nivel estatal y municipal.

El discurso de los líderes nacionales del PT y del PVEM de que seguirán apoyando a la Presidenta y a su movimiento, deberá reflejarse en su voto en ambas cámaras al Plan B, si ello ocurre, ambos partidos habrán jugado y perdido con las cartas que les puso en la mesa el oficialismo y deberán pagar los costos de su insubordinación.

Mundial 2026: ¿De quién depende la seguridad?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Sin el ánimo de descalificar y menospreciar un evento tan importante para el mundo entero, como lo es el Mundial 2026, que incluso seguramente superará con mucho el número de espectadores y el interés de la mayoría de los países, si lo comparamos con otros eventos como el Super Bowl del futbol americano o la Serie Mundial de Beisbol de los Estados Unidos, existe un enorme interés de millones de espectadores en el Mundial de Futbol que se celebra cada cuatro años.

Por primera vez, se llevará a cabo teniendo como sedes a tres países: México, Estados Unidos y Canadá, que se juegan en la organización junto con la FIFA su papel de organizadores y anfitriones de tan importante evento, que acaparará la atención del mundo a partir del uno de junio hasta el 19 de julio en que se jugará la gran final.

México, Estados Unidos y Canadá enfrentan una situación especial tanto al interior de sus fronteras, como a nivel internacional, en momentos en que la geopolítica los ha colocado en escenarios complicados, para sus gobiernos y la estabilidad de sus administraciones.

La situación de México dista de la que enfrentan nuestros vecinos del norte, ya que existe la percepción a nivel nacional y de varios países cuyos ciudadanos desean venir a presenciar los partidos en nuestros estadios, por la inseguridad y los riesgos que pueden sufrir por la presencia de los cárteles y organizaciones de la delincuencia organizada que operan en buena parte de los estados del país, especialmente en Jalisco y la ciudad de Guadalajara donde se llevarán a cabo cuatro encuentros mundialistas en el Estadio Akron, incluido el segundo partido de la Selección Mexicana.

Después de la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación llevada a cabo por elementos del Ejército con apoyo de inteligencia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos el día 22 de febrero de este año y que tuvo como respuesta de parte de sus sicarios la quema de vehículos y cierre de poblaciones enteras en Jalisco y otros municipios y estados del país, demostrando su fuerza y presencia aterrorizando a la población, se emitieron varias recomendaciones de parte de las autoridades de Estados Unidos y Canadá para evitar que sus ciudadanos visitaran diversos estados del país, donde el CJNG tiene presencia y donde se presentaron los ataques a ciudadanos, comercios y vehículos.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad han declarado que el gobierno con el apoyo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional y de los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México garantizan la seguridad en todo el evento; sigue latente la amenaza de que carteles como el de Sinaloa, CJNG, Cartel del Noreste, Cártel del Golfo, la Nueva familia Michoacana y Cárteles Unidos que tienen presencia en buena parte de los estados del país, lleven a cabo actos de violencia en las sedes de la justa mundialista.

El escenario en México hoy, es completamente distinto a lo que se vivió en los mundiales de 1970 y 1986 en que a pesar de las condiciones de pobreza y desigualdad que existían, los cárteles y grupos de la delincuencia organizada, de alguna forma estaban controlados o bien existían pactos no escritos entre el gobierno federal y de los estados, para permitir el paso de la droga hacia los Estados Unidos, para evitar que se vendiera en el país.

Debemos reconocer que los cárteles del narcotráfico, desde el primer gobierno de alternancia con Vicente Fox -quien poco hizo por combatirlos-, fueron creciendo y aumentando su presencia en varios estados del país y hasta la llegada del gobierno de Felipe Calderón, se inició una guerra contra los cárteles utilizando al ejército, que sin embargo no tuvo la capacidad de frenarlos con la aparición de nuevos cárteles, que se escindieron de los primeros.

La guerra contra los cárteles del narcotráfico no tuvo resultados positivos, a pesar de los enfrentamientos entre los grupos criminales y las fuerzas de seguridad que fueron cooptadas y corrompidas siendo secretario de Seguridad Genaro García Luna, hoy preso y sentenciado a 38 años de prisión por una corte de los Estados Unidos, acusado de estar coludido con el Cártel de Sinaloa y de haber permitido el trasiego de drogas al país vecino del norte.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio continuidad a la guerra contra los cárteles con apoyo de las fuerzas armadas, con las detenciones a líderes como el Joaquín “El Chapo” Guzmán del Cártel de Sinaloa detenido en 2014 y en 2016; Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, líder de Los Zetas, detenido en 2013; y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, líder del Cártel de Juárez arrestado en 2014.

