Gustavo Santin

Jornada Nacional de Revisión Documental

Gustavo Santin, notas educativas / Por

Cartas a Gracia
El Boletín 329. SEP fortalece la legalidad y transparencia en el registro de títulos y cédulas profesionales publicado el martes 14 de octubre, Gracia, permitiría divulgar información de la última etapa que tienen que cubrir quienes egresan de una licenciatura, maestría, doctorado para obtener una patente de ejercicio profesional; trámite que estaría a cargo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Su quehacer, de acuerdo al Reglamento Interior de la SEP, radicaría en “ejercer las atribuciones que le confiere la Ley reglamentaria del Artículo 5º Constitucional […] Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México […] especialmente en lo que respecta al registro de títulos profesionales y grados académicos, así como la expedición de cédulas profesionales”.

Entre sus funciones específicas destacarían, Gracia: “Registrar títulos y grados académicos expedidos por instituciones educativas nacionales y extranjeras (previa revalidación); emitir cédulas profesionales que acrediten legalmente el ejercicio de una profesión; autorizar el ejercicio profesional temporal a pasantes y profesionistas en trámite de titulación; registrar colegios de profesionistas y sus federaciones; coordinar con asociaciones y colegios para vigilar el correcto ejercicio profesional; fomentar la certificación profesional como mecanismo de actualización y mejora continua; notificar conductas irregulares al área jurídica de la SEP para posibles sanciones” y adicionalmente publicar el Registro Nacional de Profesionistas.

El comunicado de la SEP pretendería legitimar ante la opinión pública, las auditorías que realizara a sus pares locales en las entidades, lo mismo que a las instituciones autónomas y a las particulares, autorizadas para emitir títulos profesionales o grados académicos de manera directa.

Los “balazos” señalarían: “Desde noviembre de 2024 se implementó la Jornada Nacional de Revisión Documental, para garantizar que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional conforme a la normatividad vigente. La Jornada tiene un carácter preventivo y correctivo, no sancionador, y se realiza bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional [curiosa forma de señalar la finalidad de un ejercicio que se volverá rutinario y que evitaría se expidan títulos en Santo Domingo]”.

El boletín aportaría, además, otros datos interesantes como los relacionados con la emisión de “7 millones de títulos electrónicos y 4 millones de cédulas en el mismo formato” a partir del 1 de octubre de 2018, fecha de cumplimiento del Aviso de la Secretaría de Educación Pública publicado el 13 de abril de 2018 “por el que se da a conocer el estándar para la recepción en forma electrónica de los títulos profesionales y grados académicos [que por atributo de ley emiten y validan las instituciones educativas], para efectos de su registro ante la Dirección General de Profesiones”.

Otros datos de la DGP, resaltarían la convalidación de parte de las escuelas de los documentos anteriores a 2018, la “transformación digital”; la reducción de cargas administrativas y la “igualdad de la atención del servicio público”; auditorías practicadas a “15 mil 64 instituciones educativas, de las cuales 5 mil 898 son públicas y 9 mil 166 particulares.

Durante este proceso se revisaron un millón 008 mil 912 títulos físicos, 6 millones 30 mil 323 y 3.8 millones de certificados versus títulos electrónicos, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2025 […]. Entre los avances más significativos, destaca que el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes.

Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos, detectando un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado (inconsistencia entre el MET <DGP> y el MEC <DGIR>, responsabilidad de autoridades educativas).

El comunicado de la SEP añadiría que, entre los avances más significativos, destacaría que “el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes. Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos [no obstante, detectaría] un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado [y de la misma manera, indicaría que] también identificó que algunas de las instituciones educativas aún no se incorporan al Módulo Electrónico de Titulación”.

No obstante, Gracia, valdría la pena recordar que a siete años de instrumentarse esta medida, varias entidades siguen expidiendo títulos en formato físico y que existe una fuerte disparidad entre títulos y cédulas digitales emitidas; y que de acuerdo a responsables de departamentos de Titulación en las escuelas “las especificaciones operativas emitidas por la DGP para la revisión de expedientes han implicado una carga considerable para las IES, al solicitar que se: Numere digitalmente cada foja del expediente, reiniciando la secuencia en cada uno; se integre en carpetas con un máximo de 200 expedientes. Se completa un archivo Excel con datos adicionales definidos en anexos técnicos.

[Las y los expertos continúan opinando] si bien estas medidas buscan estandarizar el proceso, reproducen prácticas propias de los archivos físicos en un contexto que debería ser completamente digital, lo que contradice el discurso oficial de simplificación administrativa y transformación tecnológica.

En la práctica, este nivel de detalle ha generado un nuevo fenómeno: la aparición de empresas privadas que ofrecen a las universidades servicios especializados para cumplir con estos lineamientos, lo que ha encarecido el proceso y generado dependencia externa.

Paradójicamente, mientras la SEP promueve la eliminación de trámites burocráticos, sus propios requerimientos técnicos han abierto un nicho de mercado que se aprovecha de la complejidad impuesta a las instituciones. El doble discurso es evidente: mientras se habla de digitalización, interoperabilidad y eficiencia, se solicita a las universidades preparar y enviar expedientes completos con portadas y foliados, como si fueran archivos físicos, que además serán impresos por la DGP. Este esquema no sólo incrementa el esfuerzo operativo y los costos, sino que también pone en entredicho el verdadero avance hacia un gobierno digital.”

Observaciones que podrían aplicar el dicho “¡Mejor no me ayudes compadre!”.

Conclusión de un informe

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Los Boletines SEP 312. De NL donde ya se enseña IA y Robótica, a Tabasco donde renovamos infraestructura educativa: Mario Delgado Carrillo y 301. La transformación educativa avanza en los estados y se consolida para lograr bienestar y justicia social: Mario Delgado, serían el preámbulo del informe La Transformación Avanza que rindiera la titular del Ejecutivo federal, el domingo 5 de octubre.

Previamente habría realizado una gira de rendición de cuentas por las 31 entidades de la república y concluido con el realizado en el Zócalo de la CDMX. De manera muy sucinta, Gracia, en la carta retomaría las acciones educativas del informe denominado La Transformación Avanza.

