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Los damnificados por la reforma judicial

El pasado 12 de noviembre más 280 extrabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre jueces y magistrados que fueron cesados de sus cargos y otros obligados a renunciar, con motivo del proceso electoral del pasado 2 de junio donde se renovó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de administración judicial y el 50 %de los jueces de distrito y magistrados de circuito federales; se manifestaron a las afueras de las instalaciones del órgano de administración, para reclamar el pago de sus liquidaciones y prestaciones laborales que de acuerdo al artículo quinto transitorio de la reforma el gobierno federal se obligó a cubrirles.

Sin embargo, la respuesta que tuvieron fue el ser reprimidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, violando su derecho a la libre manifestación que llevaban a cabo de una manera pacífica.

Aún y cuando se les ha informado que a partir del 10 de diciembre de este año, se iniciará el proceso del pago de indemnizaciones a los funcionarios judiciales cesados, la inconformidad subsiste ya que se pretende liquidarlos con su salario neto, sin tomar en cuenta las prestaciones y beneficios que por ley tenían asignados y que forman parte de su salario integrado, sobre el cual debe hacerse el pago de las indemnizaciones.

Es de llamar la atención, que cuando se trata de reprimir a manifestantes los elementos de seguridad sobran y el dispositivo que se implementa para ello está perfectamente estructurado, para desalojar en el menor tiempo posible y con el uso excesivo de la fuerza a quienes pretenden les sea respetado su derecho a la libre manifestación; pero cuando los grupos de la delincuencia llevan a cabo sus actividades, normalmente mucho tiempo después los elementos de seguridad se hacen presentes, cuando los delincuentes ya se dieron a la fuga, sin que después se tenga información de ellos.

En este caso, es evidente que los exjueces de distrito y magistrados de circuito, no son ignorantes del derecho y de lo que conforme a la ley deben recibir como indemnización y liquidación por los años que prestaron sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, ya que hoy a más de 45 días en que fueron cesados no perciben ingreso y están impedidos a desarrollar actividades profesionales como el litigio en la demarcación territorial donde prestaron sus servicios por lo menos durante dos años, siendo comprensible su reclamo para recibir su liquidación.

Desafortunadamente, con los recortes al Poder Judicial y la austeridad republicana que pregona el oficialismo, de no recibir su pago los jueces y magistrados en este año, para 2026 será todavía más difícil que les sea cubierto y aunque decidieran demandar al Poder Judicial de la Federación y ganaran sus juicios, no hay forma en que puedan hacer valer las sentencias, con un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo con jueces y magistrados al servicio del gobierno.

Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (JUFED) ha reiterado su apoyo a la lucha de quienes por años sirvieron al Poder Judicial de la Federación en la administración de justicia y que hoy reciben un trato como delincuentes desalojados con el uso de la fuerza pública.

Si el oficialismo ya logró lo que quería desde el gobierno de AMLO, que era apoderarse del control del Poder Judicial y desmantelarlo echando a quienes consideraba sus enemigos por no subordinarse a sus órdenes, al menos debe cubrir las indemnizaciones, respetando los derechos laborales.

La actitud de soberbia y autoritarismo del órgano de administración judicial debe servir de muestra para los jueces y magistrados que deberán dejar sus cargos en 2027, ya que seguramente con la misma vara serán medidos por lo que deberían solidarizarse con sus excompañeros que hoy sólo reclaman una indemnización justa y que no es una dádiva del oficialismo, ya que la misma Constitución General de la República les reconoce el derecho a recibirla.

Veremos si en los próximos días, hay un cambio en la actitud del órgano de administración de justicia y cumplen con el pago a los jueces y magistrados separados, antes de que concluya este año, lo que se ve difícil, ya que en los primeros 45 días de gestión de los nuevos ministros y de quienes integran el órgano de administración, las carencias en insumos y materiales para el desarrollo de las actividades de los juzgados y tribunales ya empiezan a resentirse repercutiendo en el trabajo y acceso a la justicia de los ciudadanos.

Hasta el día de hoy, no se percibe ningún cambio favorable en el desempeño de las funciones del Poder Judicial de la Federación, sino por el contrario, con el recorte de $15,805 millones de pesos a su presupuesto para 2026, de los $85,960 millones de pesos solicitados, se prevé que las carencias y recortes de personal sigan para estirar un presupuesto insuficiente para sacar adelante la enorme carga de trabajo que tiene dicho poder, lo que incluso ha motivado las primeras renuncias de jueces y magistrados que ganaron la elección y que no están dispuestos a someterse a cargas de trabajo excesivas sin un salario digno y prestaciones, además con el riesgo de ser cesados y no recibir al menos una liquidación en términos de ley.

México, ¿un socio no confiable para el T-MEC?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Nunca en la historia de los procesos de firma y revisión del antes denominado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y actualmente con el nombre de T-MEC, se habían reunido tantos factores adversos para nuestro país, que llega a la mesa de negociaciones con serios cuestionamientos y críticas de la administración del presidente Donald Trump y las empresas e inversionistas de Estados Unidos.

Empresarios han mostrado su preocupación por la grave crisis de inseguridad que vive el país y sobre todo por las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente López Obrador y las de la presidenta Claudia Sheinbaum en la actual administración.

Antes de la aprobación de dichas reformas, los analistas y expertos en el Tratado, advirtieron los riesgos e inconformidades que vendrían de parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y sus inversionistas, por las afectaciones a sus intereses y flujos comerciales que se verían seriamente afectados; sin embargo todo ello, nunca ha sido un obstáculo para los gobiernos de la cuarta transformación y del Congreso de la Unión para aprobar los cambios, de acuerdo a las órdenes de Palacio Nacional.

Al respecto, los CEOS de las empresas más fuertes de Estados Unidos como Apple, GM, JPMorgan, Fedex y Walmart entre otras, han manifestado su preocupación al denunciar que México vive un colapso del Estado de derecho, por la elección de los ministros, magistrados y jueces por voto popular, por el empoderamiento y terrorismo fiscal lleva a cabo el SAT, expropiaciones disfrazadas y proteccionismo a las empresas del estado como CFE, PEMEX y Mexicana de Aviación. Acusan que la justicia mexicana se convirtió en un instrumento político.

La falta de independencia judicial, la arbitrariedad fiscal y la destrucción de los organismos autónomos (reguladores) estarían hundiendo la confianza global en México. Han solicitado a Estados Unidos, restaurar los arbitrajes internacionales del T-MEC para proteger sus inversiones, ante la falta de confianza en los tribunales mexicanos.

