Dr. German Molina Carrillo

Garcia Luna, el villano favorito de la Cuarta Transformación

Durante la campaña a la presidencia de la república de AMLO, uno de los temas recurrentes de sus discursos fue el culpar a los gobiernos del período neoliberal de la inseguridad y clima de violencia que se vivía en el país, a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa quién declaró la guerra contra el narco y los grupos de la delincuencia organizada, dando la orden de que las fuerzas armadas del país integradas por el ejército y la marina participaran activamente en esa guerra, sin obtener resultados e incluso haciendo la promesa de que de ganar la presidencia regresaría a las fuerzas armadas a los cuarteles y daría el mando a un civil, con lo que resolvería el problema de la inseguridad y terminaría con los grupos de la delincuencia organizada que operaban en territorio mexicano.

AMLO aseguraba: “por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y de campo, la falta de empleo y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han causado miles de muertos en el país”

Declaró que: “La crisis de seguridad que aflige a México es el resultado de una conjunción de factores; pobreza, injusticia y exclusión que se suman a la ineficiencia de las autoridades y a la corrupción de los cuerpos policiacos y el aparato judicial”

Una vez que ganó las elecciones y asumió el cargo como presidente de la república, sus políticas sociales y la promesa de que para resolver el problema de la inseguridad, se deberían atender las causas y lanzar sus programas sociales como el de “Jóvenes construyendo el futuro” para alejarlos de incurrir en conductas antisociales. “Becarios si, sicarios no” modelo que a la postre y al final de su gobierno, no dio los resultados esperados y el crecimiento de los grupos criminales siguió al alza, mediante el reclutamiento de jóvenes a actividades delictivas, por los jugosos ingresos y promesa de los carteles en convertir a los jóvenes una carrera delictiva que les permitiría asegurar su futuro y el de sus familias.

En el tema de la corrupción de las autoridades gubernamentales desde las más altas esferas como lo fueron la Secretaría de Seguridad, cuerpos como la extinta policía federal, fiscalías y funcionarios del poder judicial de todos los niveles, el discurso Obradorista en sus conferencias mañaneras, fue de sus temas favoritos, generalmente culpando a los gobiernos del período neoliberal del estado en que recibió el país y culpando a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de haber apoyado y protegido con funcionarios corruptos la expansión de los carteles en el país.

Así uno de sus personajes favoritos para culpar al gobierno de Felipe Calderón de su política fallida para combatir la inseguridad en México, fue el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, detenido por el gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2019 por estar coludido con los carteles como el de Sinaloa y de recibir millonarias sumas de dinero para permitir y proteger sus actividades delictivas en el país.

Durante más de una década García Luna fue el hombre más poderoso a cargo de a seguridad pública en México, protegido por el expresidente Felipe Calderón.

Como lo señala le periodista Peniley Ramirez en su libro: “ Los Millonarios de la Guerra” el expediente inédito de García Luna y sus socios,  García Luna “En Nueva York un gran jurado lo acusó de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y un cargo por haber mentido a las autoridades sobre su historial delictivo. Seis meses después le añadieron otro cargo, también por narcotráfico. En resumen le imputaron haber sido un topo, un infiltrado en el gobierno mexicano del grupo criminal que las autoridades consideran como el más poderoso del continente”

La detención de García Luna y todo lo que vino después, fue utilizada por el presidente AMLO y MORENA como un factor determinante y contundente para debilitar a sus adversarios políticos PRI y PAN denostando la denominada guerra contra el narcotráfico y poniéndolo como un ejemplo de lo que hicieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a quienes acusó de estar coludidos con los carteles mediante el ex secretario detenido ahora en Estados Unidos y quién actualmente ha sido sentenciado por dichos cargos a 38 años y ocho meses de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

Así cada vez que los partidos de oposición, salían a criticar la estrategia de seguridad y resultados del gobierno de la cuarta transformación en el combate a los carteles del narcotráfico, la respuesta del oficialismo era poner de ejemplo los delitos cometidos por García Luna, que se convirtió en el blanco favorito de AMLO y de la dirigencia nacional de Morena para acusar de corruptos a los partidos de la oposición, celebrando la condena que se le impuso al exsecretario de seguridad.

Pero la narrativa cambio esta semana, al denunciarse por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que entidades financieras como Casa de Bolsa Vector de la que es socio el ex jefe de la oficina de AMLO Alfonso Romo, fue acusada de lavar dinero del crimen organizado desatando un escándalo por la cercanía de Romo con el gobierno de la 4T; por lo que de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Hacienda, así como la UIF salieron a declarar que no existían pruebas de que Vector hubiera incurrido en dichas actividades y que sólo había incurrido en faltas administrativas que ya habían sido sancionadas, retando al Departamento de tesoro de estados Unidos que presentara las pruebas en contra de Vector.

También, esta misma semana se dio a conocer, que desde septiembre de 2024 tanto la UIF como la Secretaría de Hacienda, tenían información de la investigación en contra de Vector, que se ocultó, seguramente por las elecciones presidenciales, lo que podría poner en riesgo los resultados al demostrarse que el villano favorito de la 4T, finalmente había sido cobijado por uno de los principales asesores de AMLO y de su movimiento.

Las investigaciones seguramente continuarán y en los próximos días, se darán a conocer nuevos elementos del caso. Pero por lo pronto García Luna ya no será más un personaje útil en el discurso del oficialismo en su confrontación permanente con la oposición.

 

*@Dr.GermanMolinaCarrillo

El Déficit de Profesionales del Área de la Salud en México

 

                                                                                   *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El 19 30 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Educación, que abroga la anterior del 13 de julio de 1993, entrado nuestro país en una nueva etapa en la materia, dejando atrás el modelo que impero en el denominado periodo neoliberal para abrir paso al modelo de la cuarta transformación con el gobierno de AMLO.

Los cambios en la nueva ley son de gran importancia para todos los mexicanos, no sólo para los del nivel de educación obligatoria, sino para todos los demás como el de la educación superior.

La urgencia de sepultar los modelos y diseños que imperaron en los gobiernos del PRI y del PAN, así como las reformas educativas, que fueron calificadas como inequitativas e injustas por la oposición representada por los partidos de izquierda, así como el descontento de los sindicatos del magisterio, fueron un factor determinante para que las promesas de AMLO en la campaña de 2018 permearan en buena parte de la población que le permitió alcanzar el triunfo en las elecciones.

