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El factor “El Mayo” Zambada para la paz en Sinaloa

La visita del 3 de septiembre del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Palacio Nacional para entrevistarse con la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una agenda cuyo contenido se ha ido dando a conocer en los días siguientes, dada la diversidad de los temas que se trataron.

Inicialmente se anunció sería sobre los acuerdos de seguridad en la frontera norte de nuestro país, el combate a los cárteles del narcotráfico para evitar el envío de fentanilo a Estados Unidos, así como detener la migración ilegal; sin embargo otro de los temas que también se abordaron tiene que ver con el reclamo de Estados Unidos para que nuestro país elimine las más de cincuenta barreras comerciales, en vísperas de la renegociación del T-MEC a finales de este año, tema que abordaré en una próxima colaboración.

Uno de los puntos que también se abordaron en el tema de seguridad y combate a los carteles y que la presidenta, dio a conocer en su conferencia del pueblo, el pasado jueves, fue la solicitud que hizo a Marco Rubio de que se le diera la información y pormenores del operativo mediante el cual se trasladó a “El Mayo” Zambada a Texas en julio de 2024 junto con el hijo de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, quien planeó su secuestro y traslado a Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de la presidenta, la información que solicitó al secretario de Estado no le fue proporcionada, ya que sólo se concretó a escuchar la petición, la cual incluso antes ya había sido solicitada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en los días siguientes al traslado del mayo a Estados Unidos.

De ahí que la presidenta anunció que México tiene interés en solicitar la extradición de “El Mayo” Zambada y de otros capos, debido a que desde su detención se desató la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, entre los hijos de “El Chapo” y “Los Mayos” que han dejado después de más de un año, entre 500 mil muertos en los enfrentamientos, tanto de ambos bandos como de civiles víctimas de esta guerra que parece no tener fin, después de más de un año de que se inició.

Es evidente la preocupación de la mandataria de regresar a nuestro país, a los que denominó como “casos relevantes” en los que están involucrados personajes como “El Mayo” Zambada, “El Chapo” Guzmán y hasta el mismo Genaro García Luna, aunque el primero de acuerdo a información de la misma Fiscalía General de la República, no tiene investigaciones abiertas, ni órdenes de aprehensión en su contra, después de una larga carrera delictiva, que abarca desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, hasta el de Andrés Manuel López Obrador, lo que nos llevaría a afirmar que durante todos estos gobiernos tuvo la habilidad y apoyo de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia para estar a salvo y en la total impunidad.

En el caso tanto de “El Chapo” Guzmán condenado a cadena perpetua y de Genaro García Luna, es casi imposible que el gobierno del presidente Donald Trump acceda a su deportación a México, dado que la mayoría de los delitos que se les imputaron en sus juicios, se cometieron en contra de los intereses norteamericanos, sin que exista la confianza en las autoridades de nuestro país, de que efectivamente se les juzgue y se les imponga alguna condena, tal como sucedió con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien nunca se le investigó, ni proceso por su presunta complicidad con los cárteles del narcotráfico durante su gestión al frente de la SEDENA.

Proponer la extradición del mayo para regresarlo a México, cuando hasta este momento la propia Fiscalía General de la República no tiene carpetas de investigación en su contra por los delitos que confesó ante la Corte de Nueva York donde se declaró culpable, aceptando los cargos de los que fue acusado, significaría que el gobierno mexicano lo dejara en libertad, burlando con ello la justicia de Estados Unidos, aunque con ello, se lograra terminar con la guerra entre los cárteles en Sinaloa.

Aunque mucho se ha especulado, acerca de la información que “El Mayo” Zambada pueda proporcionar a las autoridades norteamericanas, sobre los políticos, funcionarios, agentes, gobernadores, empresarios y hasta expresidentes que hayan recibido dinero para que le permitieran llevar a cabo sus actividades delictivas, es casi un hecho, que a estas alturas de su proceso judicial, la información que le interesaba a las autoridades de estados Unidos, ya les fue entregada y por ello, se prevé que en las próximas semanas, se anuncien acciones para que miembros de la clase política y empresarios sean extraditados a Estados Unidos para enfrentar los cargos que desde ahora están armando los fiscales en las cortes norteamericanas.

Aún y cuando Marco Rubio en su visita reconoció que existe el mayor nivel de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, al poner como ejemplo el ataque a una embarcación en aguas internacionales en la que murieron once personas y en la que presuntamente transportaban drogas de Venezuela con destino a México para ser introducidas a Estados Unidos, declaró que no se descartaban acciones como estas a futuro; aunque un día después dijo que ello no aplicaría para los países que apoyaran la lucha de Estados Unidos contra los cárteles, como Ecuador y México, mientras entreguen resultados satisfactorios para el gobierno norteamericano.

La posición del gobierno mexicano es difícil ya que la amenaza de los aranceles a los productos que exporta México a Estados Unidos cuya aplicación se prorrogó por noventa días sigue latente y aunque la presidenta no ha declarado una guerra a los cárteles por razones de seguridad interior para evitar un mayor derramamiento de sangre, Estados Unidos seguirá presionando para que se cumpla su meta de acabar con los cárteles con o sin el apoyo de las autoridades mexicanas.

El mayo zambada, 48 años de complicidades

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

La decisión del Mayo Zambada de declararse culpable de los delitos de los que se le acusó por el gobierno de los Estados Unidos, la semana pasada ante el juez en una Corte de Nueva York, a fin de evitar la pena de muerte, que cambio por la de cadena perpetua, negociando con las autoridades del vecino del norte, información sobre sus actividades delictivas, así como su declaración al señalar que desde que inicio su carrera delictiva, sobornó a personajes de la vida política, altos mandos militares, gobernantes y autoridades policiacas, han puesto a temblar a ex funcionarios de administraciones pasadas, desde la época del presidente Luis Echeverría Álvarez, pasando por los que le sucedieron José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón del PAN, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador de Morena.

Aunque se ha declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que cualquier acusación o señalamiento del Mayo o de cualquier otro capo, para que procedan, debe existir una denuncia y presentarse las pruebas para acreditar la culpabilidad de los acusados, resulta evidente que dependiendo de los delitos que se les imputen, el tiempo transcurrido desde su supuesta comisión y de la gravedad de los mismos, son elementos que deben ser considerados para que se cumpla lo que señala la presidenta.

