Dr. German Molina Carrillo archivos - Página 9 de 10

La Guerra de los Aranceles y sus repercusiones

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Finalmente la tarde de este viernes treinta y uno de enero, la administración del presidente Donald Trump, confirmó lo que ya había anunciado desde el primer día de su toma de posesión, la aplicación de aranceles del veinticinco por ciento a México y Canadá y del diez por ciento a China, respecto a todos los productos que exportan dichos países a la Unión Americana, bajo el argumento de que tanto México como Canadá habían permitido la llegada de millones de migrantes a territorio norteamericano a través de sus fronteras y facilitado el tráfico de drogas como el fentanilo que a llevado a la muerte a cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos durante los últimos cinco años.

Trump declaró que China producía los precursores químicos base para elaborar el fentanilo que se produce en México y que entra a Estados Unidos también por territorio de Canadá, acusando a ambos países de permitir que los carteles se expandieran en los últimos años, haciendo crecer la venta y distribución de dicha droga al no haber actuado en contra de las organizaciones criminales.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado en los últimos días, primero que no creía que el presidente Trump se atrevería a aplicar estas medidas en contra de México, ya que se estaba intensificando la estrategia de seguridad contra los carteles de la droga por una parte y por la otra, se había aceptado la entrada de aviones de los Estados Unidos con migrantes expulsados tanto de México, como de otros países; tal parece que para el Presidente Trump, dichas medidas no fueron suficientes y por ello es inminente que nada, ni nadie podrá frenar la aplicación de los aranceles del veinticinco por ciento a los productos mexicanos a partir del primero de febrero de este año.

Las declaraciones de la presidenta de este viernes, en su conferencia del pueblo se inclinaron a señalar que ante la aplicación de los aranceles anunciada, México tenía ya considerado un plan B y hasta un plan C, para salir delante de la situación por dicha medida pero que antes, era necesario conocer , a que productos se aplicaría la medida para de ahí ya tomar una decisión al respecto; sin embargo en ningún momento especificó en que consistirían dichos planes de su gobierno ante la recesión económica y devaluación del peso frente al dólar que enfrentaría México, además del déficit fiscal que pondría en riesgo el crecimiento económico de este año previsto en un ocho por ciento.

Ante dicho panorama y si la aplicación de los aranceles de Estados Unidos, se prolonga al menos durante 3 a seis meses, el gobierno federal, se verá obligado a recortar otros rubros y programas de su administración, buscando ante todo blindar a los programas sociales y del bienestar, ya que de no hacerlo el costo político y el descontento popular que podrían traer consigo, es que en las elecciones intermedias de 2027, Morena y sus partidos aliados, podrían sufrir un voto de castigo del electorado.

Pero vayamos más a fondo, de lo que espera a nuestro país, a partir de este primero de febrero por los efectos de las medidas dictadas por el gobierno de Donald Trump, no sólo en la economía; sino también en el terreno político, porque la recesión y devaluación del peso frente al dólar, traería un aumento de la inflación y por ende pondría en riesgo a las empresas y empleos en el país; pero también a Morena y el movimiento de la 4T, las medidas de Trump le vienen cayendo como diría AMLO, como anillo al dedo ya que como ya la gente no cree la versión de que todos los males del país, son culpa de los gobiernos del prian y de los presidentes del período neoliberal, surge la figura de Donald Trump como el vilano favorito al que ahora se le pueden achacar las desgracias y situación que está por vivir el país, liberando a los gobiernos del oficialismo de errores como la reforma al poder judicial y la desaparición de los organismos autónomos, sumado al gasto y dispendio de los recursos públicos destinados a as obras faraónicas del gobierno de AMLO.

Aún y cuando Canadá, a través del primer ministro Justin Trudeau ya anunció que responderá a las medias de Trump aplicando también aranceles del 25% a los productos que se exportan desde Estados Unidos; en el caso de México, la decisión puede ser más complicada, ya que nuestro país, tiene mayor dependencia de la economía de los Estados Unidos y entrar a una guerra también aplicando las mismas medidas que el gobierno canadiense, puede resultar más contraproducente al gobierno mexicano.

También es necesario reflexionar, que a diferencia de Canadá, nuestro país, enfrenta el hecho de que el gobierno del presidente Trump, ya declaró como grupos terroristas a los carteles del narcotráfico que operan en México y que introducen el fentanilo a los Estados Unidos, por lo que la presión y los resultados de las investigaciones, así como la detención o muerte de los principales lideres de los carteles, podría traer consigo la captura y extradición a Estados Unidos, de actores políticos del oficialismo como el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya o el de Tamaulipas Américo Villareal que enfrentan acusaciones de que sus campañas fueron financiadas por los carteles del narcotráfico que operan en sus estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum, debe actuar con inteligencia ya que el presidente Trump, difícilmente cambiará su actuar con México, si el gobierno federal, no le demuestra que realmente combatirá a los carteles del narcotráfico capturando a los principales lideres y a todos aquellos que de una u otra forma, se coludieron con estas organizaciones criminales entregándoles a cambio facilidades para operar en sus territorios e impunidad para llevar a cabo sus actividades delictivas, en contra de la población civil del país.

Sólo con estas medidas, se logrará recuperar la confianza del gobierno de Estados Unidos y se podrían suspender la aplicación de los aranceles a nuestros productos y estabilizar la economía mexicana; así que la última palabra la tiene la presidenta con A, cambiando el rumbo del país, para salir adelante, o aferrarse al pasado defendiendo las políticas de su antecesor, con el costo económico, pokítico y social que ello conlleva.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La deportación y la crisis humanitaria que viene

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“LA DEPORTACIÓN MASIVA Y LA CRISIS HUMANITARIA QUE VIENE “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Como reza el refrán popular “no es traidor el que avisa” y aplica lo mismo en el caso del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quién desde el inicio de su campaña anunció por los cuatro vientos y en todos los estados de la Unión Americana, su intención de expulsar del territorio del norte a todos los migrantes que hubieran entrado ilegalmente a su país, acusándolos de ser grupos de violadores, ladrones, asesinos, traficantes y de que todos ellos eran lo peor de sus países de origen, que los habían impulsado a buscar el sueño americano.

Tal como sucedió en su primer período en la casa blanca, para el presidente Trump, la defensa del territorio estadounidense y la seguridad de sus connacionales, es lo más importante y bajo el argumento de que los migrantes son los culpables de la inseguridad, narcotráfico y delincuencia en Estados Unidos, ha radicalizado su discurso y en los hechos, desde el primer minuto de haber pisado la casa blanca, empezó a firmar los decretos respectivos para cumplir con los compromisos que hizo durante esta segunda campaña y que hoy le permiten tener un respaldo y mayoría en ambas cámaras, para tomar las decisiones que el considere pertinentes.