En la obra 2018: ¿AMLO PRESIDENTE?  De José Antonio Crespo página 81 cita: AMLO “ofreció: que se mejoraría la calidad de la enseñanza y, al mismo tiempo buscaríamos alcanzar la cobertura total en todos los niveles de escolaridad. Se rehabilitaría y ampliaría la infraestructura educativa…Ningún joven que quisiera ingresar a la Universidad habrá de ser rechazado” Pone como ejemplo de eso a los países escandinavos (una vez más) como es Dinamarca, donde “ la población cuenta con educación gratuita de calidad en todos los niveles escolares; hay becas para todos los estudiantes de nivel medio superior y posgrado “

Pero como todos sabemos, una cosa son las propuestas de campaña para lograr el voto mayoritario y el triunfo en las elecciones, otra es el Plan Nacional de Desarrollo que cada presidente presenta y en el que lejos de los discursos debe fijar las políticas públicas y programas que guiarán su actuar y la real, es lo que finalmente acontece en los diferentes rubros de la administración, cuando cada acción de gobierno debe estar respaldada con el presupuesto necesario para cumplir las expectativas ciudadanas.

Por ello la Nueva Ley General de Educación, fue el eje y la guía fundamental para que AMLO lograra materializar sus ideas en este rubro para transformar al país.

El balance de los seis años de su gobierno en materia educativa no es favorable, ya que los viejos vicios como el analfabetismo al cierre de 2024 reportan que en México hay 32 millones de analfabetas y en rezago educativo y más de 5 millones no saben leer ni escribir; 10 millones no ha concluido la primaria y 16 millones la enseñanza secundaria.

La asistencia y apoyos de los programas sociales y del bienestar a las familias, no han sido suficientes para abatir esta problemática.

El hecho de que la educación en México se ha instrumentalizado para preservar un modelo y proyecto político a largo plazo, también ha afectado tanto la cobertura como la calidad de la enseñanza que reciben los jóvenes en todos los niveles.

Uno de los rubros que más se vieron afectados en el gobierno de AMLO, fue el de la educación superior, donde se aplicaron recortes a las Universidades Autónomas por un lado y por el otro se les obligó a recibir más alumnos, a sabiendas de que se requerían más recursos e infraestructura para su atención; aún así las universidades públicas, salvo casos excepcionales han salido adelante para apoyar a los jóvenes que desean cursar estudios de nivel medio superior y superior.

En el caso de las carreras del área de la salud, la nueva Ley General de Educación, en el título séptimo del federalismo educativo en el artículo 113 establece: “le corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: fracción X.-Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en el área de la salud”

Con esta disposición, se prohibió a las Secretarías de Educación de los Estados, otorgar reconocimientos de validez oficial de estudios a instituciones educativas particulares, aún y cuando contarán con los mismos, con fecha anterior a septiembre de 2019, obligándolos a solicitar los reconocimientos en la SEP federal, con lo que las posibilidades para los jóvenes de cursar una carrera en dicha área se redujeron drásticamente, por la saturación y falta de lugares que enfrentan para ingresar a las Universidades públicas.

Aún y cuando durante la pandemia de la covid 19, fue evidente la falta de profesionales como médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros para atender a la población enferma; el gobierno federal prefirió traer médicos cubanos para cubrir estas carencias y hasta la fecha la política de seguir con la centralización federal para otorgar reconocimientos de validez a las instituciones educativas sigue vigente.

A lo anterior se suma el burocratismo y saturación de solicitudes que enfrenta el CIFRHS Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud dependiente de la Secretaría de Salud federal, que debe emitir un dictamen previo de aprobación de los planes y programas que pretendan impartir los particulares, atendiendo solicitudes de todo el país, que se acumulan todos los días, por falta de personal y apoyos.

Cuando el particular ya cuenta con el dictamen del CIFRHS, aún debe pasar la aduana de la Dirección General de Instituciones Particulares de la SEP federal, (DGAIR) que, con poco personal, presenta un rezago de más de 20 mil expedientes en espera de ser analizados para determinar si se otorga o no el acuerdo de reconocimiento solicitado por el particular.

Las instituciones particulares, han solicitado a los diputados federales se promueva una reforma a la Ley General de Educación, para devolver a los Estados la facultad de que sean ellos, a través de sus Secretarías del ramo quienes otorguen los reconocimientos de validez oficial en las licenciaturas del área de la salud, para aumentar la cobertura y el país cuente con un número suficiente de profesionales para la atención a la población.

Sólo falta la sensibilidad y apertura de las autoridades federales, para resolver una problemática que actualmente afecta las aspiraciones de nuestros jóvenes para convertirse en profesionales del área de la salud.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La crisis migratoria y la relación México – USA

  *Dr. Julián Germán Molina Carrillo. 

La semana laboral que concluyó este viernes trece de junio, ha sido caótica y muy complicada en la relación de México con los Estados Unidos; principalmente por el clima de desencuentros y posturas que han tomado por un lado la administración del presidente Donald Trump, quién está dispuesto en los hechos, a cumplir a los estadounidenses que le dieron su voto en el pasado proceso electoral, con todas las promesas de campaña que enarboló y que hicieron posible su retorno a la casa blanca y por otro lado la posición que ha tomado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a defender la soberanía del país, evitar la intromisión de extranjeros en la vida política y procesos electorales, su rechazo a la aplicación de los aranceles a los producto mexicanos que se exportan a los Estados Unidos; así como a las remesas que envían nuestros connacionales  y que se han anunciado serán del 3.5%, su rechazo a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que se ha traducido en una persecución feroz del ICE, para superar el número de al 42 personas de portadas en  una semana, sin importar su estatus migratorio, con la sola sospecha de que se trata de un inmigrante ilegal en territorio norteamericano. 

Si revisamos la situación actual que se vive en Estados Unidos y que también está impactando a otros países, desde la llegada del presidente Donald Trump a su segundo mandato presidencial, podemos darnos cuenta, que de alguna forma no se está saliendo del guion de sus promesas de campaña, como lo fueron: recobrar la fuerza y presencia  de Estados Unidos en el mundo, argumentado que varios países con los que mantiene relaciones comerciales, como China, Canadá, México, la Unión Europea, entre otros, han abusado imponiendo aranceles a los productos que exportan; el terminar con la construcción del muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal, deportar a sus países de origen al mayor número de emigrantes que hayan ingresado ilegalmente a territorio norteamericano, exterminar a los carteles y grupos de la delincuencia organizada con presencia y nexos en territorio de Estados Unidos; resolver los conflictos armados como el de Israel con Palestina, la guerra entre Rusia y Ucrania y fortalecer el poder militar de los Estados Unidos a nivel mundial.  

Evidentemente, algunas acciones que ha plasmado en sus ordenes ejecutivas, le han dado los resultados esperados, otras no y varias de ellas, han causado afectaciones a los intereses de varios países, como en el caso de la aplicación de los aranceles, de las deportaciones masivas y de decisiones que también están afectando a los ciudadanos estadounidenses ante una inminente aprobación de la iniciativa fiscal de Trump conocida como un solo proyecto de ley grande y hermoso que aunque promete la creación de empleos y el impulso económico, para muchos analistas las cifras revelan un camino potencialmente peligroso para la debilitada salud fiscal de Estados Unidos; debido a que añadirá entre dos y cinco billones de dólares a la imponente deuda estadounidense de 36.3 billones de dólares los próximos diez años, con una menor recaudación fiscal que compensará con creces la reducción del gasto. 

