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Surge el frente antimorenista PRI-PAN

Dr. German Molina Carrillo / Por

                                                                                     Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Ante el anuncio de la alianza de Morena, PT. PVEM de las designaciones de los “Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” de los 17 estados del país donde habrá elecciones en 2027 y de que los partidos de oposición PRI, PAN y MC se van quedando rezagados en un proceso que se ha adelantado fuera de los tiempos previstos en la legislación electoral federal, ante la pasividad y complacencia del INE.

El bloque opositor que encabezan el PRI y el PAN como los partidos que gobernaron en el denominado período neoliberal han decidido también adelantar los tiempos con una estrategia que les permita, al menos ir seleccionando a figuras de los estados que actualmente ocupan cargos en los gobiernos municipales o en la Cámara de diputados o de senadores, para que acepten una candidatura que les permita por lo pronto dar el mensaje de que darán la pelea en las elecciones y de que podrán arrancarle al oficialismo al menos de cuatro a seis de las gubernaturas que estarán en disputa.

Es evidente, que la única posibilidad que tiene el bloque opositor de lograr el triunfo en algunos estados y de las principales capitales es salir unidos, para evitar la división del voto que difícilmente les alcanzaría para pisar los talones a los candidatos de Morena y aliados.

Dentro de los retos que tienen el PRI y el PAN para las elecciones de 2027, está no sólo dejar atrás sus diferencias y la mala imagen que tienen en los estados que gobierna Morena, sino también lograr obtener una ventaja al menos de entre 3 a 5 puntos de la votación para evitar que, aunque ganen en las urnas, Morena se las eche abajo en los OPLES y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está controlado por el oficialismo.

El caso de Movimiento Ciudadano es distinto, ya que, aunque ha fijado posturas como partido de oposición al oficialismo, su dirigente nacional Jorge Álvarez Maynez públicamente ha declarado su rechazo a la invitación de Alejandro Moreno presidente nacional del PRI a pactar una Alianza para las elecciones en algunos estados del país como Sonora y Nuevo León, pensando quizás que yendo sólo MC logrará el triunfo de sus candidatos a las gubernaturas.

Si la intención de MC es hacer crecer su porcentaje de votación en los 17 estados donde se elegirán gobernadores y convertirse en una tercera opción para los electores, distinta a la alianza MORENA, PT, PVEM y la anunciada por el PRI y el PAN, sus posibilidades son muy bajas, debido a que salvo en los estados que gobierna como Nuevo León y Jalisco en los que seguramente contará con el financiamiento y estructura de los gobernadores en funciones, en los demás estados tendrá que sujetarse a ir a la contienda electoral con los recursos que le asigne el INE para sus candidatos.

El anuncio del PRI y el PAN del pasado miércoles, de que irán en alianza en Nuevo León para la gubernatura y presidencias municipales, podría repetirse en otros estados como Sonora y San Luis Potosí y hasta extenderse en las alcaldías de la Ciudad de México, donde a pesar de los gobiernos de Morena, dichos partidos aún cuentan con una fuerza importante de militantes y simpatizantes que sumados podrían dar la sorpresa en varias de ellas, arrebatándoles algunas alcaldías.

Para MORENA y partidos aliados, uno de los principales problemas que debe resolver es de carácter interno, para compensar a quienes no obtuvieron las designaciones para las gubernaturas y públicamente han manifestado su inconformidad y hasta amagado como en los casos de Guerrero y de Chihuahua de irse como candidatos al PT que les ha abierto las puertas para buscar ir con candidatos propios a las elecciones.

Habrá que analizar en los meses previos al inicio oficial de las precampañas, que acusaciones surgen en contra de los coordinadores hasta hoy designados para las gubernaturas, en cuanto a sus vínculos con los carteles o grupos de la delincuencia organizada o de enriquecimiento inexplicable sin poder justificar el origen lícito de su patrimonio y si además existen en las fiscalías abiertas carpetas de investigación en su contra.

Hasta hoy todo pareciera que las designaciones de los coordinadores en los estados ya han quedado concluidas y que se logrará la unidad del partido para que todos se sumen a trabajar en la campaña de los favorecidos; sin embargo las luchas internas y los grupos que pelearon por las posiciones aún pueden poner piedras en el camino o en su defecto hasta apoyar a otros candidatos para evitar ganen las elecciones los designados por el oficialismo.

Cada uno de los “coordinadores de la defensa de la transformación y de la soberanía” tienen el respaldo ya sea de la presidenta Claudia Sheinbaum, del grupo de Ricardo Monreal, del expresidente AMLO y del PVEM que fue beneficiado con las designaciones y quién quedó relegado es el PT que seguramente se doblegará ante el oficialismo a cambio de otros beneficios como le ha caracterizado en otros procesos electorales.

Por lo pronto el “Frente Anti-morenista” conformado por el PRI y el PAN, tiene ante sí el reto de lograr su consolidación en los demás estados y poder dar la pelea a Morena y aliados en 2027 si es que realmente desean no sólo ganar algunas gubernaturas, sino también romper la mayoría calificada en la cámara de diputados federal que actualmente tiene el oficialismo.

Todo depende del hecho de que al ser una elección intermedia, PRI y PAN logren que el porcentaje de votación sea al menos del 60%, aunque en elecciones anteriores no ha superado el 44% de participación.

 

 