Si la economía mexicana pierde credibilidad jurídica, no habrá inversión, ni empleo, ni futuro. Afirmaron: “Sin justicia independiente, no hay nación viable”.

Es digno de un análisis a la luz de la situación del país, ante el proceso de renegociación o revisión del T-MEC el documento emitido por la U.S. Chamber of Commerce del 28 de octubre de este año, donde confirma en su texto las advertencias que hicieron los expertos y negociadores del tratado, cuando se discutieron y aprobaron las reformas constitucionales de AMLO y Sheinbaum.

Entre los puntos más relevantes del documento destacan los siguientes:

Que el gobierno de México viola el Tratado al minar la independencia judicial.
Al desmantelar y desaparecer a los organismos reguladores.
Hostigar físicamente a las empresas instaladas en México.
Distorsionar el sector energético y bloquear la competencia.
Cuestiona que la reforma judicial, amenaza el estado de derecho al “socavar la autonomía judicial y regulatoria” y violar el trato justo y equitativo del Tratado.
Que el SAT impone recargos retroactivos, que la ANAM cambia reglas aduaneras sin aviso.
Que PEMEX y CFE operan bajo privilegios ilegales.
Que COFEPRIS ignora patentes, retrasa registros y frena innovación.

La Cámara de Comercio exige al gobierno estadounidense “garantizar el cumplimiento total de México” y activar paneles de disputa y medidas correctivas si persisten las violaciones.

Bajo este escenario, los márgenes de negociación de México en la mesa del T-MEC se ven seriamente acotados, ya que aun y cuando el secretario de Economía Marcelo Ebrard ha declarado que las pláticas y acuerdos van por buen camino y que existe la disposición de las autoridades de Estados Unidos para llegar a una buena negociación, resulta evidente que la presión y las denuncias de las empresas e inversionistas de Estados Unidos que tienen intereses en México, se harán cada vez más fuertes, exigiendo al presidente Donald Trump que intervenga ante la presidenta Claudia Sheinbaum para dar garantías a las inversiones y un trato equitativo a las empresas de Estados Unidos y Canadá.

Aunque la Presidenta ha declarado que el T-MEC beneficia a ambos países, y no sólo a México, el gobierno norteamericano, protegerá los intereses de sus empresas y de no cambiar las causas de inconformidad planteadas por los inversionistas, Trump podría dar por cancelado el tratado y manejar sólo acuerdos comerciales en algunas áreas estratégicas para Estados Unidos, colocando a México en una grave situación debido a que el 80 % de las exportaciones de las empresas mexicanas van a los Estados Unidos.

Conociendo la forma de actuar de quienes dirigen la 4T y de los partidos que conforman la mayoría en ambas cámaras de diputados y senadores, difícilmente darán marcha atrás a las reformas constitucionales vigentes y de las que se duelen las empresas e inversionistas de Estados Unidos y Canadá, quienes no se quedarán de brazos cruzados y podrían llevarse sus capitales del país, al no existir la confianza y credibilidad de las instituciones del Estado mexicano, a las que se suma la corrupción, la inseguridad y violencia que no ha podido frenar el Estado.

¡Que Dios y Donald Trump, nos agarren confesados!

La defensa de AMLO en el segundo piso de la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A diferencia del proceso de transición del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, al de Andrés Manuel López Obrador, en los qué tres días después de conocerse los resultados del proceso electoral, Peña Nieto, prácticamente le entregó el mando del país y la toma de decisiones; sin embargo, en el proceso en que López Obrador entregó el poder a la presidenta Claudia Sheinbaum, las cosas fueron distintas.

En primer lugar, porque desde su primer discurso como candidata ganadora la noche del dos de junio de 2024, la presidenta se ha dedicado, no sólo a agradecer a AMLO el haberle heredado la silla presidencial, sino también, a ensalzar su figura como un héroe nacional y como el forjador con Morena del movimiento de la cuarta transformación de la vida pública del país del período 2018-2024.

La presidenta ha venido destacando los logros de su gobierno y protegiendo su imagen, ante los ataques y descalificaciones de su gobierno provenientes no sólo de la oposición y los medios no afines al oficialismo, sino incluso de mandatarios de otros países con los cuales AMLO tuvo serias diferencias y desencuentros, como los casos del gobierno español, Perú, Ecuador y en un momento dado hasta con la Unión Europea.

Es evidente para los mexicanos, que la transición del gobierno de AMLO al de Claudia Sheinbaum, ha pasado por momentos confusos, donde tal pareciera que el expresidente sigue dando línea dirigiendo las acciones de la presidenta, a quien le encomendó concluir las reformas constitucionales y políticas que no pudo concretar al fin de su gestión.

Reformas como la del Poder Judicial, de la Ley de Amparo y la de reforma electoral que seguramente no tardará en ser analizada por las cámaras de diputados y senadores, para su implementación en las elecciones de 2027, han sido impulsadas por la presidenta siguiendo el guion del expresidente, que prometió retirarse de la vida pública para irse a vivir a su rancho a Palenque y dedicarse a escribir libros.

La administración de Sheinbaum se encuentra acotada por los funcionarios que AMLO dejó sembrados en su gabinete, en los liderazgos de ambas cámaras con incondicionales como Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, así como también en el control de la dirigencia nacional de Morena con Luisa María Alcalde y su hijo Andrés Manuel López Beltrán que hasta hace unos meses era considerado como el virtual sucesor de Claudia Sheinbaum para el 2030.

Ante dicha situación, el margen de maniobra de la presidenta para gobernar el país, pasa en forma obligada al filtro que forman dichos personajes fieles a AMLO, a quién le siguen debiendo lealtad y están comprometidos con él, por haberlos colocado en forma transexenal en los cargos que ocupan.

Aunque varios analistas y medios de comunicación, llegaron a considerar que el rompimiento entre la presidenta y AMLO, se daría de un momento a otro, bajo las presiones del gobierno de Donald Trump y la crisis de inseguridad que vive el país, por los cárteles del narcotráfico y la guerra entre los Chapitos y la Mayiza en Sinaloa, y los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos funcionarios de los tres niveles de gobierno emanados de Morena coludidos con los cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, hasta este momento la presidenta ha mantenido intacta la relación con el expresidente, y en sus conferencias mañaneras ha dedicado buena parte de su discurso a defender los logros del gobierno obradorista, con los mismos argumentos del sexenio pasado, es decir, culpando a los conservadores y a los empresarios y adversarios políticos del PRIAN de ser los autores de los ataques y cuestionamientos de su mentor.