Pero fue en el gobierno del presidente AMLO, de 2018-2024 en que los cárteles han tenido su mayor auge y presencia en todo el país, por la política de “abrazos y no balazos” aplicada en esos años, y que fortaleció al Cártel de Sinaloa y al CJNG, que encontraron en los pactos políticos con Morena y sus partidos aliados PT y PVEM al apoyar a sus candidatos a cargos de elección popular mediante el financiamiento, la forma de colocar a personajes afines a sus intereses para que les permitieran continuar con sus actividades delictivas y cogobernar en algunos municipios y estados como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Norte, Michoacán, Veracruz, Morelos, Guerrero, Colima y Jalisco.

A 87 días del inicio de la Copa Mundial, la seguridad del evento, más que depender de los gobiernos federal y estatales y de las fuerzas de seguridad del país, depende de que los cárteles establezcan una tregua para detener sus actividades delictivas los 49 días que durará la copa, bajo la amenaza de la intervención de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, anunciada en la Conferencia Anti Cárteles de las Américas de esta semana.

En ella el Secretario de Guerra, declaró ante 16 jefes de Estado, que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervendrán en cualquier país para combatir a los cárteles del narco, sin pedir autorización a los gobiernos, para defender sus intereses y evitar que las drogas entren a su territorio.

Por lo pronto, el tiempo se agota para el inicio del Mundial y veremos si el gobierno federal logra detener a los cárteles y garantizar la seguridad para los mexicanos y los extranjeros que vendrán al evento como lo ha declarado, o si la violencia y ataques de los miembros de los grupos delictivos se hacen presentes, y nuestro país queda exhibido a nivel mundial, con las fatales consecuencias que ocasionaría en daños materiales y vidas humanas.

Hacemos votos, porque esto no ocurra y por el bien del deporte y la paz, México haga un buen papel como uno de los anfitriones del Mundial.

La reforma electoral del oficialismo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El pasado 25 de febrero en su conferencia del “pueblo” la presidenta Claudia Sheinbaum dio un adelanto de los puntos más relevantes de su propuesta de reforma electoral que se vino cocinando desde el 4 de agosto de 2025 mediante el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral integrada por personajes ligados a su gobierno y plenamente identificados con el morenismo, siendo designado como su presidente Pablo Gómez, extitular de la UIF; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia; el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

Cabe señalar, que esta reforma de acuerdo al discurso de la presidenta forma parte del paquete de reformas constitucionales del segundo piso de la 4T y fue parte de los compromisos que hizo en campaña atendiendo a las demandas del “pueblo” sin que pueda precisarse en que mitin o acto público recibió la petición de parte de los ciudadanos o de sus aliados el PT y el PVEM para llevar a cabo dicha reforma, mediante la cual, se busca a toda costa afianzar a Morena como un auténtico partido de Estado, al estilo de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, regresando al país a los gobiernos del priismo que durante más de setenta años padecimos los mexicanos.

Es de llamar la atención, que a pesar de que el oficialismo actualmente controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo con una mayoría calificada en ambas cámaras y desde el 2 de junio de 2025 al Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación mediante la elección de ministros, magistrados y jueces impulsados por Morena y sus partidos aliados; así como los organismos electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se empeñe ahora en llevar a cabo una reforma en nombre del pueblo para afianzarse en el poder y evitar que exista la posibilidad de que en las elecciones de 2027, pueda perder la mayoría en el poder legislativo federal y las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

A pesar de que de acuerdo a una encuesta de Alius Polls publicada el 15 de febrero, si hoy fueran las elecciones para gobernador, Morena arrasaría en 14 de las 17 gubernaturas, con una amplia ventaja en estados como: Baja California, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, donde por cierto existe una fuerte presencia de los cárteles y el control de territorios, el oficialismo no quiere correr ningún riesgo y por ello la presidenta ha tomado la decisión de impulsar la reforma electoral, para evitar alguna sorpresa o que los resultados se salgan de control.

Aunque el discurso de la presidenta se ha centrado en negar por todos los medios que la reforma atente contra la democracia en el país y que se pretenda afianzar aún más a su partido, aún no cuenta con el respaldo de los aliados de Morena el PT y el PVEM que han amagado con no apoyarla, porque no están dispuestos a perder las canonjías y privilegios que les ha dado el oficialismo por apoyar sus iniciativas de reformas constitucionales.