Por eso señalo, que si a Trump se le puede acusar de muchas cosas y defectos, también lo es, que los gobiernos de México y Canadá se enteraron con tiempo suficiente de las pretensiones del presidente de Estados Unidos, cuyas amenazas, no quedaron en el discurso y no sólo se ha rodeado de un gabinete que respalda sus iniciativas; sino también de diseñar una estrategia, que le permitirá convertirse en el salvador de los problemas como el narcotráfico y venta de drogas como el fentanilo que el año pasado dejaron más de 200 mil muertos en su país.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tratado de minimizar la gravedad de la situación, que se empieza a complicar en los estados del norte que tienen frontera con Estados Unidos y que han comenzado a recibir por cientos a migrantes expulsados, no sólo de México, sino también de varias nacionalidades más aquellos que ya estaban en el país, esperando una cita para poder ingresar a los Estados Unidos y que ya les fue cancelada al cerrar la actual administración, la aplicación que se había creado para obtener las citas y lograr ingresar legalmente a dicho país.

A la crisis humanitaria que se vislumbra en los estados del norte del país, se suman las caravanas de migrantes que siguen llegado del sur y que no han disminuido en número a pesar de que, a nivel internacional, Estados Unidos ya anunció el cierre del programa de entrada al país, que existió en el gobierno de Joe Biden.

La intención de las autoridades del gobierno federal de repatriar a los extranjeros y enviar a sus estados de origen a los mexicanos expulsados, por lo que se empieza a ver, no tendrá resultados, ya que si la gran mayoría de ellos, salieron huyendo de sus estados o paises de origen, por problemas como: la pobreza, falta de empleo, violencia, inseguridad, narcotráfico entre otros de igual o mayor gravedad, el regresarlos a su misma situación, no es una solución a sus problemas debido a que sus posibilidades de tener un futuro mejor prácticamente no existen.

Incluso, aún y cuando el gobierno federal, ha comenzado a dar permisos temporales de residencia en el país a los extranjeros y ayuda económica, así como empleos temporales, para la gran mayoría de ellos, no representa una solución, porque sólo serán un paliativo, porque no tienen garantizada una permanencia prolongada.

De lo anterior, se deriva, que los carteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada se aprestan a entrar en franca competencia con el gobierno federal, para ver con quién se emplean los migrantes, dependiendo de quién les ofrezca un mayor pago y la posibilidad de salir de su precaria situación económica para que sea resuelta lo antes posible, al precio que haya que pagar.

Los riesgos que afronta el gobierno federal no terminan con el tema migratorio, ya que en materia económica, además de que se verá afectada la llegada de remesas que envían los migrantes a nuestro país, si finalmente Trump cumple su promesa de poner aranceles del 25% a los productos que se fabrican en México y se exportan a los Estados Unidos, a partir del uno de febrero como ya lo ha anunciado y que hará extensiva a Canadá, sus efectos inmediatos serán una depreciación drástica del peso frente al dólar y una desaceleración en la actividad económica en diversas ramas de la industria, con una caída del empleo.

La única posibilidad de que este escenario no se presente, es que el gobierno de Sheinbaum logre negociar con los funcionarios de Donald Trump un acuerdo en el tema migratorio, frenando en la frontera sur la llegada de más migrantes y apoyar el programa quédate en México que ha revivido el presidente estadounidense, así como lograr un acuerdo de cooperación, en el que se unan fuerzas para exterminar a los carteles del narcotráfico que envían drogas a los Estados Unidos; lo anterior se ve difícil, aunque no imposible, el problema es la falta de negociadores con oficio y experiencia, que puedan afrontar inicialmente estos retos y en segundo lugar, logren beneficios para México en la revisión del T-MEC, si esto se adelanta para este año y no para 2026 como está previsto.

Por ahora, el acuerdo de unidad que propuso la presidenta a las dos cámaras de diputados y senadores para cerrar filas y enfrentar así la embestida de Donald Trump contra México, no se logró, ante la negativa de las bancadas de la oposición PRI y PAN que por separado salieron a anunciar el porque no apoyarían esta iniciativa de Morena y aliados, quienes en respuesta los calificaron como traidores a la patria,

La unidad que se alcanzó con los Gobernadores emanados de todas las fuerzas políticas y los presidentes municipales, fortaleció al gobierno de Sheinbaum; sin embargo lograr que se de en el poder legislativo será difícil, a menos que el oficialismo, deje atrás la soberbia y su actitud de borrar a los partidos de oposición, que no tienen ninguna presencia, ni representación en posiciones que les permitirían al menos sacar adelante algunas iniciativas y posiciones en el gobierno federal; mientras no se de una apertura, la unidad no se dará en momentos en que el país, debe defender a nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos para evitar su deportación y nuestros intereses económicos y evitar quedar subordinado a lo que decidan los vecinos del norte, cuyas amenazas se van cumpliendo cabalmente.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Tabasco es un edén, para la delincuencia organizada

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Cuando hace varias décadas el estado de Tabasco, fue calificado como un eden para los oriundos de dicho estado según una canción invitándonos a visitarlo, no sólo por su localización geográfica, clima, bellezas naturales y atractivos turísticos y calidez de sus habitantes, sino también por la tranquilidad y clima de seguridad que prevalecía y que se ha perdido, desde el año 2020, según reportes oficiales de las autoridades locales y federales y que se han atribuido a diferentes causas, que hoy lo colocan como uno de los estados más inseguros del país.

Dentro de los factores que han motivado que Tabasco se encuentre en esta situación, están los siguientes: la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación, por el rompimiento de las alianzas que tenían con otros grupos locales de la delincuencia; el aumento en el robo de combustible y la lucha por el control de la frontera del estado con Guatemala que también se ha convertido en un paso de los migrantes que entran a territorio mexicano para buscar llegar a la frontera con los Estado Unidos.

De acuerdo con el último informe del ENVIPE la tasa de los delitos más frecuentes que se presentan en el estado por cada 100 mil habitantes son: el robo, asalto en la calle y el transporte público, con un promedio de 7170 delitos por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior, además de los homicidios dolosos, la quema de bares, tiendas de autoservicio y negocios que han obligado a la población a imponerse un toque de queda y a resguardarse en sus domicilios a las 7 pm a fin de evitar ser victimas de la violencia e inseguridad que crecen todos los días en el estado.

