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Fin de la ayuda humanitaria de México a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus declaraciones de fines del año pasado e inicios del presente, afirmó que el envío de petróleo a la isla de Cuba desde México, no se detendría ya que una parte de este formaba parte de los tratos comerciales y la otra como ayuda humanitaria al país, y que el envío se hacía incluso desde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y se mantuvieron en menor cantidad en el sexenio de AMLO.

Sin embargo, durante el primer año de gobierno de Sheinbaum se incrementó el volumen de los envíos de petróleo, en forma significativa, sin que la presidenta a la fecha haya transparentado los datos del contrato que México tiene con Cuba para entregarle petróleo. ¿Cuál es el precio en que se le vende?, ¿cómo se determina el porcentaje que es para venta y cuál se envía como ayuda humanitaria?, ¿por qué México se preocupa por la situación del gobierno de Díaz-Canel que representa una dictadura y por ello merece ser apoyado y no por otros países con peores niveles de pobreza como Haití por ejemplo?

Las respuestas de la presidenta a dichas interrogantes han sido evasivas y con argumentos falaces como los que dio en su conferencia del pueblo del pasado 12 de enero:

“Le preocupa mucho al Reforma, a la oposición. Y si está la información. Pero así al pueblo de México como que le preocupe mucho, no. Porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario. No aumentó el precio. Decían que iba a aumentar y no aumentó. Tenemos un acuerdo con los gasolineros. Por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante primero es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo.”

En resumen, con su declaración, la presidenta da por sentado que los mexicanos somos muy felices de saber que nuestro gobierno sin pedir la aprobación de nadie ha decidido dar “ayuda humanitaria” a una dictadura como lo es la cubana, aunque los beneficios de dicha ayuda sólo sean para los dirigentes del partido en el poder y sus familias y no para el pueblo cubano que se encuentra sumido en la pobreza y marginación.

No puede considerarse válido el hecho, de que la ayuda a Cuba también la dieron los expresidentes Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, para argumentar que por ello era una acción avalada por los ciudadanos mexicanos, cuando millones de ellos, ni siquiera estaban enterados del regalo que hicieron los expresidentes, de recursos del país, que no les pertenecían y si se les debe llamar a cuentas por ello, nadie estaría en contra de que se aclarara su proceder y asumieran su responsabilidad.

Aún con los riesgos que significan para los intereses económicos de México y su relación con los Estados Unidos, ante el inicio de las pláticas para la revisión del T-MEC, el gobierno de la 4T, después de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de que por órdenes de Estados Unidos a la presidenta sustituta de dicho país Delcy Rodríguez de no enviar más buques petroleros a la isla caribeña para apoyar a la dictadura de Díaz Canel, la presidenta envió un buque de petróleo a Cuba e insistió en que se continuarían enviando debido a que Venezuela ya no lo haría.

El discurso de la independencia y soberanía de México para la toma de decisiones y que la relación de nuestro país estaba basada en la cooperación, más no en la subordinación, se vino abajo, con el decreto que el 29 de enero firmó el presidente Donald Trump por el que ordena imponer aranceles contra importaciones de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, incluido México, ante la emergencia, que según él, representan las políticas del régimen cubano para Estados Unidos.

En el mismo texto del decreto se hacen críticas a la isla incluyendo la falta de democracia, y denuncia como amenaza los vínculos de Cuba con países rivales de EU- como China, Rusia e Irán- y sus presuntas ligas con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah.

De persistir la orden de la presidenta de seguir enviando petróleo a Cuba, bajo el concepto que sea, como venta comercial o como ayuda humanitaria, es lógico que México podría ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos aplicando aranceles a los productos que se fabrican en nuestro país y se exportan al vecino del norte; es decir la Presidenta debe priorizar entre ir en contra de las políticas de Estados Unidos apoyando a la dictadura cubana, o bien si deja de enviar petróleo a la isla para proteger los intereses económicos de México, evitando con ello se afecte la revisión del T-MEC y sobrellevar la relación con el gobierno de Donald Trump.

La postura de Estados Unidos de endurecimiento en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina y de que no está dispuesto a beneficiar a los países que apoyan a sus enemigos globales como Rusia, China e Irán, es muy clara y contundente.

Por ello las decisiones de la presidenta Sheinbaum deben alinearse al nuevo orden mundial, sin importar que internamente sea duramente cuestionada por los radicales de izquierda de su partido, que por cuestiones ideológicas están dispuestos a desafiar al gobierno de Estados Unidos, sin importar las consecuencias económicas para el país, bajo la frase: “Patria o muerte”.

Veremos en las próximas semanas si las medidas de presión internacional en contra de la dictadura cubana, obligan a su gobierno a abrirse al mundo y a promover un cambio de régimen mediante elecciones libres y democráticas para una transición pacífica en bien de la población; o si persiste la cerrazón y represión del gobierno cubano para continuar en el poder a costa de lo que sea, sin importar se desate una lucha violenta o intervención extranjera en la que se pondría en riesgo la vida y seguridad de la población.

México-Estados Unidos: seguridad vs. soberanía

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Las presiones del presidente Donald Trump hacia el gobierno de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en las tres primeras semanas de 2026 se han endurecido, con las exigencias del inquilino de la Casa Blanca, al declarar que, nuestro país, no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico, y agregando ante preguntas de los medios , después de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que algo se tenía que hacer con México ante los resultados de su gabinete de seguridad.

El discurso de la presidenta en sus conferencias mañaneras sobre defender la soberanía y el territorio de México y de no aceptar la intervención de fuerzas militares de los Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico, con base en lo establecido en nuestra Constitución; y las amenazas y acciones del presidente Trump de subir los aranceles o incluso dar por terminado el T-MEC que se revisará este año para sustituirlo por acuerdos comerciales, colocan a la Presidenta en una posición sin salida y en la que se ponen en juego, los intereses económicos del país y por qué no decirlo, el futuro de su gobierno.

La lucha que hoy enfrenta el gobierno de la 4T ya no es contra los partidos de oposición y los gobiernos del período neoliberal, que, durante el periodo de AMLO, fueron los villanos favoritos de sus conferencias, acusándolos de todos los males que vive el país y de ser sus adversarios políticos que solo veían por sus intereses y no por el pueblo.

No debe pasar desapercibido para los mexicanos, que los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles, en ningún momento han sido señalados como enemigos del gobierno y del pueblo, porque el propio AMLO los ubicó como víctimas del sistema y que habían tenido que emplearse en la delincuencia por la falta de oportunidades y la desigualdad que había en el país por los gobiernos neoliberales

De ahí que lejos de combatirlos, había que atacar las causas del problema para evitar que más jóvenes se sumaran a los cárteles y se convirtieran en delincuentes, lo que derivó en su frase abrazos, no balazos, que nos ha llevado como país, al crítico momento que hoy se vive en materia de seguridad pública en la tercera parte del territorio nacional, que está bajo el control de los cárteles.