De ahí que posiblemente, en el caso de los ex funcionarios, que aún sobrevivan y que hayan ocupado cargos hasta principios de los ochentas, pueden salir bien librados ante la justicia mexicana, pero no ante la justicia de los Estados Unidos, que no dejará de investigarlos y perseguirlos si considera que tienen cuentas pendientes ante la justicia de dicho país, como en el caso del ex secretario de gobernación Manuel Bartlett Díaz, acusado de haber ordenado el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, conocido como Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985.

La cacería de la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, en contra de los grupos criminales y carteles, continuará y ahora con la información que les proporcione el Mayo Zambada, involucrará a miembros de la clase política de los partidos que han gobernado a México tanto del período neoliberal, como también del sexenio anterior, por lo que es previsible que en los próximos meses, sean enviados o extraditados a los Estados Unidos personajes de la vida política del país, del PRI, PAN, PRD y de MORENA, dependiendo de la información y declaraciones que para las autoridades y cortes de Estados Unidos sean elementos suficientes para requerir su envío a territorio estadounidense para ser juzgados.

El papel que debería estar juzgando la Fiscalía General de la República con el apoyo del ejército, la marina y la guardia nacional es el de investigar a fondo a aquellos de quienes tiene elementos suficientes para abrir carpetas de investigación por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico y trasiego de drogas, lavado de dinero y protección a los grupos de la delincuencia organizada, sin importar colores o partidos, antes de que sean las autoridades de Estados Unidos, quienes sin tomar en cuenta a la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exhiba a nivel internacional, la incapacidad del gobierno mexicano para combatir a los carteles y garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Aunque las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su secretario de seguridad Omar García Harfuch, han dado resultados y se ven avances en las detenciones de criminales, decomisos de droga y destrucción de laboratorios clandestinos en diversos estados del país, es de tal magnitud el tamaño y control de los carteles de Municipios, Estados y zonas, que la lucha para exterminarlos llevará al menos cinco años, porque desafortunadamente funcionarios que estuvieron en la administración anterior y sobre quienes pesan acusaciones de que estuvieron involucrados con los carteles, continúan en el gobierno ahora en otras posiciones incluso superiores, situación que frena el trabajo de inteligencia y combate a la delincuencia, desde el aparato de estado.

Aunque se cuestiona, el valor de lo que pueda declarar y aportar de información, un narcotraficante como el Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos, por ser un criminal, no olvidemos que el dicho de otros narcotraficantes que como testigos protegidos declararon en el juicio contra el ex secretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, fueron suficientes para declararlo culpable y sentenciarlo a cadena perpetua, por lo que se prevé que se aplique el mismo criterio para someter a juicio a aquellos militares, políticos, gobernantes y policías que Zambada declare haber sobornado para que le permitieran llevar a cabo sus actividades delictivas, sin esperar a que haya una denuncia, se presenten más pruebas y la fiscalía mexicana integre una carpeta de investigación.

El pago de los quince mil millones de dólares que debe hacer el Mayo Zambada a Estados Unidos como parte del acuerdo donde se declaró culpable de los delitos de los que fue acusado y la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que parte de ese dinero debe ser entregado a México, obliga a preguntarnos ¿Qué hubiera pasado si las autoridades mexicanas hubieran detenido y procesado a Zambada y se le hubiera impuesto una condena donde se le obligara a pagar dicha suma? ¿Dónde tiene ese dinero o bienes por ese valor Zambada? ¿Cuáles son las empresas de su propiedad o de sus prestanombres que la UIF ni el SAT han podido detectar y siguen operando?, ¿Cuántas carpetas tiene integradas la fiscalía general de la república y fiscalías de los estados contra Zambada? ¿Cuántas ordenes de aprehensión, tiene dictadas en su contra, no ejecutadas? Las respuestas las tienen las autoridades federales y seria interesante nos dieran una explicación al respecto.

La próxima visita a México del secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con la encomienda de ejecutar acciones para combatir a los carteles que continúan operando en nuestro país, donde seguramente insistirá a la presidenta Claudia Sheinbaum de aceptar la ayuda de las agencias norteamericanas para exterminar a los carteles, coloca a la presidenta en la disyuntiva de por un lado aceptar la ayuda y no solo la “cooperación” que se ha venido dando, o por otro lado negarse a aceptarla haciendo valer la soberanía de México, lo que podría representar en una mala señal para Estados Unidos, que podría interpretarlo como una forma de permitir que los carteles sigan con sus actividades delictivas introduciendo drogas a territorio norteamericano.

La Transformación de las Instituciones Electorales

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

En el umbral de la apertura de los Foros que convocará la Comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por el ex titular de la UIF Pablo Gómez, integrada por funcionarios de primer nivel del poder ejecutivo, la organización Plataforma independiente Plan Nueva República, a través de su presidente nacional el Dr. Luis M. Ponce de León Armenta, ha dado a conocer su Propuesta de Reforma Constitucional, en materia electoral del Pueblo de México, producto del análisis y discusión de sus integrantes, mediante un trabajo de más de quince años, en Congresos, Foros y diversas actividades académicas para , generar un Nuevo Modelo de Constitución para nuestro país.

Como integrante de Plan Nueva República, aprovecho este espacio para dar a conocer los puntos más relevantes de la reforma constitucional, para que sea analizada y se abra un debate en torno a la misma, dada su importancia para el futuro de la democracia en México.

En la exposición de motivos punto primero señala: “…el sistema político electoral está en crisis y ha sido el causante de los graves problemas nacionales, generador de una clase política y administrativa improvisada e incapaz de resolver los problemas que padecemos, como la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la pobreza, el desempleo, la delincuencia organizada entre otros; su fracaso es evidente por sus resultados que se observan en instituciones que no funcionan y leyes alejadas de la justicia y la seguridad jurídica permitiéndose la multiplicación de hechos delictivos sin sanción.”

Sin duda alguna, es una tesis realista que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia que tiene para el estado mexicano, el contar con poderes e instituciones que no sólo lleguen al poder por el voto, sino que se legitimen al ejercer el cargo por demostrar honestidad, profesionalismo y resultados en favor de los ciudadanos y no de sus intereses personales o de partido, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en el país.