Impulso al deporte

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada maestra:
 El Boletín 305. Impulsa Gobierno de México cultura física y deporte en escuelas ante regulación de dispositivos digitales, atribuiría esta declaración, publicada el pasado 22 de septiembre, a Mario Delgado. La cabeza de la nota serviría de preámbulo para anunciar “que la actividad física y el deporte son una respuesta para ocupar el tiempo, ahora que ya no se permitirá el uso de dispositivos digitales en las escuelas, además de constituir una forma de inclusión, transformación y desarrollo saludable de la niñez y juventud mexicana”; prohibición que, como tal, no figuraría en el “Acuerdo número 09/09/26 (https://acortar.link/v6gNzZ) para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del sistema educativo nacional” y que vería la luz con un día de anticipación.
Las buenas intenciones requerirían algo más que palabras y declaraciones, sobre todo si se tomaran en consideración algunas de las estadísticas educativas disponibles para consulta libre. El cuadro Sistema Educativo Nacional. Ciclo Escolar 2024-2025, elaborado a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de Educación del Formato 911, DGPPyEE, SEP,  modificado ex profeso por Carlos Cruz Cinco, reportaría la existencia de 112 324 docentes de educación física que atenderían a 23 358 341 niñas y niños de primaria, y que corresponderían a 207.95 educandas y educandos por cabeza, ubicados en  231 913 escuelas que en promedio arrojarían, en una distribución formal, 1 docente por cada 2 escuelas (48.43%). Puebla contaría con 3 754 docentes de educación física que atenderían a 1 339 162 niñas y niños de este nivel educativo, correspondiéndoles 356.72 educandas y educandos por cabeza, ubicados en  12 275 escuelas y que en promedio ubicaría en una distribución formal de 1 docente por cada poco más de 3 escuelas (30.58%); promedios por encima del nacional calculada para efectos de comparación.
Veracruz por su parte reportaría 5 341 docentes de educación física que atenderían a 1 315 131 alumnas y alumnos de este nivel educativo; 246.23 alumnas y alumnos por docente, ubicados en 20 950 escuelas, y que en promedio tendrían una distribución de 1 docente por cada poco más de 4 escuelas (25.49%). Estos promedios se ubicarían también, por encima del promedio nacional calculado para estos efectos.
Tlaxcala contaría con 1 379 docentes de educación física que atenderían a 267 398 alumnas y alumnos de este nivel educativo; 193 90  educandas y educandos por docente, ubicados en 2 049 escuelas y que en promedio arrojarían en una distribución formal 1 docente por cada poco más de 3 escuelas (67.30%), ubicándose así por arriba del promedio nacional.
La gráfica 6.8 Porcentaje de escuelas de educación básica con al menos un docente de
CONAEDU mostraría otros datos que demostrarían que el subsistema de educación obligatoria contaria con poco menos de 1 docente (45.6%) por cada 2 escuelas de educación obligatoria.
Los buenos deseos de formento al deporte y combate al “enemigo mortalal” (dispositivos digitales), deberían ir acompañados por los recursos materiales y humanos indispensables para el desarrollo de una actividad en la que las y los docentes especializados aun esperan que les haga justicia la revolución. Obras son amores y no buenas razones, querida Gracia.

El colapso del sistema de salud

Dr. German Molina Carrillo / Por

El colapso del sistema de salud

Análisis jurídico-presupuestario de la transición 2018-2027 en México

Resumen

El presente artículo examina, desde un paradigma jurídico, el comportamiento presupuestario del Sistema Nacional de Salud mexicano entre 2018 y la propuesta para 2027, con el propósito de determinar si el Estado mexicano ha cumplido su obligación constitucional de garantizar progresivamente el derecho a la protección de la salud. Mediante un análisis documental de fuentes oficiales, periodísticas especializadas y jurisprudenciales, se contrasta el crecimiento nominal del gasto en salud con indicadores reales de cobertura, equidad y suficiencia. Los hallazgos muestran que, a pesar de incrementos nominales sostenidos y de la centralización operada mediante el IMSS-Bienestar, persisten reducciones en el gasto per cápita, subejercicios presupuestarios y una desigualdad institucional que, analizada bajo el principio de progresividad y prohibición de regresividad reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, configura un incumplimiento parcial del mandato del artículo 4º constitucional. Se concluye que el presupuesto 2027, pese a su magnitud histórica, no resuelve la fragmentación estructural ni cierra la brecha frente a los estándares internacionales, por lo que el discurso de la salud como derecho corre el riesgo de diluirse en una retórica fiscal sin sustento normativo suficiente.

1. Introducción

La salud, en el ordenamiento jurídico mexicano, no constituye una concesión graciosa del Estado ni una prestación sujeta a la disponibilidad discrecional del erario, sino un derecho humano fundamental cuya garantía encuentra asidero directo en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Const., 1917/2020, art. 4º). Sin embargo, entre el reconocimiento normativo de un derecho y su realización efectiva media siempre un instrumento decisivo: el presupuesto público. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) opera como la bisagra que traduce  el mandato constitucional en política pública concreta.

Este artículo sostiene que, entre 2018 y la propuesta 2027, el Sistema Nacional de Salud mexicano ha atravesado una transición estructural “la sustitución del Seguro Popular por el IMSS-Bienestar” que, si bien buscó centralizar y universalizar el acceso a los servicios, no ha logrado traducirse en una protección financiera homogénea ni suficiente. El título de este trabajo, «El colapso del sistema de salud», no pretende un efectismo retórico, sino describir una condición jurídicamente verificable: la persistencia de omisiones estatales que, evaluadas bajo el principio de progresividad, permiten hablar de un incumplimiento parcial y sostenido de las obligaciones de gasto programado en materia de salud.

El objetivo del análisis es doble: por un lado, reconstruir la trayectoria presupuestaria 2018-2027 a partir de fuentes técnicas y periodísticas especializadas; por otro, contrastar esa trayectoria con el marco jurídico —constitucional, legal e internacional— que define el contenido mínimo del derecho a la protección de la salud, para determinar si la política fiscal en la materia ha sido, en los términos que emplea la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una medida regresiva injustificada.

2. Marco jurídico del derecho a la protección de la salud

2.1 Fundamento constitucional

El párrafo cuarto del artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y encomienda a la ley definir las bases y modalidades de acceso a los servicios respectivos, así como la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas (Const., 1917/2020, art. 4º). La reforma de 2020 añadió un elemento decisivo para el objeto de este análisis: la obligación de que la ley defina «un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud… de las personas que no cuenten con seguridad social» (Const., 1917/2020, art. 4º). Esta disposición es la base normativa directa de la creación del IMSS-Bienestar y, al mismo tiempo, el parámetro frente al cual debe medirse su desempeño: la extensión debe ser progresiva, nunca regresiva.

2.2 Desarrollo legal: la Ley General de Salud

La Ley General de Salud reglamenta el derecho constitucional y precisa, en su artículo 1º, que sus disposiciones son de orden público e interés social (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024, art. 1º). El artículo 1º Bis define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024, art. 1º Bis), estándar que excede la mera atención curativa y que resulta útil para evaluar críticamente si el gasto en infraestructura y personal responde a ese estándar amplio o a una lógica meramente asistencial. Por su parte, el artículo 77 Bis 1 reconoce el derecho de todo mexicano a ser incorporado al sistema de protección social en salud «sin importar su condición social» (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024, art. 77 Bis 1), disposición que entra en tensión directa con la desigualdad de gasto per cápita entre subsistemas institucionales documentada en este trabajo.

