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Sheinbaum – AMLO, el rompimiento que viene

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La encomienda y el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el expresidente AMLO, desde que el segundo impulsó su candidatura a la presidencia, un año antes de las elecciones del pasado dos de junio de 2024, fue la de ejecutar el denominado segundo piso de la cuarta transformación; la que hoy cada día se tambalea y encuentra en grave riesgo de no cumplirse, ante las circunstancias que enfrenta nuestro país, de diversa índole y que es necesario analizar, a fin de determinar, lo que le espera a la presidenta en los meses por venir.

Aún y cuando el oficialismo tiene el control absoluto del poder legislativo y de que sus iniciativas y reformas, difícilmente podrían ser bloqueadas o sujetas a modificaciones, lo ocurrido hasta ahora, nos demuestra que quienes controlan ambas cámaras, la de diputados con Ricardo Monreal y la de senadores con Adán Augusto López, han impuesto decisiones y cambios, desafiando a la presidenta, como por ejemplo la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH y la modificación a la entrada en vigencia de la reforma constitucional contra el nepotismo en los cargos públicos, para las elecciones de 2030, en un claro desacato a la iniciativa de la presidenta que la propuso para 2027, hecho que nunca hubiera ocurrido en el gobierno de AMLO, cuyas ordenes e iniciativas, no se les cambiaba ni una coma, para no despertar su ira.

A los hechos anteriores podemos sumar la división de la alianza de Morena y sus aliados PT y PVEM en la aprobación del dictamen de la Comisión instructora para el desafuero del ex gobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, para lo que debieron echar mano de los votos del PRI, para protegerlo, cubriéndolo de un manto de impunidad y sin importarles, lo que ello significaba para la imagen de la presidenta, quién declaró en su toma de protesta la frase: llegamos todas y que se vino abajo por la postura del oficialismo de apoyar a costa de todo la impunidad de su compañero de bancada.

A pesar de ello, la presidenta no ha perdido la calma y ha tratado de no llegar a una confrontación pública, con Monreal y Adán Augusto López, lo que pudiera significar una fractura o división entre quienes le son leales y fieles, con aquellos que siguen venerando a AMLO y sienten que es su obligación dejar claro a la presidenta que necesita de ellos y que no basta su voluntad para la toma de decisiones, dejando el mensaje de que si las cosas se salen de control, pudieran usar su cargo para poner en jaque la figura y autoridad presidencial.

El escándalo que se dio a conocer a nivel nacional, por la millonaria campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez de Chihuahua, para lograr posicionarse para ser la candidata a la gubernatura, con el apoyo de Fernando Padilla empresario beneficiado con contratos otorgados durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y después con su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, así como del ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, que provocó reclamos de los partidos de oposición PRI y PAN en el Senado y una declaración de la presidenta en su conferencia mañanera del Pueblo, descalificando los actos adelantados de campaña de la senadora y el dispendio de recursos utilizados en las caravanas médicas en las poblaciones de la Sierra de Chihuahua, con la respuesta de la senadora de que la presidenta no podía descalificarla, si ella también había hecho campaña adelantada a la presidencia de la república dos años antes, declaración que representa un desafío a la investidura presidencial, lo que no importó a la senadora, que cuenta con el apoyo de Adán Augusto López.

Si revisamos la situación en los gobiernos de los 24 estados que maneja Morena, aún y cuando todos los gobernadores se han pronunciado por apoyar las políticas y decisiones de la presidenta firmando cuanto desplegado o manifiesto se ha requerido a nivel nacional para respaldarla; no dejan de existir divisiones y luchas por los compromisos que tienen varios de ellos tanto con Ricardo Monreal, como con el grupo de Adán Augusto López, a los que les deben haber sido postulados y después haber recibido los apoyos necesarios para alcanzar el triunfo en sus estados.

En cuanto a la situación, que se vive al interior de Morena, aún y cuando la “presidenta del partido” Luisa María Alcaide se ha pronunciado públicamente por respaldar las decisiones y políticas de la presidenta, sin confrontar las acciones de Monreal y Adán Augusto López; para la militancia del partido, es evidente que quién maneja en los hechos el partido es el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán con quién todos los presidentes de las dirigencias de los estados, se subordinan al considerar que siguen las directrices del expresidente, de quién suponen desea que su hijo sea impulsado para alcanzar la candidatura presidencial en 2030.

Las decisiones que ha tomado la presidenta, para cumplir las exigencias del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para detener la migración y la producción y tráfico de fentanilo; así como la cooperación para exterminar a los carteles del narcotráfico que ha declarado como grupos terroristas, a fin de evitar la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos que se exportan al vecino del norte para lo cual ha modificado la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, han significado romper con las políticas y actuación de las fuerzas de seguridad que se implementaron en el gobierno de AMLO: dejando además al descubierto la complicidad y contubernio que en seis años, existieron entre los capos de los carteles con autoridades de los tres niveles y algunos empresarios; por lo que a la presidenta le es casi imposible defender al gobierno anterior, cuyos escándalos se dan a conocer semana tras semana, como en el caso del huachicol fiscal que ha afectado por más de 500 mil millones de pesos al país, de acuerdo a los últimos reportes y en el que se han visto involucrados funcionarios aduanales y de los gobiernos del norte del país.

Después de las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia que se llevarán a cabo el 1 de junio, en todo el país y de cuyos resultados depende que el oficialismo tome el control absoluto del Poder Judicial Federal; que fue uno de los compromisos de la presidenta con AMLO, vendrá un momento decisivo para la presidenta, quién deberá decidir, entre seguir las directrices de AMLO y terminar con las acciones del segundo piso de la 4T, con las consecuencias subsecuentes, o bien, romper con el y asumir su papel como presidenta, por el bien del país, defendiendo los intereses de los ciudadanos y haciendo un lado, el populismo y presiones del ex presidente y su cúpula, que siguen empecinados en anteponer sus intereses a los de la Nación.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El T-MEC, último reducto para frenar la reforma judicial

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Desde que el ex presidente AMLO, propuso la reforma al poder judicial, en la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas de lo que denominó como el plan C, una de las que más criticas y cuestionamientos recibió fue precisamente la del poder judicial, no sólo por dar fin a la independencia de dicho poder, que ahora mediante la elección popular de los ministros, magistrados y jueces de distrito, implicaría que tanto el poder ejecutivo, como el legislativo se inmiscuyeran en el proceso de elección; sino también por el hecho de que la reforma en si, por su contenido y lo que representa, estaría violando el T-MEC suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que el estado mexicano, dejaría de dar certeza jurídica a los inversionistas de dichos países y aún de consumarse la elección de los funcionarios judiciales, por la desconfianza que ello genera, les obligaría a llevar los casos a tribunales internacionales.