Algunos medios locales y nacionales e investigaciones periodísticas, atribuyen al CJNG el aumento de la violencia e inseguridad en Tabasco, que ha utilizado al grupo delictivo denominado la barredora integrado por una célula que perteneció al grupo de los zetas y que en los últimos cuatro años, logró desplazar al cartel de Sinaloa en la comisión de delitos como el tráfico de drogas, robo de combustible, extorsión, secuestro, tráfico de personas, piratería y el control de la prostitución en la zona.

Según un informe del ejercito filtrado por Guacamaya Leaks afirma que la barredora ha logrado crear una red de protección con funcionarios de las áreas de seguridad desde la administración del exgobernador Adán Augusto López y que continuo su sucesor Carlos Manuel Merino Campos consolidándose como la organización líder en robo de combustible del sureste del país.

El contubernio y protección que las autoridades locales de Tabasco han dado al grupo criminal de la barredora, se remonta al año 2018 en que llega al gobierno Adán Augusto López de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena.

El exgobernador ha sido duramente cuestionado por designar a Hernán Bermúdez Requena como responsable de la Seguridad del estado, a pesar de sus vínculos con el grupo criminal la barredora.

El actual gobernador el morenista Javier May, desde que asumió el poder en el estado, ha culpado a Bermúdez Requena de ser el líder de la barredora por su cercanía con grupos criminales y públicamente ha pedido que las dos administraciones anteriores expliquen a los tabasqueños por qué sostuvieron a funcionarios con estos señalamientos y de que se abra además una investigación contra ellos, para deslindar responsabilidades.

Mientras todo esto sucede y debido al número de homicidios y enfrentamientos entre los grupos criminales en el estado que se han vuelto más frecuentes y ante el riesgo de que el estado caiga en la misma situación que viven estados como Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncio esta semana, el envío de 2500 efectivos del ejercito y la guardia nacional, para tratar de frenar la violencia e inseguridad en tabasco, que sigue creciendo en los últimos días.

La situación de Tabasco, se complica aún más por los enfrentamientos y acusaciones entre los grupos de Morena que han dirigido y los que actualmente están al frente del gobierno, los primeros tratando de defenderse de las acusaciones del gobernador Javier May y por otro lado el gabinete de seguridad del mandatario que con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ejercito y la guardia nacional, están tratando de frenar la ola de violencia e inseguridad, sin que hasta el momento se empiecen a ver los resultados; pese a que el hermano de AMLO, Ramiro López Obrador es Secretario de gobierno de Tabasco, la lucha entre los grupos ha involucrado hasta este momento al Senador Oscar Cantón Zetina y a políticos del PRI que gobernador en el estado, en períodos anteriores a quienes Ramiro López Obrador acusa de estar armando un complot contra el gobierno de Javier May, de quién incluso están pidiendo renuncie al cargo.

Bajo este panorama y con la lucha de estas dos facciones de Morena, las cosas se ven más complicadas, en la tierra del ex presidente AMLO, mientras el CJNG sigue llevando a cabo sus actividades delictivas, hasta que la estrategia de seguridad de la presidenta y del Secretario de Seguridad ciudadana del gobierno federal Omar García Harfuch, empiece a dar resultados en los estados del sureste del país y se logre recuperar la seguridad y tranquilidad para que Tabasco vuelva a ser un edén.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La política exterior de la 4T, ¿Con dios y con el diablo?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA 4T, ¿CON DIOS Y CON EL DIABLO? “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

A 100 días cumplidos de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, para la gran mayoría de los mexicanos, se van disipando las dudas respecto a su forma de ejercer el poder presidencial, entre quienes afirmaron que no se saldría del guion que le dejó el ex presidente AMLO para dar continuidad al denominado segundo piso de la 4T sacando adelante las reformas constitucionales que quedaron pendientes al concluir su mandato, como lo son la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, que pese a todas las voces que se opusieron a dichas reformas, finalmente fueron aprobadas con la mayoría aplastante del oficialismo en ambas cámaras y la otra postura o esperanza de quienes esperaron y tal parece seguirán así, que Sheinbaum una vez en el cargo marcara una sana distancia del expresidente y actuara con su propio estilo y atendiendo a las demandas de los ciudadanos, antes que a las líneas de su mentor y su partido Morena.

Los primeros 100 días de la presidenta, nos han dejado en claro, que no está dispuesta a gobernar con un estilo propio y que por ningún motivo se saldrá del guion que le dejo su antecesor a quién considera le debe el haber ganado las elecciones y no a los millones de mexicanos y mexicanas que le dieron su voto el pasado 1 de junio.

Sin duda alguna el triunfo de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos y las declaraciones que hizo desde su campaña y una vez ganadas las elecciones, acusando a México de proteger a los carteles de la droga que han inundado las calles del vecino país de fentanilo y de permitir el paso de cientos de miles de migrantes a la frontera del norte, junto con la amenaza de imponer aranceles a los productos que exporta México hasta por un 25% desde el primer día de su mandato como presidente y si a ello agregamos la próxima revisión del T-MEC donde Estados Unidos ha señalado las violaciones al tratado cometidas por nuestro país, a raíz de la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos; dichos temas han sido claves, para obligar a la presidenta a modificar algunas de las políticas que le dictó López Obrador, como la inherente a la seguridad pública, haciendo a un lado, no por gusto, sino obligada, el “abrazos y no balazos para los delincuentes” y trabajando desde septiembre de este año, en el combate a las dos facciones del cartel de Sinaloa de los chapitos y la mayiza que tienen a Culiacán y sus habitantes en una guerra, que parece no tener fin, con más de 555 homicidios en tres meses de enfrentamientos y ejecuciones.

El hecho de otorgar mayores facultades y poder de acción al super secretario de Seguridad Pública Ciudadana Omar García Harfuch, mediante la aprobación de la reforma al artículo 21 Constitucional, que le otorga amplias atribuciones para la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, dotándolo además de facultades para coordinar a los tres niveles de gobierno en el país y con ello además podrá fiscalizar los recursos federales que van destinados a los estados.

De acuerdo al informe rendido por Harfuch el pasado mes de diciembre, existe una disminución del 18.3% entre 2018 y 2024 en el promedio diario de victimas por homicidio doloso y de 16.3% en el promedio diario de victimas por dicho delito de septiembre a diciembre de 2024, la detención de 7720 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado más de 66 toneladas de droga y mas de 3600 armas de fuego. La droga asegurada equivale a más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles para dañar la vida de familias y de jóvenes.