En el escenario actual, el endurecimiento de las acciones de las fuerzas del ICE para deportar a más inmigrantes ilegales en estados como California en esta semana, con la detención de al menos 42 de origen mexicano, desató la inconformidad de los ciudadanos de California, con el apoyo del gobernador demócrata Gabin Newson quién públicamente rechazó estas acciones acusando al presidente Donald Trump de esta ola de persecución y detenciones de trabajadores migrantes, sumándose a este rechazo la alcaldesa de los Angeles Karen Bass, por el envío de más de setecientos soldados de la guardia nacional a la ciudad para reforzar las detenciones y frenar las manifestaciones que se han organizado por los familiares de los migrantes y ciudadanos del estado en contra de las detenciones y deportaciones del ICE. 

Por la situación y enfrentamiento entre las autoridades de California con el presidente Donald Trump, así como al hecho de que grupos de inconformes ha hecho quema de patrullas, destrozos y saqueo de comercios, la alcaldesa decretó desde el martes pasado un toque de queda nocturno para detener las acciones violentas y evitar daños a las propiedades y comercios. 

Pero un elemento que además vino a complicar la situación que se vine en la relación de México- Estados Unidos, fue la declaración de la secretaria de Seguridad Nacional de USA Kristi Noem, quién el 9 de junio públicamente acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar alentado las manifestaciones violentas de mexicanos en los Ángeles, condenándola ante la presencia del presidente Donald Trump. 

La misma tarde del martes la presidenta Sheinbaum publicó en su cuenta de X un mensaje señalando que es “absolutamente falso que esté alentando las manifestaciones violentas, sino por el contrario estar a favor del dialogo y respeto entre ambas naciones.” 

A pesar de la aclaración presidencial, morenistas como el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, inicio un debate con el senador republicano Eric Schmitt de aumentar el arancel de las remesas del 3 al 5% burlándose del legislador y poniendo en riesgo un eventual incremento que vendría a afectar a los migrantes y a las familias mexicanas que viven de las remesas. A su vez la diputada Melissa Cornejo Consejera estatal de Morena en Jalisco, hizo un posteo en su cuenta de X en contra del retiro de visas a mexicanos con una frase vulgar, lo que motivó que el Subsecretario de Estado Christopher Landau ordenara la cancelación de visa de la morenista, aclarando que ni siquiera contaba con ella. 

La presidenta Sheinbaum y la presidenta Nacional de Morena han tenido que intervenir para frenar las declaraciones desafortunadas de Fernández Noroña y el partido deslindándose de las declaraciones de la diputada Cornejo, ante la delicada situación de la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, la radicalización de los grupos de Morena en Estados Unidos y las protestas violentas, pueden complicar aún más la posición de nuestro país, con el vecino del norte, que ha calificado a los migrantes de delincuentes, violadores y terroristas para expulsarlos por poner en riesgo la seguridad de su país. Es momento de buscar soluciones pacificas y que sea la diplomacia y los intereses comunes los que orienten una solución a esta crisis de la relación. 

Son enormes los intereses de México que están en juego, una declaración desafortunada o una acción de gobierno mal interpretada pondría en grave riesgo al país, sobre todo ante la revisión del T-MEC que podría verse afectada o incluso darse por cancelado, si Estados Unidos decide no firmarlo en forma definitiva. 

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. 

 

                                           

La Elección Judicial y sus Repercusiones

LA ELECCIÓN JUDICIAL Y SUS REPERCUSIONES “

                                                                                     *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Como lo escribí en mi colaboración de la semana pasada, el dos de junio de 2025, será recordado en los anales de la historia de México, como el inicio de una nueva época en la conformación del estado y en los hechos el fin de la división de poderes, que aunque continua vigente en nuestra Carta Magna, en los hechos dejará de funcionar, el primero de septiembre de este año, cuando entren en funciones los Ministros, Ministras, magistrados, magistradas y jueces del Poder Judicial de la federación, “electos por el pueblo” el primero de junio, bajo un esquema de origen viciado y con graves problemas en cuanto a su legalidad y en que se juntaron las peores prácticas de lo  que se ha denominado como el mayor fraude electoral del que se tenga conocimiento en los últimos años en el país.

La previsible baja participación de los ciudadanos en las elecciones, sin duda alguna fue la causa que obligó al oficialismo a echar mano de todos los métodos y argucias posibles, para lograr que finalmente llegaran a los cargos, los candidatos afines al movimiento de la cuarta transformación de la vida pública del país.

El uso descarado de los denominados acordeones que se repartieron a lo largo y ancho del país por los servidores de la nación, funcionarios de gobierno y a las estructuras de Morena, a fin de lograr llevar a los beneficiarios de los programas sociales a las urnas, fueron determinantes para evitar se colaran candidatos extraños o integrantes del Poder Judicial de la federación, que decidieron participar en el proceso, confiando en que podían ganar el mismo, con el apoyo de los ciudadanos y de que tenían la posibilidad de seguir laborando en dicho poder; a ellos se deben sumar a los candidatos orgánicos o espontáneos que ante los requisitos básicos que se pedían, llegaron a pensar que las elecciones se llevarían a cabo legalmente y que habría piso parejo.

Aún y cuando fue el propio oficialismo, quién impuso las condiciones al aprobar la reforma en ambas cámaras, para evitar hubiera irregularidades en el proceso, prohibiendo el uso de los medios masivos de comunicación para promocionar la imagen de los candidatos, los topes de gastos que podrían asignar a sus campañas, el uso de recursos y programas públicos, la no injerencia de los partidos políticos y sus estructuras para apoyar a determinados candidatos; al final fue el propio oficialismo quién alentó y ejecutó las acciones para manchar la elección, con la anuencia y complicidad del INE y en algunos casos con el aval de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, organismos que están bajo su control.

La versión, de que los resultados de las elecciones ya estaban decididos, antes de la jornada, se fueron confirmando en las primeras horas del primero de junio, coincidiendo con los datos que aparecían en los acordeones que previamente fueron distribuidos entre los ciudadanos que el oficialismo se encargó de llevar a las casillas a través de sus operadores políticos.

Las irregularidades se fueron acumulando antes de la elección y el día en que se llevo a cabo la misma, con paquetes de boletas tachadas a favor de los candidatos de los acordeones, acarreo de votantes, compra de votos y la operación de las estructuras partidistas para trasladar los paquetes electorales.