Si revisamos los discursos de AMLO de sus conferencias, su villano favorito fue el expresidente Felipe Calderón, por haberle robado el triunfo electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno calderonista y actualmente sentenciado en los Estados Unidos por tener nexos y brindar protección a los cárteles del narcotráfico.

Para el gobierno de Sheinbaum, el discurso de culpar a los gobiernos del período neoliberal de todos los problemas y males que aquejan al país, se ha desgastado a tal nivel, que ya no es tan efectivo como lo fue para AMLO, porque la herencia que recibió y los escándalos de su antecesor, todos los días salen a la luz y cada día le es más difícil defenderlo ante la magnitud de los escándalos de corrupción y enriquecimiento de los funcionarios morenistas que pregonaban la austeridad republicana y hoy viven en el lujo y la opulencia haciendo gala de sus propiedades, viajes y excentricidades, que no pueden justificar con los ingresos que reciben por su trabajo.

La andanada de escándalos, actos de corrupción, aumento de la deuda externa, así como las irregularidades detectadas en el gobierno de AMLO, rebasan el discurso de la presidenta, ya que la mayoría de los ciudadanos empiezan a desconfiar del movimiento, por la traición a los principios de no mentir, no robar y no traicionar que se diluyen y contradicen cada vez que surge una nueva denuncia o escándalo.

Si bien es cierto, que a la presidenta no está de acuerdo en romper con el expresidente AMLO, las circunstancias y escándalos están afectando a su administración y en la víspera de la revisión o eventual renegociación del T-MEC con los Estados Unidos y Canadá, así como de la amenaza del Departamento de Guerra del vecino del norte de combatir a los cárteles identificados como grupos terroristas hasta exterminarlos.

De no tomar medidas y dar un giro a su gobierno deslindándose de los escándalos y denuncias de corrupción que se atribuyen al gobierno anterior, las consecuencias pueden ser letales para el país que puede entrar en una crisis económica, donde los programas sociales y los grupos más vulnerables, así como la clase media, pagarán las consecuencias a corto plazo.

El huachicol fiscal y el financiamiento electoral

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, y el secretario de Marina Raymundo Pérez Morales, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República en conferencia de prensa el pasado 7 de septiembre destaparon el escándalo de corrupción más cuantioso de México, con el denominado huachicol fiscal.

Cabe destacar la declaración del secretario García Harfuch reconociendo la labor del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, para tratar de deslindarlo de los delitos cometidos por los sobrinos del almirante Manuel Roberto Farias Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusados por la Fiscalía General de la República de formar parte de una red de lavado de dinero procedente de la venta ilegal de combustible importado.

Aunque en la rueda de prensa mencionada Omar García Harfuch mencionó que las investigaciones realizadas en forma conjunta por la fiscalía, la Marina, el Ejército y elementos de su secretaría dio los primeros resultados en el 19 de marzo del año en curso, en un operativo logrando la incautación de un buque con combustible en el Puerto de Tampico y en tres inspecciones más aseguraron diez millones de litros de diesel siendo la mayor incautación de combustible ilegal en la historia de México y de que las investigaciones de la red continuaron durante los meses siguientes, las detenciones y la información no se había dado a conocer del todo.

Es de llamar la atención, que fue precisamente cinco días después de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se entrevistó con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 2 de septiembre, es cuando se dan a conocer públicamente los resultados del avance de las investigaciones y los nombres de los funcionarios implicados, así como de las empresas que participaron en la red para la venta ilegal de hidrocarburos evadiendo el pago de los impuestos respectivos y causando un daño patrimonial al Estado mexicano, que de acuerdo a una declaración de la Procuradora Fiscal podría superar los 600 mil millones de pesos.

En la red de funcionarios, personas y empresas que por años se dedicaron a este negocio, también se involucra a ciudadanos de Estados Unidos, pero también la activa participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien se dedicó a sobornar a funcionarios y contó con la complicidad de los gobiernos de estados como Tamaulipas y Baja California, así como del personal de las aduanas para realizar sus operaciones.

Los nombres de gobernadores, legisladores del partido oficial, líderes y de los hijos del expresidente López Obrador, Andy y Gonzalo, han sido mencionados en varias de las carpetas de investigación, pero sobre todo los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, aparecen como los principales operadores de este entramado delictivo.

Se espera que el trabajo del Gabinete de Seguridad, junto con el SAT y la UIF logren en los próximos días, detener y someter a juicio a todos los implicados en el huachicol fiscal, pero sobre todo se recupere el dinero y propiedades producto de las ganancias obtenidas por los responsables, quienes seguramente ya lo enviaron a otros países, para evitar su embargo.

Uno de los aspectos, que también deben considerarse en las investigaciones, es el destino de gran parte de las ganancias obtenidas por quienes participaron en el huachicol fiscal, ya que en las primeras declaraciones de algunos de los detenidos, se ha mencionado que gran parte de dichos recursos, se destinaron a financiar campañas políticas de gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales desde 2018 y en las elecciones de 2021 y 2024, sin que ni las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales en los estados, ni la Unidad de Fiscalización del INE, se hayan dado por enterados del financiamiento ilegal de candidatos, que hoy gracias al apoyo que recibieron del CJNG ganaron las elecciones y hoy ocupan los cargos por los que contendieron, dejando a los ciudadanos a merced de la delincuencia.

En otros países, cuando se comprueba que un gobernante o legislador ganó el cargo con recursos y apoyo de los cárteles o de la delincuencia organizada, de manera inmediata, es separado de su cargo, sujeto a una investigación por la justicia del fuero común y de comprobarse su culpabilidad es sentenciado a una pena privativa de su libertad.

Pero en el caso de México, eso no lo veremos; primero porque las investigaciones pueden tardar varios años y aunque se tengan elementos de prueba, la detención de alguno de los acusados, dependerá si es militante del partido oficial primero; segundo si es conveniente protegerlo con un manto de impunidad, como ocurrió con el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación y a quien la Cámara de Diputados decidió no quitarle el fuero, para que no tuviera que ser sometido a una investigación criminal por la Fiscalía del estado de Morelos.

Otro caso emblemático de cómo funciona el criterio de protección e impunidad para el oficialismo, es del senador Adán Augusto López, quién a pesar de las declaraciones de testigos y señalamientos en su contra que obran en las carpetas de investigación sobre el cartel de La Barredora en Tabasco fundado durante su gobierno y lidereado por su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien ya se encuentra detenido y sujeto a proceso, hasta el momento el Senador, se ha negado a pedir licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones y deslindar su responsabilidad, por lo que continúa al frente de la bancada morenista en la cámara alta, sin ninguna preocupación, pensando que podrá seguir en su posición hasta 2030, con el apoyo del aparato de Estado pero sobre todo de su “hermano” el expresidente AMLO.