A pesar de lo anterior, en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum ya en el segundo piso de la 4T, aunque públicamente no se ha vuelto a proponer la continuidad de la política de AMLO de abrazar a los delincuentes, para la presidenta y su gabinete de seguridad, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las cosas cambiaron radicalmente, debido principalmente a los daños a la salud de los estadounidenses que representan el mercado mundial más importante para la distribución, compra y consumo de drogas, siendo el combate a los carteles uno de las propuestas de campaña hacia la presidencia de Trump, que se comprometió a combatir a los narcotraficantes para evitar que llegara más drogas a su país.

Otra de sus promesas de campaña fue el combate a la migración proveniente del sur y que llegaba de la frontera con México.

Para el presidente Trump y su gabinete consideran que, aunque México ha apoyado en ambos temas, por lo que hace al narcotráfico las estructuras de los cárteles continúan operando con nuevos grupos y liderazgos y aunque han disminuido los cargamentos de drogas, no se ha logrado frenar la producción, distribución y venta de estupefacientes, por lo que las muertes de ciudadanos estadounidenses por drogas se siguen presentando.

Así al haber declarado el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico de México y de otros países, la defensa de la soberanía y del territorio mexicano que la presidenta ha enarbolado, no es, ni será un obstáculo para frenar sus acciones, debido a que de acuerdo a la lógica del gabinete de seguridad de Estados Unidos, dicha declaratoria los faculta para llevar a cabo las acciones que consideren necesarias, tanto dentro como fuera de su territorio, para detener y exterminar a los narcotraficantes.

Por ello inicialmente en varias conversaciones telefónicas con la presidenta, Trump le ha ofrecido la ayuda de las fuerzas de seguridad de su país para combatir a los cárteles, que Sheinbaum ha rechazado, proponiendo una estrategia de coordinación, más no de subordinación a las decisiones de Estados Unidos.

Si analizamos la situación actual y los últimos acontecimientos, a la luz del anuncio de Trump de que una vez que por mar han logrado frenar la llegada de cargamentos de droga a Estados Unidos, y del inicio de acciones por tierra para exterminar a los cárteles, no son suficientes los argumentos de la presidenta, ni las entregas de capos que Estados Unidos ha solicitado y obtenido, el último de 37 en esta semana y de dos fugitivos de los más buscados por el FBI para dejar conformes a las autoridades del vecino del norte.

Con todos los líderes de los cárteles y cómplices que ya están detenidos en Estados Unidos, el gobierno de Trump cuenta con información suficiente de quienes han participado en la producción, traslado y protección a los cárteles en México, que incluyen a políticos, empresarios y hasta instituciones financieras que han lavado el dinero proveniente de estas actividades.

Se prevé que, en las próximas semanas, empiecen las detenciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno: presidentes municipales, gobernadores y militantes de partidos políticos que protegieron a los cárteles y se beneficiaron de la venta de drogas, ya que sólo con la complicidad de las autoridades fue posible que los cárteles pudieran expandirse y hasta colocar a gente de su confianza en los cuerpos de seguridad en los tres niveles.

Para Estados Unidos, la seguridad de su país y de sus ciudadanos, está por encima de la soberanía de otras naciones, y por lo menos hasta ahora, nada ni nadie parece poder detener sus acciones en el extranjero y en el caso de México, aunque lo considera su aliado comercial, no está exento de sufrir las acciones militares y de seguridad que decida implementar para exterminar a los cárteles, porque considera al gobierno de Sheinbaum incapaz de poder resolver el problema, dados los niveles de corrupción e infiltración de las estructuras gubernamentales que ha logrado la delincuencia organizada.

El fin del vínculo: políticos-cárteles

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Para nadie es un secreto en México, la relación que siempre ha existido entre los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico, con la clase política y los funcionarios de los gobiernos en turno de los tres niveles federal, estatal y municipal, sin importar los partidos políticos de que se trate, ni las promesas de terminar con la corrupción y la impunidad.

Estas han sido promesas de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, gobernadores y presidentes municipales cada sexenio o trienio en los procesos electorales del país, sin importar los partidos políticos.

Sin embargo, el año 2006 con el inicio de la presidencia de Felipe Calderón ha sido considerado como el punto de quiebre, por haber puesto en marcha su guerra contra los cárteles del narcotráfico, lanzando al ejército mexicano a las calles para frenar el trasiego de drogas y su venta a otros países como los Estados Unidos, que con mucho siempre ha sido el mayor cliente de estos grupos por la alta demanda de estupefacientes y drogas que se consumen por su población.

Uno de las críticas que los partidos de izquierda han hecho a los gobiernos del período neoliberal, ha sido el hecho de que los cárteles crecieron al amparo del poder y fueron tolerados, bajo ciertas condiciones como el respeto a sus territorios y que las drogas no fueran vendidas a los mexicanos, es decir, los narcotraficantes podían desarrollar sus actividades, siempre y cuando se sometieran a las reglas que los gobiernos a través de los cuerpos de seguridad les impusieran, para no afectar a la población, y que sus disputas por los territorios no involucraran a la población civil.

Durante esos años, era poco visible que los cárteles participaran en forma activa en los procesos electorales o que salieran a apoyar a algún candidato afín a sus intereses, ya que solían esperar a conocer quien era el candidato ganador o ganadora, para buscar un pacto no escrito con valores sobreentendidos en los que cada una de las partes respetara el trabajo y la actividad del otro.

Fue en el sexenio de Vicente Fox, cuando las fuerzas de seguridad pública en el país, de alguna manera permitieron el crecimiento de los cárteles y que fueran tomando mayor fuerza y poder en estados como Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, así fueron tomando mayor presencia cárteles como el de Rafael Caro Quintero, del Golfo, de los Beltrán Leyva, de los Arellano Félix, del señor de los Cielos, Miguel Ángel Gallardo y el de Sinaloa con El Mayo Zambada y después con El Chapo Guzmán.

Las drogas que más se comercializaban eran la mariguana, la heroína, cristal y se fue ampliando a las metanfetaminas, cocaína, los opioides y el fentanilo.