En el considerando quinto señala: “…el sistema político electoral vigente no está diseñado en torno a los ciudadanos, si no en torno al privilegio y al dinero ya que obstruye la participación ciudadana privilegiando a los grupos vinculados a la oligarquía política y económica con recursos para financiar la fundación de partidos políticos mediante el pago y acarreo de personas para las Asambleas, así como para financiar candidaturas independientes mediante el pago a gestores auxiliares para recabar firmas…”

El alejamiento de los partidos y órganos electorales como el INE, ha traído como consecuencia que los mismos se encuentren secuestrados por camarillas o familias que han hecho de los partidos un negocio personal, a costa de las prerrogativas que reciben producto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos.

El proyecto propone:

• Creación del Poder Electoral: Se propone transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en un “Poder Electoral”. Este nuevo órgano estaría conformado por ciudadanos designados mediante convocatoria pública y un proceso de insaculación calificada para garantizar su independencia.
• Nuevos Tribunales Electorales: Se plantea la creación de nuevos Tribunales Electorales integrados por magistrados seleccionados a través de un procedimiento similar de convocatoria pública e insaculación.
• Reducción de legisladores: La propuesta busca reducir el número de diputados y senadores. La Cámara de Diputados se integraría por 150 diputados de mayoría, 150 de primera minoría y 28 representantes de sectores sociales. El Senado también vería una reducción del 50% de sus miembros.

Cambios en el Sistema de Partidos y Candidaturas

• Financiamiento de los partidos: Se propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y sustituirlo por el derecho a tiempos en medios de comunicación.
• Candidaturas independientes: Se busca fortalecer la figura de las candidaturas independientes, estableciendo requisitos claros y postuladas por asociaciones civiles.
• Voto negativo: Se introduce la idea del “voto negativo”, que permitiría a los ciudadanos votar en contra de un partido o candidato.

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

• Plebiscito y referéndum: Se incorporan al sistema electoral las figuras del plebiscito y el referéndum para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
• Revocación de mandato: Se instituye la revocación del mandato para los cargos de elección popular cuando no se cumplan los compromisos de campaña.

Otras Disposiciones Relevantes

• Requisitos para cargos públicos: Se establecen nuevos requisitos para los aspirantes a cargos públicos, como la presentación de un programa de trabajo, la declaración patrimonial y exámenes médicos y psicológicos.
• Función de Autoevaluación del Estado: Se propone la creación de una “Función Auto evaluadora del Estado” ejercida por la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos.

En esencia, la reforma busca transformar profundamente el sistema electoral mexicano, con un énfasis en la ciudadanización de los órganos electorales, la reducción de costos, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los funcionarios electos.

Propone cómo fortalecer la democracia y la competencia electoral para evitar el control de un solo partido sobre el poder legislativo.

Pugnemos porque en el debate propuestas como la de Plan Nueva república avancen, en bien de la democracia en el país y que los ciudadanos se involucren para que la reforma que se apruebe sea en beneficio de las mayorías y no de un grupo o partido político.

El fracaso del sistema penitenciario en México

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

De acuerdo a un artículo publicado el 9 de marzo de 2024, titulado “Reinserción social como finalidad del sistema penitenciario internacional y su influencia en México” de los autores: Luis Eduardo Ramírez Navarro y Axel Francisco Osorio Torres publicado en in Internaciones, señalan en la introducción que: “la reinserción social es un de los fines del sistema penitenciario mexicano, que se regula por el artículo 18 constitucional, en el que se establece la estrategia que el Estado lleva a cabo dentro del centros penitenciarios para reintegrar a las personas privadas de la libertad al núcleo social. Proceso que tiene como base el respeto a los derechos humanos; la capacitación para el trabajo, el acceso a la educación, a servicios de salud y al deporte, en virtud de que son éstos elementos los que permiten a los reclusos tener un desarrollo pleno dentro del centro penitenciario, además de ser la base para que dicho individuo pueda reintegrarse a la sociedad, debido a que una de las herramientas fundamentales para que una persona logre reintegrarse con éxito es el acceso al trabajo, debido a que es el trabajo de donde las personas obtienen un salario con el cual cubrir necesidades indispensables para toda persona, como el acceso a alimentos, vivienda, vestido, retiro digno e incluso actividades recreativas que coadyuvan al libre desarrollo de la personalidad”

Para nadie es un secreto que no sólo en México, sino en los principales países de América Latina, donde los índices en el aumento de la delincuencia se han disparado en los últimos veinte años, los objetivos y alcances de los sistemas penitenciarios, desde la prisión preventiva oficiosa hasta la sentencia en la que se condena a una persona a permanecer privado de su libertad, en algunos casos con cadena perpetua de acuerdo a la gravedad del delito o delitos cometidos, la “reinserción social “ establecida en nuestra Constitución, ha sido un fracaso y aquellas personas que después de pasar años en prisión, obtienen su libertad no logran reinsertarse en la sociedad y menos conseguir un empleo digno para ellos, ya ni se diga de sus familias, que en la gran mayoría de los casos los abandonan o se desintegran, por la pena de la esposa, hijos y familiares de tener a alguien en prisión.

Si a lo anterior sumamos, el grave problema que representan las sistemáticas violaciones a derechos humanos, abusos, corrupción, homicidios, tráfico de armas y drogas, así como el control de los penales que llevan a cabo los lideres de los grupos de la delincuencia organizada, que han tomado el mando de un número importante de centros penitenciarios en México, la situación se vuelve aún más delicada y las autoridades de los gobiernos estatales y federal, han sido rebasados perdiendo el control de estas prisiones conocidas como universidades del crimen.

Desde que el expresidente Felipe Calderón inició su denominada guerra al narcotráfico en 2006 en los centros penitenciarios estatales y en las cárceles de máxima seguridad, se vio la necesidad de modificar las condiciones en las que l funcionaban dichos centros y sobre todo, la necesidad de en algunos casos reforzar las medidas de seguridad, sobre todo cuando se logró detener a los capos y líderes de los carteles del narcotráfico, cuyo poder y riqueza les permitía continuar manejando a sus carteles y dando órdenes a sus subordinados.