Al final de la jornada, se habían contabilizado más de 29 denuncias por delitos electorales ante la fiscalía general de la República, más las que se presentaron en las de algunos estados donde se eligieron a Presidentes Municipales y a integrantes de los poderes judiciales.

Los números que dio a conocer el INE entre el domingo primero y el lunes dos, señalaron una participación del 13% del padrón de casi 100 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral con credencial para votar.

Dicho porcentaje se iría diluyendo en los dos días siguientes al abrirse los paquetes y dar cuenta los Consejos Distritales de casi dos millones de boletas con votos nulos y en blanco, donde miles de ciudadanos a su manera protestaron por una elección que nunca entendieron o de la que no estuvieron de acuerdo desde su aprobación.

A casi una semana de las elecciones, el triunfo de los candidatos respaldados por el oficialismo y muchos de ellos con militancia en Morena, tanto para la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del tribunal Electoral federal, de los Magistrados de Circuito y de los Jueces de Distrito, se ha ido confirmando, por lo que tienen garantizado su puesto en el Poder Judicial de la federación, aunque hayan sido elegidos por uno de cada diez mexicanos, es decir, siendo justos su nivel de respaldo ciudadano es mínimo, por más que la presidenta y los lideres de las cámaras se empeñen en declarar que fue un triunfo del pueblo y de la democracia.

Falta que los observadores electorales extranjeros y los organismos que vinieron a México a presenciar las elecciones den a conocer lo que vieron y las irregularidades que detectaron; sin embargo, ello de ninguna forma podrá cambiar los resultados finales del proceso.

Por el bien del país y de los ciudadanos, el oficialismo debe revisar todo lo sucedido e impulsar una reforma que corrija todos los vicios e irregularidades que se detectaron, para evitar se repitan en las elecciones de 2027; reconocer en lo que se equivocaron y tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos que decidieron no salir a votar o que anularon su voto; el mensaje es muy claro y sólo quien no quiera verlo, insistirá en que el fin justifica los medios y que como dijo el ex presidente AMLO, cuando el Senador Yunes se integró a la bancada de Morena para obtener los votos que necesitaba la 4T para la aprobación de la reforma judicial, afirmando que: a veces es necesario sacrificar principios, para lograr los fines lo que implicó el cierre de las carpetas de investigación que existían en contra del Senador en Veracruz por diversos delitos.

Las expectativas después de las elecciones, de que en México mejore la impartición de justicia y se termine con la corrupción y los vicios como el nepotismo e influyentismo, son casi nulas ya que los funcionarios judiciales, se sentirán tocados por dios, al haber sido elegidos por el pueblo y deberle su cargo al oficialismo, sin ningún compromiso con los ciudadanos.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

 

2 de Junio 2025, el fin de la República

2 DE JUNIO 2025, EL FIN DE LA REPÚBLICA “

                                                                                     *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El próximo dos de junio, un día después de la celebración de la jornada mediante la cual se habrá llevado a cabo la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que comprenden los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistrados de circuito, 386 cargos para jueces de distrito, se habrá consumado lo que para muchos juristas y analistas políticos, se ha denominado como el fin de la república tal y como la conocemos desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2017.

Los argumentos que sostienen esta idea se basan esencialmente, en el hecho de que a partir de la elección y de que se den a conocer los resultados definitivos del proceso, el 15 de junio en que el INE publicará y avalará los números finales y quienes ocuparán los diversos cargos a partir de agosto de este año, el poder judicial pasará a formar parte del poder ejecutivo que ya controla el poder legislativo: es decir se pone fin al principio de la independencia judicial  y ahora los funcionarios judiciales, dejarán de ser impartidores de justicia, para convertirse en empleados del grupo político o partido que impulsó su candidatura y le ayudó a legar al cargo.

La ficción de que será el pueblo, quien con su voto en las urnas elegirá a los próximos funcionarios judiciales, sólo es parte de una simulación y engaño, para justificar la llegada de los nuevos Ministros, magistrados y jueces, que llegan con el estigma de que los ciudadanos les dieron su voto y los eligieron, sin haber sido influenciados o vendido su voto para favorecerlos.

La elección judicial, se presenta en un momento crucial para el futuro de nuestro país, ya que serán las generaciones de mexicanos que hoy están naciendo y de quienes en unos cinco años llegarán a la mayoría de edad, quienes padecerán las consecuencias de esta decisión del gobierno en turno, que pone a las instituciones al borde como lo señala el jurista Diego Valadez, de una anarquia, ya que el control absoluto de los poderes quedará concentrado en el poder ejecutivo y no existirán más contrapesos en contra de las decisiones del presidente o presidenta en turno, porque los otros dos poderes estarán bajo su control.

Para millones de mexicanas y mexicanos, a quienes se ha vendido a idea, de que ahora ellos decidirán mediante su voto, quienes serán sus Ministros, Magistrados y Jueces, no les queda claro, en que se verán beneficiados o de que forma en su momento podrán exigir cuentas o esperar un trabajo profesional de quienes llegarán a los puestos en su gran mayoría sin experiencia, ni una formación adecuada para desempeñar los cargos en forma eficiente.

Si bien es cierto, el poder judicial en su conformación actual, presenta deficiencias y vicios que deberían ser erradicados, no podemos medir a todos con la misma vara o generalizar de que todos son corruptos o corruptas.

Realmente, ninguno de los tres poderes reconocidos en nuestra Constitución, es perfecto ya que cada uno de ellos, ha incurrido en excesos, vicios, arbitrariedades, delitos, etcétera y aún así, los más de 130 millones de mexicanos seguimos soportando su actuar en detrimento de nuestra democracia.

Lo que se espera, con la elección judicial del uno de junio, es que el remedio sea peor que la enfermedad y que los viejos vicios y prácticas corruptas, lejos de erradicarse, se acentúen con funcionarios a los que no sólo es faltarán conocimientos y experiencia, sino que por los recortes a su salario y la duración que tendrán en los cargos, estarán más preocupados por enriquecerse antes de que los despidan, que atender eficientemente los juicios y procedimientos sometidos a su conocimiento.

Realmente, los nuevos funcionarios judiciales, desde hoy tienen claro, que no deben su puesto al pueblo, ya que muchos de ellos ni siquiera hicieron campaña para conseguir los votos y que si llegaron a ser elegidos, se lo deben al grupo político o partido del oficialismo que los impulsó y desde el INE logró salieran electos; de ahí que en su actuar saben que más les conviene resolver de acuerdo a las instrucciones del oficialismo los asuntos, que a favor de los ciudadanos, porque corren el riesgo de ser removidos y hasta que se les integre una carpeta de investigación por el Consejo de Disciplina Judicial y terminar en prisión, por resolver en contra de los intereses del estado.