A la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, el control de los cárteles se había perdido y la lucha por el mercado, se fue volviendo más violenta y las autoridades perdieron toda posibilidad de contener a los narcotraficantes a quienes ya no les interesaba llegar a acuerdos con los funcionarios, sino que preferían corromperlos y hacerlos cómplices de sus actividades delictivas para trabajar a sus anchas, bajo la amenaza de extorsionarlos o eliminarlos si no se sometían a sus órdenes.

La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, lejos de solucionar el problema, hizo que los cárteles buscaran otras formas de corromper a las fuerzas de seguridad, incluido el ejército que no ha podido dar los resultados esperados, ya que sus elementos no fueron formados para investigar y combatir a la delincuencia, sino para los conflictos armados y la defensa del país.

La elección de 2006 en la que de acuerdo con la información del proceso electoral resultó ganador Felipe Calderón, ha sido de las más controvertidas por el apoyo y votos obtenidos por el candidato de la izquierda opositora Andrés Manuel López Obrador, cuyo triunfo no fue reconocido y mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN se dio el triunfo con una mínima ventaja a Felipe Calderón.

Si AMLO tuvo apoyo de los cárteles como el de Sinaloa para su campaña y posterior resistencia al movimiento que encabezó para exigir un recuento de votos y denunciar que le había sido arrebatado el triunfo, es información que en aquellos años difícilmente se podía dar crédito, porque los cárteles, aunque eran conocidos, aún no tenían la fuerza y presencia que durante el sexenio de López Obrador y el actual han tomado en más de la tercera parte del país, que tienen bajo su gobierno y control con nuevos cárteles como el CJNG y el de La Barredora en Tabasco.

Así en las elecciones de 2012 y 2018, los cárteles han tenido una mayor injerencia en las campañas electorales apoyando abiertamente a partidos como Morena, PVEM y PT no sólo con recursos económicos y votantes, sino también con candidatos a los cargos de elección de diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, estableciendo así una relación que les ha permitido incluso poner a los secretarios de Seguridad y mandos de las policías, que ahora en lugar de proteger a los ciudadanos, están obligados a dejar trabajar a los cárteles y darles facilidades y protección para sus actividades.

Por ello la exigencia del gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio de que México haga más para combatir a los narcotraficantes, ha crecido en las ultimas dos semanas, ofreciendo el apoyo de las fuerzas militares para combatir a los cárteles en territorio mexicano, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado, bajo el argumento del respeto a la soberanía y territorio del país.

Además su postura que no se requiere dicha ayuda, se tambalea, ya que la posición de Donald Trump ha sido como en el caso de la detención del dictador Nicolás Maduro presidente de Venezuela, la de imponer sus órdenes, para defender los intereses de Estados Unidos exigiendo también la entrega de los políticos del gobierno morenista de los que tiene pruebas de que se coludieron con los líderes de los cárteles para llevar a cabo el trasiego de drogas al vecino del norte.

Hoy, es necesario que la Presidenta ponga en la balanza si protege los intereses de México en la relación con los Estados Unidos, o si continúa protegiendo a los exfuncionarios, gobernadores y políticos de su movimiento de los que las autoridades de Estados Unidos tienen pruebas de que están involucrados con los cárteles del narcotráfico y llegaron a los cargos con recursos y apoyo de dichos grupos.

De una u otra forma, la Presidenta deberá asumir un costo económico si no entrega a los políticos de su movimiento y sigue protegiéndolos, afectando la revisión del T-MEC, porque entregándolos debilitará a la 4T y podría significar un rompimiento de sus cúpulas que se sentirían traicionados y podrían cobrarle factura en 2027 en la revocación de mandato.

4T y la ayuda “humanitaria” al régimen cubano

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El inicio de 2026 en menos de una semana, ha modificado radicalmente la situación en el mundo de acuerdo a lo que en geopolítica que teníamos hasta finales del año pasado.

Se prevé que en los meses siguientes los movimientos en el tablero internacional se realizarán con la intervención de las tres más importantes potencias del mundo, como son Estados Unidos, Rusia y China en una escalada, donde tanto los organismos internacionales como la ONU y la OEA pasarán a segundo término por la lucha que estos tres países están abriendo para defender no sólo su hegemonía bélica, sino también su control sobre otras naciones y sus intereses económicos.

La captura y extradición del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, perpetrada por un comando del ejercito de Estados Unidos la madrugada del pasado 3 de enero junto con su esposa y el inicio de su proceso judicial para responder a los cargos de narcotráfico y terrorismo en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York esta semana, deja en claro ante la opinión internacional, que el presidente Donald Trump, está dispuesto a utilizar toda la fuerza y poder de su gobierno para llevar a cabo las acciones bélicas que considere necesarias para combatir a los cárteles del narcotráfico que por décadas han introducido drogas en los Estados Unidos: sin importar si se trata de delincuentes comunes, políticos, funcionarios de gobierno, incluso hasta jefes de estado, como en este caso de Venezuela.

Las razones para la detención y extradición de Maduro a Estados Unidos, de acuerdo con la opinión de expertos en derecho internacional y economía, es que, aunque se trata de un dictador, cuyo gobierno perdió en forma abrumadora las elecciones de 2024 y se impuso mediante el uso del aparato gubernamental para continuar un período más con el apoyo de las fuerzas armadas, sus acciones y discurso de izquierda comenzaron a preocupar a la Casa Blanca.

En la justificación de la detención del presidente venezolano, se argumentó el envío de petróleo a países como Cuba, China y Rusia países con los que Estados Unidos tiene fuertes diferencias por la relación comercial y los aranceles que les ha impuesto Trump desde el inicio de su administración, con excepción de Cuba con quién no mantiene ningún tipo de relación.

Nicolás Maduro mantenía una excelente relación militar y tenía el apoyo del presidente ruso Vladimir Putín, y con el de China Xi Jinping y con el gobierno de Irán, con quienes tenía acuerdos comerciales y militares que de alguna forma significaron una amenaza a los intereses de Estados Unidos y su política de “América para los Americanos”, es decir, estos tres países tenían a Venezuela y la dictadura de Maduro como un punto de convergencia compartiendo no sólo ideología, sino también un proyecto a mediano plazo, para hacer crecer a los gobiernos de izquierda en América Latina.

El reportaje del diario Reforma del pasado lunes 5 de enero da a conocer que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la filial Pemex Bienestar, se enviaron a cuba 17,039,365 barriles de petróleo, con un valor en el mercado de 1091 millones de dólares, superando con mucho los envíos de los tres expresidentes anteriores Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO.

Este hecho representa una situación delicada no sólo a nivel interno para México por la inconformidad y el enojo de los ciudadanos ante dicho regalo a la dictadura cubana, que la presidenta justificó como “ayuda humanitaria”, cuando todos sabemos que ese dinero no llega a los cubanos, sino a un gobierno que se ha enriquecido con una clase política que durante más de sesenta años, pues ha sometido a los ciudadanos mediante la dictadura de un partido de estado.