La construcción de las denominadas cárceles de máxima seguridad lo que pretendieron es evitar que estos presuntos delincuentes, no pudieran seguir dirigiendo a sus seguidores y que mediante medidas más estrictas se evitara que tuvieran contacto con el exterior y además lograran fugarse como en los casos del Chapo Guzmán en que con la complicidad de personal de la prisión de Puente Grande en enero de 2001 al inicio del gobierno de Vicente Fox, logró fugarse de la cárcel; siendo recapturado hasta el 22 de febrero de 2014 y recluido nuevamente en la prisión del Altiplano, logrando fugarse por según vez un año cuatro meses después a través de un túnel que daba a su celda, siendo recapturado el 8 de febrero de 2016.

El poder de los líderes de los carteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México en las cárceles más importantes del país, los privilegios de los que han gozado, los negocios dentro de los penales, así como el manejo de sus grupos criminales y la continuidad de sus actividades delictivas, ha sido reconocida por las autoridades mexicanas, que ante el poder corruptor de estos capos, han preferido entregarlos a las autoridades de Estados Unidos, que han solicitado su extradición por tener procesos abiertos en varios estados como Nueva York, Virginia y los Ángeles, como lo demuestran las dos entregas en este gobierno, primero de 29 y en la última semana de 26 narcotraficantes que eran requeridos por cortes de Estados Unidos.

Por ello es necesario revisar el actual funcionamiento del sistema penitenciario en México, ya que las condiciones actuales por lo altos índices de criminalidad y corrupción que proliferan en las cárceles, lejos de lograr la reinserción social, demuestran que las actividades de los criminales se siguen desarrollando y creciendo de igual forma, dentro o fuera de las prisiones.

México, ¿en la ruta del monopartidismo?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheimbaum de abrir el debate, análisis y discusión de la reforma electoral en México, que forma parte del paquete del segundo piso del movimiento de la 4T, muchas organizaciones ciudadanas, partidos de oposición, exfuncionarios del INE, académicos, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación, pensaron que se encendía un foco de esperanza y que la presidenta estaba impulsando un cambio muy importante para el futuro del país, que la distinguía de su antecesor AMLO

El estilo de expresidente en la presentación de sus iniciativas de reformas legislativas y constitucionales se caracterizó por anunciar que se iban a escuchar todas las voces para mejorar sus propuestas y hasta en algunos casos, se propuso realizar consultas ciudadanas para reforzar sus propuestas y al final el texto original presentado, quedaba igual y así, sin cambiarle una coma, era aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

El hecho de que la reforma electoral que se llegue a aprobar sea producto de la participación de todos los actores sociales y de que se escuchen a todos los grupos, no sólo sería benéfico para el país, sino para la presidenta y de Morena y partidos aliados PT y PVEM porque demostrarían su apertura y que la reforma que se apruebe, tenga legitimidad y respaldo ciudadano.

Sin embargo, hasta ahora, las cosas no pintan bien y el hecho de que la presidenta haya designado al extitular de la UIF Pablo Gómez Álvarez como el coordinador de la Comisión Presidencial para la reforma electoral encargada de convocar a foros de debate y discusión para elaborar el proyecto de iniciativa, que de acuerdo a versiones periodísticas se le dio una salida digna, al haber pedido el gobierno de Estados Unidos su remoción del cargo, por los nulos resultados que dio para investigar a los funcionarios y empresas coludidas con los carteles del narcotráfico.

Así el pasado 6 de agosto, el anuncio de la presidenta de los nombres de los personajes que lo acompañarán en esta tarea, todos integrantes de primera línea de su gabinete, algunos incluso sin ninguna experiencia en materia electoral como son: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y jefe de la oficina de la presidencia, así como el impresentable Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y actual coordinador de Política y Gobierno de la presidencia, todos con derecho a voz y voto ha despertado fuertes críticas.

Los cuestionamientos a los funcionarios designados, se fundamentan en dos razones: la primera, porque el mensaje que sale desde Palacio Nacional, es que sólo esta cúpula de personajes tendrá la batuta y en el proceso mediante la simulación nos dirá, que todos los ciudadanos y grupos tuvieron el derecho de opinar y proponer, lo que no significa, que la comisión esté obligada a incorporar sus ideas en el texto final de la reforma. Y la segunda razón, es que la presidenta optó por privilegiar la lealtad de sus funcionarios para con ella, antes que la experiencia y profesionalismo necesarios para una tarea de esta envergadura.

Si bien es cierto, aun no se conoce a ciencia cierta el texto final de la reforma electoral, como lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, las directrices más relevantes ya están en la mesa, no de ahora, sino desde que en el sexenio anterior AMLO y que son plenamente compartidas por Pablo Gómez, entre otras: la necesidad de cambiar al INE por un nuevo órgano denominado Instituto Nacional de Elecciones, reduciendo drásticamente su presupuesto, eliminar plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos políticos.

Así las cosas, nos preguntamos, si los viejos líderes de la izquierda mexicana, como Pablo Gómez Álvarez que en 1979 se beneficio de la reforma electoral de 1977, que le permitió llegar a ser diputado federal electo por el PCM, en la que por primera vez la Cámara de Diputados se conformó por 400 diputados: 300 por mayoría relativa y 100 bajo el principio de representación proporcional.

Gracias a dicha reforma, la izquierda mexicana en las elecciones de 1979 con apenas el 5.1 % de la votación, les fueron asignadas 23 diputaciones. En las elecciones de 1982 el PSUM con sólo el 3.5 % de la votación nacional obtuvo por la vía plurinominal 17 diputaciones. En 1988 postulado por el PMS Pablo Gómez volvió a ser diputado federal por a vía plurinominal; es decir fue diputado dos veces, sin haber ganado una elección, sino por la vía de la representación proporcional. En 1991, otra vez Pablo Gómez postulado por el PRD se integró a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Hoy, la tarea que tiene a su cargo, se vuelve muy compleja, ya que lo que preocupa a la 4T, es la crítica al sistema de representación proporcional, que según sus ideas, se ha viciado y pervertido por beneficiar sólo a los líderes de los partidos y sus cúpulas y ahora es necesario, cambiarlo pero, ¿a qué precio?