2.3 El principio de progresividad y la prohibición de regresividad

El criterio jurídico central para evaluar el comportamiento presupuestario 2018-2027 no es la simple comparación de cifras nominales, sino el principio de progresividad reconocido por el artículo 1º constitucional y desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Primera Sala ha sostenido que dicho principio ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas (SCJN, 2017, Tesis 1a./J. 85/2017) y que es aplicable a todos los derechos humanos, no solo a los económicos, sociales y culturales (SCJN, 2017, Tesis 1a./J. 86/2017). Más recientemente, la Primera Sala precisó la metodología para analizar una posible regresividad legislativa o presupuestaria: primero, identificar el nivel de protección ya alcanzado —que constituye el mínimo de protección estatal—; después, señalar el cambio introducido; y finalmente, exigir que toda medida regresiva sea justificada de manera plena por la autoridad (SCJN, 2024, Tesis 1a./J. 150/2024; Tesis 1a./J. 133/2024). Este último criterio es especialmente relevante para el análisis del ajuste fiscal de 2025, que implicó una reducción real del 8.9% respecto de 2024 sin que exista, hasta donde permite verificar la información pública disponible, una justificación técnica plenamente documentada.

A nivel internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha sostenido en su Observación General N.º 14 que la realización progresiva del derecho a la salud impone a los Estados el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización, y que existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000, párr. 32). Este estándar internacional, incorporado al bloque de constitucionalidad mexicano por vía del artículo 1º constitucional, es el parámetro que este artículo utiliza para calificar jurídicamente los hallazgos presupuestarios descritos a continuación.

3. Desarrollo: trayectoria presupuestaria del Sistema Nacional de Salud (2018-2027)

3.1 La transición estructural 2018-2024: centralización sin blindaje financiero

La administración 2018-2024 ejecutó la disolución del Seguro Popular y la posterior creación del organismo desconcentrado IMSS-Bienestar, en un movimiento que buscaba la centralización federal de los servicios de salud para la población sin seguridad social. El presupuesto global del sector aumentó de manera nominal de aproximadamente 600 mil millones de pesos en 2018 a un techo de 1.005 billones de pesos en 2024 (CIEP & México Evalúa, 2026). No obstante, ese incremento nominal coexistió con una disminución del 8% en el gasto per cápita destinado a la población sin seguridad social (CIEP & México Evalúa, 2026), lo que constituye, desde la óptica constitucional, un indicio de regresividad en el núcleo mismo del derecho que la reforma de 2020 pretendía extender progresivamente.

A esta contradicción se suma un problema de ejecución: los subejercicios presupuestarios y las reasignaciones de recursos hacia la Tesorería de la Federación (Tesofe) (CIEP & México Evalúa, 2026) no deben entenderse como simples ahorros administrativos. Bajo el estándar fijado por el Comité DESC (2000), la falta de ejercicio oportuno del gasto etiquetado para salud es, en sí misma, una omisión que vulnera el deber estatal de avanzar «lo más expedita y eficazmente posible» hacia la plena realización del derecho.

3.2 El bienio 2025-2026: ajuste fiscal y estancamiento relativo

El ejercicio 2025 representó una reducción real del 8.9% respecto de 2024, medida de austeridad orientada a estabilizar las finanzas públicas al inicio del nuevo periodo gubernamental. Para 2026, el presupuesto del sector salud se proyectó en 2.37 billones de pesos —equivalente al 23% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación total— según datos de Zenteno (2026); sin embargo, el gasto en salud como proporción del Producto Interno Bruto permaneció estancado en 2.5%, cifra considerablemente inferior a los estándares internacionales de inversión sanitaria.

Frente a esta ineficiencia estructural, la denominada «Ruta de Integración» propone cuatro pilares operativos —expediente clínico único nacional, abasto con trazabilidad, infraestructura regional por niveles de atención y evaluación de calidad con metas medibles (Zenteno, 2026)— que, cabe subrayar, son condiciones de eficacia del gasto, no sustitutos de la suficiencia presupuestaria que el artículo 4º constitucional exige.

3.3 La propuesta 2027 y sus «fantasmas presupuestarios»

La propuesta para 2027 contempla una asignación histórica de 1.13 billones de pesos, equivalente a un incremento real de entre 10.6% y 10.9% respecto de 2026. Sin embargo, el análisis desagregado revela inconsistencias que un lector formado solo en la cifra global no percibiría. El Ramo 12 (Secretaría de Salud) recibiría 72,305 millones de pesos —un alza real de entre 4.8% y 5%— que, contrastada históricamente, resulta muy inferior a los 128,000 millones de pesos aprobados en 2020, lo que documenta un retroceso en la capacidad rectora de la dependencia normativa del sector (Domínguez, 2026).

El IMSS-Bienestar recibiría 193,987 millones de pesos, un incremento del 9% frente a 2026, cifra que se empequeñece frente a los aumentos proyectados para los subsistemas de salud de la Secretaría de Marina (63%) y la Secretaría de la Defensa Nacional (30%) (Cortés, 2026). Especialmente relevante desde una perspectiva de derecho presupuestario es el llamado «fantasma presupuestario» de la infraestructura: el gobierno ha prometido la creación de 12,750 nuevos consultorios de atención primaria, pero, según advierte el especialista Luis Javier Cortés, no existe una partida, programa o subprograma específico en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que asigne recursos concretos a esa meta (Cortés, 2026). Jurídicamente, una meta de política pública sin partida presupuestaria correlativa no genera derechos exigibles ni compromisos verificables; se mantiene en el plano de la enunciación política, no de la obligación jurídica de gasto.

4. Discusión: desigualdad institucional y brecha frente a los estándares internacionales

El diseño presupuestal vigente perpetúa una estratificación en el ejercicio del derecho a la salud según el régimen institucional del beneficiario. Mientras el Estado destinaría aproximadamente 70,000 pesos por persona atendida en el subsistema de la Secretaría de Marina y 30,000 pesos en el caso de Pemex, la población atendida por el IMSS-Bienestar recibiría apenas 5,523 pesos por persona (Banamex, 2026). En el mismo sentido, el gasto per cápita del régimen IMSS-Ordinario es 2.1 veces superior al del IMSS-Bienestar, asimetría que afecta a aproximadamente 60 millones de personas (Banamex, 2026).

Esta desigualdad interna es jurídicamente relevante porque el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud reconoce el derecho a la incorporación al sistema de protección social en salud «sin importar la condición social» de la persona (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024). Una diferencia de más del doble en el gasto per cápita entre subsistemas dirigidos, en teoría, a poblaciones comparables, es difícilmente compatible con el principio de igualdad y no discriminación que atraviesa el derecho a la protección de la salud, y constituye el tipo de núcleo mínimo desatendido al que alude la jurisprudencia de la Primera Sala (SCJN, 2024).