La titular del ejecutivo federal señalaría su propuesta “para garantizar la educación pública desde la inicial hasta la universidad a las maestras y maestros”; el incremento salarial otorgado al magisterio; la disminución gradual de la jubilación, de quienes trabajadores de la educación bajo la égida del Artículo 10 transitorio; lo mismo que la consulta para sustituir el famoso “USICAMM”, con lo que los maestros y maestras quieran y decidan.

Mención por separado merecería la creación del bachillerato nacional; la apertura de “38 mil espacios nuevos para jóvenes de preparatoria”; la construcción de nuevas instalaciones de preparatoria; la cancelación del examen de admisión de media superior; el fortalecimiento de las  “Universidades del Bienestar “Benito Juárez” García [y la creación] de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes”; el incremento de las becas de bienestar tanto a (“3.9 millones de estudiantes cuentan con la Beca Universal [“Benito Juárez”] por asistir a preparatoria pública; 2.2 millones de familias con hijas e hijos en primaria reciben becas educativas y todos los estudiantes de secundaria reciben la Beca “Rita Cetina”; así como 400 mil universitarios reciben beca; 63 mil 252 escuelas de educación básica y 6 mil 50 preparatorias reciben la aportación del Programa La Escuela es Nuestra y sin faltar una referencia a la inversión en escuelas de educación artística.

Los Acuerdos número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior y 22/08/25 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (SINBANEM), que darían vida al Bachillerato Nacional, abriría “una ventana de oportunidad” que permitiría que las autoridades educativas realicen acciones que sincronicen las declaraciones sobre lo esperado y la realidad que viven las comunidades escolares de los planteles de educación media superior, y entre ellos, lo referente a la capacitación mandatada por el Artículo 28 de la Ley General de Educación relacionada con los nuevos planes y programas de estudio.

Capacitación que aunque podría encontrarse prevista en la Estrategia de Formación Docente 2025-2030, aún tendría pendiente la “específica sobre el nuevo marco curricular común [situación] que genera incertidumbre sobre cómo enseñar los nuevos contenidos y cómo evaluar bajo los nuevos criterios y los lineamientos sobre los mecanismos de evaluación y acreditación” que se requerirían, para que las y los alumnos obtengan la certificación de los bachilleratos general y técnico, considerando que de manera genérica, los subsistemas continúan operando “bajo sus propios marcos curriculares y administrativos”.

La portabilidad de los estudios aún continuaría pendiente por lo que las y los jóvenes que cambian de escuela o de subsistema, deben continuar realizando trámites como revalidaciones de estudios, equivalencias y obtener sus certificados parciales, con la consecuente pérdida de tiempo y dinero.

Quienes toman decisiones en el despacho educativo federal, seguramente, ya habrían tomado en consideración el impacto presupuestal, los ajustes académico-administrativos y las protestas magisteriales que derivarían de afectaciones laborales que significaría la adopción del nuevo marco curricular común.

Los dos primeros estarían ya previstos, tanto en el anteproyecto de presupuesto 2026, como en las oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y en las direcciones centrales de los organismos descentralizados de los gobiernos de los estados con participación federal, quienes cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, y operan bajo coordinación de la Subsecretaría de Educación Media Superior <Colegios de Bachilleres Estatales (COLBACH); Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTEs); Institutos Descentralizados Estatales de Formación para el Trabajo; Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios; Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y finalmente, entre otros, el Colegio Nacional de Estudios Profesionales>.

No obstante el control gubernamental, habría aspectos humanos que deberán ser objeto de negociación vinculados a las organizaciones sindicales (como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Federación Nacional de Sindicatos de Organismos Públicos Descentralizados de Educación Media Superior; el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior; los Sindicatos estatales de los CECyTEs; Sindicato Único de Trabajadores del Sistema CONALEP y otros muchos más), tales como la pérdida de los derechos adquiridos que sería originado por la reestructuración de la currícula y que podría traducirse en una reducción de horas laborales, que afectarían ingresos ($$$$) de un número no determinado de maestras y maestros; aunque ante estas circunstancias más valdría recordar, que más vale paso que dure y no trote que canse.

Gira de norte a sur

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra, la carta que envió este 6 de octubre difunde información divulgada por el “Boletín 312. De NL donde ya se enseña IA y Robótica, a Tabasco donde renovamos infraestructura educativa: Mario Delgado Carrillo”, daría cuenta de las actividades que el titular de la oficina federal realizaría en una gira de dos días y en la que verificaría “la construcción de los CBTIS No. 298 y No. 299”.

Ambos se suman al No. 295 del Estado de México, No. 302 de Tamaulipas, No. 293 de Hidalgo, No. 305 de Yucatán, No. 301 de Quintana Roo, No. 304 de Querétaro y No. 291 de Chihuahua, que ya se construyen”. Adicionalmente, el comunicado institucional mencionaría la supervisión “de obras en una primaria, una secundaria y dos bachilleres en los municipios de Centro, Nacajuca y Comalcalco”.

Al margen de la disparidad en las obras anunciadas, tanto del norte como del sur, Gracia, el titular de la oficina educativa, como lo señalaría el comunicado, resaltaría la preparación de “las y los jóvenes en carreras técnicas de vanguardia como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Semiconductores y Microelectrónica, Robótica y Automatización, las cuales se alinean con los objetivos del Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar”, que si bien, serían fundamentales para dar el salto cualitativo en materia educativa que disminuiría la brecha que separa a México de países más avanzados, aún se encuentra en periodo de incubación.

El funcionario citado previamente recordaría: “en todo el país se construirán 20 nuevos planteles, se ampliarán 35 bachilleratos y se reconvertirán 35 secundarias para ofrecer Educación Media Superior en turno vespertino”.

Reconversión que de acuerdo al funcionario permitiría el acceso a la educación media superior a “casi 40 mil jóvenes” [y quienes incorporados al Nuevo] Bachillerato Nacional [serían formados como] ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país, con pensamiento crítico y valores como la solidaridad y la fraternidad además de fomentar el respeto al medio ambiente”.