Pese a lo anterior, aunque México desde la llegada del presidente Donald Trump, ha sido víctima de las amenazas y exigencias del vecino del norte, de aplicar aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los días ha tenido que salir a defender los intereses de nuestro país y a cumplir en la medida de lo posible lo solicitado por el inquilino de la casa blanca, como lo fue enviar diez mil elementos de la guardia nacional, a frenar la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos, terminar con los carteles que introducen fentanilo al norte, de entregar a veintinueve capos que se encontraban en cárceles de nuestro país, esperando ser deportados, de entregar información de las empresas fachada que se dedicaron por años a blanquear dinero del narcotráfico, de detener el huachicol y a los grupos criminales, entre otras exigencias.

La semana que concluye, se sumaron dos exigencias más, derivadas precisamente de reformas aprobadas por las cámaras de diputados y senadores recientemente, como la prohibición de la venta en México, del maíz transgénico y que afecta a empresas estadounidenses y la exigencia de que México cumpla con el tratado de 1944, mediante el cual nuestro país, debe entregar agua al Estado de Texas, volviendo a amenazar al gobierno mexicano de aplicar los aranceles, sino se entrega el agua que se adeuda.

Bajo este escenario, y a pesar de que la ejecución de la reforma judicial, que se concretará en las elecciones del próximo uno de junio en todo el país, será también un factor determinante y pretexto para que de nueva cuenta Estados Unidos, por el riesgo que corren las inversiones de empresas instaladas en nuestro país, acuse de violaciones al T-MEC al gobierno mexicano; todo el aparato de estado, principalmente el poder ejecutivo y el legislativo, con el visto bueno que les acaba de dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que puedan promover las elecciones del poder judicial, se volcarán a hacer labor proselitista en forma pública y abierta, a fin de lograr que la votación crezca y con ello se legitime a quienes participan como candidatos a los diferentes cargos.

La elección por si misma, ya ha tenido un costo importante para el país, con los más de ocho mil millones de pesos que se destinaron por el INE para la organización del proceso
que a estas fechas, no permea en el ánimo de los ciudadanos, quienes no saben a ciencia cierta, que cargos se elegirán, no conocen a las candidatas y candidatos, no entienden la forma en que deben emitir su voto y peor aún el tiempo que deberán permanecer en la casilla a la espera de poder sufragar con más de seis boletas electorales.

Las campañas de las candidatas y candidatos a los cargos, con los candados que se les han impuesto, no han logrado llegar a un sector importante de la población, siendo física y humanamente imposible, que con tan pocos recursos puedan garantizar una votación que les permita ganar la elección.

Pero ninguna circunstancia, hasta ahora podrá frenar la elección del poder judicial y que finalmente, dicho poder pierda su independencia al estar controlado por los grupos políticos que les apoyen para llegar a los cargos.

Si ahora el poder ejecutivo y legislativo tienen el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, para promover la elección judicial, no sería extraño que los partidos políticos con registro nacional, soliciten lo mismo y que al final, todo mundo meta mano, en una elección, que desde las tómbolas que se llevaron a cabo en el Senado para integrar las listas finales de candidatos, se ha convertido en un circo, donde al final los únicos que perderemos seamos los ciudadanos, cuando solicitemos la intervención de los tribunales para resolver una controversia o solicitar justicia.

El único poder, que obligaría al estado mexicano, a dar marcha atrás a la reforma judicial, es el del Gobierno de los Estados Unidos, que tan sólo con un decreto del presidente Donald Trump o una amenaza en su cuenta de truth social, puede obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum , a frenar un proceso electoral, diseñado para dar gusto al ex presidente López Obrador para consumar su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación, por todos los agravios y resoluciones que no le fueron favorables durante su mandato.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

¿Hay en México, crímenes de lesa humanidad?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El inicio del sexenio de la primera presidenta en México Claudia Sheinbaum, ha sido de los más difíciles, que han enfrentado otros presidentes, no sólo los del denominado período neoliberal, sino que también en el caso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador considerado como el primer mandatario de izquierda en llegar a tan alto cargo.

A pesar del estado en que dejó el país el priista Enrique Peña Nieto, AMLO tuvo un inicio tranquilo y prometedor en el que prevalecieron la esperanza de un cambio por el que votaron más de treinta millones de mexicanos y que le hizo posible ir consolidando una popularidad, nunca antes vista con un apoyo de la mayoría de los sectores de la población, no sólo de los más pobres, sino también de la clase media y los grupos empresariales que demandaban terminar con la violencia e inseguridad que se estaba dando en el país.

Las promesas del presidente, de lograr disminuir la brecha existente entre los más pobres y una clase política empresarial que logró amasar grandes capitales al amparo y beneficios que le otorgaron los gobiernos anteriores, a través de grandes negocios y escándalos de corrupción, que hicieron que los electores votaran por una opción de izquierda, finalmente no lograron consolidarse, a pesar de los programas sociales y apoyos a grandes sectores de la población.

Es evidente, que la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, se originó desde que gobernaban los presidentes del período neoliberal; sin embargo el aumento en los índices de homicidios violentos, desapariciones forzadas, feminicidios, masacres, migración, trata de personas, guerras entre los carteles del narcotráfico, control de territorios y Municipios, así como la infiltración de los grupos criminales en los procesos electorales y la colocación de autoridades en los Municipios, nos tienen ante un escenario desastroso, en el qué a pesar del cambio de estrategia de la presidenta y del reforzamiento de las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ejercito, marina armada, guardia nacional y aún con el apoyo de inteligencia de los Estados Unidos, la violencia no cesa y los carteles continúan sembrando la violencia e inseguridad en el país.

El debate que se da entre los mexicanos y las autoridades, a raíz de los descubrimientos y denuncias que hizo el Colectivo Guerreros de Jalisco en el rancho Izaguirre en la población de Teuchitlán Jalisco el pasado 5 de marzo, en voz de su fundadora Indira Navarro, quién acusó que se trataba de un campo de exterminio, donde perdieron la vida más de 50 personas y que al menos se encontraba operando desde hace 10 años con la complicidad de las autoridades del Municipio y del estado de Jalisco.