El dilema que enfrenta la presidenta es que, por un lado con estas acciones se está saliendo de las directrices de su antecesor en materia de seguridad y por otro lado, enfrentar la presión y amenazas de Trump que esta semana declaró que México está controlado por los carteles del narcotráfico y volvió a amenazar con declararlos como grupos terroristas que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos lo que justificaría llevar a cabo operaciones militares para exterminarlos, sin pedir permiso a las autoridades mexicanas.

En cuanto a la política exterior, la presidenta también se debate entre dos frentes: por un lado dar continuidad a la que llevó a cabo su antecesor, apoyando abiertamente y con acciones a las dictaduras de Cuba con el presidente Miguel Diaz Canel, de Nicaragua con Daniel Ortega y de Venezuela con Nicolás Maduro, enfrentadas con el gobierno de los Estados Unidos, lo que podría dar pauta a que el vecino del norte decidiera no continuar con el T-MEC ante la evidente inclinación del gobierno mexicano por apoyar a estos regímenes antidemocráticos, que como Venezuela han perdido el respaldo de los gobiernos de Brasil, Chile y Colombia.

Las circunstancias anteriores y sobre todo el escenario global obligarán a la presidenta a tomar sus propias decisiones en bien del país, más que en los compromisos y directrices de AMLO, sólo así podrá salir avante de los retos y exigencias de Trump, quien en este segundo período presidencial cuenta con un respaldo más amplio que en el anterior y tiene el control de los legisladores y del electorado, que le dio su voto.

El tema migratorio, será determinante para el futuro de la relación bilateral ya que la amenaza de la deportación masiva de millones de personas a nuestro territorio de todas las nacionalidades y el cierre de la frontera, serán un grave problema para el gobierno de la 4T, no sólo para atender a los expulsados, sino también para evitar que la delincuencia organizada logre reclutarlos y con ello reforzar su poder y fuerza en los estados donde tiene mayor presencia actualmente, lo que complicaría la estrategia de seguridad de la presidenta, que es un factor trascendental para recuperar la confianza de nuestro vecino del norte, demostrando con hechos que no vivimos en un narcogobierno.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La prisión preventiva oficiosa y los Derechos Humanos

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El 31 de diciembre pasado, se publicó en horario vespertino en el Diario Oficial de la federación, el decreto constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa, mientras la gran mayoría de los mexicanos nos preparábamos para despedir el 2024 y recibir el 2025, el oficialismo daba cabal cumplimiento a uno más de los caprichos del expresidente AMLO que forma parte del denominado plan C dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales anunciadas el 5 de febrero de 2024.

La iniciativa señala que se debe ampliar la prisión preventiva automática para enfrentar los problemas de criminalidad del país, especialmente respecto de aquellos delitos que han crecido exponencialmente como la extorsión, el narcomenudeo, y los relacionados con la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento, y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados. Manifiesta su preocupación por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, compra de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, e igualmente los incluye en la lista de prisión oficiosa.

A pesar de que el estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de derechos Humanos para eliminar el arraigo y reformar su legislación interna respecto de la prisión preventiva, al considerarlas como categorías inconvencionales al resolver los casos Tzompaxtle Tepile y García Rodriguez contra el Estado mexicano, ordenándole que debería modificar su orden interno para ajustarlo a la Convención Americana de los Derechos Humanos; la iniciativa presidencial fue omisa al no exponer ninguna argumentación ni citar dichos casos.

Lo anterior nos llevaría a considerar que la iniciativa presidencial tácitamente considera que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su interpretación por organismos como la COIDH, no pueden estar en contra de disposiciones expresas de la Constitución, si esta establece normas contrarias a lo que hayan resuelto instancias supranacionales.

El propio ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Záldivar, declaró el dos de agosto de 2022 que: “La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y…no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico” aunque actualmente la opinión de Záldivar es totalmente opuesta ya que apoya abierta y públicamente por intereses políticos, lo que antes cuestionó cuando portaba la toga de Ministro.

Cabe señalar que con la aprobación de la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplía por tercera ocasión el catálogo de delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa.

Pero ahora además ahora el juez debe ordenar dicha prisión en forma automática, ya que la reforma establece en su parte final: “Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”

Lo anterior implica, que los jueces, están obligados por la reforma, a dictar la prisión preventiva oficiosa, sin poder llevar a cabo ningún tipo de interpretación para modificar dicha situación que viola la presunción de inocencia del inculpado.

La aprobación de la reforma en sus términos como lo afirma el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la obra: “Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024) publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unión, página 193 párrafo tercero: “Lo anterior plantea un grave problema, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por México, en su artículo 27 indica que los estados parte de esa Convención, no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, y los artículos 1o, y 2º. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen como deberes de los Estados la de respetar los derechos reconocidos en el instrumento interamericano y el de adoptar disposiciones de derecho interno, para que los ordenamientos nacionales sean compatibles con la Convención. Si los estados incumplen con los deberes de la Convención y con las decisiones de la Corte Interamericana e invocan para justificar el incumplimiento su derecho interno, son susceptibles de responsabilidad internacional.

Aun y cuando el movimiento de la 4T y el oficialismo han declarado que la ampliación del catálogo de delitos que se establecen en el artículo 19 constitucional, buscan frenar los índices de criminalidad en el país y terminar con la impunidad de los delincuentes que los cometen, la realidad demuestra lo contrario, ya que de acuerdo a cifras del INEGI, en 2023 había en el país 86,984 personas encarceladas en el país en espera de que se les dicte una sentencia, que representa el 37.3% de la población del sistema penitenciario y de esta cifra, las mujeres sin sentencia representaban el 46.9% de las que se encuentran en prisión.

Ante dicha situación, es previsible que se incrementen el número de personas en prisión preventiva oficiosa sólo por habérseles integrado una carpeta de investigación por alguno de los delitos del amplio catálogo que establece la reforma y que los verdaderos jefes de los carteles y de la delincuencia organizada en el país, continúen libres y las fiscalías del país se sigan corrompiendo, para que solo quien pueda pagar por evitar llegar ante un juez de control se salve de estar en prisión esperando una sentencia con un poder judicial en pleno proceso de elección, con una carga de trabajo que sobrepasa a su personal y con un recorte presupuestal que cada año hace más difícil cumplan con su función.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La elección judicial: Lo que mal empieza, mal acaba

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Aunque muchos creen que fue el 5 de febrero de este año, cuando dio inicio la guerra entre el presidente AMLO y el Poder Judicial de la Federación con el anuncio de las 18 reformas constitucionales y legales en el marco de la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos evento celebrado en Palacio Nacional y con el cual se iniciaba la recta final de su mandato.