El boletín sería reiterativo, Gracia, fundamentalmente al insistir en señalar que los “dos nuevos planteles de Educación Media Superior y las carreras que ofrecerán se impulsa la innovación y fortalece las cadenas de producción, con el propósito de que México se convierta en una de las 10 principales potencias económicas del mundo”; si bien la inclusión de IA y robótica, respondería a tendencias globales y necesidades del mercado laboral sería poco probable que en un sexenio México ascendiera cinco posiciones en la escala mundial y pasara del lugar 15 al 10 de la economía mundial.

De acuerdo al anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2023-2024, México contaría con 21 175 escuelas de educación media superior, incluidos todos los subsistemas; de ellas 16 914 corresponderían a Bachillerato general (79.87%); 3 776 (17.73%) a Bachillerato tecnológico (1/Incluye profesional técnico bachiller); a Profesional Técnico 485 (2.29%).

Estos tres subsistemas atenderían en bachillerato general a un total de 5 492 491 estudiantes, y de ellos, corresponderían 3 581 491 (65.20%) a bachillerato general; 1 867 440 (33.99%) a bachillerato tecnológico y 43 597 (0.793%) a profesional técnico. Cada bachillerato general atendería a 211 alumnas y alumnos, en tanto que 500 estudiantes asistirían en promedio a cada bachillerato tecnológico y 899 a cada escuela profesional técnica.

Respecto a la planta docente, cada subsistema contaría, en caso del bachillerato general con 13 maestras y maestros por plantel; mientras que el bachillerato tecnológico dispondría de 50 catedráticos por institución y el profesional técnico con 13.

En el caso de la relación -muy genérica- maestros por alumno corresponderían a 16 alumnos por maestra o maestro tratándose de los bachilleratos generales y tan solo 10 estudiantes por cada 1 docente en bachillerato tecnológico. La relación maestro-alumno profesional técnico se establecería en tan solo 6.85 alumnos por cada 1 docente.

El boletín, Gracia, elaborado con un lenguaje optimista, transmitiría proyectos en proceso como si ya fueran logros de gobierno, tal como sucede con el nuevo Bachillerato Nacional que para su estricta aplicación requeriría cumplir con lo que establece el artículo 28 de la Ley General de Educación, el que literalmente mandata:

“Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes” y lo mismo sucede con la construcción de nuevos planteles del CBTIS y los COBATAB.

Los esfuerzos por ampliar la matrícula del nivel en comento y cumplir con los sueños de la juventud que se incorporaría a media superior agudizarían, de no corregirse el desarrollo desigual en materia educativa y ampliaría las brechas (zanjas) tecnológicas y pedagógicas entre estados. Las autoridades educativas tendrían que recordar “que el sur también existe” como canta Juan Manuel Serrat.

Informe de resultados

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
El Boletín 301. La transformación educativa avanza en los estados y se consolida para lograr bienestar y justicia social, publicado el 15 de septiembre pasado, reseñaría, Gracia, las actividades realizadas por la titular del Ejecutivo Federal en varias entidades de la república; eventos a los que asistiría escoltada por el jefe de la oficina educativa de la administración federal a los estados de “Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Estado de México [en los que se ratificaría] el compromiso del Gobierno de México con la educación como eje fundamental de la transformación nacional”.

El comunicado institucional señalaría que Delgado Carrillo aseguraría “que la educación es la ruta más adecuada para construir un país con mayor equidad e inclusión [y de la misma manera, enfatizaría que el gobierno tendría] en la educación a su principal aliada para lograr bienestar y justicia social”.

El responsable del sector educativo mencionaría “que, en cada entidad, la Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que la educación pública, gratuita, laica y de calidad es un derecho consagrado en la Constitución y una prioridad de su administración. Señaló que los programas sociales, las becas educativas, la entrega de libros de texto gratuitos y la mejora en la infraestructura escolar son herramientas esenciales para garantizar igualdad de oportunidades en todo el país”.

Las principales acciones por estado, referidas por el boletín, indicarían que en Puebla: “Más de 600 mil estudiantes de secundaria reciben la Beca Universal Rita Cetina”; aunque la matrícula oficial ascendería sólo a 349 062 estudiantes, de acuerdo con lo reportado por la última edición del anuario Principales cifras del Sistema Educativo Mexicano 2023-2024 y de ellos (pág. 116)  28 422 (8.21%) estarían exentos al asistir a escuelas de financiamiento privado; “300 mil [recibirían] la beca Benito Juárez”, si bien, la misma fuente y en la misma página citada, reportaría una matrícula de 294 861 estudiantes de bachillerato, menos los 43 498 (14.75%) alumnas y alumnos que asisten a particulares; restringiría el número de becas a un total de 251 363 estudiantes; “y 29,455 la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

El programa “La Escuela es Nuestra (LEEN)” beneficiaría a más de 4 mil planteles de educación básica (32.58%) del total, de un universo de 12 275 escuelas y 615 de un total (34.22%) de 1797, aunque habría que restar 2 452 escuelas a educación básica, 1 de cada 5 (19.99%), y 434 a media superior (24.15%), 1 de cada 4. El boletín informaría, adicionalmente, sobre la construcción de un nuevo plantel del bachillerato nacional y la ampliación de una preparatoria.

En Tlaxcala, mencionaría el comunicado, informaría sobre el fortalecimiento de las becas en todos los niveles educativos, “lo que ha permitido ampliar cobertura y evitar la deserción escolar” y reconocería que mediante el programa LEEN se mejoraría la infraestructura escolar y fomentaría la participación comunitaria.

En Hidalgo, señalaría: “Más de 2 mil planteles [el 27.34% de un total de 7 313 escuelas públicas, 6 891 de básica y 422 de médica superior] han sido beneficiados por la LEEN, impactando a casi 164 mil estudiantes [27.12%]” de 604 588 alumnas y alumnos que corresponderían 519 867 a educación básica y 84 713 a media superior, aunque “más de 400 mil estudiantes reciben becas” [66.16%]. El boletín compartiría “la construcción de un nuevo plantel de Bachillerato Nacional en Tizayuca”.