A nivel internacional, México es la burla de otros países, que ven como una amenaza esta elección, por la desconfianza que origina para los inversionistas extranjeros, no contar con un poder judicial independiente e imparcial, poniendo en grave riesgo el estado de derecho y la democracia del país.

Si la elección judicial, es a largo plazo un error del oficialismo y de los partidos que aprobaron la reforma, desafortunadamente los costos y consecuencias de ello, las pagaremos todos los mexicanos en el corto plazo.

 

                                  *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

 

El inicio de la contraofensiva de los cárteles

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.  

El cobarde y artero asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la primera Secretaria particular y el segundo coordinador de asesores de la Jefa de Gobierno de la ciudad de México Clara Brugada, cometido por un sicario el pasado martes veinte de mayo, aproximadamente a las 7.13 am a plena luz del día, en la Calzada de Tlalpan, a las afueras de la estación Xola, de la línea dos del metro, donde los dos funcionarios de primer nivel del gobierno de la capital del país, fueron abatidos a balazos.

Fue una operación bien planeada, por uno de los carteles que actualmente operan en la ciudad de México y que de acuerdo a información dada a conocer por la periodista de investigación Anabel Hernández, de acuerdo a sus fuentes, todo indica fue ejecutado por el cartel Jalisco Nueva Generación, aunque el dato no ha sido confirmado por las autoridades de la fiscalía capitalina, a cargo de la investigación.

Para muchos analistas, la hora y el día en que se perpetró el doble homicidio tenia la intención de dar un golpe y mensaje, no sólo a Clara Brugada por tratarse de dos funcionarios muy cercanos a su administración, no de ahora, sino que venían trabajando con ella, desde que gobernó la alcaldía de Iztapalapa; sino también a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal Omar García Harfuch, quienes daban inicio a la Conferencia del Pueblo de la presidenta y donde el secretario informaría de la baja en los niveles de inseguridad y homicidios dolosos en el país, que se han venido dando con la estrategia de seguridad implementada en el actual gobierno contra las organizaciones criminales.

Los hechos y circunstancias del condenable homicidio, dejan en claro, que si bien es cierto que en esta guerra que libra el gobierno federal con apoyo de las fuerzas armadas como el ejército, la Marina y la Guardia Nacional, contra los grupos de la delincuencia organizada han logrado detener a 21411 criminales, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, se ha logrado del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de 2025 incautar una tonelada y media de sustancias ilícitas para elaborar estupefacientes y más de dos millones 300 mil pastillas de fentanilo; 10962 armas de fuego y se ha logrado inhabilitar 915 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetaminas.

Se ha logrado también reducir el robo a transporte en las carreteras del país, que ha disminuido en los siete meses de la administración de Claudia Sheinbaum, disminuir en un 28% comparado con el gobierno anterior y se ha logrado la recuperación de vehículos robados en un 24%.

Aunque mucho se ha especulado, sobre las causas que motivaron el asesinato de los dos funcionarios de primer nivel del gobierno de la capital del país y que las investigaciones siguen su curso y al momento no se ha logrado dar con los responsables, ya que el sicario que llevó a cabo la ejecución, no actúo sólo, ya que se ha detectado que al menos tuvo a otros dos cómplices, lo que resulta alarmante es la facilidad con la que llevó a cabo el doble homicidio y la ausencia de seguridad para Ximena y José Muñoz, que no contaban con escolta y mucho menos con personal de seguridad.

Independientemente del mensaje o la intención que tuvo el cartel o grupo de la delincuencia que perpetró el asesinato, es condenable en todos sentidos el hecho, ya que todo apunta a que ante la estrategia del gobierno federal, para detener, desmantelar, incautar y deportar a los Estados Unidos a los lideres de los carteles y mandos, responsables de las plazas y manejo de los ingresos que obtienen del tráfico de drogas, la ejecución de los funcionarios es una respuesta ya que ahora dirigirán sus acciones en contra de los colaboradores que consideren les han afectado o que les estorban para seguir operando en el país con una completa impunidad.

Estamos ante el inicio de una contraofensiva de los grupos criminales, que parecen dispuestos a cobrarse con vidas de colaboradores de los gobiernos todas las acciones de las fuerzas de seguridad que los están combatiendo, por lo que se sienten no sólo agraviados, sino también traicionados, por la ruptura de los pactos de impunidad y de protección a sus actividades delictivas que los ponen al borde del colapso financiero y de una eventual pérdida de sus vidas o su libertad.

Si algo preocupa al gobierno de Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, es la colusión que existe y prevalece aún entre Presidentes Municipales, Gobernadores y elementos de las fuerzas de seguridad que tenían acuerdos y pactos de impunidad, que ahora empiezan a desconocer, con el riesgo, no sólo de que sufran represalias, ellos, sus colaboradores o sus familias como una forma de venganza sin importar quienes sean responsables de haber suscrito esos acuerdos, que tanto daño han hecho al país y a los ciudadanos, que habitan en estados como: Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Colima, Baja California, Morelos, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, entre otros, donde el dominio territorial de los carteles se ha extendido en forma exponencial.

La única forma de detener esta ola de violencia y contraofensiva de los carteles hacia los funcionarios públicos y colaboradores, es que las autoridades involucradas y que son responsables de la violencia en sus estados, ya sea por acción o por omisión, rindan cuentas ante la justicia y colaboren con las fuerzas de seguridad, anteponiendo sus intereses personales y económicos a la eliminación de la violencia e inseguridad que continúa en sus estados.

Por ello, será muy interesante ver en los próximos días, si realmente el departamento de Estado del vecino del norte, publicará la lista de funcionarios de gobierno, gobernadores y miembros de la clase política involucrados con los carteles del narcotráfico o bien, si sólo es un rumor y les dará la oportunidad de que sean ellos mismos los que colaboren con la Fiscalía General de la República y el gobierno federal, para proporcionar la información y elementos para el desmantelamiento de los carteles y detención de los jefes de plaza y lideres que siguen actuando en el país.

 

                                 *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La justicia que viene de afuera

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el orden mundial y los intereses económicos, de seguridad, militares y los conflictos armados que existen actualmente, se han visto sujetos a las decisiones y ocurrencias de Trump, que desde su campaña a la presidencia bosquejó una serie de acciones y medidas, principalmente para fijar en la mente de los estadounidenses, una gran diferencia, entre las políticas y forma de gobernar del Partido Demócrata representado por el ex presidente Joe Biden y lo que representa el Partido Republicano en el poder.

Uno de los temas que más le preocupaban, era el crecimiento y poder de los carteles mexicanos, que con la complicidad de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y principalmente con Andrés Manuel López Obrador, habían invadido de fentanilo varios estados de la unión americana y causado la muerte de cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos, ante la pasividad del gobierno de Biden que fue incapaz de enfrentar el problema y menos aún tomar medidas drásticas para combatir a estos grupos delictivos, cuyas utilidades les fueron dando cada día más poder y capacidad para corromper a autoridades de migración y de aduanas del vecino del norte.