Los desencuentros y rencor del presidente hacia los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Jueces federales, se remontan al momento en que no le fue posible ampliar dos años más el período en la presidencia del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que se había convertido en un subordinado más de su gobierno y con quien había logrado diversos acuerdos para sacar adelante asuntos y reformas del interés del gobierno federal, pero la crisis se recrudeció cuando tampoco pudo lograr que llegara a la presidencia del máximo tribunal constitucional del país, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quién tuvo que sortear los cuestionamientos y los procesos legales por el presunto plagio de su tesis de licenciatura y maestría, lo que afectó sus aspiraciones e hicieron posible la llegada de la actual presidenta Norma Lucía Piña Hernández quién desde el inicio de su gestión dejo claro que defendería la independencia judicial de la Corte.

Con estos “agravios” a la investidura del presidente, era previsible que viniera una venganza no sólo en contra de los Ministros y Ministras que no se alinearon a los intereses del gobierno, sino también contra todo el Poder Judicial de la federación y los Poderes Judiciales de los Estados, bajo los argumentos de combatir la corrupción, los privilegios, los altos salarios, el nepotismo, el hecho de estar del lado de los intereses de los conservadores y los intereses de los empresarios y además de que representaban un poder muy caro para el país y alejado del pueblo bueno y sabio.

Así después del 5 de febrero, las baterías del presidente se enfocaron a denostar y atacar todos los días desde su conferencia mañanera a la Suprema Corte de Justicia, a su presidenta y a todo el Poder Judicial de la Federación, impulsando la reforma al artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se modificara su designación y fueran ahora electos en votaciones por los ciudadanos, echando al bote de la basura, la carrera judicial.

No fueron suficientes, los argumentos de los académicos, intelectuales, medios de comunicación, partidos de oposición, organismos internacionales quienes señalaron como en la obra: “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la república (febrero 2024)” coordinada por Sergio López Ayllón y tres investigadores más del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que:”… las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señalaron además que lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura.”

Pese a lo anterior y a la lucha que dieron los ministros y ministra de la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial de la Federación para evitar la aprobación de la reforma judicial, ésta fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión por el oficialismo y publicada el 15 de septiembre de este año por AMLO.

Así que ahora el Instituto Nacional Electoral se encuentra entrampado en sacar adelante una elección inédita en la historia electoral del país, como afirmó la Consejera Dania Ravel ante delegados de las 32 juntas distritales: “siempre teníamos un reto por afrontar, y cada vez parece que el reto va siendo mayor” Aseguró que en procesos anteriores han enfrentado situaciones complejas, pero en esta ocasión todas se conjugan, además de la falta de cooperación del Congreso, pues no les amplio el plazo ni les entregó los recursos suficientes y el juego cruzado entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Y no le falta razón a la consejera Ravel, ya que ante la escandalosa reducción del presupuesto originalmente solicitado por el INE en 13 mil 205 millones para la elección judicial y que quedará en 6 mil 219 millones, lo que significa un recorte del 47% de lo inicialmente solicitado, ello tendrá un impacto significativo en la calidad de la elección en forma definitiva.

Debido al recorte el INE, prevé instalar sólo 73 mil 50 casillas, que representan un 43% de las 172 mil originalmente propuestas.

El recorte al presupuesto solicitado por el INE impactará en el número de capacitadores y supervisores electorales previstos.

El hecho de que se coloque ahora una sola urna que recibirá seis boletas, y no una como originalmente se había previsto por cada cargo en la elección de ministros, Jueces y Magistrados se convertirá en un problema no sólo para los funcionarios de casillas, sino también para los electores que deberán destinar más tiempo en la votación para poder ejercer su derecho en forma correcta.

Varios analistas y exfuncionarios del INE prevén que el porcentaje de participación en el proceso, no supere al 10% del padrón electoral y que el abstencionismo sea resultado de la falta de información y desconfianza que tiene el proceso desde ahora, debido a la confusión y desconocimiento de los ciudadanos, que saldrán a votar sin saber a ciencia cierta quienes son los mejores candidatos y cuales serán los beneficios reales que tendrán con la elección.

El principal problema que originará la baja participación de los ciudadanos y la calidad de la elección, será la falta de legitimidad de los funcionarios que resulten electos, ya que no tendrán el respaldo ciudadano suficiente para ejercer el cargo y no faltarán las impugnaciones de los resultados, lo que finalmente será en perjuicio de los ciudadanos y su derecho a una impartición de justicia por profesionales con experiencia y conocimientos para resolver los juicios que lleguen a sus manos; resultando peor el remedio, que la enfermedad.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La 4T y el saqueo que se avecina

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Julián Germán Molina Carrillo.

Para la gran mayoría de los mexicanos, el discurso del expresidente AMLO, en contra de la corrupción del periodo neoliberal y la denuncia de los escándalos por desvíos de recursos del erario público, tanto en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue trascendental para convencer a los ciudadanos en la elección presidencial de 2018, de que era necesario frenar estos abusos y los escándalos en los que se vieron inmersos funcionarios de todos los niveles, sin que hubiera responsables que terminaran en la cárcel y mucho menos, que se lograran recuperar los recursos económicos, que terminaban en bancos ubicados en países extranjeros en los denominados paraísos fiscales.

Desde el pacto por México impulsado en el gobierno de Peña Nieto y apoyados por todos los partidos (incluido el de izquierda representado por el PRD), era evidente que se dio prioridad a los grandes inversionistas extranjeros, sin pensar en los grupos vulnerables, ni en la brecha de desigualdad que se origino por el aumento de la población en pobreza y en pobreza extrema de 2012 a 2018.

Por ello el discurso de izquierda a favor de los pobres y de la eliminación de la desigualdad que imperaba, proponiendo acciones para quitar privilegios a los empresarios de la oligarquía del país y otorgando a los pobres apoyos en educación, vivienda, salud y un salario mínimo digno, dieron luz y esperanza de que ahora si el país, con un gobierno de izquierda lograría no sólo transformarlo, sino reivindicar a las clases desprotegidas.

Otro de los elementos que el expresidente destacó durante los seis años de su mandato, fue en el sentido de señalar, cuando se refería a los militantes de Morena y de sus funcionarios nosotros no somos iguales con lo que buscaba a toda costa desmarcar a su administración de cualquier acto o acusación que la involucrara en actos de corrupción.

El discurso de culpar a los gobiernos del periodo neoliberal de todas las desgracias del país y de que eran los responsables de que muchos de los problemas no lograran resolverse o se fueran complicando, fue permeando en la percepción de los ciudadanos de que realmente eran los enemigos del país y que por ende, al estar en contra del presidente y su partido, pasaban a convertirse en enemigos públicos, no sólo de ellos, sino de todos los demás ciudadanos.