Terminar con el carácter pluripartidista de las cámaras, para que sólo prevalezca un solo partido o con nuevas reglas, para hacer más justas y equitativas las elecciones, para que sólo lleguen a las legislaturas quienes hayan logrado obtener en las urnas el apoyo popular mediante el voto ciudadano.

La moneda está en el aire, porque de esta reforma, depende el futuro de la incipiente democracia de nuestro país y de que no exista una regresión a las conquistas en la materia que tantas vidas y luchas, costaron al país para terminar con el partido de Estado y la dictadura perfecta que por más de setenta años se impuso en México.

La reforma electoral, en la línea de órdenes de AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El anuncio del pasado 4 de julio de la reforma electoral, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser discutida en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arrancará el 1 de septiembre, sigue al píe de la letra las instrucciones que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (también conocido como AMLO), desde el 5 de febrero de 2024, cuando anunció el paquete de reformas constitucionales, que vinieron a transformar y a desaparecer instituciones del sistema jurídico mexicano, resultado de la lucha de los partidos de la izquierda mexicana, para conseguir espacios en el poder legislativo y democratizar al país y que continuarán como parte del proyecto del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación, cuyas consecuencias ya estamos viviendo los ciudadanos, como lo fue la desaparición de los denominados organismos autónomos y la cuestionada elección de los integrantes del poder judicial el pasado primero de junio.

Los argumentos para justificar la reforma en materia electoral del oficialismo dan lugar a un análisis de lo que se busca en el fondo y a quién realmente se pretende beneficiar o perjudicar con los cambios propuestos.

Quizás para muchos mexicanos, el INE, con sus pros y sus contras, vendría siendo el último reducto de la incipiente democracia mexicana, porque después de la reforma electoral de 1997, vivió momentos trascendentales para la vida de nuestro país, como el primer gobierno de alternancia en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox Quezada como el primer presidente distinto del partido de Estado, que nos gobernó durante más de 70 años. Después en 2006, quizás haya sido su prueba más difícil al reconocer el triunfo de Felipe Calderón como presidente, sobre AMLO, por lo cerrado de la votación, ocurriendo lo mismo en 2012 cuando obtuvo la presidencia el PRI con Enrique Peña Nieto, sobre López Obrador.

Posteriormente, en 2018, el INE validó el proceso electoral, donde por vez primera un presidente de la izquierda obtuvo el triunfo en forma contundente en las elecciones, a pesar de las críticas y cuestionamientos que los partidos de oposición hicieron en contra del organismo.

Finalmente, en las elecciones de 2024, el INE estuvo a la altura de las circunstancias, organizando el proceso electoral donde por vez primera en México, una mujer llegó para ocupar la presidencia de la República, pero las críticas hacia el organismo vinieron ahora de los que actualmente representan a la oposición, al oficialismo, como lo son el PRI, PAN y MC, que cuestionaron la sobrerrepresentación en ambas cámaras que el INE otorgó a la alianza ganadora, conformada por Morena, PVEM y PT, y que les permitió contar con una mayoría calificada suficiente para aprobar las reformas constitucionales y de leyes secundarias de acuerdo con los deseos del poder ejecutivo.

La elección de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, organizada por el INE en este año, sin contar con un presupuesto suficiente, sin personal para cubrir todo el territorio del país, con evidentes fallas en la selección de las candidaturas por el poder legislativo y ejecutivo, así como la intromisión de funcionarios de gobierno de los tres niveles en el proceso, el uso escandaloso de los acordeones que finalmente llevaron al triunfo casualmente a los candidatos y candidatas propuestos por el oficialismo, con una baja participación ciudadana el día de las votaciones con un porcentaje de apenas el 13% del padrón electoral nacional, sólo dejó satisfecho al oficialismo que por todos los medios ha pretendido calificar el proceso como un éxito por ser México el primer país del mundo que elige a sus ministros, magistrados y jueces.

Si sumamos las críticas y descalificaciones al proceso, emitidas por los observadores electorales de la OEA, realmente el INE terminó siendo el chivo expiatorio de las pifias e ilegalidades que se dieron en las elecciones.

Uno de los argumentos de mayor peso contra el INE es el alto costo que tiene para el país, por el presupuesto que tiene asignado, con sueldos elevados, procesos en la organización muy caros, descalificando su existencia, como un organismo que nos sale muy caro su sostenimiento, a los mexicanos, y que no ha aplicado la austeridad republicana como lo estableció AMLO.

Dicho argumento carece de sustento si revisamos el gasto de los 7 mil millones de pesos que se asignaron por la Cámara de Diputados al INE para la elección de los integrantes del Poder Judicial, con una muy baja participación de los ciudadanos.

El tema de la eliminación de los legisladores plurinominales bajo el argumento de que “no son una verdadera representación del pueblo” y porque muchos ciudadanos están en contra de dicha figura, olvidando que ésta fue la vía para que pudieran acceder a estos cargos militantes de izquierda, cuando el PRI era el partido de Estado, que tenía todo bajo su control.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, cuestionó la propuesta declarando que “existen alternativas con menor costo democrático”, al mecanismo de primera minoría, como lo propone la presidenta, y se pronunció por fórmulas intermedias, que conserven sus virtudes –pluralidad, inclusión, diversidad– y al mismo tiempo fortalezcan la rendición de cuentas, la cercanía territorial y la legitimidad democrática, proponiendo las listas semiabiertas y las listas abiertas.

Pero ayer (jueves) Monreal salió a declarar que respalda la propuesta de reforma electoral de la presidenta, reculando de sus anteriores declaraciones.

Otro aspecto que se ha manejado en el discurso del oficialismo como un elemento que el pueblo ve con buenos ojos, es la reducción del financiamiento a los partidos políticos.

Aunque hasta hoy, no se ha conocido el proyecto de reforma en su texto final, es previsible que se apruebe en los términos que se ha presentado por la presidenta y que, para las elecciones de 2027, desaparecido el INE y los organismos electorales de los estados, las elecciones se realicen con nuevas reglas para garantizar, desde el órgano electoral, la continuidad del proyecto de transformación, modificando el modelo de democracia y pluralismo que tuvimos los últimos años.