La presidenta dio un plazo de cuatro días, para que sus partidos aliados se pronuncien a favor de apoyar la reforma electoral que vence el dos de marzo, fecha en la cual seguramente la presidenta enviará la iniciativa a la Cámara de Senadores para dar inicio a su discusión y posterior aprobación.

Serán cuatro días de negociaciones entre los tres partidos, en los que el PT pedirá la gubernatura de Zacatecas apoyando al hermano del diputado Ricardo Monreal, Saúl Monreal que no podrá ser candidato por Morena, con lo cual el PT, de ganar las elecciones, tendría la primera gubernatura en su historia.

Por el lado del PVEM la gubernatura de San Luis Potosí con la candidatura de la esposa del actual gobernador a quien le heredaría el cargo por seis años más, lo que significaría que para dichos partidos el tema del combate al nepotismo impulsado por la presidenta e impuesto a Morena, no les sería aplicable ya que lo que ellos buscan es por lo menos conservar o aumentar el número de diputados federales con los que actualmente cuentan y las prerrogativas que reciben del INE que les han permitido vivir del dinero público.

Entre los puntos más relevantes de la reforma electoral dados a conocer por la presidenta destacan:

a) La composición del Congreso.
b) La reducción del presupuesto y labores del INE.
c) Se elimina el PREP.
d) Disminución de los tiempos de campaña en radio y televisión.
e) La forma de fiscalizar las campañas.
f) Se busca regular el uso de la inteligencia artificial y redes sociales.

De aprobarse la reforma constitucional, se modificarían las leyes secundarias como son: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras.

Uno de los argumentos del oficialismo para impulsar la reforma electoral es el alto costo de las elecciones en el país, consideradas como las más caras del mundo y el ahorro que significaría para el erario, disminuir los recursos que se entregan vía las prerrogativas a los partidos políticos; sin embargo en temas tan delicados como el dinero que los cárteles y grupos de la delincuencia organizada aportan para apoyar a los candidatos a los puestos como presidentes municipales, legisladores locales, federales y gobernadores, la propuesta es omisa, ya que no establece mecanismos efectivos de control y sanciones severas para candidatos y partidos que incurran en estas prácticas.

Por lo que de aprobarse en la forma en que se ha anunciado la reforma, no se dará solución a un problema como el que hoy vive nuestro sistema político de elecciones, con la intromisión de los cárteles en las elecciones apoyando candidatos y financiando campañas políticas; con un INE debilitado por la falta de personal y recursos para llevar a cabo una fiscalización y denuncia ante las fiscalías para evitar que sigan gobernando presidentes municipales sometidos a la autoridad de los cárteles como sucede actualmente y con una población victima de la inseguridad y violencia, sin derecho a vivir en paz y tranquilidad.

La sombra del obradorismo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Desde antes de su postulación como candidata a la presidencia de la república por Morena y partidos aliados PT y PVEM, Claudia Sheinbaum por su trayectoria y trabajo político en la izquierda en México y con el apoyo del presidente AMLO, siempre fue vista como la carta fuerte para suceder al líder de la cuarta transformación de la vida pública de México, en lo que se denominó como el segundo piso del movimiento, a fin de dar continuidad al proyecto de gobierno y llevar a cabo las reformas estructurales y constitucionales que habían quedado pendientes en la agenda del ex presidente.

Aún y cuando fue el propio AMLO, quien abrió el proceso de selección del candidato y/o candidata a la Presidencia de la República tres años antes de la elección y se dio la oportunidad a cinco corcholatas presidenciales con Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, para nadie era un secreto que la única del grupo que siempre militó en la izquierda fue la actual presidenta.

Su lealtad a AMLO siempre estuvo a toda prueba, en las buenas y en las malas, por ello durante el proceso de selección del candidato (a) una gran parte del morenismo con los legisladores y gobernadores se volcaron a apoyar a Sheinbaum con todo el aparato oficial, para quedar bien tanto con el presidente, como con quién se perfilaba para sucederlo.

Siempre en el discurso la Presidenta ha reconocido el trabajo de AMLO y defendido su gobierno en forma férrea, para evitar que se manche su nombre o se pretenda acusarlo de actos de corrupción o errores políticos que puedan dañar su legado e imagen.