Lo anterior motivó, que la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitara la intervención del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quién en la llamada conferencia del pueblo señaló que: “no es creíble que autoridades locales, no supieran del caso de Teuchitlán Jalisco” y que llegarán al fondo de la investigación del rancho del terror.

La defensa del gobierno federal, es responsabilizar al gobierno Municipal de Juchitán y del Estado, de haber tolerado el uso del rancho por los grupos criminales, sin reconocer que en la última ocasión que las autoridades tomaron posesión del rancho, también participaron elementos de la guardia nacional, que junto con el fiscal del estado, fueron incapaces de encontrar las evidencias y pruebas que demuestran el uso que dieron a la propiedad los grupos criminales privando de la vida a personas que se encontraban en calidad de desaparecidas.

La postura de la presidencia y del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, es que el rancho Izaguirre fue utilizado como un centro de reclutamiento forzado de la delincuencia para capacitar a nuevos elementos a sus filas y repartirlos en diferentes partes del país, negando en todo momento, que existan evidencias de que en dicho lugar se hayan encontrado hornos crematorios o restos de personas asesinadas y calcinadas en dichos hornos.

Mientras la postura de los grupos de buscadores es que el rancho era un campo de exterminio donde se privó de la vida a más de 60 personas desaparecidas cuyas pertenencias y zapatos fueron encontrados en el lugar, que fue posteriormente limpiado por las autoridades federales, para la visita de los medios de comunicación y visores que acudieron a invitación del fiscal general de la República, quién no se presentó en el rancho en la fecha de la visita.

Si revisamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7 define a los Crímenes de lesa humanidad, en el punto 1.-A los efectos del presente estatuto se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometan por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y en los incisos siguientes enumera: a) asesinato; b) exterminio; f)tortura; i) desaparición forzada de personas.

Posteriormente en el punto 2, inciso i) define a la desaparición forzada de personas “se entenderá la aprehensión, detención, o el secuestro de personas por un estado o una organización política, o con su autorización o aquiescencia seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlos fuera del amparo de la ley por un período prolongado”

Confrontando las dos posturas: la oficialista del gobierno federal y la fiscalía general de la republica contra la de los grupos buscadores de desaparecidos como el Colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, a la luz de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, usted podrá concluir ¿Si en México como en el caso del Rancho Izaguirre se han cometido crímenes de lesa humanidad?

Los mexicanos merecemos conocer la verdad de lo acontecido y que las autoridades cumplan con su función constitucional de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Cuauhtémoc Blanco, impunidad garantizada

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“CUAUHTEMOC BLANCO, IMPUNIDAD GARANTIZADA “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Luego de darse a conocer el dictamen de la Comisión instructora de la Cámara de Diputados que por tres votos a favor y uno en contra, por cierto del diputado del PAN Germán Martínez, declaró como improcedente la solicitud de desafuero del ex gobernador de Morelos y actual diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco, solicitada por la fiscalía de dicho estado, desde el año pasado, acusado por la comisión del delito de violación en grado de tentativa cometido en contra de su medio hermana, bajo el argumento de que la fiscalía realizó una investigación deficiente.

Se han desatado toda una serie de descalificaciones por el actuar de la Comisión, que trató de retardar la emisión de su dictamen lo más que pudo, pero que al final como lo había vaticinado diversas voces de grupos feministas y de colectivos, habría una línea para proteger al exfutbolista a toda costa, para evitar le sea quitado el fuero federal que le otorga su cargo y tener que enfrentar un proceso penal, no sólo por la supuesta comisión de dicho delito, sino también por otros más que se le atribuyen en su desempeño como gobernador y que han sido documentados por la fiscalía general del Estado y de la actual gobernadora la morenista Margarita González Saravia, quién en diversas declaraciones a los medios locales, ha dado cuenta de las irregularidades y faltantes de recursos que se dieron en la gestión de su antecesor.

Ahora toca al pleno de la Cámara de diputados, por mayoría simple, es decir de 251 votos, decidir si se aprueba el dictamen de la Comisión, o bien, si se desecha y se declara procedente la solicitud de desafuero.

A unos días de haberse conmemorado el día internacional de la mujer y de que los discursos de la clase política y de las autoridades de los tres niveles de gobierno, se pronunciaron en todos los tonos, por erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres y de defender sus derechos, frente a una sociedad, donde aún prevalece el machismo y los casos de feminicidios y desaparición forzada de personas, así como de las denuncias en contra de sujetos que incurren en actos de violencia siguen en aumento; la sociedad mexicana se pregunta:

¿Realmente llegaron todas las mujeres, con la primer mujer presidenta en México?

¿La defensa de los derechos de las mujeres, será una realidad, o quedará sólo en el discurso oficial como una promesa incumplida?

¿Hasta cuando las autoridades de todos los niveles (municipal, local y federal) tendrán la capacidad de decidir los casos que afectan a las mujeres, con perspectiva de género?

¿De qué sirve conmemorar el 8 de marzo, como el día internacional de la mujer, si cuando se afectan los derechos de una de ellas, las autoridades les dan la espalda y sigue prevaleciendo el sentimiento machista en contra de ellas?

¿Para que sirven instancias como la Secretaría de las mujeres, si en casos como este su titular Citlalli Hernández Mora, no ha sido capaz de salir en defensa de la victima del supuesto delito cometido por Cuauhtémoc Blanco, ni se ha pronunciado en contra del dictamen de la Comisión instructora de la Cámara de Diputados?

¿Los intereses políticos y partidistas (de apoyo a los miembros del partido) están por encima de los contenidos en la Cartilla de los derechos de las mujeres?

Las respuestas, las tiene el pleno de la Cámara de Diputados, donde existe un número de 251 legisladoras, cuyo voto sería decisivo para desechar el dictamen de la comisión instructora y en su lugar, aprobar la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco, veremos hasta donde las diputadas de todas las fuerzas políticas y en especial del oficialismo logran sumar los votos suficientes con las diputadas del bloque opositor para lograr que el ex gobernador enfrente la justicia del estado que gobernó.

Hasta la tarde ayer, hubo diversos pronunciamientos de diputadas de Morena, PAN y MC que hicieron público su rechazo al dictamen de la Comisión instructora.