Algo que se ha vuelto costumbre desde el gobierno de AMLO y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando desean desaparecer algún organismo u área de la administración, es acusarla de que debe desaparecer o cambiar su estructura y funcionamiento para “acabar con la corrupción” sin que al final, se presenten las denuncias ante las fiscalías, ni se aporten pruebas a las carpetas de investigación para que los responsables de estos actos terminen en la cárcel vinculados a un proceso y se les dicte una sentencia condenatoria.

Por el contrario, primero se acusa, descalifica y se convence a los ciudadanos de que la intervención o desaparición del órgano de la administración o dependencia, sin llegar a fondo para demostrar que se logró terminar con la corrupción que sirvió de bandera al estado para hacer su voluntad.

Como lo señala la analista política María Amparo Casar en la obra: ¿Qué dejó el gobierno de López Obrador?” coordinado por Octavio Rodríguez Araujo de editorial Orfila: página 37 párrafo tercero: “Esto que llamo desinstitucionalización ha sido el modus operandi de la administración para pode gobernar con el menor número posible de restricciones. Una obsesión que ha traído entre ceja y oreja. Sin duda ha habido un retroceso democrático y el daño causado no es menor. Pero la mayoría de las instituciones, no sin grandes reveses, todavía sortean, de una manera u otra, los intentos de eliminación o sustitución, captura, inoperancia, daño a su reputación y estrangulamiento financiero”

Lo anterior deja en claro, que desde la administración de AMLO y ahora en el segundo piso con la presidenta Sheinbaum, las estrategias no han cambiado y se aplica el mismo manual en contra de las instituciones u organismos que incomodan al gobierno y que se vuelven el centro de sus ataques y descalificaciones, para justificar el porque deben ser eliminados, sustituidos, cuando no se logra cooptarlos; incluso se les acusa además de ser inútiles, En enero del 2021, el expresidente AMLO al referirse a dichas instituciones u organismos afirmó: “No sirven, no benefician al pueblo, pero si cuesta mucho mantenerlos”

Pero si además de todo, se les puede hacer daño a su reputación y debilitarlos acusándolos de que incurren en excesos, dispendio de recursos, altos salarios y de ser corruptos, no habrá forma de desmentir la versión oficial y los ataques mañaneros que son la punta de lanza para que el Congreso de la Unión, se ponga a trabajar para satisfacer los deseos presidenciales.

Uno de los ejemplos más evidentes de la estrategia presidencial mencionada, es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la llegada de la actual presidenta Norma Lucia Piña por no someterse a la autoridad del presidente y que dio pauta a la reforma judicial, que no busca terminar con la corrupción, como se ha dicho por el ex presidente y repetido por la presidenta, sino apoderarse de la estructura de dicho poder, con Ministros, magistrados y jueces electos mediante el voto popular, pero filtrados por los comités del Poder ejecutivo, legislativo y judicial controlados por Morena y sus partidos aliados.

El sexenio de AMLO, en su afán de concentrar el poder y de eliminar a organismos incomodos o críticos a sus decisiones, no tuvo empacho en desaparecer programas, dependencias, fideicomisos y de apoderarse del control de los recursos económicos para destinarlos a sus grandes obras y proyectos, sin importar la viabilidad de los mismos.

Estamos a unos días de que se consume la aprobación de reforma constitucional a la Ley del Infonavit ya aprobada por el Senado de la república y que está en manos de la Cámara de Diputados, con la que el gobierno federal podrá disponer de recursos hasta por 2 billones de pesos, de la subcuenta de vivienda de las aportaciones de los trabajadores del país. La pregunta obligada es:¿Cómo trabajador confiaría el ahorro de su subcuenta de vivienda de su vida laboral para que la administre y disponga el gobierno?

Independientemente de los fines de la reforma constitucional para dotar de vivienda a los trabajadores que carecen de ella, existe una gran desconfianza en que exista un manejo honesto y responsable de los ahorros de los trabajadores, nada garantiza que la corrupción del pasado, no continue ahora en manos del segundo piso de la 4T.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