En San Luis Potosí: “Más de 170 mil estudiantes reciben becas” (26.63%) de un total de 614 594 y de los que corresponderían 542 948 a básica y 71 646 a media superior. El programa “LEEN” atendería a “2,511 planteles” (31.18% del total) de los que pertenecerían 7 543 a básica y 508 a superior, “con una inversión superior a 601.9 millones de pesos” y referiría la ampliación del “CBTA No. 196 como parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional.

En Querétaro, la presidenta refrendaría “su respaldo al magisterio nacional y anunció la continuidad en el mejoramiento de sus condiciones laborales, esenciales para consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”; y en Michoacán se destacaría “el papel de la NEM como modelo educativo que articula ciencia, humanismo y valores, formando ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad y el país”. En el Estado de México “convocaría a madres, padres y comunidades escolares a participar activamente en el fortalecimiento del sistema educativo nacional, mediante el acompañamiento de los procesos escolares”.

Del Boletín 301 de la SEP resaltaría la fotografía en la se podría apreciar la imagen de Mario Delgado y de dos gobernadores radiantes, acompañando a la titular del Ejecutivo Federal y de la misma manera, el anuncio tangencial del “reparto de libros de texto gratuito”, cuestionados desde que hicieran su aparición en el ciclo escolar 2023-2024, fundamentalmente por la ligereza de los contenidos, la carga ideológica y de género con los que fueran elaborados, Gracia; del presupuesto regular mejor ni hablar y que siga corriendo a cargo de madres y padres de familia.

 

Telebachillerato

Gustavo Santin / Por

El Comunicado conjunto 26. Firman SEP, Energía y CFE convenio de colaboración para llevar internet gratuito a todas las tele escuelas del país, publicado el 11 de septiembre en la sección prensa de la página www de la Secretaría de Educación Pública señalaría que: “La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones firmaron un acuerdo para llevar internet gratuito a las Telesecundarias y Telebachilleratos de las 32 entidades del país, en seguimiento al compromiso número 88 de los 100 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

El Comunicado conjunto recordaría: “México fue pionero en la creación de telesecundarias, un modelo que acercó la educación a zonas apartadas mediante la televisión educativa […] Hoy honramos esa audacia fundacional con infraestructura digital que estará a la altura de las necesidades actuales”. Y si bien, la fundación de la televisión educativa en nuestro país se remontaría a 1955, seis años después, “la Unesco publicó (1961) una obra sobre la Televisión y la Enseñanza (la televisión educativa) y Taylor (citado por Latapí, 1965, p. 70) sugirió distintos modos de enseñar por televisión” (pág. 578), citas tomadas de Ernesto Meneses et al, autores de los 5 tomos de la obra: Tendencias Educativas Oficiales en México 1934-1964; aunque en otro, el tomo analiza los años entre 1964-1976, escribirían: “Una de las innovaciones educativas más trascendentales del régimen de Díaz Ordaz fue introducir la televisión en los programas de alfabetización y en la discusión de la enseñanza secundaria” (pág. 118); seis años después se crearía la Dirección General de Educación Audiovisual y, finalmente se ensayaría el “Primer Modelo de Telesecundaria por medio de la transmisión en directo de la impartición de una clase en 1968” (transmitida por XHGC-TV (Canal 5) en zonas rurales de Hidalgo, Puebla, Veracruz, y en 304 aulas).

El modelo de telesecundaria sería oriundo de México, Gracia, y tendría dos referentes obligados: Guillermo González Camarena, consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual (e inventor de la televisión a color) y Álvaro Gálvez y Fuentes (el Bachiller), “quien propondría el modelo educativo basado en el uso de televisión para zonas rurales”. Cincuenta y siete años después, las Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2023-2024, publicado por la Dirección de Planeación de la SEP, reportaría que el subsistema de telesecundaria contaría con un total de 1 339 247 alumnas y alumnos; de ellos, 654 957 mujeres (48.90%) y 684 290 hombres (51.10%); 71 893 docentes y 18 259 escuelas, y que en conjunto representan el 21.3% del servicio educativo de media básica (pág. 30); el rubro Telebachillerato, creado en Veracruz en 1980, y al que se sumaría el Telebachillerato comunitario, reportarían (44 años después) en la obra citada, la existencia de 316 724 alumnos de los que 171 224 (54.06%) pertenecerían a Telebachillerato y 145 500 (45.93%) a Telebachillerato comunitario; contarían con 18 253 docentes adscritos 8 638 (47.32%) a Telebachillerato y 9 615 (52.67%) a Telebachillerato comunitario; reportarían 5 324 escuelas que pertenecerían 2 033 (38.18%) a Telebachillerato y 3 291 (61.81%) a Telebachillerato comunitario y finalmente, en este rubro le acreditarían 2031 y 3 289 Planteles respectivamente, que corresponderían a los mismos porcentajes de la escuelas (Nota al margen, tomada del glosario: Plantel: Inmueble, instalación o establecimiento destinado a la prestación de servicios educativos, en el que pueden operar una o más escuelas).

Interesante Gracia, que el boletín utilice los término genéricos de tele planteles y tele escuelas en sustitución de telesecundarias y telebachilleratos y que, aprovechando la ocasión, el jefe de la oficina educativa que los calificaría como “heraldos educativos que llegarían a territorios recónditos”; y en tanto que, la titular de la Comisión Federal de Electricidad externaría “que con este acuerdo de colaboración, que tiene el noble objeto de llevar internet gratuito a las tele escuelas de la SEP en todo el país, con especial atención a las zonas más alejadas, la CFE refrenda el compromiso con el pueblo de México, de contribuir con tecnología para la educación, lo que permitirá a las y los estudiantes el acceso a material académico, cultural, deportivo y la información global, para su desarrollo académico y personal”; plan de conectividad firmado con la intención, señalaría la directora, de avanzar “hacia la equidad digital y el fortalecimiento del derecho a la educación”.

Sin embargo, habría que recordar que “convenios son amores y no buenas razones”, Gracia, pues mientras que a 57 años de su establecimiento, más 600 “Tele planteles” carecen de energía eléctrica y son innumerables los que no poseen la infraestructura física adecuada (bibliotecas, salas de cómputo, plaza cívica, domos) e insumos requeridos, incluidos los humanos; los subsistemas mencionados dependen de las aportaciones de padres, madres de familia y comités comunitarios para el pago de servicios, “incluidos el teléfono y la luz” y la compra de los televisores y siguen esperando que la “revolución les haga justicia”.