Pensar que el gobierno cubano pagará por el envío de esos barriles de petróleo, es una ficción, ya que sabemos la difícil situación económica de la isla y que es un regalo del gobierno mexicano a la dictadura.

Otro argumento que dio la Presidenta ante los medios para justificar el envío de petróleo a Cuba, fue que como ahora el gobierno de Nicolás Maduro no podría enviarles petróleo por el bloqueo a sus embarcaciones por Estados Unidos, por ello se tuvo que aumentar el volumen de los envíos a la isla; como si fuera una obligación de México apoyar a la dictadura y resolver su problema energético.

La Presidenta olvida que tenemos a más de 40 millones de mexicanos en la pobreza y que las carencias en el país en hospitales, carreteras, escuelas, medicamentos y sobre todo en el hecho de que seguimos manteniendo a una empresa del Estado quebrada como lo es Pemex; sin embargo, para la presidenta es prioritario apoyar a gobiernos extranjeros, antes que atender las carencias de la población del país.

Pero este acto, como muchos otros como el huachicol fiscal y la corrupción que se ha documentado, seguirán en el olvido ya que las cámaras de diputados y senadores controladas por el oficialismo, por ningún motivo permitirán se abra una investigación y se den a conocer los nombres de los responsables de estos delitos.

Por ahora, la moneda está en el aire, y la Presidenta debe decidir si continúa con los envíos de petróleo a Cuba, desafiando los intereses del gobierno de Donald Trump y poniendo en riesgo la revisión del T-MEC afectando a millones de mexicanos o si frena estos apoyos a un régimen, aplicando el principio de no intervención que en el discurso utiliza a conveniencia para su movimiento.

2026, las PYMES en terapia intensiva

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Al cierre del 2025 con la aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos por parte de la Cámara de Diputados y el anuncio de una serie de medidas fiscales que sin duda alguna afectarán en mayor o menor medida a las pequeñas y medianas empresas del país, el panorama se torna desalentador, por los efectos que tendrán las nuevas disposiciones, ante un SAT ávido de recabar impuestos de donde sea y se pueda para que en su momento los recursos sean destinados a los programas sociales de la 4T cuyos beneficiarios aumentan año con año.

Ante las medidas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de apretar hasta donde más se pueda a las pequeñas y medianas empresas; muchas de ellas cerraron sus negocios a finales de año y otras más seguramente lo harán en el primer trimestre de este año, sólo a la espera de liquidar a sus trabajadores y los compromisos contraídos con sus proveedores y clientes.

La crisis que se avecina es de tal magnitud que los dueños de las principales franquicias que operan en México han anunciado un descuento del 15 % en el monto de las utilidades que venían recibiendo de sus franquiciatarios, para evitar que decidan cerrar sus negocios y dar por concluidos sus contratos.

Entre las causas que están obligando a los dueños de las PYMES a cerrar sus negocios, se encuentran: la falta de apoyos gubernamentales, los altos costos en la contratación de personal, el acoso de las autoridades de los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal que les imponen demasiados trámites, así como de autoridades administrativas como el IMSS, INFONAVIT, FONACOT, Secretaría del Trabajo, entre otras, que en todo momento los visitan para buscar alguna irregularidad que les permita aplicarles una multa o incluso llegar a la clausura definitiva de la negociación.

Si a lo anterior agregamos el problema de la inseguridad que prevalece en muchas de las ciudades del país, así como el cobro de piso y amenazas de los grupos de la delincuencia organizada que los tienen amenazados, imponiendo en estados como Michoacán los precios de los productos agrícolas como el limón y el aguacate, así como el control de los proveedores a quienes deben contratar servicios como el de transporte o seguridad para poder seguir trabajando, y con el enorme riesgo de perder su patrimonio o hasta su vida, si deciden denunciar a los grupos de extorsionadores o negarse a pagar las cuotas que les exigen; resulta lógico que prefieran dedicarse a otra cosa o bien unirse a la informalidad para poder subsistir con sus familias.

Aunque oficialmente el gobierno federal anunció con datos del IMSS y de la STPS que entre enero y noviembre de 2025, se crearon en México casi 600 mil empleos formales, alcanzándose un récord histórico de 22.8 millones de personas afiliadas al IMSS, lo que se traduce en un crecimiento anual en promedio del 2.7%.

El grupo Financiero Base en un análisis de dicha información, destaca que, pese al récord en el nivel total de empleo anunciado por el gobierno federal, el ritmo de creación se ha debilitado, y entre enero y noviembre de 2025, el aumento acumulado es menor al mismo período de 2024 y representa la peor creación de empleos para ese lapso desde los años asociados a las peores crisis económicas que ha tenido el país.

Organismos patronales como COPARMEX y la CANACINTRA, han manifestado su preocupación por la pérdida de registros patronales de las PYMES que en gran número son empresas familiares, cuyos costos y la imposibilidad de diversificar sus productos y servicios, los está obligando a buscar otras actividades para sobrevivir.

De las pérdidas de registros patronales entre los años 2024 y al cierre de 2025, la mayoría fueron de PYMES, siendo el 56% empresas que emplean de 2 a 5 personas y el 16% de empresas que tienen registrados de 6 a 50 empleados.

En el caso de las grandes empresas, los cierres empiezan a notarse ya que el IMSS reportó una caída de hasta 13 unidades que dan trabajo a un promedio de entre 501 a 1000 personas.

Coincido con la opinión del Dr. Silvino Vergara Nava, en su colaboración en e-consulta del pasado 27 de diciembre que tituló “2026: ¿El exterminio de las empresas en México” al afirmar: Indudablemente que todas las políticas públicas nacionales actuales, las reformas legales que inician su vigencia a partir de 2026, son para exterminar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas…”

El pasado 19 de diciembre el gobierno federal dio a conocer datos sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad publicados por el INEGI y el Banco Mundial. Según esta información México logró disminuir la pobreza e incorporar a un mayor número de personas a la clase media, con resultados superiores a los del resto de América Latina.

En el lapso de 2018 a 2024 la proporción de personas en situación de pobreza disminuyó de 35 % al 22 % y las de clase media se incrementó del 27 % al 40 %: sin embargo, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial se considera que una persona es de clase media si percibe al menos 17 dólares diarios, que de acuerdo al tipo de cambio actual de $18.00 por dólar equivaldría a $9180.00 al mes y si consideramos que el precio de una canasta básica es de $4700.00 con dicho ingreso una persona podría comprar menos de dos canastas al mes para una familia promedio de cuatro integrantes, lo que significa que no podría afirmarse que con dicho ingreso ya sea de clase media.