Del lado mexicano, la política del expresidente López Obrador de “abrazos y no balazos” así como la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, empoderaron a los carteles, con un saldo sangriento de casi doscientos mil homicidios en seis años, cifra que sigue creciendo ahora en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en los hechos, ante la presión que ejerce el presidente norteamericano, se vio obligada a cambiar la estrategia de seguridad por medio del Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, con un aumento en las detenciones de delincuentes, decomisos de armas, drogas, destrucción de laboratorios de producción de fentanilo y ahora combatiendo a las bandas de delincuentes que también por años, se han dedicado al negocio del huachicol fiscal  traficando con petróleo y gasolinas desde México hacia los Estados Unidos, afectando gravemente los ingresos de PEMEX y evadiendo impuestos para beneficiarse económicamente con un negocio tan lucrativo, del que hasta el último día del gobierno de AMLO, sospechosamente nadie sabía nada, ni se habían dado cuenta que existía; a pesar de las denuncias e investigaciones periodísticas que daban cuenta de ello, las autoridades, lo negaban y se hacían como que aquí no pasa nada.

Si en algo los mexicanos, nos hemos dado cuenta con toda esta situación, es que el expresidente mintió a los mexicanos en sus conferencias mañaneras, al negar toda información que involucrara a los carteles de la droga, a las autoridades emanadas de su partido o a funcionarios de su administración, que estaban involucrados y daban apoyo y protección a los grupos de la delincuencia organizada, que financiaron sus candidaturas, con el compromiso de que les dejarían bajo su control las áreas de seguridad pública de los municipios y estados, así como de las fiscalías estatales para seguir actuando en la impunidad, privando a los ciudadanos de su derecho a la seguridad, la tranquilidad y la paz pública.

Si algo debemos agradecer a la presidenta, es que haya cambiado la estrategia de seguridad de AMLO, ya sea por decisión y conveniencia propias o porque haya sido forzada por el gobierno de Donald Trump, lo que ha originado que los grupos de la delincuencia organizada y los políticos que apoyaron y se beneficiaron de sus actividades delictivas y que nunca tuvieron el temor de ser alcanzados  por la justicia mexicana, hoy viven en el miedo, la zozobra  y la incertidumbre de estar siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos; es decir, la impunidad que les garantizaban las fiscalías y jueces estatales y federales, para que continuaran cometiendo delitos, se desvanece y hoy su mayor preocupación es no figurar en las listas de los políticos mexicanos que están siendo investigados por la DEA, la CIA y el FBI , con amplias posibilidades de ser detenidos y extraditados para responder ante una corte federal, por los delitos cometidos en apoyo a los grupos narcoterroristas clasificados por el gobierno de Estados Unidos.

Hoy difícilmente gobernadores de estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, entre otros, harían un viaje a territorio estadounidense, aunque aún tengan su visa norteamericana vigente, ya que podría convertirse en un viaje sin retorno a suelo mexicano.

El caso de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda a quién las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa, sin que se conozcan las razones, ha puesto a temblar a la clase política de Morena, funcionarios federales, diputados, senadores y los gobernadores de los estados donde los carteles del narcotráfico tienen el control de territorios y autoridades.

Aún sin conocerse las causas de la cancelación de la visa, el bloque de legisladores y gobernadores de Morena, le han dado su amplio respaldo y apoyo a la gobernadora, sin tener certeza de lo que las autoridades de Estados Unidos, tienen en investigación contra ella y su esposo; y que de tratarse de un caso de lavado de dinero del huachicol apoyando al CJNG podría tener graves consecuencias, no sólo para la gobernadora, sino para todos los que la respaldaron públicamente, calificando la cancelación como una injusticia y poniendo las manos al fuego por Marina del Pilar Ávila.

En el escenario de violencia, homicidios, inseguridad y escándalos en el que vivimos los mexicanos, resulta preocupante, la pasividad de la Fiscalía general de la República, que no ha hecho su trabajo y que hasta hoy por la presión del vecino del norte, se ha tenido que sumar a la lucha contra los carteles y lastimosamente ahora si da cuenta de la comisión de todos estos delitos, de los que jamás se ocupó e investigo y que seguramente se seguirían cometiendo ante sus ojos, de no ser por la presión del gobierno de USA.

Así, ante la complicidad e incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia de México, la última esperanza de los ciudadanos, es que la justicia y seguridad de las que adolecemos venga de las autoridades y cortes de Estados Unidos, para lograr frenar la tragedia que día a día viven miles de familias mexicanas.

 

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Elecciones del Poder Judicial, ¿VOTAR O NO VOTAR?

                                                                                    *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

A veintiún días, de que se lleven a cabo las elecciones de ministros, magistrados y jueces de distrito del poder judicial de la federación, así como de los magistrados y jueces de los poderes judiciales de diecinueve estados del país, en esta primera fase, con 1800 cargos, y posteriormente en 2027, en una segunda fase, lo harán los estados que decidieron no llevar a cabo su proceso local en este año.

La situación, en la que se encuentran inmersos los poderes ejecutivo y legislativo, así como el INE y la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la federación, para sacar adelante el proceso, atraviesan por muchas dificultades y dudas, siendo en este momento lo más preocupante la falta de convencimiento a los ciudadanos que se encuentran inscritos en las listas nominales del padrón electoral y que podrán acudir a emitir su voto, en esta elección extraordinaria e inédita en la historia de la democracia en el país.

Los obstáculos y problemas que desde el inicio se previeron para primero sacar adelante la reforma a los artículos 96 al 100 de la Constitución General de la República, que señala que los Ministros, Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, deberán  ser elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.

Otro de los elementos, que han jugado en contra del proceso desde el principio ha sido la falta de recursos suficientes al INE para organizar adecuadamente las elecciones, ya que de los 13 mil millones de pesos que originalmente solicitaron, al final sólo les fueron asignados 8 mil millones de pesos, lo que trajo como consecuencia una reducción en el personal necesario para las tareas de capacitación y de organización, lo que originó una reducción en el número de casillas, que normalmente se instalan para una elección como la presidencial para tratar de cubrir todo el territorio del país.

El porcentaje de participación de electores en el proceso  que se tiene considerado, varia desde las estimaciones más pesimistas que la ubican hasta en un 5%, hasta el más optimista que prevé un 15% de participación; pero casi en todos los pronósticos, nadie considera que puede llegar al 20%, ni aún y cuando los operadores del oficialismo y los beneficiarios de los programas del bienestar logren llevar a los ciudadanos a emitir su voto, ya que uno de los principales problemas, es que muy pocos comprenden como deben emitir su voto y además desconocen la trayectoria y méritos de los candidatos, por lo que, han decidido mejor no complicarse la vida y abstenerse de participar en la jornada electoral del 1 de junio.