De acuerdo a una nota publicada por el periódico Reforma, Fue la diputada María Teresa Ealy de la Comisión de Igualdad de Género que calificó a Cuauhtémoc Blanco como un asqueroso personaje y advirtió a su bancada que no legitimará la “farsa” de la Comisión instructora convocando a las diputadas a no permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando se trata de denuncias graves de violencia contra mujeres.

El dilema que puso sobre la mesa la diputada Ealy a los partidos del oficialismo, es muy complicado, ya que existe el antecedente del caso del actual senador Félix Salgado Macedonio, quién cuando se postuló para ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero en 2021, tuvo tres acusaciones de acos sexual y violación, de las que nunca respondió ante la justicia, al contar con la protección del oficialismo y del presidente AMLO; por ello si continúan en la misma línea, no seria extraño que aún con la opinión en contra de las diputadas en la cámara, Ricardo Monreal, logre la aprobación del dictamen de la Comisión instructora, protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, quién no podrá ser procesado por los delitos de los que le acusa su media hermana y mucho menos por los de daño al erario público y desvíos en su período como gobernador.

Sería histórico y un gran logro del movimiento en defensa de los derechos de las mujeres, que se lograra el voto de las diputadas federales y se diera un revés a la Comisión instructora y en consecuencia se le privara del fuero a Blanco para responder de las denuncias que pesan en su contra.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

¿QUIÉN TIENE EL MANDO DEL GOBIERNO DE MÉXICO?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

A partir de la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de México, e incluso desde antes de que tomara posesión del cargo, se especuló en el medio político y entre los partidos de oposición, si realmente el expresidente AMLO, la dejaría gobernar el país y su promesa de irse a descansar a su rancho en Macuspana Tabasco, lo cumpliría al cien por ciento, o si sólo era un compromiso fallido y no dejaría de intervenir en las decisiones de Sheinbaum por la tentación de seguir ejerciendo el poder, que mantuvo durante seis años, en los que no pudo sacar adelante todas las reformas y políticas públicas para lograr la cuarta transformación de la vida pública del país como se comprometió al asumir la presidencia en 2018.

El período 2018-2024,en el que Morena y la alianza que le permitió ganar las elecciones a AMLO, con el primer gobierno de izquierda en México, despertó muchas expectativas entre los ciudadanos que le dimos nuestro voto, con la esperanza de que en el país, se lograría terminar con los vicios del período neoliberal, como la corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, discriminación, inseguridad, nepotismo y saqueo del erario público, injusticia, entre otros muchos problemas que los gobiernos del PRI y el PAN, no supieron o no quisieron enfrentar y mucho menos resolver en favor de las clases más desfavorecidas.

En el balance que se puede hacer del gobierno de AMLO, podemos señalar aciertos y cambios en las políticas públicas y programas que buscaron apoyar a los más pobres del país, con los programas sociales por citar un ejemplo; aunque para un gran sector de ciudadanos sin partido y del bloque opositor, se siguieron repitiendo las prácticas del viejo régimen y se dio un crecimiento exponencial, en los índices delictivos, de inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción y sobre todo el control de poblaciones enteras y territorios del país, que pasaron a ser controlados por los carteles del narcotráfico.

Sin embargo, las elecciones del pasado dos de junio de 2024, en las que Morena y sus aliados arrasaron en las urnas, logrando no sólo ganar la presidencia de la república, sino con una ilegal sobrerrepresentación avalada por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la de Senadores con la cooptación de dos senadores propuestos por el PRD y uno del PAN que se pasaron a las filas de Morena, sin importar su pasado y antecedentes fueron incorporados a las filas del oficialismo y le fueron perdonados todos sus delitos de los que había sido investigado.

Con todos esos elementos a favor del oficialismo y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se consideró que las condiciones le favorecían para poder ejercer su mandato a su gusto, por el hecho de que cualquiera de sus propuestas de reformas constitucionales y legislativas, contaban con la aprobación de ambas cámaras, con los diputados y senadores de Morena, PT y PVEM, sin importar el voto de los partidos de oposición, la presidenta puede lograr lo que ni el mismo AMLO consiguió en los seis años de su gobierno.

Pero, desde el proceso electoral Sheinbaum tuvo que someterse a las decisiones de AMLO, como en el caso de la candidatura de la Jefatura de gobierno de la ciudad de México, en la que impulsó a Omar García Harfuch y el presidente y el partido oficial, en las encuestas que ellos mismos elaboran y manipulan, impusieron como candidata a Clara Brugada. Posteriormente y ya en el inicio de su gobierno, las cosas no han sido del todo positivas para la presidenta, ya que en decisiones tan importantes como la elección de la presidenta de la CNDH, en la que impulsó a quien fuera presidenta de la Comisión de derechos humanos cuando fue jefa de gobierno de la ciudad de México Dra. Nashieli Ramírez Hernández, se impuso en el Senado la votación a favor de la presidenta en funciones desde el obradorato Rosario Piedra Ibarra, contradiciendo los senadores del oficialismo la propuesta de la presidenta, dando lugar a que se especulara que el ex presidente seguía imponiendo sus decisiones y haciendo a un lado la propuesta presidencial.

El último caso para destacar fue la modificación hecha por los Senadores del oficialismo encabezados por Adán Augusto López a su propuesta de reforma constitucional contra el nepotismo, que impulsó para aplicarse en las elecciones de 2027 y que fue aprobada, pero para el proceso electoral de 2030, reforma que después fue ratificada en la Cámara de diputados cuyo bloque mayoritario encabeza Ricardo Monreal.

Para muchos analistas, la pregunta que surge es ¿si estos mismos personajes, se hubieran atrevido a contradecir o corregir la plana al ex presidente AMLO durante su mandato a sus propuestas de reformas legislativas? Ya que es de todos sabido, que las mismas se aprobaban sin cambiarles ni una coma y que nadie era capaz de cuestionar su contenido, aún a sabiendas de que podía ir en contra del texto constitucional.

Ante dicho panorama, surgen diversas opiniones, en el sentido de que tanto Adán Augusto López, como Ricardo Monreal lideres del oficialismo en el Senado y la Cámara de Diputados federal, así como la presidenta de Morena Luisa María Alcaide con el apoyo del hijo de AMLO Andrés López Beltrán, a quién el oficialismo prepara desde ahora, para ser el candidato presidencial en 2030, son quienes pretenden imponer la agenda y limites al poder presidencial, sin que pueda afirmarse que sea por ordenes de López Obrador, a quién no se le ha visto desde que dejó el cargo, o bien si dejó en su hijo la responsabilidad de seguir con su legado y con ello evitar que la presidenta ejerza realmente el poder que le fue otorgado por el pueblo el pasado dos de junio.