A ello se agrega la brecha frente al estándar internacional: el 2.9% del PIB propuesto para 2027 resulta insuficiente frente al 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, lo que representa una desprotección financiera estructural del 3.1% del PIB que el Estado mexicano no ha logrado cerrar en el periodo analizado. Como consecuencia directa de esta insuficiencia, el gasto de bolsillo de las familias mexicanas asciende a un promedio de 7,140 pesos por persona (Banamex, 2026), monto que —al financiar privadamente más del 30% de lo que el sector público debería garantizar— evidencia una traslación regresiva del costo de la salud del Estado hacia los hogares, en abierta tensión con el principio de gratuidad progresiva que el propio artículo 4º constitucional incorporó en 2020.

En conjunto, estos hallazgos permiten sostener que, si se aplica la metodología de análisis de regresividad fijada por la Primera Sala de la SCJN (2024), el Estado mexicano no ha ofrecido, hasta ahora, una justificación plena que permita calificar como admisibles las reducciones de gasto per cápita documentadas entre 2018 y 2025, ni la persistencia de la brecha estructural frente al estándar internacional del 6% del PIB.

5. Conclusiones

El presupuesto 2027 constituye, en términos nominales, la asignación más alta en la historia reciente del sector salud mexicano; sin embargo, el análisis jurídico-presupuestario desarrollado en este artículo muestra que la magnitud de la cifra no equivale a la suficiencia ni a la equidad que el artículo 4º constitucional exige. La centralización operada mediante el IMSS-Bienestar no ha resuelto la fragmentación institucional del sistema, y la coexistencia de incrementos nominales con reducciones de gasto per cápita, subejercicios recurrentes y «fantasmas presupuestarios» —metas sin partida correlativa— configura, bajo el estándar de progresividad de la Primera Sala de la SCJN y del Comité DESC de la ONU, un patrón de incumplimiento parcial que el Estado mexicano tiene la obligación de justificar plenamente y, en su defecto, corregir.

El colapso al que alude el título de este trabajo no es, entonces, un colapso operativo súbito, sino un colapso normativo silencioso: la erosión sostenida del contenido mínimo del derecho a la protección de la salud bajo la apariencia de crecimiento presupuestario. Sin una reforma fiscal estructural que incremente los ingresos públicos disponibles para el sector y sin partidas específicas que respalden las metas de infraestructura anunciadas, el presupuesto de 2027 corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de retórica fiscal antes que en el instrumento jurídico que, por mandato constitucional, debe ser.

Referencias

Banamex. (2026). Análisis de la composición del gasto y transición demográfica en México. Reporte de Análisis Económico.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley General de Salud (Reforma DOF 01-04-2024). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

CIEP & México Evalúa. (2026). El presupuesto federal destinado a la salud en México: Transformaciones estructurales 2018-2027. Documento de Análisis Técnico.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). Observación General N.º 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Organización de las Naciones Unidas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (1917, con reformas hasta 2020). Artículo 4º. Diario Oficial de la Federación.

Cortés, L. J. (2026). Presupuesto 2027: aumento en salud privilegia a los sistemas de Marina y el Ejército frente a IMSS-Bienestar, advierte especialista. Latinus.

Domínguez, C. (2026, 23 de septiembre). Será gasto en salud menor a lo sugerido. Reforma.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). Principio de progresividad de los derechos humanos. Su concepto y exigencias positivas y negativas (Tesis 1a./J. 85/2017 (10a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). Principio de progresividad. Es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los llamados económicos, sociales y culturales (Tesis 1a./J. 86/2017 (10a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Principio de progresividad. Metodología de análisis en su vertiente de prohibición de regresividad para actos legislativos (Tesis 1a./J. 150/2024 (11a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Principio de progresividad de los derechos humanos. Las autoridades del Estado tienen la obligación de justificar la implementación de una medida regresiva sobre alguna de las garantías presupuestarias que hagan efectivo un derecho humano (Tesis 1a./J. 133/2024 (11a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Zenteno, P. (2026). No solo hay que poner más dinero, hay que redefinir el sistema de salud: Análisis del PPEF 2026. Portal del Sector Salud.

¿Fuera celulares?

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra
El pasado lunes 21 de los corrientes Gracia, el jefe del despacho educativo federal anunciaría la publicación del Acuerdo número 09/09/26 (https://acortar.link/v6gNzZ) para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del sistema educativo nacional.
El Artículo 1. Definiría el objeto del acuerdo y su finalidad: “El presente Acuerdo tiene por objeto garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por medio de condiciones y prácticas para la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional de los tipos básico, medio superior y superior, a fin de que, en los casos y condiciones en que se utilicen, constituyan herramientas para garantizar entornos educativos saludables y propicios para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las personas educandas”.
El artículo de referencia no buscaría prohibir el uso de celulares en las escuelas de educación básica como señalarían varios medios de comunicación y si bien su texto aludiría al “uso y responsable y seguro de los dispositivos digitales personales […] en los casos y condiciones en que se utilicen” no lo prohibiría; aunque la restricción parcial se justificaría aludiendo al interés superior de niñas, niños y adolescentes; a la preservación de la salud mental de las y los estudiantes; y, en una la mejora de la convivencia escolar. El acuerdo reconocería literalmente que los dispositivos podrían ser herramientas de aprendizaje cuando tuviere fines educativos [enseñanza; aprendizaje] y siempre a criterio de las y los docentes.
El Artículo 2. Precisaría lo que el decreto entendería por “restricción” de los dispositivos enunciados, limitada al uso de los mismos cuando lo permitan “los fines educativos previamente programados […] bajo la orientación de las y los docentes; asimismo, también se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”; excepciones personales sujetas a la discreción de las autoridades locales.
El Artículo 3. en el que se especificarían las medidas que se implementarían en la educación media superior , se limitaría al fomento del “uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales [si bien limitaría] su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución, mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa; asimismo, se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”.
En tanto que en el Artículo 4. se insistiría que: “En el tipo educativo superior se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar [no obstante lo supeditaría], a los acuerdos de cada comunidad educativa en términos de las disposiciones de las autoridades educativas competentes y las instituciones de educación superior”.
En tanto que en los Artículos 5 y 6 el responsable del sector educativo manifestaría que con “respeto al federalismo educativo, a la autonomía universitaria, administrativa y académica, a la diversidad educativa y atendiendo a las situaciones de brecha de conectividad, las presentes condiciones y prácticas deberán ser difundidas y explicadas, y las comunidades educativas podrán apropiarse de ellas, a través de la construcción de acuerdos con base en los principios de la Nueva Escuela Mexicana y en las características y realidades de cada una de las escuelas [ y que adicionalmente ordenaría se] generarán espacios de retroalimentación, diálogo y construcción de acuerdos para revisar y dar seguimiento a los avances en la implementación de estas condiciones y prácticas, con la finalidad de generar acciones adicionales y realizar los ajustes que se estimen necesarios”.  En el Artículo 7. el encargado del despacho educativo propondría “decálogos para cada uno de los tipos educativos que serán el punto de partida para la difusión, apropiación y construcción de acuerdos que aseguren los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional (anexos 1, 2 y 3)”.
El Acuerdo 09/09/26 parecería más una cortina de humo que una política educativa seria. Regular celulares puede ayudar a reducir distracciones, pero no resuelve el rezago en lectura, matemáticas y ciencias que evidenciarían las evaluaciones nacionales e internacionales. Mientras se debate el teléfono en el salón, se evita discutir el verdadero problema: los bajos aprendizajes. Al final, sería más fácil controlar dispositivos que mejorar la educación.