DonaldTrump y el cambio de la estrategia deseguridad

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones para la presidencia de los Estados Unidos y sus compromisos de campaña en el proceso electoral, en contra de la inmigración ilegal, de luchar contra los carteles de la droga mexicanos, que han inundado las calles del vecino del norte con el tráfico de fentanilo, matando a cientos de miles de estadounidenses en los últimos seis años, así como su promesa de revisar el T MEC firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, y sobre todo la expulsión de millones de personas que entraron ilegalmente al país, bajo el argumento de que son delincuentes y que sólo han llegado para robarles empleos a los norteamericanos, le sirvieron para no sólo ganar la presidencia, sino también la mayoría en el poder legislativo, lo que le permitirá en su mandato contar con los votos y respaldo suficientes para que le sean aprobadas sus políticas y acciones de gobierno.
Donald Trump, aún sin haber tomado posesión del cargo,con sus declaraciones en el sentido de imponer aranceles del 25 % a las exportaciones de productos provenientes de México y Canadá, ha puesto de cabeza al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en sus primeras semanas del ejercicio de su mandado, declaraba a los medios, cuando se le preguntaba sobre su estrategia de seguridad en contra de los carteles de la
droga, se apoyaba en el mismo discurso del expresidente AMLO,” nosotros no vamos a entrar en una guerra contra los carteles, como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, que originó más violencia y homicidios, sino que vamos a atender las causas que originan la inseguridad “ con lo que dejaba claro que seguiría la misma línea de su antecesor y que no se vislumbraban cambios, para frenar la ola de violencia y lucha entre los carteles en
estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Colima cuya población es victima de la inseguridad cotidianamente, ante autoridades que se encuentran en su mayoría coludidas o rebasadas por los carteles, sin esperanzas de que la situación cambie.
Pese a lo anterior, y aún bajo el riesgo de contradecir el discurso de López Obrador, la presidenta se ha visto obligada a echar a andar una estrategia de seguridad distinta, bajo la coordinación de su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en estados como Sinaloa y Guerrero, donde la violencia e inseguridad siguen aumentando, con gobiernos débiles y que están bajo sospecha de estar coludidos con los líderes de los carteles como el de Sinaloa y el de los rojos y los ardillos en Guerrero.
Resulta evidente, que la presidenta, jamás podrá recobrar el tiempo perdido por su antecesor y que enfrenta a grupos muy poderosos dispuestos a defender lo que consideran suyo y que difícilmente depondrán su antagonismo y abandonarán actividades que les han dejado cuantiosas ganancias en el último sexenio.
Lo anterior, sin dejar de lado, la complicidad y complacencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, a las que tampoco les conviene que la presidenta y su estrategia tengan resultados positivos.
Así que la presión que en su momento trataron de aplicar los partidos de oposición y los críticos al gobierno de López Obrador en el sexenio pasado, acusándolo de que su estrategia de seguridad era ineficaz y de encabezar un narco gobierno, fueron inútiles para obligar al ex presidente a modificar el supuesto combate a los carteles del narcotráfico; pero sólo bastaron las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, para obligar a la presidenta Sheinbaum, a llevar a cabo acciones tanto para combatir mediante la fuerza del estado realmente a los carteles, como también para tratar de frenar que las caravanas de migrantes que entran a México por la frontera sur, logren llegar a la frontera con los Estados Unidos para tratar de cruzar a su territorio.
El tiempo para la presidenta se agota, a fin de poder complacer las exigencias de Trump y lograr evitar aplique los aranceles del 25% a los productos mexicanos, desde el primer día de su gobierno, el 21 de enero de 2025. Si se sentirá satisfecho con las acciones de la presidenta o se mantendrá en la misma postura, sin que le importe el cambio de la estrategia de seguridad cuyos resultados sólo se conocerán a mediano y largo plazo.
Habrá que esperar a conocer ¿cuál será la postura del nuevo presidente de los Estados Unidos, en temas como la reforma al poder judicial y el apoyo que México ha brindado a las dictaduras de países como Cuba y Venezuela?,¿si defenderá los intereses de las empresas de Estados Unidos instaladas en México, para que las reformas de la 4T, no les afecten? Y finalmente ¿si aceptarán siga el TMEC con nuestro país, después de 2026 en que será revisado por los tres países que participan en el tratado?
Mi pronostico es que, si desde ahora Donald Trump sin haber asumido el poder, está dictando la agenda a la presidenta Claudia Sheinbaum, al asumirlo, las cosas podrían ponerse peor para México, sino desiste de su amenaza de aplicar los aranceles a los productos mexicanos, originando una recesión económica de fatales consecuencias.
Por ahora las amenazas y la presión de Trump han sido más efectivas, que las ordenes del ex presidente AMLO a la presidenta, para que sin ocupar en la silla presidencial, le siga dando continuidad a su proyecto de transformación.
Así que por el momento las acciones del gobierno federal y del partido oficial, están más dirigidas a complacer las exigencias de Trump, que a seguir desgastando a la débil oposición de los partidos en ambas cámaras.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

“SAMUEL GARCÍA, EL TONTO ÚTIL DE AMLO “

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La irrupción de la candidatura presidencial del aún gobernador de Nuevo León, Samuel García por el partido Movimiento Ciudadano, está a punto de convertirse en un conflicto sin precedentes en la historia del estado y del país, debido a que aún a sabiendas de que no podría dejar como gobernador interino a una persona de su confianza para que le cuidara el puesto, por no tener los votos suficientes en el Congreso del Estado; se ha obstinado en lograr por todos los medios imponer a su secretario de Gobierno Javier Luis Navarro Velasco; pero el Congreso en su última sesión designó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, quién se desempeñó como vicefiscal en la Fiscalía General de Justicia del Estado y quién anteriormente al inicio del gobierno de Samuel García gozaba de su apoyo para ocupar el cargo de fiscal. La disputa entre el aspirante a candidato presidencial de MC en contra del Congreso estatal dominado por la mayoría de legisladores del PRI y el PAN llegó a su punto máximo cuando simpatizantes y legisladores de MC irrumpieron en las instalaciones del Congreso para impedir se llevara a cabo la sesión para nombra al gobernador interino y éste lograra tomar protesta, lo que no pudieron impedir y por ello el conflicto ahora ha involucrado a actores políticos y autoridades a nivel nacional y amenaza con causar una crisis de ingobernabilidad en el Estado, por el conflicto entre en Poder ejecutivo y el legislativo. En todo este escenario ya se han tramitado dos amparos donde los jueces han otorgado suspensiones al aún gobernador que ha iniciado de lleno su campaña presidencial, sin resolver el nombramiento de quién lo suplirá del 2 de diciembre de este año al 2 de junio del 2024. El gobierno de Nuevo León obtuvo una suspensión de un juzgado de distrito en materia laboral de la ciudad de México, que deja sin efectos el nombramiento de LUIS Enrique Orozco como gobernador interino. Pese a lo anterior en otra resolución del Poder Judicial de la federación, determinó que: Samuel García no podrá abandonar sus funciones como gobernador hasta que no se resuelva el conflicto sobre su suplente al anular la licencia que le otorgó el Congreso del estado para ausentarse del cargo. Así, el gobernador no podrá ausentarse del estado, hasta que no se cumplan las siguientes condiciones: Que el congreso del estado de Nuevo León designe y tome protesta a la persona que deba ocupar interinamente la titularidad del poder ejecutivo del estado durante el período en que el gobernador constitucional del estado se ausente de las funciones con motivo de la licencia que solicito. La segunda condición es que: la persona que sea eventualmente designada por el poder legislativo asuma materialmente las funciones que como gobernador interino le corresponden. Por lo tanto el dos de diciembre, ninguno de los dos gobernadores interinos designados podrán tomar posesión del cargo y Samuel García se verá obligado a regresar al mismo, hasta que se den las dos condiciones impuestas por el Poder Judicial de la federación. Situación que de darse, podría incluso anular el registro como precandidato presidencial le fue dado por MC. A Samuel García, que sino juega bien sus piezas podría quedarse en medio de esta disputa y hasta dejar la gubernatura por seis meses forzosos. Aunque Samuel García ha sido acusado como el candidato esquirol, por los partidos del Frente Amplio por México que ha cuestionado su aspiración y que lo han acusado de buscar dividir el voto en favor de la candidata de Morena y de AMLO; Samuel se ha defendido negando dicha situación y buscando por todos los medios tratar de vender su candidatura como independiente al partido del Presidente; sin embargo hay dos factores que están jugando en su contra: El primero: el hecho de que su discurso y campaña se han centrado en atacar a la candidata del frente Amplios por México exclusivamente, sin aludir en ningún momento a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, y el segundo: el apoyo y defensa pública del Presidente a Samuel en su conferencia mañanera del pasado jueves en la que acusó a los partidos PRI, PAN y PRD así como a los conservadores de tratar de descarrilar la candidatura de MC por sentirse dueños de la clase media y de que saben que muchos de ellos simpatizan con esta propuesta y tienen temor de perder esos votos. Bajo estas circunstancias, queda claro que el papel de Samuel García es captar el voto de los seguidores de las redes sociales y de los jóvenes que por carecer de una cultura política podrían votar por esta opción, no por sus propuestas o por representar una opción de gobierno, sino por la simpatía de la esposa del candidato y sus seguidores en una campaña dirigida a quienes se irían con la ilusión de que representan alguien cercano a sus aspiraciones y que el voto, más que una responsabilidad y compromiso ciudadano, es una forma de apoyar a quienes salen del viejo esquema de los políticos de siempre. Incluso a estas fechas los ciudadanos y grupos empresariales y de la sociedad civil que apoyaron a Samuel García para que llegara a la gubernatura, se encuentran desencantados y preocupados por una crisis de gobernabilidad que no sólo puede afectar la vida del estado, sino crear inestabilidad económica y alejar las inversiones de uno de los estados más productivos del país; sin dejar de lado el aumento de la inseguridad y la violencia de los grupos de la delincuencia organizada que han proliferado en Nuevo León desde la llegada de Samuel García a la gubernatura. Por lo que me pregunto: ¿Qué le ofreció AMLO a cambio a Samuel García para que se metiera a esta aventura? ¿cuál será el costo político para MC en Nuevo León para repetir en las siguientes elecciones en el estado? Al tiempo lo sabremos. *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Megafarmacia de AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por Administrador