Por lo pronto, la presidenta se mueve entre dos frentes, por un lado la presión y amenazas del presidente Donald Trump contra México y el tener que cumplir con sus exigencias para evitar los aranceles y por el otro, la presión de sus correligionarios, dispuestos a acotar su poder y evitar que se impongan sus decisiones, cuidando sus intereses y espacios de poder, para los próximos procesos electorales en 2027 y 2030.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El saldo rojo del lopezobradorismo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Independientemente del saldo rojo que dejaron los presidentes del período neoliberal en México, en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, por el PRI y en la denominada alternancia en el poder en los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón por el PAN, además del gobierno de Enrique Peña Nieto en el período 2012-2018, en lo que se refiere al crecimiento y consolidación de los cárteles en el país, que sin duda alguna, pudieron florecer gracias a la complicidad de las autoridades en turno y a los pactos no escritos, en los cuales el contubernio y corrupción de los cuerpos policiales, incluido el propio ejército mexicano, que no ha quedado limpio en cuanto a su desempeño y resultados para desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada, nos demostraron algo que aunque siempre se ha sabido, existía la duda, de que era imposible que todas las autoridades estuvieran de acuerdo en aliarse con los cárteles, sin importar la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas.

Muchos creíamos, que el Estado mexicano, aun con sus deficiencias y altos índices de corrupción, al menos medianamente cumplía con las funciones que le marca la Constitución General de la República, para lograr el respeto al Estado de derecho, la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos.

Cada presidente en su momento, tuvo la oportunidad de deslindar a sus gobiernos de los grupos criminales y de evitar siguiera creciendo la corrupción y la impunidad de los delincuentes, mejorando los cuerpos de seguridad y de la procuración e impartición de justicia.

Cabe preguntarse: ¿cuáles fueron los factores que nos han llevado a la situación actual que vive México, en cuanto a los altos índices de criminalidad e inseguridad de la que casi todos hemos sido víctimas? Las respuestas pueden ser variadas y quizás los gobiernos se han equivocado creyendo que con solo reformar a las leyes y cambiar a los funcionarios en turno se podrían modificar las cosas en bien del país.

Sin duda alguna, y sin ánimo de buscar culpables, considero que la sociedad mexicana en su conjunto tenemos un grado de responsabilidad, ya que siendo una tarea tan difícil, no podemos pensar que las autoridades por sí mismas la pueden atender y resolver.

Pero, aún y cuando el problema no nació en el gobierno de AMLO, su política de “dar abrazos y no balazos a los delincuentes” permitió la expansión y dominio de los cárteles en el país, con un saldo de casi 200 mil homicidios dolosos, que los llevaron a controlar a casi la tercera parte del territorio, bajo la sospecha de haber financiado con dinero proveniente del narco, las campañas políticas de candidatos y candidatas de Morena en las elecciones desde 2006, 2012 y de 2018 a la fecha ya como gobierno, lo que había sido negado en forma insistente por López Obrador, pero que hoy sale a la luz por las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada y de El Chapo Guzmán y otros delincuentes que ya están detenidos en Estados Unidos.

En los últimos días, ante la presión ejercida por Donald Trump presidente de los Estados Unidos, hacia el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, para frenar, por un lado la producción y tráfico de fentanilo de México hacia el territorio del norte y por otro lado detener la llegada de migrantes a la frontera sur de nuestro vecino, con la amenaza de imponer aranceles del 25% a las exportaciones de los productos mexicanos que se envían a Estados Unidos al amparo del T-MEC; las cosas en el país, han cambiado radicalmente y la actitud de la presidenta, que si bien había sido de negar que en México existieran laboratorios donde se produce el fentanilo y que su gobierno protegiera a los cárteles del narcotráfico, ante la exigencia y amenazas de Trump, se ha visto obligada a detener a los delincuentes, que suman a la fecha más de 900, a llevar a cabo incautaciones de cargamentos de fentanilo producidos en algunos estados del país y a destruir laboratorios donde se producía la droga; así como también hacer la deportación de 29 de los capos más importantes que se encontraban en cárceles mexicanas donde seguían dirigiendo las operaciones de sus organizaciones con una vida de privilegios y concesiones en complicidad con los directores de los penales, y según el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en complicidad con jueces y magistrados del poder judicial, que estaban a punto de liberarlos.

Resulta evidente, que la presidenta, no tuvo opción más que atender las demandas de Trump, a fin de evitar la aplicación de los aranceles, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 4 de marzo pasado y que finalmente Trum prorrogó para el 2 de abril, bajo el criterio de que sólo serán para los países que también cobran aranceles a los productos estadounidenses, por lo qué Sheinbaum confía que estos no aplicarán para los productos mexicanos, ya que nuestro país, no cobra aranceles a ningún producto proveniente de Estados Unidos.

Asimismo, Donald Trump ha insistido en que también sean detenidos y en su caso extraditados a Estados Unidos, a los políticos y gobernantes cuyas campañas fueron financiadas por los carteles del narco y los protegieron, así como que se investigue a aquellas empresas que mediante operaciones de lavado de dinero se coludieron para permitir su crecimiento a nivel nacional e internacional.

Será muy interesante saber hasta donde la presidenta está dispuesta a entregar información y a los políticos y gobernantes, incluso de su propio partido, que hayan cometido estos delitos. Esperemos a que la UIF demuestre que su labor es sin distinción de personas y colores y que finalmente, están dispuestos a acabar con la impunidad, sin proteger a gente del oficialismo y de sus partidos aliados PVEM y PT; ya que si se trata de políticos de la oposición PRI, PAN y del extinto PRD seguramente no tardarán en abrir la información, para beneficiarse políticamente.