Aunque la 4T afirma que la reducción de la pobreza y desigualdad, se deben al aumento a los salarios mínimos, la expansión de los programas sociales y el aumento en los flujos de las remesas de migrantes; la realidad que enfrentamos como país, es que con un nulo crecimiento económico que en 2025 se redujo a un 0.3 % comparado con 2018, que fue de un 2 % y que se espera que para 2026 la tasa de crecimiento llegue a un 1.2 % estamos más cerca de que disminuya la creación de empleos, crezca la informalidad y de que más mexicanos continúen en situación de pobreza.

Estados Unidos contra la izquierda en América Latina

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Los últimos cuarenta y cinco días de este año, la embestida y acciones del gobierno del presidente Donald Trump, en contra de los gobiernos de izquierda de América Latina, se han radicalizado, mediante órdenes ejecutivas declarando a los cárteles del narcotráfico de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Honduras como grupos terroristas, ejerciendo una mayor presión a las autoridades de dichos gobiernos para exigirles, desde la extradición en algunos casos de los jefes de los carteles, su entrega directa, sin que medie ningún procedimiento legal.

Asimismo las amenazas de aplicar aranceles a los productos provenientes de estos países y que se exportan a los Estados Unidos, hasta la amenaza de introducir a elementos de su ejército para exterminar a los grupos de la delincuencia organizada para evitar que sigan enviando cargamentos de drogas a los Estados Unidos.

La dictadura que gobierna Venezuela y su presidente Nicolás Maduro es por ahora uno de los objetivos prioritarios del presidente Donald Trump, que lo acusa de estar coludido y proteger a los líderes de los Cártel de los Soles y del Tren de Aragua que por décadas han introducido todo tipo de drogas y estupefacientes a los Estados Unidos.

La declaratoria de calificar a los cárteles como grupos terroristas, de acuerdo a las leyes norteamericanas, permite al presidente llevar a cabo todo tipo de acciones por mar y por tierra, así como sanciones económicas al gobierno de Maduro, como la destrucción de embarcaciones en el mar territorial de Venezuela y aguas internacionales, bajo el argumento de que se trata de naves de narcotraficantes que transportan drogas y que a la fecha tienen un saldo de más de 180 personas asesinadas en los bombardeos, sin que exista la certeza de que realmente eran narcotraficantes.

Desde hace dos semanas Estados Unidos, inició el embargo de buques petroleros que salieron de Venezuela a otros países y ha instalado un cerco marítimo con embarcaciones militares que tienen como objetivo impedir que el petróleo sea vendido y Maduro reciba recursos económicos para sostener su gobierno.

La declaración de Trump, en el sentido de que las acciones de su gobierno en contra de otros países como Colombia y Ecuador para frenar las operaciones de los productores y narcotraficantes de dichos países, constituye una seria amenaza para estos gobiernos, debido a que de renunciar Maduro o salir de Venezuela para buscar asilo en otro país, sería un duro golpe para el bloque de los países de corte socialista de centro y Sudamérica como Nicaragua y Cuba, con los que el gobierno mexicano tiene una relación muy cercana, que no es bien vista por la administración del presidente Donald Trump.

Las presiones del gobierno de Estados Unidos hacia la presidenta Claudia Sheinbaum para que deje de apoyar a los dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y Miguel Díaz-Canel de Cuba, así como a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cuyo país se encuentra en el cierre de su proceso electoral, aumentan día a día, por lo que le resulta muy difícil sostener su discurso de que México aplica la doctrina de la no intervención, respetando la autodeterminación de los pueblos.

Las acciones de apoyo del gobierno mexicano en el período de AMLO y el actual a las dictaduras de Cuba y de Venezuela, de ninguna forma han pasado desapercibidos para el gobierno norteamericano, que incluso puede llegar al grado de exigir a la presidenta frente los apoyos, so pena, de sancionar a México con nuevos aranceles o con aumentar los actuales de persistir la postura de nuestro país.

La situación puede llegar a comprometer y afectar a México, ante el inicio de las negociaciones para la revisión y/o ratificación del T-MEC para 2026 con sus principales socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá.

Es mucho lo que está en juego y la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de asesores, parecen no darse cuenta de que la administración de Donald Trump, no tiene ninguna similitud con la del expresidente demócrata Joe Biden, que por lo menos no deportó a los más de 145 mil mexicanos que a la fecha ha regresado a nuestro país Trump.

También es muy importante reflexionar que Estados Unidos declaró a más de cinco cárteles mexicanos como grupos terroristas y sólo en la medida en que el gobierno de la 4T comprenda que debe romper los pactos de algunos de sus gobernadores, presidentes municipales y legisladores con los grupos criminales y sean encarcelados y deportados para ser juzgados en cortes norteamericanas, el gobierno de Estados Unidos se convencerá de que no se afectan sus intereses y que las drogas que producen los cárteles no llegue a territorio norteamericano.

En días pasados, Nicolás Maduro hizo un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para unir sus fuerzas armadas para hacer frente a las acciones del gobierno norteamericano que tiene cercado a Venezuela y el presidente Petro a pesar de encabezar un gobierno de izquierda, desestimó el llamado y declaró que ningún presidente de otro país puede mandar sobre el ejército de Colombia, así como el no lo puede mandar al ejército de un país extranjero.

Esperemos que Maduro no tenga la ocurrencia de pedir el apoyo de las fuerzas armadas de México para hacer frente a los soldados de Estados Unidos, porque metería en un serio predicamento a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que no podría brindar ningún apoyo bajo la postura que ha adoptado su gobierno, amenos que me equivoque y aplique el dicho de su mentor AMLO que decía: “Amor, con amor se paga”.

Deseo a todos los lectores unas felices fiestas navideñas.

La relación México-Venezuela en la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A diferencia de los tiempos del periodo neoliberal, en México a partir de 2018 en que rinde protesta como presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en lo que él denominó el inicio de la cuarta transformación de la vida pública del país , las relaciones diplomáticas de México y sobre todo la presencia de nuestro país en el ámbito internacional, no sólo de los países de América Latina sino también de Europa cambiaron en forma radical por la postura que tomó el presidente López Obrador de alejamiento de los gobiernos que calificó como de derecha, conservadores y neoliberales a nivel mundial.

La llegada de un gobierno de corte socialista a México con la cuarta transformación trajo como consecuencia una relación más cercana, pública y abierta con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y también demostrando su afinidad y simpatía con otros gobiernos que en su momento también fueron llegaron al poder representado a la izquierda de América Latina, como los de Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Colombia.