PISA: entre las explicaciones y las responsabilidades

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Gracia:
Los resultados de la más reciente prueba PISA volverían a mostrar una realidad que México conocería desde hace años: sus estudiantes seguirían teniendo dificultades para alcanzar niveles satisfactorios de desempeño en lectura, matemáticas y ciencias. Aunque las secuelas de la pandemia afectarían a prácticamente todos los sistemas educativos, el problema nacional antecedería al COVID y se convertiría ya en una constante generacional.
La reacción de las autoridades federales no se haría esperar. La titular del ejecutivo federal sostendría que la prueba presentaría limitaciones para comparar realidades nacionales tan distintas y destacaría que los resultados también mostrarían fortalezas del sistema educativo mexicano, particularmente en materia de inclusión y reducción de algunas brechas. De la misma manera, señalaría que ciertos planteles públicos obtendrían desempeños sobresalientes cuando si se tomaran en cuenta las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes. Por su parte, el encargado del despacho educativo, afirmaría que la Nueva Escuela Mexicana comenzaría a mostrar resultados positivos al registrar niveles superiores al promedio internacional en aspectos como curiosidad, perseverancia, acompañamiento docente y disposición para aprender. Según su interpretación, estos elementos reflejarían el potencial de un modelo pedagógico centrado en proyectos comunitarios y pensamiento crítico.
Ambos planteamientos contendrían elementos dignos de consideración. Si bien sería cierto que la educación no podría evaluarse únicamente mediante una prueba estandarizada, también sería verdad que la inclusión, la equidad, la convivencia escolar y el bienestar socioemocional constituirían objetivos legítimos de cualquier sistema educativo moderno y su instrumentación provendría de los Objetivos del Milenio dictados por la UNESCO.
Sin embargo, existiría una diferencia entre contextualizar los resultados y utilizarlos como explicación suficiente. Después de todo, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Educación Pública serían creadas para explicar los problemas educativos, sino para resolverlos. El debate no debería centrarse en si la prueba es justa o injusta, sino en una cuestión mucho más sencilla: ¿estarían aprendiendo más los alumnos mexicanos que hace diez años?
La experiencia internacional ofrecería algunas pistas. Los sistemas que encabezarían las evaluaciones educativas, habrían construido durante décadas políticas consistentes orientadas al fortalecimiento de la lectura, las matemáticas y las ciencias; a la profesionalización docente; a la evaluación permanente y a la estabilidad institucional. Ninguno de ellos habría sustituido los aprendizajes fundamentales por discursos, narrativas o proyectos de moda.
En México, en cambio, la discusión educativa parecería haberse desplazado progresivamente hacia el terreno ideológico. La Nueva Escuela Mexicana propondría una visión que concedería un papel central a los proyectos comunitarios, a la transformación social, o a la formación ideológica de las y los docentes como lo evidenciarían los Libros sin recetas para la maestra y el maestro, la formación ciudadana y diversos contenidos transversales. Nadie podría objetar la importancia de esos temas. La duda razonable consistiría en determinar si el tiempo dedicado a ellos estaría contribuyendo efectivamente a mejorar la comprensión lectora, el razonamiento matemático o las competencias científicas de los estudiantes.
La pregunta no sería menor. Si un alumno concluyese la primaria sin comprender plenamente lo que lee o sin dominar las operaciones matemáticas básicas, difícilmente podría beneficiarse de cualquier otro contenido curricular, por valioso que éste fuera. Los aprendizajes fundamentales no serían una opción entre muchas: serían la estructura sobre la que descansaría todo lo demás.
A esta discusión debería sumarse otra que se mantendría fuera de los reflectores: el papel de las organizaciones magisteriales. Tanto el SNTE como la CNTE serían actores centrales de la política educativa nacional. Ninguna reforma de fondo podría avanzar sin la participación del magisterio organizado. Pero tampoco podría ignorarse que durante décadas la discusión educativa estaría condicionada por equilibrios políticos, laborales y sindicales que con frecuencia terminarían desplazando el interés principal: el aprendizaje de las y los alumnos.
La pregunta pertinente no sería si un acuerdo beneficiría al gobierno, al sindicato o a una corriente magisterial determinada. La verdadera pregunta sería si mejoraría los resultados educativos de los estudiantes. Si la respuesta no podría demostrarse, entonces tal vez estaríamos ante un acuerdo políticamente exitoso, pero pedagógicamente irrelevante.
Existiría además un problema del que hablarían constantemente los docentes, aunque rara vez aparecería en los informes oficiales: la sobrecarga administrativa. Programas, proyectos, plataformas, diagnósticos, evidencias fotográficas, reportes, formatos, reuniones y actividades complementarias que terminarían absorbiendo una parte importante del tiempo profesional de maestros y directivos. Paradójicamente, mientras la discusión pública giraría alrededor de la calidad educativa, muchos docentes dispondrían cada vez de menos tiempo para realizar aquello para lo que serían formados: preparar clases, acompañar a sus alumnos, revisar trabajos y fortalecer aprendizajes.
Probablemente, una de las reformas más eficaces no consistiría en agregar nuevas tareas, sino en eliminar aquellas cuya utilidad no habrían podido demostrarse. Los sistemas educativos exitosos compartirían una característica elemental: tendrían prioridades claras. Y casi siempre esas prioridades terminarían reduciéndose a una pregunta fundamental: ¿estárían aprendiendo más los estudiantes?
Por ello, una agenda de política pública debería responder a un proyecto de nación que trascendiera a intereses del gobierno en turno y concentrarse en objetivos concretos: fortalecimiento del aprendizaje de lectura y matemáticas desde los primeros grados; reducción de la carga burocrática sobre docentes y directivos; consolidación de la formación profesional del magisterio; generación de sistemas estables de evaluación diagnóstica; y medición sistemática de las brechas de aprendizaje entre regiones y grupos sociales.
México enfrentaría, además, una oportunidad histórica derivada de la transición demográfica. La disminución progresiva de la matrícula escolar permitiría destinar más atención a cada estudiante. El desafío consistiría en convertir esa ventaja potencial en una mejora efectiva de la calidad educativa.
Los resultados de PISA no deberían verse como una condena ni como una agresión de la derecha internacional. Tampoco como una excusa para la autocomplacencia. Sería simplemente una advertencia. Y las advertencias, cuando se ignoran, terminarían convirtiéndose en problemas mayores que evidenciarían proyectos de gobierno.
Las futuras generaciones no serían mejores porque sus autoridades transparentaran los resultados de las evaluaciones. Serían mejores si aprendieran más. Todo lo demás, incluidas las disputas ideológicas, sindicales, administrativas y burocráticas, deberían ocupar un lugar secundario frente a ese objetivo. Y como simpre Gracia habría que recordar que problema que no atiendieras hoy, se te complicaria mañana.