Desde el inicio de su gestión ya como presidenta y en todos los actos políticos, como su primer informe de actividades y encuentros con la militancia de Morena, su discurso ha arrancado con el reconocimiento al trabajo del expresidente y compromiso por consolidar el segundo piso, de acuerdo a lo que le pidió AMLO, cuando dejó la presidencia.

Sin embargo, es evidente que la Presidenta no ha podido fincar su gobierno, y enfrentar los problemas que enfrenta el país, sólo con la mención o el recuerdo de un líder que ya no está en el poder y cuyos errores y escándalos estallan en forma cotidiana, considerando que le dejó un cúmulo de problemas y a un grupo de funcionarios enquistados en su administración, que sólo son leales a AMLO, aunque trabajan para la presidenta.

Así funcionarios como la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, su coordinador de Asesores Jesús Ramírez Cuevas, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal y hasta hace unos días Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, así como Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en la dirigencia nacional de Morena, son los alfiles que el expresidente dejó sembrados en la administración de Sheinbaum y en el partido, para controlar decisiones y evitar desvíos que pusieran en riesgo el segundo piso de la 4T.

Hasta ahora el único funcionario identificado al cien por ciento con la presidenta es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, al que se sumaría la Fiscal General de la República recién nombrada Ernestina Godoy, quién la acompaño en la Fiscalía de la Ciudad de México cuando Sheinbaum ocupó la Jefatura de Gobierno.

De ahí en fuera la Presidenta ha tenido que enfrentar los desplantes y soberbia de los funcionarios que vienen de la administración de AMLO, algunos considerados intocables y a quienes ha tenido que defender y justificar públicamente, cuando se han dado a conocer escándalos o denuncias de corrupción como en el caso del senador Adán Augusto López y su relación con el grupo de la delincuencia organizada conocido como La Barredora auspiciado por quien fuera su Secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco Hernán Bermúdez Requena actualmente preso en una prisión de alta seguridad.

La llegada del presidente Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos y el endurecimiento de sus políticas en contra del gobierno mexicano, en temas como el combate al narcotráfico, la migración, la seguridad de su frontera, aunado al de la aplicación de aranceles y la revisión del T-MEC han puesto contra las cuerdas a la Presidenta, al grado de que ha asumido compromisos y llevado a cabo acciones como la entrega en total de 97 capos de los cárteles que se encontraban en prisiones de nuestro país y que sin mediar ningún procedimiento legal, fueron entregados al gobierno de los Estados Unidos.

Recientemente, la presión de Trump, para evitar que México siguiera enviando petróleo al gobierno cubano con la amenaza de aplicar aranceles a los países que lo hicieran, dejó mal parada a la Presidenta, quien nunca ha ocultado su simpatía por los gobiernos comunistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba con los que ha tenido que marcar por ahora una relación distante.

En los últimos días, los escándalos de corrupción contra su jefe de Asesores, Jesús Ramírez Cuevas y el desvió de 27 mil millones de pesos al extinto sindicato del SME, denunciado por el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Sherer, acusándolo además de haber introducido al llamado rey del huachicol Julio Carmona, quien financió con dinero de dicha actividad campañas políticas de gobernadores y legisladores emanados de Morena, han puesto el dedo en la llaga, sin que la presidenta haya ordenado a la fiscalía se abra una carpeta de investigación para aclarar los hechos, sino por el contrario declaró que: hasta ahora no se ha abierto ninguna carpeta en contra de su jefe de asesores, ni contra el exsecretario de Marina Rafael Ojeda por el huachicol fiscal en el que se ha denunciado un daño a la hacienda pública superior a los 600 mil millones de pesos, de acuerdo a la procuradora fiscal.

El entorno internacional y los escándalos que se han dado a conocer y los que se avecinan en el país, seguramente obligarán a la Presidenta a deslindarse de los actos de corrupción de su antecesor y a realizar los cambios en su gabinete con gente de su confianza, así como en las cámaras de diputados y senadores.

De no hacerlo su administración pasará a la historia como la que solapó la corrupción y exoneró a quienes cometieron delitos con la protección del manto presidencial, en el sexenio de AMLO.

El Efecto Tequila en las gestiones municipales

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera, emanado de Morena, fue detenido el pasado 5 de febrero, acusado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro agravado, siendo vinculado a proceso el pasado 11 de febrero.

También la Fiscalía general de la República lo acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva generación, quien habría financiado su campaña política, además le imputa el secuestro de dos políticos del PAN, en marzo de 2021, para que desistieran de competir en la elección de dicho año y dejaran paso libre al candidato Juan Gabriel Toribio Villareal como al final ocurrió.