El discurso, que permeo entre los militantes y simpatizantes de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM y que hicieron extensivo a grandes sectores de la sociedad, sobre la conveniencia y significado que tendría el hecho de que ellos pudieran elegir mediante su voto a sus Ministros, Magistrados y jueces, popularmente dio buenos resultados, ya que la percepción de que esto beneficia a los ciudadanos llego a estimarse hasta en un 67%, lo que no significa que quienes entran en esa estadística, efectivamente irán a votar por los candidatos que aparecerán en la boleta.

Las últimas noticias sobre la inclusión en las listas aprobadas por el Senado de la república de candidatos identificados con los carteles y grupos de la delincuencia organizada, así como de defensores de lideres de estos grupos, puso una alerta roja en el proceso, que motivó que el propio Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente que se habían equivocado en los registros y que de no ser por las denuncias ciudadanas sobre los nexos de estos candidatos y trayectorias, hubiera sido imposible que los comités encargados de aprobar los registro se hubieran percatado de haber dejado pasar a dichos personajes; que a decir del INE ya no pueden ser excluidos de las boletas, por lo que legítimamente participarán en las elecciones con posibilidades de ganar para ocupar los cargos.

A pesar de todo lo aquí señalado, es inminente que el 1 de junio próximo, México vivirá su primera elección de integrantes del poder judicial y hasta el momento, nada, ni nadie, ya sea que se trate de los partidos de oposición o los inversionistas de Estados Unidos que tienen capitales en México y que han pedido el apoyo de los legisladores del Congreso Norteamericano que se frene el proceso, por la desconfianza y riesgo en que se encuentran sus intereses, ante un poder judicial controlado desde el gobierno y sin independencia para emitir sus resoluciones, así como el hecho de que la elección, viola el T-MEC y ello pudiera originar que en su revisión en 2026, Estados Unidos pudiera decidir, darlo por terminado o endurecer su posición afectando los intereses de México, parecerían suficientes para dar marcha atrás a las elecciones.

El abstenerse de ir a votar el 1 de junio, facilitará las cosas para que el oficialismo, ante la falta de vigilancia en las casillas y en el recuento e los consejos distritales, pueda manipular los resultados y finalmente inflar las cifras para que salgan como ganadores, los candidatos que a ellos les conviene y que estarán bajo su control; considerando que aunque exista un nivel de baja participación, al final el resultados será validado por el INE y no habrá poder humano que pueda revertir o modificarlos.

Mi invitación, es que se acuda a votar, analice la trayectoria de los candidatos y si no tiene el tiempo para ello, vote por los candidatos del poder judicial, que decidieron entrar al proceso; al menos ellos si tienen carrera judicial y actuarán en forma independiente, realmente en beneficio de los ciudadanos, alejada de los intereses políticos.

Pero además, conviértase en un observador electoral, y denuncie las anomalías que detecte el día de la elección, después ya no tiene caso quejarse de los resultados, porque si usted se mantiene al margen del proceso, de nada servirá lamentarse de la calidad de los impartidores de justicia en el país.

 

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

 

El diferendo Zedillo_ Sheinbaum

                                                                                     *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

En el fragor de la polémica que se desató en el país en las últimas semanas, por la transmisión de los spots de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Kristi Noem en contra de los migrantes, acusándolos de ser delincuentes y advirtiéndoles de las consecuencias que sufrirán en caso de intentar ingresar a territorio estadounidense en forma ilegal, mediante una campaña millonaria a nivel internacional y que fue difundida en las televisión mexicana en horarios estelares y en los partidos de futbol de la liga MX.

Lo que desató el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las bancadas de todos los partidos con representación en ambas cámaras del poder legislativo y que dio paso a que la presidenta, con el afán de evitar que este tipo de publicidad de un país extranjero se difundiera en medios mexicanos  presentara su iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que muchos críticos y analistas como el periodista Raymundo Riva Palacio han calificado como:” centralista, autoritaria y de control social y político” y otros que la han calificado como “ley censura”, por su contenido y el control que el estado pretende ahora ejercer en contra de la libertad de expresión.

Las criticas a la iniciativa y las descalificaciones en contra de la presidenta a quien se ha acusado de autoritaria, la obligaron a frenar  su aprobación, por lo que el Senado de la República, está convocando a un conversatorio, para escuchar las opiniones de expertos, académicos y de organizaciones de la sociedad civil, que de ninguna manera los obligan a ser tomadas en cuenta para una eventual modificación del texto de la iniciativa, como hubiera ocurrido en el ejercicio de un parlamento abierto, lo que significa que la estrategia del oficialismo, es ganar tiempo con otros distractores, para que al final se eche a andar la maquinaria legislativa y se apruebe el proyecto sin ningún cambio o con modificaciones mínimas, justificando que se escuchó al pueblo y que ellos manifestaron su aprobación, como ocurrió en los foros para la reforma al poder judicial.

Así en pleno debate público, por la eventual aprobación de la iniciativa de reformas a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, publicó en la Revista Letras Libres un artículo denominado: “México: de la democracia a la tiranía”  donde hace una crítica y cuestiona la reforma judicial impulsada por el ex presidente AMLO al señalar: “La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia, y somete a la corte a los intereses de un solo partido: las formas con las que el oficialismo ha impuesto su iniciativa- con mentiras, extorsiones y fraudes a la Constitución- dibujan de cuerpo entero un proyecto político que desprecia la ley, la división de poderes y finalmente la democracia. La eliminación de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las fuerzas armadas y la captura del poder judicial -todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante- dejan al descubierto que la “transformación” buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico”

El artículo por su contenido y reflexiones vale la pena, analizarlo; resalta además el hecho de que el expresidente decide volver a opinar sobre asuntos de la vida pública del país, obligado por el hecho de la aprobación de la reforma judicial y por el golpe a la democracia que ha significado la aprobación de las reformas de lo que se ha denominado como el segundo piso de la 4T impulsadas al final del sexenio de AMLO y por la actual presidenta.

La reacción de Claudia Sheinbaum a la publicación del artículo, no se hizo esperar por lo que en su conferencia mañanera, dio respuesta acusándolo de que ahora resulta que Zedillo es un demócrata y del que califico como el mayor fraude de la historia de México con el FOBAPROA, entre otros cuestionamientos a su gobierno.

En una segunda carta Zedillo respondió a la presidenta y le aclaró que el fobaproa fue sometido a una auditoria externa por un profesional independiente del extranjero y que sus resultados fueron dados a conocer en su momento y le pidió a la presidenta a su vez -se realicen auditorias independientes sobre la destrucción del NAIM en Texcoco, la construcción de la refinería dos bocas y el Tren Maya.