Jornada Nacional Rezarsitoria

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
El Boletín 294. Encabeza secretario Mario Delgado «Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil», publicado el 8 de septiembre pasado Gracia, daría cuenta de una actividad, que realizada en una escuela de la Ciudad de México, tendría una connotación nacional de carácter resarcitorio, al tiempo que en el mismo comunicado, se mencionaría que el titular de la oficina educativa informaría “que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 25/09/25, que establece los lineamientos para la prevención, atención, detección, intervención y medidas de no repetición en casos de violencia sexual y maltrato infantil en educación básica”.
Ampliando el universo al que se referiría el encabezado del comunicado institucional, el slogan de La Jornada Nacional “Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo y te cuido, porque proteger la infancia es proteger lo más valioso de nuestra patria”, tendría varios destinatarios entre los que se encontrarían las autoridades educativas de las instituciones de educación maternal, preescolar, primaria y secundaria incluidas las de supervisión escolar, por un lado, y por otro, al personal docente de las escuelas de educación básica. A estas, les diría: “deben ser absolutamente intolerantes frente al abuso sexual y al maltrato infantil, porque las escuelas deben posicionarse como lugares seguros donde niñas, niños y adolescentes aprendan y se diviertan”. No obstante a los nuevos lineamientos de comportamiento destacados en el Acuerdo 25/09/25, el “Artículo 12 [de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que data del 4 de diciembre de 2014 que estableciera el Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) para garantizar su protección, prevención y restitución en caso de vulneración, señalaría:] Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables”.
La fracción XXIII, del Artículo 57 del Capítulo Décimo Primero Del Derecho a la Educación, obligaría a “Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos”, en tanto que la fracción IV del Artículo 59 [mandataría] “Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables”.
Delgado mencionaría, señala el documento, porcentajes dramáticos: “el 16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual; en adolescentes de 14 a 17 años, la cifra alcanza casi 38 por ciento, y cuatro de cada 10 delitos sexuales tienen como víctimas a menores de edad lo que obliga a fortalecer las medidas de prevención y protección”; porcentajes que traducidos a números absolutos equivaldrían, tentativamente a más de 800 000 niñas y niños de 10 a 13 años y a más de 1 900 000 adolescentes de 14 años y más de 24 000 delitos anuales -se supondría denunciados- cometidos en contra de menores.
No obstante Gracia y aunque no hay nada nuevo bajo el sol, “La jornada [nacional] del 8 de septiembre de 2025, encabezada por Mario Delgado, no fue solo una iniciativa de política [educativa], sino una medida de reparación institucional ordenada por sentencia judicial. Su inclusión en el calendario escolar busca: Prevenir futuros abusos; Sensibilizar a la comunidad educativa [y] Reconocer y dignificar a las víctimas”; contexto en el que el titular de la oficina educativa mostraría empatía hacia las y los menores al señalar: “Cada gesto cuenta: una palabra amable, un adulto que escucha, una maestra que cree, un protocolo que se cumple. Así se construye un país donde la infancia florezca sin miedo”.
Al ser un acto reparatorio Gracia, el responsable del sector educativo estaría acompañado de mujeres destacadas de la administración pública; entre ellas, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, y Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y quienes darían a conocer diversas acciones de divulgación de materiales (Cartilla de Derechos de las Mujeres). Al tiempo y en clara alusión a la sentencia judicial, la titular de Sipinna mencionaría “que la instalación de esta jornada en el calendario escolar complementa los lineamientos y protocolos de respeto y seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes”.
La protección de la infancia no podría esperar. Las cifras, los testimonios y las sentencias le recuerdan “al pueblo” que el abuso sexual infantil sería una realidad que exigiría acción inmediata. La jornada nacional resarcitoria y las medidas institucionales serían pasos importantes, pero el verdadero cambio vendría cuando cada escuela, cada familia y cada autoridad asuma su parte. Porque como dice el refrán: “Más val[dría] prevenir que lamentar.”

Rendir cuentas

Gustavo Santin / Por

La titular del Ejecutivo federal asistiría “a rendir cuentas […] con resultados” (https://acortar.link/IC96Xz). Aludiría a la aprobación de “19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes”; cuyo origen, en muchos de los casos, procedería de la administración de AMLO, sin faltar 2 que tendrían el sello de la actual; aunque en esta carta Gracia, se difundirían solo números vinculados con el sector educativo.

El primero que sería mencionado y marcado con el numeral 10, versaría sobre las “reformas a los artículos 3º, 4º y 73 para la protección y cuidado animal”; reforma al artículo 3°, que en el “Párrafo [décimo primero] adicionado [y publicado en el] DOF 15-05-2019. Reformado DOF 02-12-2024” agregaría al texto: “Los planes y programas de estudio tendrán […] por lo que se incluirá […] la protección de los animales”, que darían origen tan solo a dos temas en los libros de texto de educación primaria; si bien asuntos como el maltrato animal, la esterilización de perros y gatos y el abandono de los animales de compañía, entre otros, quedarían pendientes.

El numeral 18 “Reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional”, aunque distante en primera instancia de la cuestión educativa, incidiría directamente en planes y programas de educación obligatoria al vincularse a indicadores que mostrarían tanto la disposición de equipo de cómputo disponible en las escuelas para la enseñanza, como para la investigación y el número de docentes especializados en TICs, y de la misma especialistas en otros campos del conocimiento, que contaran con las competencias y habilidades digitales para auxiliarse en su desempeño. La titular del Ejecutivo federal mencionaría que “La nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros logros, reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet [si bien solo 1 de cada 3 escuelas de básica cuenta con acceso. Adicionalmente señalaría]. Creamos Llave MX, a la que ya están inscritos 12 millones de mexicanas y mexicanos para facilitar el acceso a trámites digitales”, al tiempo que estipularía que habrían formado “equipos de trabajo de profesores, investigadores y estudiantes de universidades e instituciones públicas de educación superior” que atenderían 10 proyectos de investigación y desarrollo, aseverando que: “Hay cerca de 500 investigadores trabajando en estos proyectos de investigación. Hemos incrementado en 193 por ciento los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70 por ciento las becas al extranjero y en 23 por ciento las estancias posdoctorales”.