La frase “No estás solo” y su tergiversación

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

En la narrativa política en la que los mexicanos nos hemos visto envueltos las últimas tres semanas, a raíz de la orden de búsqueda emitida por la Interpol para la detención del exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “Comandante H”, quien encabezó el grupo conocido como La Barredora y quien se desempeñó en el cargo en los gobiernos de Adán Augusto López y de su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, resaltan los esfuerzos del oficialismo por tratar de salvar la imagen y cuestionamientos de la oposición y de los medios hacia Adán Augusto López, actual líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado.

Así, desde la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, se ha tratado, por los diputados y senadores, de evitar que se haga un linchamiento político hacia Adán Augusto por el peso de la representación que hoy ostenta y por ser, precisamente, como lo declaró la presidenta: “un compañero de lucha y pilar fundamental del movimiento de la Cuarta Transformación”, a lo que podemos añadir la cercanía que tiene con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso públicamente ha mencionado que lo considera como su hermano, lo que quedó demostrado al nombrarlo como su secretario de Gobernación y después como una de sus ‘corcholatas’ para contender como aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena y sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Diversos medios, desde la campaña de Adán Augusto López como aspirante a la candidatura presidencial, denunciaron el gasto multimillonario del que hizo derroche en medios impresos, espectaculares por todo el país y recorridos y mítines, donde nunca se esclareció ni por Morena ni por el Instituto Nacional Electoral (INE), el origen de los recursos gastados y si hubo uso de recursos públicos para impulsar su candidatura.

A pesar de lo anterior, a Adán Augusto López no le alcanzó para lograr imponerse en la elección interna de Morena y terminó en un tercer lugar con un 11.2% de la votación, por debajo del 39.4% de Claudia Sheinbaum y del 25.8% de Marcelo Ebrard, por lo que tuvo que conformarse con encabezar la bancada de Morena en el Senado de la República en la actual legislatura.

En el centro del debate, sobre el grado de responsabilidad y culpa que se atribuye a Adán Augusto López por haber designado a Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad, siendo gobernador y después por imponérselo a su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, aún a sabiendas de que existían denuncias e indicios que apuntaban a que encabezaba al grupo delictivo de La Barredora, que se formó de una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de que como secretario de Gobernación no haya informado al expresidente López Obrador ni solicitado una investigación a la Fiscalía estatal ni a la Fiscalía General de la República contra dicho funcionario.

Los argumentos en su defensa del oficialismo, cada vez más caen por sí mismos, ya que los partidos de oposición han insistido en equiparar esta situación a la misma que, en su momento, la 4T planteó contra el expresidente Felipe Caderón, al haber nombrado a Genaro García Luna como secretario de Seguridad en su gobierno y quien se encuentra purgando una sentencia de 38 años en una prisión de Estados Unidos, por haberse demostrado sus vínculos y protección que brindó al Cártel del Golfo y de Sinaloa durante su gestión.

La versión tanto de Felipe Calderón como de Adán Augusto López para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra por las designaciones de sus secretarios de Seguridad son similares, en el sentido de pretender convencer a los mexicanos que fueron ajenos a las actividades de sus subordinados y que ignoraban los vínculos que hicieron con los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles; dicha versión además de ser inverosímil, sólo deja más dudas y la certeza de que a final de cuentas: tanto estaban enterados de sus actividades delictivas como también de que ellos mismos las solaparon.

La encrucijada de la presidenta Claudia Sheinbaum

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Después de la aprobación de las 11 reformas enviadas por la presidenta a las Cámaras de diputados y senadores, que han sido consideradas como una parte fundamental del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública del país, que impulsó desde su campaña y que fueron:

1.-La reforma integral en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas.

2.-La Ley de la Guardia Nacional, que ahora queda bajo el control del ejército.

3.-La ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública.

4.-La Ley Nacional de Investigación e inteligencia.

5.-La reforma a la ley antilavado y al Código Penal federal.

6.-Reforma a programas sociales y disciplina presupuestal.

7.-Reforma a la ley general de vida silvestre.

8.-Reforma en materia de competencia económica y entidades paraestatales.

9.-Reforma ferroviaria y de bienes nacionales.

10.-Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos.

11.-Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Las reformas anteriores han sido duramente criticadas por los partidos de oposición y por organismos internacionales debido a sus implicaciones para los derechos de los ciudadanos a su privacidad y el control que el estado tiene ahora de la información en aras de lograr la captura de los grupos de la delincuencia organizada.

Ante dicho panorama, todo indicaba que las cosas para la presidenta estaban saliendo a pedir de boca y que incluso el tema de la aplicación de los aranceles del gobierno de Donald Trump a los productos mexicanos estaba bajo control y en negociaciones para lograr resolver los temas prioritarios para el vecino del norte, que son: la lucha contra los carteles del narcotráfico y frenar la inmigración.

Sin embargo, las dos últimas semanas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido de pesadilla, a la luz de los recientes acontecimientos, en que se han endurecido las exigencias de Trump, acusando al gobierno mexicano de no estar haciendo lo suficiente para frenar la producción de fentanilo en México y que continua la entrada de dicho estupefaciente a territorio estadounidense, incluso acusando que las autoridades mexicanas están petrificadas y no saben cómo combatir a la delincuencia organizada que sigue controlando la tercera parte del país, con el contubernio de autoridades municipales, locales y federales.

Otro de los temas que han ocupado las ultimas planas de los diarios y portales de noticias, es la red de tráfico del denominado huachicol fiscal con los decomisos y hallazgos de grandes cantidades de diésel y gasolina en estados del norte del país, como Tamaulipas, Sonora y Baja California y en el sur en estados como Tabasco producto del saqueo de los ductos de Pemex y de productos que entran y salen del país, sin pagar impuestos, con la complicidad no sólo de autoridades del fuero común sino también en contubernio con elementos del ejército, la marina y la guardia nacional, en acciones de las que ha dado cuenta y obtenido excelentes resultados el Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal Omar García Harfuch; aunque sin reportar detenidos.

La presión del gobierno de Trump, por la falta de resultados de México, se tradujo en el anuncio de la aplicación de aranceles del 30% a todos los productos mexicanos que están fuera del T-MEC como el jitomate afectando la producción y los ingresos de agricultores de estados del norte cuyas pérdidas son millonarias; previamente la decisión del gobierno norteamericano de cerrar la frontera para impedir el ingreso de ganado de México por el brote del gusano barrenador, que representa una pérdida superior a los 400 millones de dólares.