La tortuosa relación iniciativa privada y la 4T

Dr. German Molina Carrillo, notas educativas / Por editor

Uno de los grupos con los que más se confrontó el expresidente AMLO, desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en las tres campañas en las que participó para llegar a la Presidencia de la República, en el año 2006, 2012 y 2018 fue el de los empresarios.

Los dueños de las grandes empresas trasnacionales, a quienes acusó, no sólo de saquear al país en el período neoliberal por medio de las compras de empresas del estado, concesiones y permisos para explotación de bienes nacionales, sino también por haberse consolidado como un grupo de poder que apoyó incondicionalmente a los presidentes emanados del PRI y el PAN.

Para López Obrador, como líder de la oposición, inicialmente en el PRD y después con Morena, los grandes empresarios y representantes de la iniciativa privada, los consideró como sus enemigos y aprovechaba cualquier acto proselitista para acusarlos de ser junto con los neoliberales, los culpables de los grandes males del país, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la explotación de los trabajadores que laboraban en sus empresas con bajos salarios, mientras los empresarios amasaban grandes fortunas gozando de privilegios como condonaciones en los pagos de sus impuestos o ayudas para pagar a plazos o ejecutando proyectos, al amparo del poder con presidentes municipales, gobernadores y funcionarios de primer nivel en la Federación.

Los empresarios junto con los gobiernos neoliberales PAN y PRI en turno, representaban lo que el expresidente denominó como la mafia del poder por el apoyo que recibieron de los funcionarios de los tres niveles, en licitaciones para que se les asignaran grandes obras o proyectos y participando de las utilidades a los familiares o prestanombres de los presidentes municipales, gobernadores y secretarios de estado.

En el periodo neoliberal, los empresarios se vieron obligados por las circunstancias a acercarse a los partidos y gobiernos en turno, para lograr, primero la creación, crecimiento y por último consolidación de sus negocios, teniendo que pagar en muchos de los casos los famosos moches para realizar una obra o proyecto en los gobiernos, ya que quienes no pagaban, estaban condenados a nunca ganar una licitación y por ende a ejecutar algún proyecto u obra.

Derivado de lo anterior, fueron muy pocos los empresarios y grupos que, en las dos primeras campañas presidenciales de AMLO, le dieron su apoyo abierto e incondicional, por los riesgos que corrían en caso de que perdiera la elección López Obrador, de ser perseguidos por el gobierno en turno, por apoyar al candidato derrotado.

Fue hasta la tercera campaña en 2018 que algunos empresarios y gobernadores de otros partidos como el PVEM y se considera algunos del propio PRI, decidieron apoyar las aspiraciones de AMLO y en secreto le entregaron recursos económicos para su promoción y estructura partidista, sin que el INE tuviera conocimiento o fiscalizara el origen de dichos recursos.

Ya en la presidencia AMLO abandonó el discurso de la república amorosa, que millones de ciudadanos le compraron y se dedicó en el 90 por ciento de sus conferencias mañaneras, a culpar al PRI y el PAN de todos los problemas del país y por ende a los grupos empresariales y de la iniciativa privada que los sostuvieron y se enriquecieron al amparo de dichos gobiernos, por ende tanto dichos sobre los partidos como los empresarios fueron blanco de sus ataques y discurso de polarización para convencer a los mexicanos de que eran sus adversarios y el pueblo bueno y sabio, nunca más debería pensar en que regresen al poder.

Pero, desde el inicio del gobierno de la 4T, hubo empresarios como Carlos Slim y el mismo Ricardo Salinas Pliego, que todo apunta a que supieron jugar con el candidato ganador y fueron convocados por el presidente para participar en el diseño de políticas de gobierno en materia económica para impulsar el crecimiento del país.

De la buena relación de AMLO con Slim y Salinas Pliego, el único que la pudo conservar y beneficiarse de la misma fue el primero, ya que el dueño de Grupo Salinas terminó por tener diferencias con el presidente, con motivo de sus litigios fiscales y por decisiones del nuevo gobierno que afectaron a sus empresas, como el hecho de que no le fuera dado el manejo de los recursos de los programas del Bienestar que se habían considerado otorgar a las sucursales de Banco Azteca.

Existen además otros empresarios y grupos de la iniciativa privada, cercanos a los gobiernos de la 4T que han sido beneficiados económicamente en proyectos federales, estatales y municipales; aunque un grupo importante fue desplazado en la ejecución de las obras que AMLO asignó su ejecución al Ejército mexicano, como el AIFA y el Tren Maya.

Actualmente, investigaciones periodísticas han dado a conocer los grandes negocios y ganancias obtenidas por empresas en las que participan como socios, militantes de Morena y funcionarios de gobierno a través de familiares o socios incluso ligados a los cárteles del narcotráfico con operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Así la relación entre el gobierno y los empresarios que dejó el expresidente, sigue la misma línea en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, un día los recibe en Palacio Nacional y les promete resolver sus problemas y apoyar su crecimiento y al otro día, los somete a nuevas reglas del SAT e impulsa reformas que ponen en riesgo sus inversiones y subsistencia, con nuevas cargas fiscales y laborales, lo que ha tenido como consecuencia que muchos de ellos, estén sacando sus capitales del país, por la falta de seguridad y la reforma al Poder Judicial que ha creado incertidumbre y desconfianza en los mercados.

Podemos afirmar que para la 4T la iniciativa privada y grupos empresariales nunca han dejado de ser considerados como adversarios del régimen calificándolos como conservadores, fifís, neoliberales, corruptos, enemigos del pueblo, sin importar las fuentes de trabajo que generan, los impuestos que pagan, su contribución al PIB, y al crecimiento de la economía del país.

Para ellos quizás sólo sirven para donar despensas a los afectados en las catástrofes originadas por los fenómenos naturales, lo que tampoco se les reconoce, al ser entregadas con el sello y colores de Morena, lucrando políticamente hasta en la desgracia de los damnificados que requieren estos apoyos.