Por lo pronto, con la prórroga al 2 de abril concedida por Trump, sin echar las campanas al vuelo, el oficialismo se prepara para sacar adelante la elección judicial el domingo 1 de junio, aún y cuando todo el proceso de la reforma es violatorio del T-MEC en cuanto a la independencia judicial; pero ya habrá tiempo para justificar una decisión que seguramente afectará de nuevo la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Desafío a la autoridad presidencial

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“Desafío a la autoridad Presidencial”
La sumisión de los legisladores de Morena y sus partidos aliados, durante el sexenio de Amlo, fue una constante en ambas cámaras, (diputados y senadores) que generalmente no sólo se dedicaban a defender las iniciativas del presidente, sino también a aprobarlas sin modificar ni una coma; es decir bastaba la orden y línea que salía de Palacio Nacional, para que los líderes de las bancadas de los diputados y del senado, se aprestaran a cumplir al pie de la letra la voluntad
presidencial, ya que eran plenamente conscientes de lo que podría pasar, si osaban ir en contra de los deseos del ejecutivo.
Si revisamos todas las iniciativas de reformas a las leyes secundarias y constitucionales aprobadas en las legislaturas 2018-2021 y 2021-2024, el Congreso estuvo siempre a las órdenes presidenciales, aún y cuando algunas de ellas fueran inconstitucionales y era previsible que se echaran abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo importante era no contradecir y menos corregir la plana a AMLO.
De ahí que con la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum y con la mayoría calificada que tienen Morena y sus partidos aliados en ambas cámaras, todos pensábamos que no existiría poder humano que impidiera la aprobación de las iniciativas de la presidenta, ya que, con una oposición disminuida, bastaría con que los tres partidos del oficialísimo se pusieran de acuerdo para cumplir las órdenes de la presidenta.
Sin embargo, la modificación que hicieron los senadores de la iniciativa de reforma constitucional contra el nepotismo presentada por Sheinbaum y que proponía entrará en vigor para las elecciones de 2027, pero que se aprobó para 2030, a propuesta del líder de la bancada de Morena Adán Augusto López, en contubernio con el líder de la bancada del PVEM para beneficiar las aspiraciones de la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, que busca contender por el cargo en el 2027 y del senador Félix Salgado Macedonio que también piensa busca suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija Evelyn Salgado, a lo que se suman las
intenciones del Senador Saúl Monreal para suceder en el cargo del gobernador en
Zacatecas a su hermano David; tuvieron mayor peso para que el Senado se saliera del guion y aún con el voto a favor de los partidos de oposición PAN y MC, el oficialísimo logró aprobar la entrada en vigor de la reforma hasta 2030.
A pesar de que la presidenta en su conferencia mañanera del día siguiente de la votación, declaró que “había sido una decisión de los senadores y que la respetaba” se notaba su malestar y el hecho de que haya sido su partido y aliados los que hayan votado aprobando la modificación de la entrada en vigor de la reforma, de alguna forma dejaba entrever que para los legisladores del oficialísimo pesó mas su deseo de continuar con las prácticas de nepotismo para beneficiar a
las familias de los gobernantes, que la intención de la presidenta de cumplir uno de los compromisos que hizo en campaña contra el nepotismo que tanto se criticó a los partidos de la etapa del neoliberalismo PRI y PAN, quitándole la oportunidad de demostrar que la 4T no es igual a dichos partidos.
Ahora toca a la Cámara de Diputados, dar la última palabra y en su caso modificar lo aprobado por el Senado para cumplir los deseos de la presidenta; o bien aprobar el dictamen del Senado como le fue enviado, permitiendo que continúen las prácticas de nepotismo seis años más en las elecciones próximas.
Veremos si la dupla Adán Augusto y Ricardo Monreal logran imponerse a la presidenta o bien, si ella da un golpe de autoridad para que las cosas se hagan como ella lo decida.
! Hagan sus apuestas !

¿ De qué servirá, reforzar la soberanía nacional?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

¿ DE QUÉ SERVIRÁ, REFORZAR LA SOBERANIA NACIONAL?

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

En los momentos actuales que vive nuestro país, desde la llegada a la casa blanca de Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles del veinticinco por ciento a todos los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos, sino se cumplen las exigencias que hizo al gobierno mexicano, de detener la migración ilegal y el tráfico del fentanilo, así como frenar las actividades de los carteles del narcotráfico que operan desde hace varios años, bajo la protección y complicidad de los gobiernos de los tres niveles, municipal, estatal y federal , que llevó a declarar a seis carteles como grupos terroristas y a afirmar que actualmente el treinta por ciento del territorio del país, se encuentra gobernado por los carteles; resulta evidente que dichas exigencias y amenazas, que podrían concretarse el próximo cuatro de marzo, han colocado a la presidenta en una situación muy difícil, de la que todos esperamos pueda salir bien librada y al final no se cumplan las amenazas del presidente estadounidense.

Pero el escenario, se complica aún más, con las actividades de espionaje que desde hace más de veinte días, llevan a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que ha lanzado vuelos no artillados del dron MQ-9 reaper conocido como predator en territorio del norte del país, para recabar información de las actividades de los carteles y su ubicación y para detectar laboratorios clandestinos de elaboración de fentanilo , sin que para ello se haya recabado la autorización del gobierno mexicano, y hasta el momento los agentes de la CIA comparten la información recogida por los drones a las autoridades mexicanas para que detengan a los narcotraficantes y los pongan a disposición de las fiscalías, como lo establece nuestra Constitución y la legislación penal vigente..

Sobre la entrada de los drones y de agentes de la CIA en operaciones encubiertas y de investigación que el gobierno de Donald Trump públicamente ha dado a conocer, la presidenta ha declarado en sus conferencias de pueblo que son normales desde hace varios gobiernos y que son parte de los acuerdos de colaboración que tiene México con las autoridades de Estados Unidos, descartando que dichas actividades violen la soberanía de nuestro país; sin mencionar abiertamente que su gobierno no ha sido debidamente informado tanto de los vuelos llevados a cabo, sus itinerarios, ni las zonas del territorio que están espiando con los drones.

El discurso de la presidenta ha sido de calma y mesura, ante los embates de la administración de Donald Trump, cuyo discurso y promesas de campaña, las ha venido materializando con sus ordenes ejecutivas y decretos, con decisiones que están afectando no sólo a México, sino también a otros países, como Canadá, Panamá, Palestina y Ucrania.