La postura del gobierno de AMLO en relación a otros gobiernos como los de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá fue de respeto y de cordialidad debido a la firma del T-MEC que tienen los tres países y que en 2026 entrará a su proceso de revisión ya sea para ser ratificado y/o modificado, o bien que en un momento determinado, se pueda dar por concluido, debido a diferencias irreconciliables entre los tres países.

Ante dicho panorama, los mexicanos fuimos testigos de que durante los seis años del gobierno de López Obrador y ahora en el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la cercanía de México, con los dictadores de estos países como Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Maduro de Venezuela y del presidente de Cuba, Ángel Díaz-Canel cuyas visitas a las ceremonias y actos protocolarios a invitación del gobierno mexicano, son frecuentes, así como las cortesías y los apoyos económicos y materiales, como en el caso de Cuba en el que México no solamente la ha destinado recursos económicos, sino también reservas energéticas con el petróleo.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum, las cosas no han sido distintas; aunque ahora con la presión del gobierno de los Estados Unidos quien desde mediados del siglo pasado ha estado en contra del gobierno cubano y de las dictaduras de Ortega y Nicolás Maduro, la presidenta se ha visto obligada a tomar cierta distancia y evitar hacer comentarios o llevar a cabo acciones diplomáticas de respaldo a las decisiones y políticas de dichos presidentes.

Sin llegar a un rompimiento, la presidenta Sheinbaum mantiene una relación un poco más discreta, más lejana, manteniendo en la opacidad los montos y apoyos que se otorgaron en el sexenio anterior al gobierno cubano.

En el caso de Venezuela, desde el sexenio anterior y el actual, ni AMLO ni la presidenta Claudia Sheinbaum han cuestionado las acciones y políticas del dictador Nicolás Maduro en detrimento de la democracia de este país sudamericano, que, en las elecciones presidenciales de 2024, se pronunció en las urnas con más del 67 % de votos a favor del candidato opositor a Maduro, Edmundo González cuyo triunfo nunca fue reconocido por el dictador, que se mantiene en el cargo en forma ilegítima sostenido por su partido y el ejército venezolano.

A pesar de la condena mundial, contra la imposición de Maduro en la presidencia de Venezuela y de que incluso algunos presidentes socialistas como Petro de Colombia, Luis Ignacio Lula Da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile se hayan pronunciado porque se respetara el resultado de las elecciones, el gobierno de México se abstuvo de emitir su opinión y sólo argumentó que nuestro país respetaba el derecho a la autodeterminación de los pueblos y que no podía interferir en sus decisiones, dicha postura además de ser incongruente, demuestra el apoyo de la 4T al gobierno de Nicolás Maduro.

Ahora con el otorgamiento del Premio Nobel de La Paz 2025 a la activista de Venezuela María Corina Machado, la presidenta Claudia Sheinbaum desde que se dio a conocer la noticia a nivel mundial, omitió hacer alguna declaración y mucho menos felicitar a la ganadora y cuando se le pidió su opinión, respecto a este premio y al hecho de que se le haya otorgado a la activista más importante en contra del gobierno de Maduro, la presidenta se ha limitado a declarar sin comentarios lo que refleja de alguna manera su respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro.

En momentos en que ha habido ataques de los Estados Unidos hacia la dictadura de Maduro, a organizaciones del narcotráfico como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles con bombardeos a embarcaciones, el embargo de un buque con petróleo y un cierre de su espacio aéreo, con un cerco militar no sólo terrestre sino también por vía marítima y aérea para presionar la salida de Maduro del gobierno de Venezuela; la presidenta ha optado por guardar silencio en relación a las agresiones del gobierno de Estados Unidos sin pronunciarse en contra de dichas acciones, ya que el costo político para nuestro país, sería muy alto, con la aplicación o aumento de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos.

México desde hace muchos años ha sido un país que, si bien es cierto es respetuoso de las decisiones de los países, aplicando el principio de no intervención, también en su momento se ha pronunciado en contra de aquellos países donde los gobiernos han sepultado la democracia y se han apoderado de las instituciones a través de golpes militares o bien han usurpado el poder en contra de la voluntad ciudadana.

Caben las siguientes preguntas: ¿cuáles son los compromisos que tiene la cuarta transformación con el gobierno de Nicolás Maduro para estar a su favor?, ¿porque no se pronuncian porque se respeten los resultados de las elecciones presidenciales de 2024?, ¿hasta qué punto el gobierno mexicano estaría en contra de la salida de Maduro o de alguna acción militar de Estados Unidos que lo obligara a renunciar para permitir que sean los venezolanos quienes decidan quién quieren sea su próximo presidente?

La procuración de justicia secuestrada

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

En los últimos días los mexicanos hemos sido testigos de un proceso mediante el cual se designó a la nueva Fiscal General de la República que recayó en la licenciada Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia.

El proceso en sí estuvo viciado de origen desde la aceptación por el Senado de la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero cuyo período concluía hasta el año 2029, siendo relevado del cargo en un proceso que aún no ha quedado del todo claro ni para los senadores a cuyo cargo está la designación, ni para los ciudadanos que estamos al pendiente del respeto a la Constitución General de la República y al Estado de derecho; sobre todo en nombramientos de esta relevancia para el país.

La falta de claridad respecto a la salida del exfiscal y después la designación de Ernestina Godoy en sí representa la pérdida de la “autonomía” que supuestamente debe tener el Fiscal General de la República en relación con otros poderes para actuar.

Con los antecedentes de esta funcionaria en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y posteriormente en la consejería jurídica, resulta evidente que con este nombramiento, Sheinbaum logró colocar a una incondicional en un puesto vital para su gobierno.

El proceso para la designación tuvo muchos inconvenientes y sobre todo la duda en principio de que si el exfiscal fue removido del cargo por una causa grave o bien si se le pidió la renuncia y se negoció su salida a una embajada de México en Alemania.

La Constitución General de la República establece que el fiscal general solamente puede ser separado del cargo por una causa grave a juicio del Senado; sin embargo, si existió o no dicha causa, hasta la fecha no ha sido aclarado y si el premio que se le otorgó para ir a una embajada nos lleva a pensar que hubo una negociación para obligarlo a dejar el cargo, para así colocar a una fiscal a modo, y sobre todo fiel a la Presidenta de la República.

Después de la elección judicial que se llevó a cabo el 2 de junio de este año en México los cuestionamientos al proceso de llegada de nuevos ministros, magistrados y jueces federales sigue estando en tela de juicio precisamente porque muchos de ellos carecían de experiencia de carrera judicial y hasta este momento no hay una certidumbre jurídica acerca del sentido de sus resoluciones.