La columna del Doctor Julián Germán Molina Carrillo

Sin duda alguna, una de las asignaturas en las que el gobierno federal está reprobado es en el tema de la atención a la salud de todos los mexicanos y señalo esto, porque desde el inicio de la actual administración, las decisiones que ha tomado el Presidente, en cuanto al abasto de medicamentos al sector y el de lograr que las instituciones como el IMSS, ISSSTE y otras dependencias encargadas de atender a la población como lo fue el Seguro popular que fue sustituido por el INSABI, contaran con medicamentos suficientes ha fracasado; porque en su afán de ir en contra de los intereses, de las empresas farmacéuticas y laboratorios que por décadas en las administraciones de los gobiernos neoliberales, se aprovecharon de la corrupción y sobreprecios que permitieron el abuso y enriquecimiento de los funcionarios del ramo, no midió las consecuencias, ni contó con un plan de contingencia que le permitiera terminar con un problema, sin entrar a otro, sobre todo en uno de los derechos humanos fundamentales para los ciudadanos, que es el derecho a la salud y seguridad social.

El discurso del Presidente, en contra de dichas empresas nacionales e internacionales encargadas del abasto de medicamentos en el país al sector público por las malas prácticas y corrupción que imperaban, tuvo un amplio respaldo de la población; sin embargo durante los más de cinco años de su gobierno, no ha encontrado una solución para evitar los daños a quienes padecen alguna enfermedad crónica o degenerativa como el cáncer o la diabetes y que requiere medicamentos en forma permanente y urgente, para no agravarse e incluso correr el riesgo de perder la vida por la carencia de los mismos.

Los costos de una decisión política del presidente han sido muy altos para el país y las sanciones a las empresas y funcionarios corruptos no se han aplicado, por lo que al final de cuentas quién ha sido la víctima de la decisión presidencial ha sido la población vulnerable y las instituciones del sector, que han padecido el desabasto en forma permanente y sin que exista a corto o mediano plazo una alternativa para terminar con él.

Si nos remontamos a marzo de 2020 en que se inicia la pandemia de la covid 19 en México con el confinamiento de la población y el grave aumento de los casos, ante un problema que ya existía como el desabasto de medicamentos y la falta de hospitales suficientes para atender a los contagiados por una pandemia para la que casi ningún país del mundo estaba preparado, la situación fue sumamente grave y de los más de ochocientos mil muertos a causa de la pandemia en México, será muy difícil determinar cuantas de estas muertes, fueron a causa de la enfermedad y cuantas por la falta de medicamentos que agravaron el estado de salud, de quienes ya padecían una enfermedad crónica o incurable y que aunque oficialmente se asentó en las actas de defunción que su muerte fue a causa de la covid 19, dicha enfermedad se tornó más letal, por el estado de salud de los fallecidos que no contaban con los medicamentos necesarios y que el sector salud les había negado.

Por toda esta situación, el presidente López Obrador, ha dedicado un buen número de horas de sus conferencias mañaneras para tratar de defender la decisión de no seguir comprando medicamentos a los grandes grupos farmacéuticos que tuvieron vínculos con los gobiernos del PRI y del PAN para acabar con la corrupción; pero el costo lo continúan pagando los derechohabientes y sus familias.

La decisión de desaparecer el seguro popular, de crear el INSABI, para también después desaparecerlo y crear ahora el modelo del IMSS BIENESTAR, lejos de ser una solución al problema, ha sido más de lo mismo ya que cada vez más la población carece del acceso a los servicios y cuando los tiene, continúa padeciendo el desabasto de medicamentos.

Así para tratar de ofrecer una solución a dicho problema. el pasado dos de agosto, el presidente anunció la creación de una farmacia o almacén en la ciudad de México que contará con todos los medicamentos del mundo en cantidades razonables, con el objetivo de que nunca falte ninguno de ellos, en los hospitales y clínicas del sector salud y se asegurará que los productos puedan moverse por aire o tierra a cualquier parte del país donde se requieran.

El anuncio del presidente fue motivo de críticas de diversos grupos políticos y sectores de la sociedad civil, que consideran que es una de las medidas populistas del actual gobierno que lo que buscan es crear una cortina de humo, ante su incapacidad para atender las necesidades y derecho a la salud de la población, que sigue sin tener acceso a las medicinas prometidas y que les serían proporcionadas en forma gratuita, teniendo que adquirirlas por sus propios medios en algunos casos y en otros sin contar con una salida por la falta de recursos y el abandono gubernamental.

La promesa de que la apertura de la mega farmacia, anunciada para el próximo 30 de diciembre a la fecha parece lejana y con pocas posibilidades de que se lleve a cabo, porque aún y cuando ya se cuenta con el inmueble donde se instalará en el Municipio de Huehuetoca cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, no se vislumbra que su equipamiento y surtido de todos los medicamentos del mundo, se realice de un día para otro; por lo que lo más seguro es que México inicie 2024 con el mismo problema del desabasto de alimentos, como otra de las promesas incumplidas del presidente y de la 4T, que prometió: “no mentir, no robar y no traicionar” Por lo que me pregunto: ¿ésta es la continuidad en el país, que en la aplicación de este tipo de políticas gubernamentales seguirán con la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum? ¿O los mexicanos decidirán votar por un verdadero cambio?