La titular del Ejecutivo federal puntualizaría: “En 2025, destinamos 850 mil millones de pesos, el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto, a Programas de Bienestar; [recursos que llegarían a] a 32 millones de familias. [y se entregarían a] 3 millones 861 mil 153 estudiantes (Beca Universal “Benito Juárez” para educación media superior) [y de la misma forma a] 3 millones 196 mil familias con hijas e hijos en primaria; 398 mil 269 jóvenes universitarios de instituciones públicas, acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 63 mil 252 escuelas de educación básica y 6 mil 50 de nivel medio superior, participaron este año en “La Escuela es Nuestra” (1 de cada 4 del total); 243 mil niñas y niños, de entre 0 y 4 años, reciben apoyos; 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Universal “Rita Cetina”. Todas y todos los estudiantes de secundaria pública tienen beca [ y cerraría este apartado con la máxima] “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

Tras mencionar las “políticas del bienestar” y en la misma línea (“Por el bien de todas y todos, primero los pobres”), la titular de la primera magistratura mencionaría el fortalecimiento de la “educación pública”, mediante la creación del Bachillerato Nacional; propuesta que iniciaría formalmente a partir de hace solo 9 días (ciclo escolar 2025-2026) y que pretendería la integración de “32 Sistemas de Educación Media Superior”; aunque por lo menos es este ciclo escolar, la educación media superior siga funcionando con las mismas virtudes y deficiencias, como lo viene haciendo hasta ahora. No obstante, resaltarían las promesas de lo que estaría pendiente por hacer: “nuestros jóvenes de 15 años contarán con un espacio educativo creativo, incluyente, científico y humanista, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana”; promesas que incluirían una doble certificación.

En ese mismo tenor, señalaría, la apertura de “38 mil espacios nuevos de los 120 mil que queremos crear durante el sexenio”; si bien, haría referencia a un hecho consumado: la suspensión del examen de admisión para este nivel “con excepción del Politécnico y la UNAM, que tienen sus propios criterios, pueden ir a la escuela que les quede más cerca de su casa y en las que quieran estudiar”.

Hechos a los que se sumarían “buenas intenciones gubernamentales” Gracia. Acciones y promesas que podrían ser evaluadas a partir del cuarto año de la actual administración y que permitirían conocer si se cumpliría con la articulación de la educación básica y superior que le ha sido encomendada a este nivel educativo.

Consideraciones del Acuerdo número 21/08/25

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia.
Como señalaría en la carta que envío hoy, lunes 1 de septiembre de 2025 y a tan solo 15 días de la enviada hace 8 días, Gracia, Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la oficina educativa de la actual administración suscribiría el “Acuerdo número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior”; el documento haría una referencia histórica a fundamentos legales; antecedentes; motivaciones; definiciones; fines; y principios. Acuerdo que en su Considerando reconocería -primer parágrafo- el derecho que “toda persona tiene a la educación”; derecho que sería atendido por 3 niveles de gobierno. Aludiría a la rectoría de la educación y la obligación de impartirse con cargo al estado, lo mismo que para ser cursada por todas y todos. Educación que sería “universal inclusiva, pública, gratuita y laica [y] se basar[ía] en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
Elevaría a rango constitucional “acciones [como la de] concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad”; aunque que solo haya quedado en declaratoria. Retomaría el principio de reconocer a la niñez y la juventud como el centro y el destinatario del sistema educativo, utilizando palabras garigoleadas; pero, sin abatir los índices de acoso y acoso digital que padece 1 de cada 3 alumnos; manifestaría que la educación sería “integral porque [educaría] para la vida”, aunque el rezago educativo, la falta de infraestructura física y de docentes “abran ventanas de oportunidad” reconocidas por las propias estadísticas gubernamentales. El Considerando, en varios puntos tocados por el articulado, mencionaría intenciones y buenos deseos encomendados a planes y programas; buenos deseos que hasta ahora no se han refrendado en las evaluaciones internacionales, incluidos los últimos 7 años de la aplicación de la filosofía y la praxis, emanada de una nueva propuesta pedagógica. Retomaría el discurso de los planes y programas en los artículos 22 y 24 aludiendo al “desarrollo integral […] diversidad de saberes [que respondan a los intereses de los estudiantes] aprendizajes significativos […] habilidades, aptitudes, y competencias profesionales […] áreas disciplinares [conocimientos transversales] pensamiento matemático […] aprendizaje digital, incluido un párrafo dedicado al bachillerato tecnológico.
Citaría (Artículos 27, 29 y 30) la obligación para que la SEP revise y evalúe los planes y programas, para garantizar su idoneidad a fin de que se cumpla con los “fines y los criterios” establecidos, aunque se hayan puesto en marcha sin cumplir con lo mandatado por el Artículo 28 de la LGE; y lo mismo, en referencia a la fracción I del Artículo 35 y a los artículos 44, 45 y 46 de la misma Ley, en los que determinaría los niveles que integrarían a la educación media superior, señalaría que se “organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional […]” lo mismo que  la ahora llamada portabilidad (cambios de escuela sin convalidación de estudios.
Consideraría pertinente “promover un enfoque humanista en la educación media superior; orientado al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de los estudiantes”; enfoque que buscaría que los educandos pudiesen expresarse a través del arte, la cultura y la ciencia, como parte de su formación integral. Asimismo, reafirmaría la facultad del Estado para coordinar e implementar un sistema nacional de educación media superior, mediante el establecimiento del multicitado Marco Curricular Común que respondiese a criterios de pertinencia, regionalización y que tuviese carácter nacional, conforme a lo dispuesto en diversas fracciones del Artículo 113. Además, se otorgaría la atribución de expedir certificados, diplomas y grados con validez oficial, los cuales deberán ser debidamente registrados en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
El Considerando también haría referencia al Eje General 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030; particularmente, a la estrategia 2.3.3, que establecería el compromiso de fortalecer los planes y programas de estudio conforme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana. Estrategia promovería una formación integral, crítica, ambiental, humanista, cívica, intercultural y científica. De la misma manera, destacaría el carácter doctrinario del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), que se concebiría como una propuesta para “reorientar el Sistema Educativo Nacional hacia la justicia, la igualdad sustantiva y la participación democrática”. En este marco, se reconocería a la comunidad estudiantil como sujeto de derechos y a las comunidades escolares como actores fundamentales del bien común.
El Considerando del acuerdo también “aludiría al humanismo mexicano como fundamento para la construcción de subjetividades críticas, el desarrollo de saberes compartidos y el fortalecimiento de vínculos solidarios” u señalaría que esta manera “el enfoque pedagógico crítico impulsaría una formación integral e inclusiva, centrada en el desarrollo de capacidades para la vida, la participación social y la construcción de proyectos éticos y colectivos por parte del estudiantado”. Propuesta curricular que “promovería aprendizajes significativos, contextualizados y colaborativos, favoreciendo una pedagogía activa, reflexiva y transformadora”. Adicionalmente, propondria la revalorización del personal docente como “agente ético, político y epistémico de la transformación educativa, reafirmando su compromiso con la igualdad sustantiva, la democracia y la justicia, al servicio de la sociedad en su conjunto”.
El reto del MCCEMS estribaría en encontrar medio millón de super docentes “humanistas, éticos”, que respeten la dignidad humana y no se burlen del alumnado (como sería evidenciado en redes sociles) y actúen asumiento un compromiso social, fomenten la justicia, la igualdad sustantiva, la participación democrática a pesar del comportanmiento tragicómico de los dirigentes del Senado de la república. Personal docente que se convierta en un agente “crítico y reflexivo [que sea] capaz de cuestionar, analizar y contextualizar los contenidos educativos” y fomente realmente, el pensamiento crítico de sus estudiantes y el suyo propio. El MCCEMS tendría que adoctrinar a los docentes de media superior para que respondan a sus intereses; si bien se tendría que recordar que el éxito no bastaría con incrementar en número escuelas, si no se actualiza y capacita a los maestros como la señala la LGE.