Muchas voces se alzaron para pedir, que, junto con la reforma al Poder Judicial, se debería llevar a cabo una reforma a la procuración de justicia y a la función de las fiscalías para lograr realmente abatir la impunidad y se lograra frenar la delincuencia y el aumento de la inseguridad en el país.

Pero, hasta la fecha. Ni el Poder Ejecutivo ni el legislativo han promovido alguna iniciativa respecto a la función de las fiscalías, por lo que actualmente nos encontramos en una encrucijada en la cual los ciudadanos, las empresas y los inversionistas extranjeros viven en la incertidumbre, porque tienen, la duda de que si tanto los impartidores como los procuradores de justicia actuarán salvaguardando los derechos establecidos en la Constitución o simplemente como ha sido costumbre, desde los gobiernos del período neoliberal, se van a sujetar a los mandatos de la Presidenta de la república.

México en sí, ya atravesaba una crisis muy grave en materia de impartición de justicia con un Poder Judicial que requería una reforma a fondo, que no se podía solucionar, sólo con una elección judicial como lo planteó el expresidente López Obrador; sino mediante un proceso de mejora para combatir los viejos vicios como el nepotismo y la corrupción negociando los asuntos y el secuestro que había de los cargos judiciales por un grupo de ministros y de magistrados que estaban al pendiente de colocar a sus familiares y cercanos en los puestos que se iban abriendo.

En su momento nos pronunciamos porque la elección de los jueces se diera bajo otros criterios ponderando la carrera judicial, el profesionalismo y la experiencia en los cargos para garantizar a los ciudadanos una justicia de calidad.

También nos pronunciamos porque debería existir una reforma a fondo de las fiscalías a fin de mejorar la procuración de justicia; sin embargo esta propuesta nunca fue escuchada y ahora con la nueva Fiscal General de la República continuarán los vicios del periodo neoliberal, con fiscales a modo que solamente estarán para responder a los intereses y mandatos a nivel federal de la Presidenta de la República y en los estados de los gobernadores que llevan a cabo estas designaciones a través de los congresos locales.

Si realmente se busca demostrar, como lo ha dicho la Presidenta, que “México es el país más democrático del mundo”, con la elección de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y ahora el Judicial también debería promover iniciativas para que los fiscales puedan ser designados a través de este procedimiento a nivel federal y de los estados.

Lo mismo hemos planteado en el caso de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los presidentes de las comisiones estatales

Así los medios e intelectuales han cuestionado a la Presidenta sobre si tanta concentración de poder en el Ejecutivo nos lleva a un autoritarismo y una dictadura para perpetuarse en el poder y lograr que su partido gobierne al estilo del viejo PRI al país por décadas, exterminando a la oposición y controlando todo el aparato gubernamental y social.

Aunque el discurso oficial nos habla todos los días de un país democrático, de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, la realidad que vivimos los mexicanos es contraria, por la pérdida de derechos y la inseguridad que enfrentan varios estados del país, con una pésima procuración e impartición de justicia.

4T: “desaparecer” a los desaparecidos

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El pasado 24 de junio el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó una solicitud de información al gobierno mexicano con base en el artículo 34 de la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El oficialismo, como ocurre en muchos de los temas que pueden afectar su imagen y popularidad ante los ciudadanos, no le dio la mayor importancia y fueron contados los medios que hicieron alguna mención sobre el contenido de la solicitud.

Dicha solicitud destaca en su contenido la enorme preocupación del comité respecto a la grave situación en que se encuentra nuestro país, por el aumento en los últimos años de los casos de desapariciones forzadas, que en algunos estados del país, se han vuelto generalizadas y sistematizadas con la complicidad de autoridades de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

Cabe destacar que, de acuerdo al preámbulo de la Convención, esta tiene por objeto prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra su impunidad. También garantizar el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada; el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación; su derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida; y su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información con este fin.

“El comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada y sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá, después de pedir al Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea general de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

La gravedad de la situación no es menor y debiera ser un tema en el que el gobierno federal y los poderes del estado en los tres niveles con el apoyo de la sociedad deberían trabajar para realmente reducir las desapariciones y no únicamente negar la realidad con fines políticos, culpando a los gobiernos anteriores, a los partidos de oposición o a la derecha conservadora de la situación, que de persistir podría dañar no sólo la imagen de México a nivel internacional.

Sobre todo, a escasos siete meses de que México siendo uno de los tres países sedes de la Copa del Mundo 2026, reciba el partido inaugural de este evento mundial.

El papel del Comité contra la Desaparición Forzada es completamente neutral y es muy difícil que el oficialismo pueda acusarlo de estar coludido con sus adversarios políticos o de que tenga como objetivo desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien es cierto, ha existido cooperación entre el Comité contra la Desaparición Forzada y las autoridades de México, desde 2007 en que se ratificó la Convención y en 2014 se rindió un informe inicial al comité, posteriormente en los años 2015, hubo observaciones, seguimiento en 2016, informes en 2018, diálogo en 2019, información complementaria en 2022 y 2023 en junio de este año se solicitaron acciones urgentes por el aumento en el número de desapariciones.

Desde 2019, el Comité dado que existían índices de que las desapariciones forzadas se practican en forma generalizada o sistemática solicitó la primera activación del procedimiento, en 2021 hubo cuatro solicitudes y finalmente en marzo y abril de este año señaló que existen indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma sistemática en México.

En marzo de este año, se presentó una carta de apoyo a la activación del procedimiento a nombre de 20,495 personas y colectivos. Por lo que en vigésimo octava sesión el comité tomó la decisión de solicitar al gobierno mexicano toda la información pertinente sobre la situación, dando de plazo antes del 18 de septiembre de este año para ser examinado por el comité en su vigésimo noveno período de sesiones.

A la fecha el oficialismo no ha dado a conocer el contenido del informe, pero conforme a datos que ha recibido el comité y observaciones previas que ha hecho al Estado mexicano, destacan que se le urgió implementar una política pública de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, considerando la responsabilidad de los servidores públicos, erradicar las causas estructurales de la impunidad, que abandone el enfoque de militarización de la seguridad pública, garantizar a todas las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, que implemente debidamente el marco normativo jurisprudencia e institucional en todo el país y que visibilice, informe y sensibilice sobre las desapariciones en México.

El comité señala que el número de desapariciones en México sigue aumentando, pasando de 95,121 en marzo de 2022 a 129,341 en junio de 2025.