La defensa de la soberanía nacional y la defensa del territorio de México es por ahora la mayor preocupación del gobierno de Sheinbaum, ante un Donald Trump acostumbrado a hacer lo que considera necesario, sin detenerse a pedir permiso o avisar de sus acciones en otros países y sin rendir cuentas a nadie, ya que cuenta con el respaldo de los estadounidenses y de ambas cámaras, por lo que las misiones de espionaje y entrada de los drones, por ahora sólo han quedado en eso, sin llegar a utilizarlos para ataques aéreos y que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de que reciban las ordenes de sus superiores, si el gobierno mexicano no detiene a los integrantes de los carteles y la producción de fentanilo.

Ante la realidad que vive el país y la presión del gobierno de Donald Trump, esta semana que concluye se lograron detenciones importantes de operadores de los Chapitos como su operador financiero y de más de ciento seis integrantes de los carteles en diversas partes del país.

A pesar de la posición de la presidenta resulta evidente que el gobierno norteamericano está decidido a seguir con su estrategia, a tan sólo diez días de que concluya el plazo de un mes que se dio tanto a México, como a Canadá para cumplir con las exigencias del presidente Trump.

Al interior del país, la presidenta, busca a toda costa salvar su imagen y credibilidad de su gobierno, mediante el mensaje de que cuenta con el respaldo del pueblo y de que se ha logrado la unidad para enfrentar las amenazas de Estados Unidos.

Por ello, el pasado veinte de febrero firmó la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 19 y 40 de nuestra carta magna y que serían enviadas al Congreso de la Unión para su aprobación.

El artículo 40 se adiciona con dos párrafos, para dejar en claro que México no aceptará ninguna intervención extranjera:

Primer párrafo: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones, o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”

Segundo párrafo: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado en el marco de las leyes aplicables”

La reforma al artículo 19 establece: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 40 de esta Constitución, se le aplicará la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”

Seguramente las reformas serán aprobadas en ambas cámaras y en los Congresos locales, al contar el oficialismo con los votos necesarios; sin embargo, la cuestión es saber a futuro,¿ hasta donde las mismas serán aplicadas contra las acciones del gobierno de los Estados Unidos? al que poco le importa la Constitución mexicana, cuando se trata de defender sus intereses y sino recibe la autorización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 constitucional, si detendrá sus actividades, lo que no ha ocurrido en el caso de otros países cuando deciden intervenirlos, bajo cualquier circunstancia o pretexto.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El 4 de Marzo se decide el futuro de México

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Sin duda alguna el cuatro de marzo, será una fecha trascendental para el futuro de la economía de México y marcará la pauta de las relaciones bilaterales entre nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos en la administración de Donald Trump, precisamente porque ese día vence la prórroga que dicha administración otorgó al gobierno mexicano, para no imponer los aranceles a los productos que se exportan desde nuestro país a nuestro vecino del norte.

Pero las condiciones impuestas por el presidente Trump, fueron muy precisas: detener la ola de migrantes desde nuestro país de las caravanas que llegan desde los países de centro y Sudamérica a la frentera norteamericana; así como la entrada de fentanilo que introducen los carteles del narcotráfico que operan desde México.

Si bien es cierto la respuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al enviar de inmediato a diez mil elementos de la guardia nacional a la frontera norte para detener a los inmigrantes ilegales, así como las acciones y estrategia de seguridad que encabeza el secretario Omar García Harfuch, para la captura de los narcotraficantes que operan en el país, ha ido avanzando lentamente; como lo demuestra el hecho de que la guerra entre los grupos de los chapitos y los mayitos en Sinaloa continúen, teniendo a los pobladores de Culiacán en un estado de sitio y con una situación desesperante ante la ola de balaceras y homicidios que todos los días ocurren en el estado; a lo que habría que agregar la violencia que sigue en otras entidades como Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Tabasco y Michoacán, donde los carteles se disputan el control de los territorios, ante la incapacidad de las autoridades locales y federales de frenar la ola de violencia que se vive por la población.

Por otro lado, si viene es cierto, ha habido incautaciones de cargamentos de fentanilo como el ocurrido el cuatro de diciembre del año pasado de mil quinientos kilos de pastillas en el estado de Sinaloa y que es el más grande que se ha logrado en la historia del país; en lo que va del mes de febrero sólo se ha logrado incautar dieciocho kilos de dicha droga, lo que significa que, quizás las autoridades han logrado frenar la producción de las pastillas en los laboratorios clandestinos que se localizan en Sinaloa o bien que los carteles han decidido trasladar los mismos a otros estados y creado nuevas rutas para seguir llevando la producción y venta a los Estados Unidos.

La situación ha obligado a las autoridades de los Estados Unidos a acelerar la declaración de nombrar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, como se dio a conocer en días pasados por el secretario de estado Marco Rubio en los que se incluyó a los cinco más importantes que tienen presencia en el país y que también se dedican al tráfico de personas, como el cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel del noreste, la familia michoacana y carteles unidos,

En la lista dada a conocer el pasado treinta de enero, además se incluyeron a otros carteles como: el tren de Aragua de Venezuela, el Clan del Golfo de Colombia y la Mara Salvatrucha de origen salvadoreño.

Las acciones contra estos grupos se encaminan a su exterminio y a una intervención militar en México que podría traer como consecuencia, además sanciones a todas aquellas empresas u organizaciones vinculadas a dichos carteles ya sea facilitando el lavado de dinero o de empresas fantasma, lo que podría derivarse en la detención de los socios y accionistas que hayan consentido o facilitado apoyo a los grupos criminales.

Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta, las labores de espionaje y llegada de elementos de la DEA encubiertos en varios estados del país que mediante labores de inteligencia están recabando información a las autoridades de Estados Unidos, que a estas alturas les permite tener perfectamente ubicados a los narcotraficantes, sus centros de operaciones y el destino de las millonarias utilidades que les deja la venta y distribución de las drogas.

Otro de los elementos que seguramente preocupan a las autoridades mexicanas, es el anuncio del departamento de estado de Estados Unidos del pasado ocho de febrero, en el que acuso:” Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México.

El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la Seguridad nacional de Estados Unidos, y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos carteles”

Aunque la presidenta ha tratado de minimizar y revirar al gobierno norteamericano, acusándolos de que primero ellos deben combatir a los carteles que operar en su país; la tensión ha aumentado por las acusaciones que también se han hecho sobre gobernadores de al menos cuatro estados del país, cuyas campañas contaron el financiamiento de los carteles del narcotráfico.