A lo anterior se suma la exigencia de Trump de que México detenga a los narcopolíticos y empresarios que se han coludido con los carteles por apoyar y financiar a lo que ellos califican como grupos terroristas; incluso se ha especulado la existencia de una lista de políticos y funcionarios de los que Estados Unidos tiene información de sus actividades delictivas y ante la inacción del gobierno mexicano, subsiste la amenaza de que se ordenen operativos en nuestro país, para detener a dichas personas y llevarlos ante la justicia norteamericana, como ocurrió con el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López hijo del Chapo Guzmán, cuya salida de México no ha sido esclarecida.

La encrucijada a la que se enfrenta la presidenta consiste en que, por una parte, debe demostrar a Trump que está haciendo lo suficiente y necesario para combatir a los carteles del narcotráfico y frenando la producción de fentanilo, deteniendo a todos los involucrados para llevarlos a juicio ante el sistema judicial mexicano, sin distinciones y sin importar su cargo o militancia en Morena, y por otra parte tiene la presión de su antecesor y la militancia de su partido, que saben que de proceder de esta forma, encarcelando a gobernadores y lideres, el costo político para su movimiento sería muy grave ya que los debilitaría con vistas a las elecciones de 2027 porque con ello perderían la confianza de la ciudadanía.

Por ahora el escándalo desatado a raíz de la fuga del país en enero pasado, del exsecretario de seguridad en el gobierno de Tabasco, Hernán N acusado de ser el líder del grupo delictivo conocido como la barredora en el gobierno de Adán Augusto López y su sucesor en el gobierno Carlos Manuel Merino Campos, denunciado por el actual gobernador Javier May, ha puesto al gobierno federal y a la 4T de cabeza, sin saber a ciencia cierta de qué forma deben proceder en este caso por estar involucrado el líder de Morena en el Senado.

El riesgo que corre el gobierno de Sheinbaum, de no proceder conforme a sus facultades y responsabilidades como jefa de estado, es que los Estados Unidos continúen imponiendo sanciones como los aranceles o bien, que ellos procedan directamente a detener a los responsables de apoyar a los cárteles para someterlos a juicio ante la justicia norteamericana; lo que sería muy delicado para el gobierno de la república.

Slim el amigo, Ricardo Salinas el enemigo de la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

En momentos en que el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de TV azteca y de un importante grupo de empresas como Elektra y Total Play, enfrenta la embestida del oficialismo, a través del SAT para hacerle efectivo el cobro de más de setenta y cuatro mil millones de pesos, ante la justicia federal, por una deuda de impuestos no pagados de sus empresas y también cuando la guerra entre el empresario y el gobierno de la presidenta Claudia Sheimbaum, se ha agudizado por las declaraciones expresadas en su conferencia del pueblo acusándolo de no querer pagar dicha deuda y con las respuestas que le ha dado Salinas Pliego a través de sus redes sociales, a lo que se suma la postura crítica contra el gobierno en noticieros como el estelar del canal trece de Javier Alatorre.

Los mexicanos una vez más, somos testigos de una guerra mediática y de poder, que parece no podrá resolverse en forma amigable, sino por el contrario las posiciones antagónicas continuarán, hasta que los tribunales federales resuelvan si el empresario debe pagar la suma que se le reclama o bien si, el poder judicial de la federación, actual declarará improcedente el cobro y con ello el empresario le ganará los juicios al SAT y al gobierno federal, para librarse de la deuda o al menos pagar menos de lo que supuestamente adeuda.

Hasta este momento, el marcador apunta a un tres cero a favor del SAT contra el empresario, ya que el pasado 19 de junio el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa, lo condenó a pagar dos mil millones de pesos, por adeudos de impuestos del año 2012; posteriormente el 29 de junio otro tribunal federal, falló en contra de Ricardo Salinas y su grupo de empresas por lo que deben pagar otros dos mil millones de pesos por adeudos de impuesto sobre la renta del año 2010.

Finalmente el pasado nueve de julio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, falló en contra de TV Azteca tras perder un juicio de Amparo que había promovido contra el pago de impuesto sobre la renta del año 2009, por lo que deberá pagar tres mil quinientos veintisiete millones de pesos, siendo el tercer revés que sufre el empresario en lo que va del año, sin embargo aún puede interponer el recurso de revisión, que le tocará resolver a los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que seguramente el máximo tribunal del país por sus vínculos con el oficialismo, confirmará la sentencia, por considerarlo un enemigo y critico del régimen.

Aún y cuando se ha señalado que durante el período neoliberal en México, eran comunes estas prácticas y se otorgaban condonaciones de impuestos a empresas como las de Salinas Pliego por sus vínculos con el poder y que ahora desde 2018 con el gobierno del ex presidente AMLO y su continuación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se han erradicado dichas prácticas, la realidad nos demuestra lo contrario.

De acuerdo a información del portal EME-EQUIS dado a conocer el 11 de julio de este año, de acuerdo a una investigación realizada con datos del SAT, el expresidente AMLO durante su sexenio condonó más impuestos que Enrique Peña Nieto con un promedio de 135 millones 119 pesos cada mes en el período comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2021, beneficiando a empresas de su camarógrafo de cabecera Epigmenio Ibarra como Argos TV, una filial de Televisa y varias empresas de Tabasco, con una suma que asciende a 3539 millones de pesos.

A pesar lo anterior, y por el monto de la deuda de Ricardo Salinas, sería extraordinario que con el gobierno actual lograra un beneficio como este, más en momentos en que el gobierno federal necesita aumentar la recaudación de impuestos, para sacar a flote el déficit que enfrenta para sostener los programas sociales.