El PT fisura la alianza de partidos del oficialismo

Dr. German Molina Carrillo / Por

       

                                                                                      Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El anuncio del partido del trabajo del pasado 17 de septiembre en el cual un integrante de la coordinadora nacional dio a conocer la decisión del partido de no acompañar a la dirigencia nacional de morena en los próximos destapes de los coordinadores nacionales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, puso en tela de juicio la solidez de la alianza que desde las elecciones de 2018 han conformado el bloque oficialista de Morena, el PT y el PVEM.

El hecho de no acompañar a Morena en los eventos dónde se llevarán a cabo el destape de quienes serán los candidatos a gobernador en los 17 estados donde habrá elecciones en 2027 pone de manfiesto la inconformidad del partido del trabajo respecto a las candidaturas y los resultados de las encuestas que se ocultan a quiénes participaron en el proceso.

Aún y cuando se ha dado a conocer que el partido del trabajo analiza cómo se definirán las candidaturas en sus procesos partidistas; es de llamar la atención que la alianza oficialista atraviesa por problemas de carácter interno como sucedió en el destape de las candidaturas de los estados de Guerrero Zacatecas y Michoacán dónde se hizo evidente la inconformidad de quiénes no fueron favorecidos en la encuesta de Morena.

Aunque el partido del trabajo ha declarado que continúa firme en su compromiso con el movimiento de la cuarta transformación en este momento como es su costumbre trata de imponer condiciones y de presionar a la alianza oficialista con el “peso electoral” que supuestamente tiene tiene en diferentes zonas del territorio nacional.

Un caso significativo cuestionado por la dirigencia del partido del trabajo es el de la designación de la senadora con licencia Verónica Díaz Robles en el estado de Zacatecas por su cercanía con la familia Monreal y por los criterios de medición que Morena ha ocultado haciendo a un lado las preferencias y apoyos con los que supuestamente cuenta el PT cuya propuesta recayó en la senadora Geovanna Bañuelos quien de acuerdo   a sus sondeos encabezaba las preferencias para ganar la encuesta; sin embargo Morena impuso a la senadora Díaz Robles a quien señalan estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila hermano de Ricardo y Saul Monreal, lo que significa que de ganar las elecciones dicha candidata el gobierno del estado seguirá bajo el control de una persona cercana a la familia Monreal Ávila.

La inconformidad del partido del trabajo también se hizo evidente en su rechazo a la designación de la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga amagando el dirigente estatal del partido del trabajo Victoriano Wences Real con participar como candidato independiente en las elecciones de 2027 si no se logra que se repita la encuesta con aspirantes de ambos partidos.

Aún y cuando la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Citlalli Hernández ha declarado que no existe un rompimiento entre los partidos que integran la alianza oficialista y cuando faltan por definir 7 coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía Nacional las diferencias entre Morena, PT y el PVEM  se han ido manifestando y el acuerdo de unidad del bloque se tambalea por que las negociaciones en los cargos más importantes se han definido por la dirigencia nacional de Morena manipulando los resultados de las encuestas y ocultando las cifras a las dirigencias de los partidos que integran la alianza oficialista.

A estas alturas del proceso de designación de quiénes serán los candidatos a las gubernaturas resulta evidente que los grupos con mayor peso en la dirigencia nacional de Morena han ido imponiendo con el aval de los gobernadores salientes a quiénes seguramente de ganar las elecciones les sucederán en los cargos, garantizándoles impunidad para la aprobación de sus cuentas públicas y posibles desvíos en sus administraciones.

Los casos de las candidaturas en estados como San Luis Potosí donde el PVEM ha anunciado que apoyará las aspiraciones de la esposa del actual gobernador del estado para que los represente en las elecciones de 2027 será una prueba definitiva para saber a ciencia cierta si el bloque oficialista aún con las diferencias que se han venido presentando continúa o bien si se da una ruptura en las elecciones de los estados dónde tanto el partido del trabajo como el partido verde ecologista de México buscan posicionarse y obtener el respaldo del bloque para alguno de sus candidatos que los representen.

La postura del partido del trabajo que se ha inconformado sobre los resultados de las encuestas donde Morena a impuesto a los virtuales candidatos a las gubernaturas podría traer como consecuencia un eventual rompimiento y veremos si esta fuerza política se decide a ir con candidatos propios para medir su peso político y tratar de obtener por primera vez en su historia una gubernatura; sin embargo se ve difícil que tome este camino ya que al final como ha sucedido en otros momentos siempre termina negociando para proteger sus propios intereses y dejando de lado a su militancia y simpatizantes que solo como en el caso del PVEM han sido testigos de cómo sus líderes siguen aprovechando los cargos y usufructuando las prerrogativas que les entrega el INE para su beneficio personal.

Por ello ambos partidos tanto el PT como el PVEM siguen siendo las comparsas que sólo se han servido de sus siglas para mantenerse con el bloque oficial a sabiendas de que  sin el apoyo del aparato de estado difícilmente podrían ganar las elecciones yendo solos a las urnas.

La Alianza oficialista seguramente se mantendrá en las elecciones de 2027 y sólo en el caso de que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo la detención de los narco políticos acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada y los carteles, dichos partidos se verían obligados a tratar de deslindarse de Morena y a tratar de salvarse de una situación en la que han sido cómplices en varios estados del país, donde han obtenido recursos de la delincuencia para ganar elecciones.

LOS RESULTADOS DE MÉXICO EN LA PRUEBA PISA 2025: UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTANCAMIENTO EDUCATIVO Y LA AUSENCIA DE POLÍTICA CORRECTIVA

Dr. German Molina Carrillo / Por

Introducción

La publicación de los resultados de la prueba PISA 2025 por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constituye un momento de particular relevancia para evaluar el estado del sistema educativo mexicano. El presente ensayo examina de forma crítica las cifras obtenidas por México, contrasta la narrativa oficial del gobierno federal con la evidencia documental disponible y analiza las implicaciones que dicho desempeño tiene tanto para la política pública educativa como para el marco jurídico que sustenta el derecho a la educación en el país.

