Cerco a la ciudad, pero no al sistema educativo
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Las imágenes de los enfrentamientos resultarían espectaculares si no fuera porque, lejos de presenciar una película de acción, se estaría ante la transmisión en vivo de marchas, plantones y zafarranchos entre contingentes de maestras y maestros, por un lado, y policías de la Ciudad de México, por el otro. En el epicentro de estos escarceos se disputarían tanto el control del espacio público como la narrativa del conflicto, Gracia.
Cumpliendo sus advertencias, contingentes provenientes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otras entidades arribarían a la capital de la República el lunes 1 de junio; sumándose a sus compañeras y compañeros de la Sección 22 de la CNTE.
Impedidos de llegar al Zócalo capitalino, establecerían plantones en las calles 5 de Mayo, Donceles, 20 de Noviembre y Tacuba, entre otras, y -como señalaría uno de sus voceros- “cercarían el cerco”.
Marcharían diariamente, mientras una comisión sostendría reuniones con Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres, titulares de Educación, Gobernación y del ISSSTE, respectivamente, sin que, según los dirigentes, se obtuvieran resultados favorables, aunque para el día jueves el “gobierno propon[dría] una aseguradora para administrar las pensiones” (La Jornada, viernes 5, pág. 1).
Las imágenes mostrarían tanto la dinámica de los contingentes como la gradual radicalización de algunos grupos. Destacarían episodios como el intento de derribar las vallas que reservarían espacios para el FAN FEST del mundial futbolero, bajo el argumento de que se trataría de un espacio público; los bloqueos en el aeropuerto de Oaxaca, carreteras y casetas de cobro; la toma de instalaciones estratégicas; los daños en oficinas públicas como la Torre del Bienestar y dependencias de la SEP (Av. Universidad); así como la confrontación con fuerzas de seguridad que utilizarían gases y polvo de extintores, con saldo de dos maestros heridos y afectaciones económicas en amplios sectores dedicados en el Centro Histórico de la CDMX y lo mismo que de Oaxaca capital.
El martes 2 de junio se registraría la vandalización de figuras alusivas al torneo futbolero que iniciaría el día jueves 11, mientras pequeños y medianos comerciantes denunciarían pérdidas derivadas del cierre de calles y la instalación de cercos metálicos ordenados por las autoridades capitalinas, lo que incluso motivaría protestas de los comerciantes afectados, para lograr su apertura parcial, cuestión que lograrían.
Los enfrentamientos entre los actores involucrados se trasladarían tanto a las calles como a los medios de comunicación incluida la Mañanera del Pueblo y redes sociales. En tanto, los terceros afectados -niñas, niños, adolescentes, familias y comerciantes- permanecerían como espectadores de un conflicto que impactaría diversas entidades, incluyendo la Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, donde se registraría la vandalización de al menos doce vehículos y daños a instalaciones educativas.
A pesar de la tensión, los llamados al diálogo se harían públicos a través de distintos canales, incluyendo el Boletín 188 de la Secretaría de Educación Pública, en el que se reiteraría la disposición a un diálogo respetuoso con la CNTE. No obstante, la dirigencia magisterial mantendría la expectativa de una interlocución directa con la titular del Ejecutivo federal.
Con el paso de los días -y particularmente durante las jornadas del jueves el conflicto dejaría de ser un episodio de irrupción para convertirse en un proceso de desgaste sostenido. Las movilizaciones se mantendrían, los plantones se consolidarían y las afectaciones urbanas continuarían sin que se vislumbraran avances sustantivos en la negociación.
La persistencia de bloqueos, la afectación a la actividad comercial y la continuidad de la suspensión de clases en regiones específicas comenzarían a trasladar el conflicto del terreno de la presión política al de la fatiga social, donde la prolongación empiezaría a erosionar legitimidades y pondría en duda la realización del primer partido.
Un corte de estos días permitiría distinguir con mayor claridad que el impacto del movimiento no sería homogéneo. Más allá del carácter nacional proclamado, la huelga presentaría efectos concentrados en entidades con presencia histórica de la CNTE: Oaxaca (Sección 22), Chiapas (Sección 7), Guerrero (Sección 14), Michoacán (Sección XVIII), la Ciudad de México (Sección 9) y, en menor medida, Zacatecas (Sección 34 y 58), Veracruz (Sec. 32 / MMPV), Hidalgo (Sec. 15), Yucatán (Sec. 33) y Baja California (Sec. 2).
En términos educativos, el movimiento habría afectado entre 8 y 11% de las escuelas de educación básica del país, con impacto directo en dos o tres millones de estudiantes, particularmente en zonas de mayor vulnerabilidad. Este dato cobraría relevancia al contrastarse con la información previa al conflicto: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, publicada el 25 de mayo, el 84.9 % de la población usuaria reportaría el cumplimiento del calendario escolar, lo que ubicaría a la huelga no como resultado de un colapso sistémico, sino como un conflicto de carácter estructural.
La información disponible, Gracia, permitiría realizar un balance preliminar: el impacto de la huelga habría sido territorialmente acotado, pero socialmente creciente. La interrupción de clases se concentraría en regiones específicas, mientras que las afectaciones urbanas -bloqueos, actos de vandalismo y tensiones con la población- ampliarían progresivamente el costo del conflicto más allá del ámbito educativo, trasladándolo al conjunto de la vida social, donde sus efectos se acumularían, sobre todo, en quienes no participarían en él.
Y así, Gracia, lo que habría comenzado como una demostración de fuerza terminaría por instalarse como un ejercicio de resistencia cuyo costo ya no sólo se mediría en calles tomadas, sino en el tiempo que la algunas escuelas dejarían de ser escuelas.