Renacen los vicios del pasado

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Uno de los puntos centrales de las tres campañas del expresidente López Obrador en las en las que participó en 2006, 2012 y 2018 fue la crítica hacía los gobiernos del PRI y el PAN del período neoliberal por la impunidad, escándalos de corrupción, nepotismo, enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos, peculado, colusión con los grupos de la delincuencia organizada y del narcotráfico, entreguismo a las políticas de los organismos internacionales como el Banco Mundial, aumento de la pobreza extrema, venta de las empresas de la nación, entre otras acciones, a las que se propuso combatir de ganar la Presidencia de la República.

Así en sus primeros discursos en 2018 ya como presidente electo, la frase más repetida en sus conferencias mañaneras y en los discursos que pronunció a lo largo y ancho del país, inaugurando obras o de visita en los pueblos, municipios y estados, fue: “nosotros no somos iguales que los prianistas” y “vamos a terminar con los vicios del pasado” haciendo compromisos con los ciudadanos como el de la austeridad republicana y barrer con la corrupción en el país de arriba para abajo”

Los mexicanos que le dimos el voto en las elecciones de julio de 2018 creímos en su discurso y promesas de campaña, porque existía un hartazgo de la ciudadanía, ante los escándalos de corrupción y enriquecimiento de quienes AMLO señaló de ser la mafia en el poder.

La situación en que López Obrador dejó al país a la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha vuelto cada vez más complicada a un año de haber asumido el cargo, ya que todos los días continúa creciendo el número de desapariciones, homicidios dolosos, extorsión, secuestros, robos, la guerra entre los cárteles en estados como Sinaloa y Tabasco por el control de sus territorios.

Si a los anterior se suma la presión del gobierno de los Estados Unidos, declarando a los cárteles mexicanos como el de Sinaloa, del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana como grupos terroristas y que se les dará el mismo trato como enemigos del gobierno del norte, que esta semana declaró que su ejército se encuentra en guerra para combatir a los cárteles.

La situación se vuelve aún más difícil, ya que ellos mismos se han autorizado para intervenir y ejecutar acciones en contra de dichos grupos, sin necesidad de pedir autorización a los gobiernos de los países donde los ubiquen.

Aunque la presidenta en mayo de este año hizo un llamado a través de un documento de diez puntos a los militantes de Morena para que se apegaran a los principios del partido, como el de la austeridad y evitar los viajes en primera clase, usar ropa de diseñador y joyas ostentosas, el uso de camionetas de lujo con escoltas, usar aeronaves particulares, hoteles de lujo y vivir en la justa medianía y con humildad.

Los escándalos de personajes como el diputado Sergio Guzmán y su esposa la diputada “dato protegido”, del hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, secretario General de Morena; del senador Gerardo Fernández Noroña, del secretario de Educación Mario Delgado, del diputado Ricardo Monreal y del senador Adán Augusto López, quienes han hecho todo lo contrario de lo que la presidenta les pidió con viajes a todo lujo, hospedaje en hoteles de los más caros, uso de camionetas blindadas con escoltas, viajes en primera clase, propiedades cuyo valor excede el monto de sus ingresos, cuentas bancarias con recursos cuyo origen no está aclarado, han llevado las cosas a un punto insostenible para ser defendidos por la presidenta, que en sus últimas conferencias al ser cuestionada sobre dichas conductas, se ha limitado a declarar que cada quién haga las aclaraciones correspondientes.

El dicho del expresidente AMLO, de que “no podía haber gobierno rico, con pueblo pobre” ha quedado rebasado, debido a que ante lo indefendible, los militantes y legisladores de Morena como Gerardo Fernández Noroña, olvidando la austeridad republicana, han declarado a los medios, que es su derecho gastar su dinero en lo que mejor les parezca y que por ello ya no dará explicaciones de los gastos que haga y de sus viajes.

Aunque el oficialismo, ha echado la culpa a los medios de que la información de los escándalos de los funcionarios y legisladores se publique y de que existe una campaña en contra para afectar su imagen; la realidad es que resulta imposible tapar el sol con un dedo, porque al tratarse de personajes de la vida pública, los ciudadanos se preguntan, ¿Dónde quedó la ideología de izquierda y su discurso contra lo que representa la “derecha neoliberal” si con el poder que ostentan ahora actúan y viven como aquellos a quienes tanto criticaron a costa del erario.

Las acciones de dispendio y lujos de los morenistas reviven el pasado neoliberal y distan mucho de los principios que vendieron a los ciudadanos en las campañas para obtener sus votos y la desaprobación y rechazo a dichas conductas, pueden traer a la larga en 2027 un cobro de facturas en las que no podrán hablar de una vida austera y humilde, a favor del pueblo, cuando su vida y actuación pública, demuestra, que los cargos los están usando para servirse del poder y no para servir al pueblo.

Morena vs. Morena

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A raíz de los casos del denominado “huachicol fiscal” y de la acusación del gobierno de Javier May en Tabasco y de la fiscalía estatal de que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Adán Augusto López y de su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, Hernán Bermúdez Requena, encabezaba el cartel de La Barredora en Tabasco y Chiapas; la situación en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum y del partido oficial Morena, se han visto envueltas en un escándalo que afecta su credibilidad.

Sin embargo, también ha originado el descontento en algunos grupos al interior de Morena y de los ciudadanos, que esperamos que los responsables de la comisión de delitos como homicidios, desapariciones, extorsión, cobro de piso, robos, delincuencia organizada, lavado de dinero entre otros sean detenidos y procesados.

Desde que se emitió la orden de captura en contra de Bermúdez Requena conocido como el Comandante H, comenzaron los señalamientos en contra de Adán Augusto López, líder en el Senado de la bancada morenista, haciéndolo responsable de haberlo nombrado y permitido encabezara a dicho grupo criminal, que, desde hace más de cinco años, ha sembrado la violencia y el terror entre los pobladores de Tabasco.

La detención de Bermúdez Requena, quien se encontraba prófugo en Paraguay, el pasado 14 de septiembre y quien fue expulsado por las autoridades de dicho país, y trasladado dos semanas después a México, hicieron que aumentara la presión contra Adán Augusto López por los partidos de oposición en el Senado y por los líderes de PAN, PRI y MC exigiendo que se separara del cargo y aclarara lo que sucedió durante su mandato como gobernador de Tabasco con su secretario de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionada en su mañanera del pueblo, acerca de la responsabilidad de Adán Augusto López por haber nombrado a Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad, se limitó a contestar que “mientras no hubiera pruebas en contra del senador no tenía por qué dejar el cargo y que mientras la fiscalía no lo llamara a declarar no podía ser acusado de haber cometido delito alguno”.