El retroceso histórico y sus matices metodológicos

Los datos son inequívocos en un aspecto: González (2026) documenta que los estudiantes mexicanos de 15 años registraron en 2025 su nivel más bajo en matemáticas desde 2009 y su nivel más bajo en lectura desde 2018. La propia OCDE reconoce que el ciclo evaluativo de 2025 arroja, a nivel global, «uno de los niveles de rendimiento educativo más bajos jamás observados para las pruebas PISA» (González, 2026, párr. 5). En términos numéricos, México descendió de 395 a 388 puntos en matemáticas y de 415 a 408 en lectura respecto de 2022, mientras que en ciencias experimentó un incremento marginal de 410 a 414 puntos (González, 2026).

No obstante, resulta indispensable introducir un matiz crítico que la cobertura periodística tiende a omitir: la propia OCDE atribuye parte de este descenso a la expansión de la cobertura educativa registrada entre 2018 y 2025, periodo en el cual se incorporó a la educación secundaria y media superior a poblaciones previamente marginadas del sistema escolar (González, 2026). Este fenómeno introduce un sesgo estadístico relevante: la comparación simple de puntuaciones medias a lo largo del tiempo tiende a sobreestimar el deterioro real, dado que los estudiantes de mejor desempeño relativo —aquellos cuya situación no se modificó por la expansión educativa— presentaron una disminución menor a la que sugieren las cifras agregadas. Ignorar esta salvedad metodológica conduce a interpretaciones simplistas que, si bien políticamente útiles para distintos actores, distorsionan el diagnóstico técnico del problema.

La magnitud del rezago frente al estándar internacional

Más allá de la comparación histórica interna, la brecha de México respecto del promedio de los 91 países y economías participantes en PISA 2025 resulta sustancial. Frente a un promedio de 463 puntos en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias, México se ubica entre 68 y 75 puntos por debajo en cada área evaluada (OCDE, 2026). Educación con Rumbo, organización civil citada por Cabadas (2026), traduce esta distancia en términos de tiempo formativo: la brecha equivale aproximadamente a 3.8 años de aprendizaje en matemáticas, 2.7 en lectura y 3.4 en ciencias.

En cuanto a la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente, las cifras confirman una situación crítica. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en la OCDE, el 70 % de los estudiantes mexicanos se ubicó por debajo del nivel mínimo de competencia en matemáticas, y el 50 % en cada una de las otras dos materias («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026). En sentido convergente, Educación con Rumbo precisa que apenas tres de cada diez estudiantes —es decir, el 30 %— logró interpretar cómo representar matemáticamente una situación sencilla (Cabadas, 2026). Un dato adicional, aportado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), resulta particularmente ilustrativo de la ausencia de excelencia académica: apenas el 0.5 % de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles de alto desempeño, identificados como 5 o 6 en la escala PISA (Cabadas, 2026).

La muestra evaluada: alcance y representatividad

La evaluación en México se aplicó a 7,843 estudiantes de 297 escuelas, tanto públicas como privadas, en zonas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026). Esta muestra representa aproximadamente 1,581,000 jóvenes de 15 años, equivalente al 69 % de la población total de esa edad en el país. La precisión de estos datos resulta relevante porque permite descartar interpretaciones que atribuyan el bajo desempeño a un sesgo de selección hacia escuelas de un solo tipo de sostenimiento; la muestra, por el contrario, incluye una representación amplia del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades.

La respuesta gubernamental: legitimación frente a autocrítica

Uno de los hallazgos más relevantes del presente análisis reside en la respuesta institucional ante los resultados. Contrario a lo que podría esperarse ante cifras de esta naturaleza, la Secretaría de Educación Pública (SEP) optó por una postura de legitimación del modelo vigente en lugar de reconocer fallas estructurales. Cabadas (2026) documenta que la SEP sostuvo públicamente que «los resultados de PISA 2025 respaldan la ruta educativa del gobierno», enfatizando la mejoría registrada en ciencias y citando el reconocimiento del director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, hacia la resiliencia del sistema educativo mexicano.

Esta postura se inserta en un patrón previo de minimización del instrumento evaluativo. El propio secretario de Educación, Mario Delgado, había advertido con antelación que la prueba PISA «tiene limitaciones muy importantes» y calificó de «relativos» sus resultados (Cabadas, 2026). Esta estrategia discursiva constituye una práctica recurrente en la gestión de crisis de reputación institucional, pero resulta jurídicamente problemática cuando el Estado mexicano ha reconocido voluntariamente, mediante su membresía en la OCDE desde el año 2000, la validez de dicho instrumento como mecanismo de rendición de cuentas educativa.

El caso Marx Arriaga y la disputa sobre la Nueva Escuela Mexicana

La coyuntura de los resultados de PISA 2025 coincidió con la salida de Marx Arriaga de la titularidad de materiales educativos de la SEP, figura central en el diseño de los libros de texto gratuitos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Resulta importante precisar, con base en la declaración directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dicha salida no derivó explícitamente de los resultados de PISA, sino de un desacuerdo respecto a la incorporación del papel de las mujeres en la narrativa histórica de los libros de texto (Olivares & Urrutia, 2026). Sheinbaum declaró textualmente: «Los libros de texto no son patrimonio de una persona», reivindicando la continuidad de la NEM como proyecto de transformación educativa en curso (Olivares & Urrutia, 2026).

Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambos eventos ha sido explotada por organizaciones civiles para cuestionar el modelo pedagógico vigente. Educación con Rumbo, a través de su directora Paulina Amozurrutia, sostuvo que «estos resultados son una señal clara de que la educación mexicana se encuentra en deterioro y que la Nueva Escuela Mexicana, lejos de revertir los rezagos educativos, enfrenta una importante pérdida de aprendizajes» (Cabadas, 2026). Esta misma organización documentó que México perdió 21 puntos en matemáticas y 12 en lectura entre 2018 y 2025, cifra que contradice frontalmente la narrativa oficial de estabilidad y mejora continua.

La ausencia de un plan correctivo formal

Un elemento que merece particular atención desde la perspectiva de la política pública es la ausencia de un plan gubernamental explícito orientado a revertir los resultados observados. En lugar de ello, la respuesta oficial se ha centrado en la defensa retrospectiva del modelo educativo vigente. Frente a este vacío, diversos actores de la sociedad civil han exigido acciones concretas: Educación con Rumbo solicitó «una estrategia nacional de evaluación independiente, objetiva, periódica y pública» (Cabadas, 2026); la UNPF exigió «un plan de mediano y largo plazo, con metas medibles y rendición de cuentas» (Cabadas, 2026); y la Alianza de Maestros reclamó un «plan de emergencia educativo», señalando que «no bastan los discursos» (El Universal, 2026).