Quién una vez más, ha logrado mantener su estatus como el hombre más rico de México y el empresario transexenal, que ha logrado aumentar su fortuna igual con los presidentes del período neoliberal y hoy con el gobierno de la 4T, es Carlos Slim, quién ha sido el mayor beneficiario de la época dorada del neoliberalismo en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, AMLO y con el actual de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a los datos más actuales Slim, es el hombre más rico de México y de América Latina, a través de sus empresas en diferentes áreas como telecomunicaciones, construcción e infraestructura, mediante las cuales ha logrado amasar una cuantiosa fortuna haciendo grandes negocios al amparo del poder en turno ya sea en gobiernos de derecha o de izquierda, siempre ha sabido salir adelante y bien librado, en casos como el derrumbe de la línea 12 del metro de la ciudad de México, conocida como línea dorada siendo Jefa de Gobierno la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum, en cuya construcción participó Grupo Carso, propiedad del magnate, a quién se le acusó de vicios en la obra que originaron su derrumbe, a lo que respondió que dichos vicios no existieron, sino que el accidente se debió a falta de mantenimiento de la línea; sin embargo se vio obligado a pagar fuertes sumas de dinero a los familiares de las victimas que perdieron la vida en el accidente, evitando con ello tener que enfrentarse al gobierno de AMLO y al de Claudia Sheinbaum.

El ingeniero Slim siempre ha sabido jugar bien sus cartas y gozado de los beneficios que otorga su cercanía con los grupos que detentan el poder, a pesar de que podría no estar de acuerdo con las políticas económicas del oficialismo y de diversas reformas en áreas en las que tiene intereses, ha sabido guardar la calma y seguramente continuará recibiendo grandes ganancias en sus empresas, ya que como un viejo lobo de mar, sabe que confrontarse con el grupo en el poder, le puede significar enormes pérdidas económicas, y quizás se pregunta: ¿si con los neoliberales me fue bien, con los gobiernos de izquierda las cosas no podrían ser mejor? Lo mejor es seguir siendo el mejor amigo del sistema.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El caso de Julio César Chávez Jr y sus repercusiones

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La detención en el norte de los Ángeles en Estados Unidos el pasado miércoles de Julio César Chávez Jr. Hijo de una de las leyendas del boxeo mexicano Julio César Chávez, llevada a cabo por agentes federales, dándose a conocer de inicio, que su detención había sido por tener vencida su visa y por mentir en una solicitud que hizo para obtener la tarjeta de residencia (green card).

Aunque en las primeras declaraciones de las autoridades de migración de Estados Unidos se informó que lo deportarían por existir una orden de aprehensión en su contra en México; lo cierto es que también lo acusaron por tener vínculos con el cartel de Sinaloa, al estar casado con Frida Muñoz viuda del extinto hijo del Chapo Guzmán, Edgar Guzmán López asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán.

Según informes de las autoridades de Estados Unidos, Chávez Jr. Ya contaba con un historial delictivo de las que se tiene registro son las siguientes:

El 22 de enero de 2012 fue detenido por la Patrulla de carreteras de California por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas y, sin licencia.

23 de junio de 2012: el Tribunal Superior del Condado de los Ángeles lo declaró culpable por ese mismo delito y le impuso una pena de 13 días en prisión, junto con tres años de libertad condicional.

14 de enero de 2023: Un juez de Distrito de México, emitió una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y otros delitos relacionados con con el ingreso ilícito de armamento al país.

7 de enero de 2024: Fue arrestado por la policía de los Ángeles y acusado de portar un arma de asalto de forma ilegal y por fabricar o importar un rifle de cañón corto. Estos cargos resultaron en una condena.

Al darse a conocer la detención del pugilista por las autoridades de migración de Estados Unidos y la existencia de una orden de aprehensión en su contra en México, la fiscalía general de la República de inmediato confirmó la existencia de dicha orden, justificando la inacción de las autoridades para solicitar su extradición de Estados Unidos, bajo el pretexto de que no se habían ejecutado por el hecho de que Chávez Jr. Entraba y salía de territorio estadounidense y era muy difícil lograr su captura.

La presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó en su Conferencia del Pueblo de este viernes 4 de julio, el no contar con la información de la existencia de la orden de aprehensión contra Chávez Jr. Pero aclaró que los datos que le proporcionó la fiscalía general de la República es que se le acusa por su participación en “el crimen organizado, y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”

La detención de Chávez Jr. Motivó que la Subsecretaria Tricia McLaughlin llamó al boxeador mexicano un afiliado del Cartel de Sinaloa, declarando que: “con el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado del cartel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los carteles”

Dicha declaración, emitida en un momento en que la relación de México con Estados Unidos, se encuentra en predicamentos, ante la declaración del vecino del norte de designar a los carteles del narcotráfico de México como grupos terroristas, por el endurecimiento de la política antiinmigrante y la deportación masiva de miles de mexicanos ilegales, el anuncio de los aranceles que hará el Presidente Trump el próximo nueve de julio para definir los porcentajes que se aplicarán a todos los países con los que tienen una relación comercial, así como el adelanto de la revisión del T-MEC para finales de este año.

Deben encender las alertas en el gobierno mexicano, para tratar de demostrar a Trump, que las acciones de seguridad y lucha contra los carteles del narcotráfico, implementadas por la presidenta Sheinbaum a través de su secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch, realmente van en serio y que existe la capacidad y estrategia suficientes para combatir a estos grupos de la delincuencia organizada y toda la red de complicidades de funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores y empresarios que de una u otra forma han sido cooptados por estos grupos o bien se han prestado a apoyar sus actividades delictivas, haciendo jugosos negocios para beneficiarse con un patrimonio mal habido o bien lavando dinero.

En la red de complicidades que investigan las autoridades tanto de Estados Unidos, como de México, hoy el reto, es saber, quién tiene mejor información y quién puede dar los mejores golpes a los carteles, para debilitarlos y con ello frenar la producción y tráfico de drogas y por otra parte disminuir los índices de violencia e inseguridad que no han podido bajarse en varios estados del país.

Golpes como la detención de Chávez Jr y el anuncio de que se irán contra todas las personas que tengan vínculos o negocios con los carteles, seguramente en los próximos días darán mucho de que hablar y si las autoridades mexicanas no demuestran que están decididas a cooperar en estas labores y de detener a quienes estén involucrados con los carteles, las autoridades de Estados Unidos los rebasarán por la derecha y tendrán el pretexto para llevar a cabo acciones más agresivas e intervencionistas como lo han hecho impunemente en otros países.

Llegó la hora de hacer a un lado los discursos y de que las fuerzas de seguridad y las fiscalías, con resultados demuestren al mundo, que la lucha contra los carteles y la inseguridad en México, son su mayor compromiso en bien de la Nación.