Es de llamar la atención que aunque la presidente había tratado de frenar las acusaciones contra López Hernández y de que buscó restarle importancia al tema; en días pasados al darse a conocer información acerca del patrimonio del senador y sus declaraciones ante el SAT, reconociendo un ingreso de cerca de 79 millones de pesos en los últimos tres años, le envió el mensaje de que debía salir a aclarar el origen de dichos recursos ante la opinión pública, convocando a una inusual rueda de prensa, donde se presentó sólo, sin el apoyo de los senadores de su bancada y donde dejó más dudas que certezas sobre el origen de los 79 millones, de los que sólo pagó por ISR el 2.6 % cuando estaba obligado a pagar el 35 % como cualquier ciudadano.

Para nadie es un secreto, que la relación entre la presidente y Adán Augusto López no atraviesa por su mejor momento y que cada vez le es más difícil a Sheinbaum sostenerlo al frente de la bancada morenista en el Senado pactada por seis años, porque conforme transcurra el proceso contra Bermúdez Requena y se vaya dando a conocer los vínculos y delitos cometidos por la barredora, así como de sus cómplices, será más complicado para el oficialismo defender y demostrar que el líder del senado, no tenía conocimiento de las actividades delictivas de su secretario.

Para la presidente sostener a Adán Augusto significa un desgaste a su gobierno que no le conviene, ni a ella, ni a Morena, por los señalamientos de la oposición de que en la gestión de López Hernández hubo un narco gobierno y de que la colusión entre las autoridades del estado y La Barredora dañaron gravemente la seguridad y las actividades económicas.

Por otra parte, si la presidente decide impulsar la salida de Adán Augusto López, a quien AMLO declaraba que era su hermano podría significar un rompimiento con el expresidente y desatar una guerra de grupos al interior de Morena, entre quienes siguen siendo fieles al legado de López Obrador y de quienes apoyan incondicionalmente a la presidente.

Si a lo anterior sumamos el caso del huachicol fiscal en el que están involucrados los sobrinos del ex secretario de Marina en el gobierno de AMLO uno de ellos detenido y el otro prófugo de la justicia, que fue dado a conocer en conferencia de prensa por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la que a pesar de que, tanto el fiscal, como la presidente han tratado de exculpar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda de estar al tanto de la comisión de los delitos cometidos por sus sobrinos, es evidente que las investigaciones de la fiscalía lo involucran y de que difícilmente saldrá librado de su responsabilidad.

Pero el hecho de que en la carpeta de investigación, aparezcan declaraciones de testigos protegidos en los que se mencionan los nombres de los hijos del expresidente AMLO, coloca a la presidente en una encrucijada porque de comprobarse la participación de Andrés y Gonzalo López Beltrán en esta red de huachicol fiscal, la fiscalía se vería obligada a actuar en su contra, originando con ello un rompimiento con su antecesor y al interior de Morena por que sus militantes se verían obligados a tomar una postura ya sea a favor o en contra de Claudia Sheinbaum.

n todo este entramado, la intervención del gobierno de los Estados Unidos, y su lucha en contra de los cárteles del narcotráfico a quienes ha calificado como grupos terroristas y que se extiende a todas aquellos funcionarios, empresas y grupos que hayan apoyado sus actividades delictivas en territorio norteamericano o en otros países, obliga al gobierno mexicano a agotar las investigaciones y detener a los responsables, antes de que los vecinos del norte decidan actuar en nuestro territorio para llevarlos a la justicia de aquel país.

Por ello, la presidente debe actuar con prudencia y medir las consecuencias de sus decisiones, ya que está en juego el futuro de su gobierno y los intereses de México, ahora que se avecina la revisión del T-MEC.

La crisis de inseguridad en Sinaloa y Tabasco

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A pesar de los informes de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch en las mañaneras del pueblo, junto con el Gabinete de Seguridad, en el sentido de reportar que en México la ola de homicidios y delitos como la extorsión y el secuestro van a la baja y que se están viendo resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada, que controlan una gran parte del territorio nacional, la situación que se vive en algunas zonas del país es totalmente contraria.

Estados como Sinaloa y Tabasco son un ejemplo, sin dejar de lado los delitos que se cometen en otras entidades como el Estado de México, Baja California, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Guanajuato donde los pobladores viven en un clima de inseguridad y miedo por los actos de violencia que se ejecutan en las principales ciudades, afectando las actividades económicas, de los planteles educativos y de los principales fuentes de ingresos como el comercio, la ganadería, el turismo, y la agricultura, entre otros.

La situación parece no tener fin, ya que ni la presencia del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, han sido suficientes para frenar los actos vandálicos de los cárteles, como la quema de automóviles, camiones, comercios y homicidios que se cometen a plena luz del día, sin importar se trate de hombres, mujeres o niños, la crueldad y el sadismo de los delincuentes, que ha rebasado toda muestra de humanismo y tal pareciera que el mensaje que mandan a la sociedad y a las autoridades, es que están dispuestos a todo, con tal de que se les permita continuar con sus actividades delictivas.

Cada estado de la República enfrenta su propia realidad y las medidas adoptadas por los gobiernos estatales y municipales junto con sus cuerpos de seguridad, parecen haber sido rebasadas por una delincuencia que se ha profesionalizado en lo táctico y con armamento en muchos de los casos más sofisticado y letal, que con el que cuentan las policías estatales y municipales.

Los casos como el de Sinaloa, desde el secuestro de El Mayo Zambada y traslado a los Estados Unidos el 25 de julio de 2024, mediante engaños junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y su encarcelamiento por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, dieron inicio a una guerra entre los grupos de ambas facciones del Cártel de Sinaloa, afines a El Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada, que ya lleva catorce meses, con más de mil personas muertas y que a pesar de los fuertes operativos de las fuerzas de seguridad de México, no se ha podido frenar, ante el hartazgo y desesperación de la población de ciudades como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota que han visto incrementado el número de personas desaparecidas en los últimos 14 meses.

Los daños a la actividad económica en Sinaloa, por la guerra entre las dos facciones, ha dejado como saldo el cierre de miles de negocios, la pérdida de decenas de miles de empleos y de miles de millones de pesos.

De acuerdo con el último informe de septiembre de este año, existe un daño económico devastador para el estado: las pérdidas superan los 36 mil millones de pesos de acuerdo a datos de la COPARMEX con el cierre de más de 7000 empresas y la pérdida de al menos 70,000 empleos.