Negrito en el arroz

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Dicen por ahí, que más sabe [conoce] el diablo por viejo que por diablo, Gracia, y aún recuerda los tiempos en los que Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior en los tiempos en los que Josefina Vázquez Mota fuese la titular de la oficina educativa de la administración pública federal, intentó establecer un Marco Curricular Común para la educación media al amparo de la “Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)”. En ese contexto se publicaría el Acuerdo Secretarial 442 que diera origen al Sistema Nacional de Bachillerato; proceso que se concretaría 11 años después con Juan Pablo Arroyo Ortíz, y que ¿sería? reemplazado a partir del 15 de agosto de 2025.
Mediante el “ Boletín 263. Con nuevo Marco Curricular Común, SEP transforma la Educación Media Superior: Mario Delgado”, publicado el 17 de agosto por la Secretaría de Educación Pública, el titular de la oficina educativa de la administración Pública Federal anunciaría “el Acuerdo 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS)”. El comunicado, que no Mario Delgado, quien ostenta el nombramiento de secretario de Educación Pública, aportaría los siguientes datos: el modelo se aplicaría “en 17 798 planteles”, el 83.75% del total, reportado en el ciclo escolar 2023-2024. Si bien y de acuerdo a las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, el subsistema de Educación Media Superior contaría en el ciclo escolar citado, con un total de 21 249 planteles de los que corresponderían 69.34% (14 736) al sector público y 30.65% (6 513) al privado. Contarían con una matrícula que ascendería a 5 508 572 alumnas y alumnos; de ellos, 2 867 777 (52.06%) mujeres y 2 640 795 (47.93%) hombres, quienes serían atendidos por 425 826 docentes y de los que 328 329 estarían adscritos al sector público y 97 497 al privado.
El comunicado abordaría lo que a juicio de los encargados del despacho educativo, constituiría la base pedagógica, filosófica y dogmática de la propuesta pedagógica nombrada “Nueva Escuela Mexicana”. A Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior se le atribuirían las siguientes palabras: “las y los estudiantes son el centro del proceso educativo, por lo que el nuevo modelo educativo establece trayectorias formativas incluyentes y pertinentes, considerando la heterogeneidad regional, las desigualdades estructurales y las realidades comunitarias para garantizar que quienes provienen de contextos de vulnerabilidad tengan acceso a una formación digna y justa”.
Tania señalaría de igual manera que “el proyecto pedagógico del MCCEMS se construye colectivamente, en diálogo con las realidades concretas de la comunidad educativa, y se apoya en la autonomía docente. A nivel filosófico, retoma el Humanismo Mexicano para impulsar subjetividades críticas, saberes compartidos y diálogo con la historia nacional y el papel de México en el mundo, reconociendo la pluralidad y garantizando condiciones de respeto, cuidado, igualdad sustantiva y justicia social. […] garantiza una formación académica, cultural y socioemocional para el aprendizaje a lo largo de la vida […] la portabilidad de estudios; [resaltando que el] Currículum fundamental organiza saberes y experiencias en áreas como Lengua y Comunicación, Pensamiento Matemático, Ciencias Naturales y Sociales, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés, mientras que el Currículum ampliado favorece la permanencia de los estudiantes en el SEM y la construcción de entornos escolares sanos, diversos, democráticos y con perspectiva de género”.
Sin embargo, no faltaría un prietito en el arroz, Gracia, pues mientras que el comunicado de la SEP precisaría que el “Acuerdo número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior”, publicado el 15 de agosto de 2025, señalaría “que en un plazo no mayor a 225 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, establecerá los componentes de formación y estructuras curriculares de los estudios de bachillerato o equivalentes que definan el currículum fundamental, ampliado y laboral, con las que se diseñarán los planes y programas de estudio de los servicios educativos de la educación presencial de la escolarizada y de la educación dual de la modalidad mixta” mientras  el Artículo 28 de la Ley General de Educación, mandataría que “Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los cambios referidos. En el caso de los planos y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes”.
El pequeño grano de arroz podría convertirse en un arroz negro. Mientras que para el Acuerdo número 21/08/25 la aplicación sería inmediata, el Artículo 28 de la Ley General de Educación, vigente en toda la República, obligaría a los y las responsables de las oficinas de educación federal y de las entidades a que “previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios”, y aunque ignorado el San Benito, podría ocasionar protestas de la planta docente sindicalizada de algunas instituciones, que serán generadas por el cambio de asignaturas obligatorias correspondiente al cambio de la currícula y adicionalmente, la ausencia de “instituciones” no obligadas a impartir [por el momento] el nuevo plan de estudios del MCCEMSNEM (vocacionales del Instituto Politécnico Nacional; subsistemas estatales y escuelas particulares entre otros).