Estados como Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz presentan desapariciones en forma sistemática y con patrones específicos que involucran directamente a funcionarios estatales, o que se desarrollarían con su autorización, apoyo o aquiescencia.

Aunque el discurso oficial es negar o diluir la responsabilidad del Estado, bajo el argumento de que las desapariciones son perpetradas por particulares, vinculados a la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico, el comité señala que ha recibido muchas alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del Estado.

El comité ha planteado que de aplicar el artículo 34 de la Convención, al considerar que hay indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas han sido cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque, aplicando la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales o híbridos, que describen detalladamente las condiciones que deben cumplirse para calificar la existencia de crímenes de lesa humanidad.

La guerra de las marchas

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Después del brutal asesinato del alcalde de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado primero de noviembre en el corazón del municipio que gobernaba, en presencia de su familia, colaboradores y de la población que acudió al evento tradicional de día de muertos y que desató una ola de indignación, no sólo de los pobladores de Uruapan, sino de todo el país.

Desde meses antes había pedido el apoyo del gobierno federal para que le enviaran elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para frenar la ola de violencia y terror sembrado por los cárteles que controlan grandes zonas de Michoacán extorsionando a productores del limón y aguacate, la actitud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es digna de un análisis a fondo.

En primer lugar, porque aún y cuando el alcalde había denunciado que estaba amenazado de muerte por los cárteles desde tiempo atrás, de nada sirvió el hecho de que se le hubieran asignado cuarenta elementos de la Guardia Nacional para cuidar su seguridad, más los policías municipales y siete escoltas que también lo protegían, ya que bastó la habilidad de un menor de 17 años para perpetrar el crimen en una plaza pública, sin que los escoltas pudieran evitarlo; la Presidenta nunca dio importancia a las demandas de Manzo de apoyarlo para combatir a las bandas criminales.

En segundo lugar, ante las protestas y reclamos de quienes forman parte del denominado Movimiento del sombrero al que se sumaron los pobladores de Uruapan y de todo el estado de Michoacán para exigir el esclarecimiento del homicidio y la captura de todos los que planearon el asesinato, la respuesta del oficialismo no fue la adecuada, toda vez que la presidenta aunque lamentó el crimen y se ofreció a dar indicaciones para acelerar las investigaciones, no supo como calmar los ánimos y las marchas contra los gobiernos estatal y federal tanto en Morelia como en otros municipios, no se hicieron esperar, originando el enojo de Sheinbaum que culpó a la derecha y los partidos de oposición de sacar ventaja de la tragedia para atacar a su gobierno, acusándolos de carroñeros por aprovecharse de la situación y la indignación de los pobladores.

Ante la presión y reclamos, la Presidenta aceptó que Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, fuera designada por unanimidad por todos los diputados del Congreso como presidenta sustituta del alcalde, tomando protesta del cargo el cinco de noviembre, a pesar de que el gobierno del estado está a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla a quien Manzo acusó en varias declaraciones de estar coludido con los cárteles del narcotráfico.

En tercer lugar, aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde el primer momento se ha hecho cargo junto con la Fiscalía del Estado, de las investigaciones en torno al homicidio, la sombra de la desconfianza contra el gobierno de Ramírez Bedolla perdura y los pobladores consideran que como en otros homicidios como el del líder de los productores de limón de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el 20 de octubre, sin que a la fecha se hayan capturado a los responsables.

El asesinato de los dos cómplices del ejecutor de Carlos Manzo cuyos cuerpos fueron encontrados seis días después, levantó más indignación de los pobladores de Uruapan, al considerar que ello haría más difícil para las autoridades dar con el autor intelectual del asesinato.

Aunque, este jueves se dio a conocer la detención de Jorge Armando “N” alias “El licenciado” como el autor intelectual del asesinato, no se ha esclarecido si hay otros delincuentes atrás que ordenaron el asesinato del alcalde.

Bajo este escenario, los jóvenes autodenominados como Generación Z desde principios de octubre habían convocado a una marcha en la Ciudad de México y más de veinte de las ciudades más importantes del país, para el sábado 15 de noviembre para protestar en contra del gobierno por la ola de violencia, inseguridad y asesinatos que todos los días se cometen en nuestro país, marcha que iniciaría a las 11 a de la mañana y que se juntó con la convocada por los integrantes del Movimiento del sombrero que también convocaron a una marcha para protestar por el asesinato de Carlos Manzo y la ola de violencia que se vive en Michoacán.

Desde días previos a las manifestaciones convocadas, la Presidenta desde su conferencia mañanera inició una campaña para descalificar la marcha de la Generación Z, acusando que detrás de ella estaban la derecha y los grupos conservadores, sin conceder a los jóvenes su derecho a expresar su pensamiento y a manifestarse como lo establece el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución General de la República.

La marcha de los jóvenes de la Generación Z encontró un dispositivo en la entrada del Zócalo capitalino con un solo acceso y un ejercito de granaderos resguardando Palacio Nacional, y un grupo de más de 200 encapuchados conocidos como el bloque negro que iniciaron las agresiones contra la policía capitalina, derribando una parte de la valla de contención en torno a Palacio Nacional, motivando una respuesta de los uniformados contra quien se les pusiera enfrente, incluso persiguiendo a los que salieron del Zócalo en las calles aledañas.

El lunes 17 de noviembre la Presidenta en su conferencia mañanera descalificó las marchas, acusando a los jóvenes de violentos y de que en la misma habían participado gente de la tercera edad y ciudadanos que no tenían nada que ver con los jóvenes, con líderes como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza y hasta la misma abuela de Carlos Manzo.

Las escenas de las agresiones de la policía a los jóvenes y asistentes al Zócalo dieron la vuelta al mundo y a siete meses de que inicie el Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las alertas se han encendido ya que hasta el mismo presidente Donald Trump declaró que no les gusta nada lo que está ocurriendo en México y además no descartando alguna intervención militar en suelo mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

El movimiento de la Generación Z convocó a una segunda marcha el 20 de noviembre en que se llevó a cabo el desfile militar del Ejército en el Zócalo y por su parte la Presidenta anunció como respuesta una marcha con el movimiento de la 4T para el 6 de diciembre para celebrar los siete años en que han gobernado el país para demostrar que su gobierno es invencible y que el pueblo está de su lado.

Así me pregunto: ¿realmente quién gana con esta guerra de marchas? Cuando el país se debate en una crisis de violencia, corrupción, narcotráfico, inseguridad, desapariciones, educación, salud que es urgente sean atendidas por el actual gobierno.

Los ciudadanos estamos hartos de vivir en medio de la polarización y de la confrontación política, si todos somos mexicanos, el gobierno debe promover la unidad y paz pública.