A pesar de este escenario que enfrentan los sinaloenses, el gobernador Rubén Rocha Moya, promueve una campaña en medios nacionales e internacionales para tratar de atraer el turismo e inversiones al estado, que lejos de llegar, han obligado a las empresas mexicanas y extranjeras a buscar otros estados para llevar sus capitales.

En este 2025, se han dispuesto un número importante de elementos de seguridad para el combate a los cárteles, con refuerzos a las fuerzas armadas y el despliegue de operativos especiales y estrategias de inteligencia, para detener a los principales generadores de la violencia y destruir los laboratorios de metanfetaminas y fentanilo en la zona.

En julio de 2025, el Ejército envió 390 elementos de fuerzas especiales para inhibir los actos delictivos. Operativos por la Guardia Nacional, como el denominado “Verano 2025” reforzando la seguridad en las playas en Semana Santa y el verano con el envío de un refuerzo de 1600 efectivos federales como soldados, fuerzas especiales y Guardia nacional, equipados con vehículos blindados, para disuadir a los grupos delictivos y llevar a cabo labores de inteligencia.

A pesar de todas estas acciones, la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, se recrudecen y mientras los ciudadanos a más de un año, viven en una situación desesperante, con autoridades locales rebasadas incapaces de darles la seguridad necesaria para retomar su vida normal.

En el caso de Tabasco, la ola de violencia e inseguridad se inicia en 2019 con el gobierno de Adán Augusto López, con un aumento en los delitos de alto impacto, entre los que destacan los feminicidios y las desapariciones; en los nueve meses siguientes el número de homicidios dolosos tuvo un repunte superior a los años anteriores.

De acuerdo a la opinión de analistas en seguridad, el incremento de la violencia aumentó a finales de 2023, por una fractura entre el grupo de “La Barredora” que buscaba el control de más territorios, con nuevos líderes, que los llevó a enfrentarse directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que originó una ola de violencia sin precedentes.

La protección a “La Barredora” desde la Secretaría de Seguridad del Estado, a cargo de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el “Comandante H”, grupo del que se ha señalado era su líder, llevó al estado a vivir un aumento en secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos, tanto en Tabasco como en Chiapas, originando un clima de inseguridad y violencia en ambos estados, que a la fecha se está combatiendo por el gobierno federal y la SSPC con el apoyo de las fuerzas armadas, la Marina y Guardia nacional con los gobiernos de los morenistas Javier May y Eduardo Ramírez Aguilar.

La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay y su traslado a México para ser procesado, es una luz de esperanza para los tabasqueños, si es que se investiga a fondo el poder de la barredora y a los funcionarios que los protegían para delinquir.

Es hora de ajustar cuentas y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum realmente vaya al fondo de la investigación y se encarcelen a los responsables de la inseguridad en Tabasco de una vez por todas.

Las reformas a la ley de amparo y sus repercusiones

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

En plena fiesta de Independencia el pasado 15 de septiembre, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, cuyo objetivo desde el punto de vista de varios columnistas y expertos en derecho, es la de debilitar una de las instituciones más importantes del sistema jurídico mexicano que incluso ha servido de modelo para otros países, siendo el escudo protector de los ciudadanos, contra los actos de abuso de autoridad y arbitrariedades cometidas por los funcionarios públicos, en perjuicio de sus derechos humanos.

Después de la polémica reforma al Poder Judicial y el proceso electoral del pasado 2 de junio, en que se eligieron a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de los Tribunales de Circuito y Jueces y juezas de distrito en todo el país, quedando pendiente la elección del otro 50 % de magistrados y jueces de distrito para el año 2027, algunos pensaron que por el momento el oficialismo tomaría una pausa, para dar tiempo a que los nuevos juzgadores se acomodaran en el asiento y se percataran del enorme compromiso que adquirieron al protestar los cargos, muchos de ellos sin la más mínima experiencia como funcionarios judiciales y otros más, sin siquiera haber acreditado el promedio mínimo de ocho de la licenciatura que se les pidió para poder acceder a la elección.

En momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus nuevos ministros y ministras, tienen el reto de demostrar con sus resoluciones, que tienen la capacidad, conocimientos y destreza jurídica para estar a la altura y exigencias del máximo tribunal constitucional de la Nación, el oficialismo echa a andar de nuevo la maquinaria legislativa para aprobar dichas reformas a la ley de amparo, quizás para evitar que mediante el Juicio de Amparo, no le ocurra lo mismo que a la administración del expresidente AMLO que debió batallar contra las suspensiones y sentencias de los tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frenaron sus proyectos y obras, así como algunas reformas legislativas como la energética y electoral.

La guerra de expresidente en contra del Poder Judicial de la Federación se inició después de que Arturo Zaldívar dejara la presidencia de la Suprema Corte y llegara al cargo la Ministra Norma Piña, que nunca aceptó subordinar al poder judicial a las órdenes y directrices del Poder Ejecutivo manteniendo la independencia judicial y autonomía de todo el Poder Judicial, lo que trajo como consecuencia la reforma al Poder Judicial y la salida bajo ataques y descalificaciones del expresidente contra Ministros, Magistrados y Jueces federales que le estorbaron para sacar adelante sus proyectos y reformas legislativas.

Antes de que AMLO concluyera su mandato, logró se reformara el artículo 149 de la Ley de Amparo para que, en juicios sobre la constitucionalidad de las leyes, los jueces están impedidos para otorgar suspensiones generales.

Posteriormente la reforma sobre la supremacía constitucional que impide que cualquier reforma a la constitución pueda ser declarada inconstitucional, así como cualquier adición a la Constitución será inatacable.

La iniciativa de la presidenta, ensancha aún más el poder del estado mexicano, limitando la esfera de los derechos humanos y prerrogativas que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los ciudadanos, así como de los tratados internacionales y pactos suscritos por el gobierno.

Entre los puntos más relevantes de la iniciativa de reforma destacan: que limita los efectos del amparo, cuyas resoluciones solo benefician al quejoso y no pueden suspender la aplicación de normas de carácter general. Los jueces no pueden otorgar suspensiones con efectos generales contra leyes, decretos o disposiciones normativas.

El amparo solo protege al quejoso, sin beneficiar a terceros no quejosos; los jueces y tribunales federales no podrán dictar medidas cautelares que paralicen la aplicación de leyes o reformas; la Suprema Corte de Justicia conserva la facultad de analizar la constitucionalidad de normas generales, pero a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias, no del juicio de amparo. Rechazo a los amparos colectivos, cuando sus efectos busquen impactar en normas de interés público; la suspensión en el amparo solo surtirá efectos en el caso específico del solicitante, no sobre la norma general, por lo que la ley, decreto o disposición seguirá vigente y obligatoria para la sociedad en general; busca evitar dilaciones en la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; busca que el amparo no se convierta en un instrumento para bloquear la aplicación de políticas públicas. Busca acotar la acción del Poder Judicial frente a las decisiones legislativas.