Delitos cometidos en contra de menores

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia

La gráfica y el mapa “Ciberacoso – Agresores. Porcentaje de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses que conocía a su o sus agresores” (pág. 49) presentaría 4 estratos: 66.1/72.2; 63.4/66; 59.9/63.3 y 50.3/59.2. Puebla se encontraría en el primer estrato, obteniendo 66.8 en conocimiento del “agresor”, 3.9 puntos sobre la media nacional; Veracruz, también  se ubicaría entre quienes menos conocieran a su ciberacosador con un 7.2 puntos menos que la media nacional. La gráfica “Ciberacoso – Agresores conocidos(as) Población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses, según identidad de la persona acosadora, [mostraría que] 17.8% de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue acosada por un(a) conocido(a)”, aunque un 8.7% lo sería por un [mal] amigo; 8% por [ojo, mucho ojo maestras y maestros] “por un compañero de clase o trabajo”; 5.7 por una expareja; 3.5 por un familiar y un 0.7 por su actual pareja. El “Ciberacoso – Agresores Conocidos”(pág. 52) se realizaría (mediante el envío) de mensajes ofensivos (13.6%); el contacto mediante identidades falsas (9%),  si bien, “publicar y/o enviar información personal, fotos, o videos [lo mismo, que] Publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual, contaría con un 2.6% y 1.5%.
El cuadro “Ciberacoso – Edad de la persona acosadora. A nivel nacional, 61.6% de la población de 12 a 17 años que experimento una situación de ciberacoso durante los últimos 12 meses por parte de personas del mismo rango de edad. Población de 12 años y más que experimentó ciberacoso durante los últimos 12 meses, por edad de la víctima según edad de la persona acosadora (porcentaje)” (pág. 53); aunque 1 de cada 5 (21.1%) de los acosadores de jóvenes y adolescentes, tendrían entre 18 y 25 años; 6.6%  estarían en el rango de entre 26 y 35 años; 4.1% tendrían entre 36 y 45 años y cerrarían con broche de oro 1.3% de los acosadores que estarían en el rango de entre 46 y 60 años.
La gráfica “Ciberacoso – Edad de la persona acosadora – Sexo. A nivel nacional, de las poblaciones de hombres y mujeres, de 12 a 17 años, víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses, 61.8% y 61.4%, respectivamente, fueron agredidas por parte de personas del mismo rango de edad. Población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses por edad de la víctima según edad de la persona acosadora según sexo (porcentaje), mostraría que, adicional a la agresión entre pares, en el estratos de 18 a 25 los hombres acosarían más que las mujeres (19/22), si bien, en algunas de las franjas de 26 a 35 años y de 36 a 45, las mujeres tendrían preeminencia. La gráfica y el mapa (pág. 63) “Ciberacoso – Agresores identificados. Población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses y pudo identificar el sexo de su o sus agresores. Ciberacosador Hombre → Víctima Hombre” ubicarían a Puebla en la posición 10 obteniendo una calificación de 60.4%; 3.4 puntos arriba de la media nacional en tanto que Veracruz detentaría la posición 6, un puntaje de 61.1, 4.1 más que la media. La gráfica y el mapa Ciberacoso – Agresores identificados Población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses y pudo identificar el sexo de su o sus agresores. Ciberacosador Hombre → Víctima Mujer ubicaría a Puebla en el lugar 25 con un puntaje de 50.2, casi 2 puntos menos que el promedio nacional, si bien Veracruz ocuparía la posición 32, la menos acosadora en este rubro que estaría 8.7 puntos debajo de la media.
Si bien faltarían algunas gráficas y mapas valdría la pena detenerse en la difusión del indicador  “Ciberdelito [y sus acotaciones]. A nivel nacional, de la población de 12 años y más usuaria de internet, 6.1% experimentó alguna situación de ciberdelito en los últimos 12 meses”, 3.8% fue víctima del hackeo de medios/redes sociales; 2.0% sufriría la “infección de un virus informático que provocó una acción no deseada (malware); 1.5 hakeo de correo electrónico (e-mail); [y finalmente] 0.8% su dispositivo se infectó con un virus informático que bloqueó el acceso a sus datos y le pidieron un pago para recuperar el acceso (ramsonware)”.
La lectura del Módulo sobre ciberacoso 2024 (Mociba) es fundamental para quienes se desempeñan en el ámbito educativo;  sin dejar de lado, la responsabilidad de las autoridades lo mismo que de madres, padres de familia, tutores y primeros respondientes de la educación en casa, que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen con sus mayores, recordando que, como se citó líneas arriba en la gráfica “Ciberacoso – Edad de la persona acosadora – Sexo. A nivel nacional, de las poblaciones de hombres y mujeres, de 12 a 17 años, víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses, 61.8% y 61.4%, respectivamente, fueron agredidas por parte de personas del mismo rango de edad”; porcentajes que sugerirían que el lugar en el que se comete el ciberacoso tendrá origen, en la escuela, sitio en el que las alumnas y los alumnos se encuentrarían bajo el resguardo de las y los maestros.
Sin embargo, el fenómeno motivo de este estudio (Mociba) mostraría toda crudeza al reconocer que un 21.1% de las agresiones digitales a los jóvenes de entre 12 y 19 años provendrían de mayores de edad hasta los 59 años. Acoso digital que cometido en el porcentaje citado por mayores edad, sería constitutivos en muchos casos, de delitos que deberían perseguirse de oficio; no obstante, valdría la pena prevenir en escuelas y casas, que perseguir cuando ya no quede de otra.
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