Además el anuncio del presidente Trump de esta semana, donde ya impuso aranceles del 25% al acero y aluminio que se exportan de México y Canadá, demuestran que la decisión de presionar a ambos gobiernos con las condiciones y el plazo otorgados a ambos países que fenece el próximo cuatro de marzo, ponen en grave riesgo la economía de ambos países; en el caso de México la posibilidad de una recesión económica devastadora para el país, con la aplicación de los aranceles del 25% a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, que seguramente será muy difícil detener, a menos que la presidenta decida entregar a los principales lideres de los carteles declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, evitando con ello se aplique dicha medida y salvar la economía del país.

Hoy su encrucijada es: cumplir con las exigencias de Trump y salvar al país, dejando la tarea de capturar a los lideres de los grupos criminales a las autoridades de Estados Unidos ó entregarlos como muestra de que no existen la alianza entre su gobierno con los carteles del narcotráfico; lo que también puede originar una inestabilidad social al interior del país con un aumento mayor de la violencia e inseguridad.

En muy poco tiempo conoceremos, ¿cual fue la decisión de nuestra presidenta?

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Autoritarismo presidencial

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La declaración de la presidenta con “A” Claudia Sheinbaum, a pregunta de un reportero en su “conferencia del pueblo” la mañana del cuatro de febrero, afirmando que la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña, no había sido invitada a la ceremonia solemne de conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República que se llevaría a cabo en la ciudad de Querétaro con la presencia de los otros dos poderes y de los gobernadores de todos los estados del país.

Quizás los que apoyan al oficialismo y quienes simpatizan con el movimiento de la 4T, no tiene ninguna importancia, la descortesía de la presidenta y por lo mismo, su decisión , está plenamente justificada, dados los desencuentros y la postura del Poder Judicial de la Federación, en contra de la reforma impulsada por el gobierno de AMLO y que según se ha dicho forma parte del segundo piso del movimiento de trasformación iniciado en México en 2018.

Incluso hubo voces, dentro del morenismo, que afirmaron que la postura de la presidenta era una muestra de que el poder que ostenta con el apoyo del legislativo, son suficientes para gobernar el país y que total, para que invitar a un acto republicano, a un poder que ya va de salida y que no tiene el respaldo del pueblo bueno y sabio, ya que es visto como un enemigo acérrimo de la cuarta transformación.

Pero, analicemos cuales son de fondo, las implicaciones que tiene para nuestro sistema de gobierno, la exclusión de uno de los poderes en un acto, en el que precisamente el objetivo principal, es honrar a nuestra Carta Magna, en un aniversario más de haber sido promulgada.

Para nadie es un secreto que en el gobierno de AMLO y después de la salida de la presidencia de la Corte del exministro Arturo Záldivar y la llegada de la ministra Norma Piña al cargo, dada la importancia de los asuntos que debería resolver la Corte y en los cuales el poder ejecutivo, tenía especial, a través del secretario Adán Augusto López el presidente trató de influir en las decisiones de los jueces, magistrados de circuito y en el pleno del máximo tribunal constitucional del país, para que las resoluciones les favorecieran y evitar se echaran abajo reformas legislativas, a pesar de existir en muchos casos violaciones al proceso legislativo o leyes inconstitucionales, era evidente que el Poder Judicial se convirtió para el presidente en un obstáculo para su gobierno, al punto de declarar en una conferencia mañanera: no me vengan con eso, de que la ley, es la ley demostrando con ello su desprecio por el respeto al estado de derecho y contradiciendo la protesta que hizo al tomar el cargo de: “…guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” (artículo 87 de la Constitución general de la República)

Como la Ministra Norma Piña, en ningún momento se sometió al poder ejecutivo y mando el mensaje de que se aplicaría la ley y la Constitución en todas las resoluciones y asuntos sometidos al conocimiento del Poder Judicial de la federación, con ello cerró las puertas a las presiones e influencia del presidente, a las que si cedió su antecesor Záldivar y que se confirmó meses después por el mismo presidente, quién públicamente reconoció que el exministro le ayudó junto con su equipo en varios asuntos, lo que motivó la apertura de una investigación ordenada por la propia Ministra Piña, en contra de Záldivar y que no se ha concluido, por lo que seguramente será de los asuntos que se archivarán con la llegada de los nuevos Ministros, después de las elecciones que se llevarán a cabo el primer domingo de junio de este año.

No debemos dejar de lado, que el propio artículo 89 de la Constitución General de la República que señala las facultades y obligaciones del Presidente de la República, en su fracción XII, establece como una obligación del presidente¨…facilitar al poder judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.”

Lo anterior, deja en claro, que el espíritu del constituyente originario, fue que quién desempeñe el cargo de presidente de la república debe apoyar al poder judicial, a fin de que pueda ejercer en forma expedita sus funciones; como diría la presidenta Sheinbaum al referirse a la relación con el gobierno del presidente Trump: colaboración, no subordinación lo que podría aplicarse al actuar de la presidenta de la Corte Norma Piña, cuyos pecados han sido, entre otros; el haber enfrentado al poder presidencial, el no someterse a dicho poder y dictar resoluciones respetando la Constitución y las leyes que de ella dimanen.

Pero la actitud de la presidenta Sheinbaum, hacia Norma Piña, no se justifica, ya que ella representa al Poder Judicial de la federación, uno de los tres poderes reconocidos en el párrafo primero del artículo 116 de la Carta magna; pero además, porque ella misma en su toma de protesta declaró que con su gobierno, no llegaba una, sino que llegaban todas, así que me pregunto; ¿Quiénes son para la presidenta las que llegaron con ella, únicamente las que apoyan su movimiento? ¿quedan fuera de dicho grupo, las mujeres que no apoyan a la 4T y quienes no están con e oficialismo? Son preguntas que debería contestar a las propias mujeres, porque en el discurso se oye muy bien poner en alto el nombre de las mujeres, pero en los hechos la realidad y su actuación la contradice.

La presidenta, no tenia necesidad de excluir de la ceremonia a la representante del poder judicial, ya que, en todo caso, los conflictos que tuvo dicho poder fueron con AMLO directamente y no con su gobierno y aquí caben dos interrogantes, la primera: ¿lo hizo para quedar bien con su antecesor, quién se supone ya no tiene injerencia en el actual gobierno? y la segunda: ¿hará lo mismo en 2026, en caso de que quién presida la corte, no se afín al movimiento de la 4T? sólo el tiempo nos dará las respuestas.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.