Por ahora, la Cámara de Senadores está por resolver si la iniciativa de reforma se va a un parlamento abierto como lo propuso el senador Javier Corral, o bien si se procede a su dictamen en comisiones y a aprobación del pleno del Senado como lo planteó el coordinador de la bancada de Morena Adán Augusto López; es decir si con la mayoría del oficialismo, se aprueba sin mayor trámite y se turna a la Cámara de Diputados para su análisis, aprobación final y publicación por el poder ejecutivo.

Así una vez más, seguirá la línea de imponer las decisiones del gobierno, sin que los ciudadanos tengan forma de defenderse ante el abuso de poder y violaciones a sus derechos humanos y con un poder judicial federal sometido y al servicio del oficialismo, como lo está la CNDH que, desde el sexenio pasado, ha pasado a ser un organismo más preocupado por defender los intereses del Estado, antes que los derechos de los ciudadanos.

Los riesgos de la relación México-Venezuela

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

A partir del inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que puso fin a la época de los denominados gobiernos del periodo neoliberal con el primer gobierno de izquierda ocupando el Poder Ejecutivo, la relación con los países de corte socialista como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú y Colombia entre otros, no sólo se estrechó, sino que el obradorismo buscó a toda costa demostrar al mundo su apoyo a las administraciones de estos países.

Este hecho sin importar las críticas y cuestionamientos que se han hecho por organismos internacionales como la ONU y la OEA de calificar a los gobiernos especialmente de Nicolás Maduro de Venezuela, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel de Cuba, de dictaduras en las que estos presidentes, se han perpetuado en el poder, empobreciendo a su población, violando en forma sistemática los derechos humanos y sobre todo imponiendo regímenes en los que existen gobiernos ricos y pueblos pobres, sin que exista una democracia en la que el pueblo, pueda elegir libremente a sus gobernantes.

Durante el gobierno de AMLO fueron frecuentes las invitaciones a estos personajes en los eventos más importantes y ceremonias, donde se les dio un trato preferente y se les presentó como grandes gobernantes, a pesar de la difícil situación que se vive en estos países, donde no existe oposición, ya que se les ha aplicado aquella máxima, de que a mis enemigos los destierro, los encierro o los entierro lo que les ha permitido exterminar a cualquier movimiento que vaya en contra de sus políticas o que pretenda hacer reaccionar al pueblo de que tienen el derecho de cambiar a sus gobernantes y la forma de gobierno.

Esta política de abierto apoyo a los gobiernos socialistas de América Latina y el sueño de AMLO de que México encabezara este movimiento para extenderlo a centro y Sudamérica se vio obstaculizado por los procesos electorales de países como Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, donde la alternancia de las fuerzas que ganaron las elecciones y los intereses económicos de dichos países, impidieron consolidar este gran movimiento.

Es evidente que las relaciones diplomáticas con estos países, gobernados por los tres dictadores y los apoyos económicos que el gobierno de López Obrador les otorgó, como el caso de Cuba y Venezuela, no pasaron inadvertidos para el gobierno de los Estados Unidos en el primer período de Donald Trump y el gobierno de Joe Biden, quien poco se preocupó de que las dictaduras continuaran y de que México les diera todo su apoyo, sin cuestionar los atropellos y violaciones a los derechos humanos de la población de estos tres países.

La postura de México, durante todo el gobierno de AMLO, siempre fue la misma apoyando a las dictaduras, a las que nunca se les cuestionó, como ocurrió en los países donde ganaba las elecciones la derecha como Brasil con Jair Bolsonaro, Argentina con Javier Milei, el Salvador con Nayib Bukele.

La vieja política de no intervención que prevaleció en México, durante los gobiernos neoliberales y que AMLO dijo que aplicaría, se vino abajo, cuando el expresidente hacia declaraciones criticando a los gobiernos de derecha e incluso se negaba a reconocer a los presidentes ganadores de derecha, argumentando irregularidades o que los resultados aún no eran oficiales y que había que esperar los resultados finales.

Pero el apoyo y empatía con el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, ha sido a toda prueba y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha demostrado su compromiso de continuar en la misma línea de su antecesor, a pesar de que Maduro no ha sido capaz de demostrar que ganó en las urnas la última elección presidencial en la que perdió ante el opositor Edmundo González, pero fue declarado ganador de las elecciones con el aval del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Venezuela controlados por su gobierno, lo que llevó a varios países del mundo a no reconocerle.

Sin embargo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del pueblo del 22 de diciembre de 2024, reconoció el triunfo de Nicolás Maduro como presidente electo y declaró que enviaría representantes del gobierno mexicano a su toma de protesta para un nuevo período.

Hoy, el escenario ha cambiado y la declaratoria del gobierno de Estados Unidos acusando al Cártel de los Soles como una organización terrorista y a Nicolás Maduro como un narcoterrorista y como fugitivo de la justicia por el que ofrecen una recompensa para su captura por 50 millones de dólares, obliga a la presidenta a actuar con prudencia.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró en relación al aparato estatal venezolano que “no es un gobierno, ni un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional”

l cerco militar por mar que ha instalado el gobierno norteamericano y la vigilancia y persecución contra los narcotraficantes, así como el ataque a una lancha donde viajaban once presuntos narcotraficantes del cartel del Tren de Aragua transportando drogas que se dirigían al estado de Sinaloa en México, fue una demostración de fuerza militar de Estados Unidos, para exterminar a estos grupos criminales, acción que ha sido calificada como una seria amenaza para cárteles de otros países como los que operan en México.

La declaración del canciller Juan Ramon de la Fuente, en el sentido de que México está a favor de la no intervención y de la solución pacífica de los conflictos, es un giro a la postura que el gobierno mexicano ha tenido de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y refleja un distanciamiento motivado por la presión del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado, que están dispuestos a exterminar a los carteles, donde los encuentren y sin tomar en cuenta a los gobiernos de los países donde desarrollan sus actividades criminales.

Continuar apoyando al gobierno de Nicolás Maduro sería desafiar a la administración de Trump y daría el mensaje de que el poder de los cárteles ha llegado a los niveles más altos para lograr la protección de las autoridades y continuar con el trasiego de drogas y producción con destino a los Estados Unidos.