La respuesta de la presidenta ha sido, en el sentido de descalificar las acusaciones de Zedillo, sin dar respuesta a sus argumentos, sólo con calumnias, insultos y amenazas.

También la presidenta ignoró la propuesta de Zedillo de que se nombre un auditor internacional independiente, que audite el fobaproa y las obras insignia del expresidente AMLO y ahora su respuesta se centró en pedir se investigue a Zedillo por sus presuntos nexos con el crimen ante la difusión después de 25 años de unas grabaciones presuntamente entre la esposa del expresidente Ernesto Zedillo, Nilda Patricia, con el líder del cartel de Colima Jesús Amezcua Contreras casualmente dadas a conocer  por el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, César Gutiérrez Priego, quién busca ser electo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que seguramente pretende cobrar el favor al oficialismo pidiendo ser apoyado para ganar la elección el próximo 1 de junio.

La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo continuara seguramente los próximos días, mientras las presiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el gobierno mexicano y la presidenta continuarán.

Bajo este escenario los ciudadanos lo que deseamos es que se aclaren las acusaciones y que realmente se transparenten todas las acciones de gobierno de los expresidentes, sin importar su filiación política, por el bien de México, ya que en la época moderna somos el único país de América latina, donde ningún expresidente ha sido llamado a cuentas ante la justicia y menos aún pisado la cárcel por los delitos y faltas cometidos durante su gobierno.

 

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La crisis de las desapariciones forzadas y la 4T

*Dr. Julián Germán MolinaCarrillo.

El tema del aumento de las desapariciones forzadas junto con el índice de homicidios en
el país, no es un fenómeno nuevo, ya que desde los gobiernos del período neoliberal,
México ha tenido una estadística notable, que para muchos se incrementa en forma
exponencial, a partir del inicio de la guerra contra los carteles del narcotráfico por el ex
presidente Felipe Calderón en 2006 en su natal estado de Michoacán, en la que involucra
en forma directa a las fuerzas armadas para combatir a los grupos delictivos, tratando de
frenar la producción de drogas y estupefacientes y la violencia e inseguridad que trajo
consigo el fortalecimiento de los carteles del Golfo, de Sinaloa, de los templarios que se
convirtieron después en la familia michoacana y de otras células que comenzaron a
extenderse como cáncer en distintas regiones del país.

Cuando afirmo que el fenómeno de las desapariciones forzadas no es nuevo en el país,
me refiero a los años de la denominada guerra sucia que data de 1974, en la que agentes
del estado mexicano como militares, policías y de otros grupos especiales, en los
gobiernos del PRI, se dedicaron a perseguir y desaparecer a lideres guerrilleros en
diferentes partes del país y muchos de estos casos, jamás se han esclarecido y quedaron
ahí como uno de los reclamos más sentidos de los grupos maginados cuyos lideres
sufrieron ese tipo de persecución por parte del estado; ejemplos como el del profesor
Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, quién fundó el partido de los pobres ,siendo
asesinado en un enfrentamiento con el ejercito el 2 de diciembre de 1974; cabe resaltar
que el movimiento de Lucio Cabañas estaba inspirado en el pobrismo, más no en el
socialismo su intención era lograr abatir la pobreza extrema de su comunidad y darles
mejores oportunidades para salir adelante, ante la opresión de los gobiernos de la
república de Luis Echeverría Álvarez y después de José López Portillo.

Todos los seguidores de Lucio Cabañas a su muerte fueron perseguidos, detenidos,
torturados, desparecidos y asesinados por militares y policías secretos de la extinta
dirección federal de seguridad a cargo del general Arturo Acosta Chaparro.
Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la persecución y muerte
de militantes del extinto PRD fue una constante, con más de 600 homicidios de militantes
y candidatos en distintas partes del país, en contra de los líderes de izquierda que
organizaron a nivel nacional todo un movimiento opositor al PRI con personajes como
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Andrés Manuel López Obrador,
dieron origen a una tercera fuerza política en el país, impulsando ideas socialistas, contra
los gobiernos del PRI hasta el período de Ernesto Zedillo Ponce de León y de la
alternancia con el triunfo del PAN en el año 2000 con Vicente Fox Quezada y en 2006
con el gobierno de Felipe Calderón, que con el respaldo del PRI, logró le fuera reconocido
el triunfo a la presidencia de la república, ante Andrés Manuel López Obrador candidato
del PRD, a quién le fue arrebatado el triunfo que obtuvo en las urnas.

El 17 de febrero de 2020, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una
iniciativa para crear una Comisión de la verdad con el objetivo de esclarecer los delitos de
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias ocurridas en lossexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como las violaciones a derechos
humanos, y establecer las responsabilidades correspondientes.
Denunciaron los hallazgos de cuerpos desmembrados, ejecutados y fosas clandestinas,
desde hace 14 años en el país. Señalaron además que: “México tiene derecho a conocer
la verdad, resulta indispensable obtenerla para que las víctimas directas e indirectas
conozcan la realidad sobre los crímenes de que han sido objeto y porque se reconozca
públicamente su sufrimiento”.

De acuerdo con los datos anteriores, con la llegada de AMLO a la presidencia de la
república en 2018, muchos mexicanos estábamos seguros de que lucharía por el
esclarecimiento de los asesinatos de los perredistas ocurridos en los gobiernos de
Calderón y Peña Nieto; sin embargo, nunca se pronunció al respecto, quizás porque el
PRD se había convertido en su enemigo o porque consideró que no valía la pena
desgastar la fuerza del estado en investigar hechos del pasado.

En el momento actual que vive el país, por la declaración del Comité de la ONU contra la
desaparición forzada, que acusó el pasado ocho de abril, de que son perpetradas por el
estado y que se presentan en forma sistemática y generalizada, derivado del hallazgo que
hicieron los grupos de buscadores en el Rancho de Teuchitlán Jalisco la presidenta
Claudia Sheinbaum, rechazó el diagnóstico afirmando que: “hay un fenómeno de
desaparición vinculada con la delincuencia organizada no con el estado, al defender que
su administración está haciendo todo lo que está en sus manos para combatir, atender,
desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.

Pese a su declaración y de que su gobierno asumió el compromiso de entregar un informe
detallado de las medidas y resultados en un plazo de 30 días no se ha cumplido con la
entrega de este, por lo que, es previsible que finalmente el caso llegue a la Asamblea
General de la ONU y se emita una declaración en contra del gobierno federal, que hasta
el momento no ha logrado frenar las desapariciones forzadas, en las que se han visto
involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con los carteles del
narcotráfico que siguen con sus actividades delictivas.

*dIrector fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Scroll al inicio