Si bien es cierto, el Cabildo ya designó a una presidenta municipal sustituta, que forma parte del mismo grupo que apoyaba al alcalde detenido, a los dos días siguientes también ya fue señalada por su afinidad con el líder del CJNG Nemesio Oseguera cantando corridos en su honor, por lo que la población aunque en un principio festejó la detención de Rivera, hoy la situación del municipio aún con la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, no está segura de que la presidenta, rompa el vinculo y poder que tiene el CJNG en la zona.

Tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declararon que el gobierno como el partido con esta detención daban muestras de que no se protege a nadie y que no hay impunidad, porque un integrante de su movimiento que ocupaba un cargo público fue detenido y actualmente se encuentra sujeto a proceso por los delitos que se le imputan.

Lo que llama la atención es que sólo por las denuncias y presión de empresas como la de José Cuervo que se quejaron de los abusos de autoridad y extorsión del alcalde, fue como las autoridades del gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República, se vieron obligadas a actuar deteniendo a dicho personaje, cuyos vínculos con el CJNG había sido denunciado desde su campaña para la presidencia municipal.

El caso de Diego Rivera es similar, aunque no en la misma dimensión con la situación que día a día enfrentan los ciudadanos en los municipios gobernados por alcaldes emanados de Morena, cuyos vínculos con los cárteles del narcotráfico son evidentes, dejándolos actuar a sus anchas e imponiendo con apoyo de las autoridades municipales sus propias reglas y cuotas como el derecho de piso para poder continuar con sus actividades comerciales.

De los 2478 municipios en los que está dividido el país, los problemas que enfrentan los alcaldes son diversos atendiendo a las zonas geográficas, al tipo de población y número de habitantes, a su grado de desarrollo, actividades económicas y sobre todo al presupuesto que anualmente les es asignado por los Congresos estatales; sin embargo, desde el año 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, en el que se inicia la denominada guerra contra los cárteles de la droga, el sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros siete años de los gobiernos de la cuarta transformación, los gobiernos municipales, han dejado de tener proximidad con la población que gobiernan y en su mayoría han sido infiltrados por los grupos delictivos y cárteles de la droga, patrocinando sus campañas políticas e imponiéndoles a los funcionarios del primer nivel de sus administraciones, sobre todo en las áreas de seguridad pública, obras e infraestructura y de comercio, mediante las cuales pueden obtener jugosas ganancias y recuperar lo invertido en las campañas de los alcaldes que les deben el cargo.

Cada tres años en que se renuevan las presidencias municipales, los cárteles de la droga, ya cuentan con una lista de candidatos que proponer a los partidos políticos, para llevarlos al triunfo en las elecciones y apoyando su reelección en aquellos casos en que les han dado buenos resultados y los han dejado trabajar a sus anchas.

Por lo general, los habitantes de los municipios conocen perfectamente la historia de los que aspiran a contender en las elecciones de alcaldes, ya sea porque nacieron en muchos de los casos en esos lugares, porque identifican a su familia o bien porque tienen trayectoria política o han ocupado algún cargo público; incluso si tienen alguna actividad delictiva o están vinculados con algún cártel o grupo delictivo, los pobladores lo saben y deciden callar, para evitar ser víctimas de alguna agresión o poner en riesgo su vida.

Ahora que la presidenta de la República y la dirigente nacional de Morena han declarado que pondrán más cuidado en la selección de sus candidatos y los investigarán antes de postularlos, verificando que no tengan abierta alguna carpeta de investigación en su contra; sería sano que lo hicieran con los alcaldes que actualmente está en funciones e investigaran también el financiamiento de sus campañas, así como su situación patrimonial y de sus familiares cercanos y que los Congresos locales pongan más atención en el desempeño de los ediles, así como la percepción de inseguridad que existe en las cabeceras municipales.

Estoy seguro, que el caso del alcalde del municipio de Tequila sólo es un botón de muestra de la situación que enfrentan los pobladores en varias zonas del país, con presidentes que abusan de su autoridad y se han coludido con cárteles del narcotráfico, ya que se sienten intocables por provenir del partido de Morena, PT o PVEM contando con una doble protección para seguir delinquiendo, la de los cárteles y la del oficialismo que prefiere sostenerlos, antes que detenerlos, por el costo electoral que puede representar para la continuidad en sus gobiernos.

El síndrome de los presidentes municipales como el personaje de Varguitas de la película La ley de Herodes ha cundido en el país, reforzado por la delincuencia organizada, que además hoy se ha empoderado y tiene el control territorial de más de la tercera parte del territorio naciona

HRW: Seis años de retroceso democrático con AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

De acuerdo al informe mundial 2026 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) señala que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presidió un proceso de retroceso democrático en México marcado por reformas que debilitaron la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.

Advirtió que, al cierre de ese sexenio, el país heredó graves problemas de derechos humanos, entre ellos violencia criminal extrema y abusos cometidos por autoridades civiles y militares.

Uno de los puntos más relevantes del informe subraya que, con el respaldo del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma constitucional para obligar a jueces, magistrados y hasta ministros de la corte a someterse a elecciones populares.

Hace una crítica a las primeras elecciones judiciales, señalando que estuvieron marcadas por baja participación y cuestionamientos sobre la integridad del proceso, lo que generó preocupación internacional incluida la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y jueces.

El informe se pronuncia además sobre otros aspectos como: la seguridad y violencia criminal que en 2024, la tasa oficial de homicidios superó los 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más elevadas a nivel mundial.

El repunte de la violencia regional, asesinatos de funcionarios locales y vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

La impunidad y acceso limitados a la justicia; la reelección de la titular de la CNDH que solapó las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos del gobierno anterior.

El aumento de los casos de tortura, con más de 3 mil denuncias y la expansión de la prisión preventiva obligatoria a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno eliminarla por ser contraria a los estándares internacionales.

Refiere también a la militarización y abusos de las fuerzas armadas, con ejecuciones extrajudiciales, violencia contra civiles y falta de cooperación castrense, como el caso Ayotzinapa.

Finalmente, destaca los casos de 130 mil personas que permanecen desaparecidas, sin que el estado haya tomado las medidas necesarias para su localización, además del riesgo de los buscadores de desaparecidos. Cuestiona la falta de transparencia, libertad de prensa y de la libertad de expresión, ya que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, por los asesinatos y acoso judicial contra los periodistas y defensores de derechos humanos. Sobre los derechos de las mujeres, migrantes y población LGBT señala que persisten altos niveles de violencia de género, feminicidios y agresiones contra personas por su orientación sexual o identidad de género.

Si se revisa a fondo el informe, cualquier ciudadano con dos dedos de frente, puede dar crédito a su contenido, a pesar de que la realidad que el oficialismo vende a los mexicanos en las conferencias mañaneras con los otros datos que tenía AMLO, o ahora con la negación de la realidad con la presidenta Sheinbaum, se nos presenta un país distinto donde las cosas han mejorado como la disminución de los casos de homicidios, la detención de narcotraficantes, el combate a los cárteles, la creación de empleos, llegada de inversiones o que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca donde no faltan los medicamentos en las clínicas y hospitales del sector, sólo por citar algunos datos.

Es posible que, internamente el oficialismo, a través del control que tiene de los medios y de sus propagandistas, haya logrado que un alto número de mexicanos compren sus teorías o los tengan controlados por los beneficios que les otorgan a través de los programas sociales y del bienestar; sin embargo, México no es un país aislado del resto del mundo y organismos como HRW cuentan con información y estudios que difícilmente el oficialismo puede debatir o negar.

Lo más dramático para el país, es que, si así nos fue en el sexenio de AMLO con el primer piso de la 4T en una pesadilla de seis años y con las reformas que nos tienen hundidos en la situación actual, cabe preguntarse: ¿cómo nos irá en los seis años del segundo piso de la 4T?

Si a un poco más de un año, el país enfrenta una grave crisis en materia de inseguridad, corrupción, violencia, narcotráfico, impunidad, economía, falta de empleos y sobre todo, destrucción de los organismos como el INAI, COFECE, IFT, CRE y CNH, CONEVAL y desarrollo social y MEJOREDU, cuyas funciones fueron absorbidas por el Estado.

Las cosas no pintan bien, ya que ahora viene la reforma electoral que impulsa la presidenta y el oficialismo, que por lo que se ha anunciado, busca a toda costa el control de las autoridades electorales y el control absoluto de las elecciones para garantizar su permanencia y la continuidad de su proyecto, con lo que lo poco que queda de la democracia mexicana será sepultada en las cámaras en nombre de la voluntad del pueblo.

Yo preguntaría a los adoradores de AMLO, si después de conocer informes como el de HRW, seguirían gritando: “Es un honor estar con Obrador”.