La ausencia de una respuesta institucional articulada en forma de plan correctivo contrasta con la gravedad de los indicadores presentados. La UNPF documentó que el 41.8 % de los estudiantes mexicanos evaluados presentó bajo desempeño simultáneo en las tres áreas evaluadas —ciencias, lectura y matemáticas—, frente a un 19.7 % en el promedio de la OCDE (Cabadas, 2026), es decir, más del doble de la proporción esperada para un país miembro de dicha organización.

La dimensión jurídica subyacente: el litigio como garante de la evaluación

Un aspecto de particular relevancia para el análisis desde las ciencias jurídicas, escasamente destacado en la cobertura periodística general, es que la propia participación de México en PISA 2025 se garantizó mediante un mecanismo judicial. Educación con Rumbo obtuvo una suspensión definitiva en un juicio de amparo que ordenó a la SEP y a la entonces Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) «realizar las gestiones necesarias para asegurar la evaluación» («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026).

Este dato reviste una importancia constitucional considerable. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a una educación de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje. La circunstancia de que la evaluación estandarizada e independiente haya requerido de la intervención del Poder Judicial para materializarse, en lugar de derivar de una política pública proactiva del Ejecutivo, evidencia una tensión estructural entre la administración educativa y los mecanismos de rendición de cuentas. Este componente excede el ámbito del presente análisis periodístico-descriptivo y amerita un desarrollo especializado desde el derecho constitucional y administrativo; para tal efecto, se sugiere invocar a @Consultor Jurídico, quien puede profundizar en las obligaciones estatales derivadas del artículo 3° constitucional y de la Ley General de Educación en materia de evaluación educativa.

Conclusión

El análisis de los resultados de México en PISA 2025 revela una realidad compleja que trasciende la simple constatación de un retroceso en las puntuaciones promedio. Si bien es cierto que los factores de expansión de cobertura educativa introducen un matiz metodológico legítimo en la interpretación de las cifras, la magnitud de la brecha respecto del promedio internacional, la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente y la práctica casi nula de habilidades de alto nivel configuran un cuadro de deterioro estructural que no puede atribuirse exclusivamente a factores estadísticos. La respuesta gubernamental, centrada en la legitimación del modelo vigente en lugar de en el reconocimiento de fallas y el diseño de un plan correctivo medible, contrasta con las demandas articuladas por organizaciones de la sociedad civil y representa, en sí misma, un objeto de escrutinio relevante para la evaluación de las políticas públicas educativas del país. Finalmente, el hecho de que la propia garantía de evaluación independiente haya dependido de la intervención judicial sugiere que persisten desafíos institucionales de fondo en la relación entre el Estado mexicano y los mecanismos de rendición de cuentas en materia educativa.

Referencias

Cabadas, M. (2026, 8 de septiembre). Prueba PISA respalda la ruta educativa del gobierno, afirma la SEP; destaca reconocimiento de la OCDE. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prueba-pisa-respalda-la-ruta-educativa-del-gobierno-afirma-la-sep-destaca-reconocimiento-de-la-ocde/

González, A. (2026, 9 de septiembre). Las pruebas PISA exhiben retrocesos y estancamientos en la educación en América Latina: estos son los números por país. CNN en Español.

Olivares, E., y Urrutia, A. (2026, 16 de febrero). «Los libros de texto no son patrimonio de una persona»: Sheinbaum sobre salida de Marx Arriaga de la SEP. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/16/politica/los-libros-de-texto-no-son-patrimonio-de-una-persona-sheinbaum-sobre-salida-de-marx-arriaga-de-la-sep

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). PISA 2025 Results (Volume I). OECD Publishing.

Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?; México queda en penúltimo lugar en lectura y ciencias tras evaluación. (2026, 9 de septiembre). El Universal.

Índice de progreso social

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
El Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos? A.C. [y la iniciativa Social Progress
Imperative] publicaría recientemente la sexta edición del Índice de Progreso Social (IPS) 2025, estudio que presentaría una serie histórica de indicadores para el periodo 2015-2024 y que, en esta edición, otorgaría especial atención a tres de los temas que más preocupan a la ciudadanía: “la seguridad, frente a la persistencia de la violencia en diversas entidades; la educación, como uno de los principales mecanismos de movilidad social; y la generación de empleos de calidad, vinculados con la productividad, la inversión y el bienestar de la población”.
El documento definiría al IPS como una medición del desempeño social de las entidades federativas independientemente de los indicadores tradicionales de ingreso o gasto. Su construcción se sustentaría en 48 indicadores sociales y ambientales agrupados en tres grandes dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades.
Para efectos del presente análisis resultarían particularmente relevantes dos componentes. El primero correspondería a la dimensión Fundamentos del Bienestar denominada Acceso a conocimientos básicos, que evaluaría la matriculación en educación preescolar, primaria y secundaria, así como el analfabetismo, con la finalidad de identificar si la población cuenta con las bases educativas indispensables para mejorar sus condiciones de vida. El segundo se ubicaría en la dimensión Oportunidades y se denominaría Acceso a educación superior, mediante el cual se valorarían aspectos de cobertura y calidad de la educación superior para determinar las posibilidades de que la población alcance mayores niveles de escolaridad y desarrollo profesional.
De acuerdo con los resultados del IPS 2024, el promedio nacional alcanzaría 65 puntos en una escala de 0 a 100. Puebla obtendría 62.2 puntos y se ubicaría en la posición 25 entre las 32 entidades federativas, situándose por debajo del promedio nacional y mostrando rezagos importantes frente a estados con mejores niveles de progreso social; sin embargo, su desempeño sería superior al registrado por entidades como Veracruz, Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
El componente Acceso a conocimientos básicos de la Dimensión 2, Fundamentos del Bienestar (pág. 24) que “Evalúa la matriculación en educación básica y define si las personas tienen bases educativas para mejorar sus vidas”, estaría integrado por los subcomponentes: Matriculación en educación preescolar; Analfabetismo; Matriculación en educación primaria y Matriculación en educación secundaria. El índice en cuestión resaltaría que: “Actualmente, este indicador se mantiene 3.7 puntos por debajo del nivel prepandemia (2019) y 4.7 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2015”. El cuadro 2.05 Acceso a conocimientos básicos 2015-2024 evidenciaría que el “acceso”  promedio en 2024 se establecería en 56.3 puntos, con un decremento de 4.7 puntos respecto a 2015, año en el que calificaría con 61 puntos; en tanto que Puebla, obtendría 56.7 puntos, 0.4 décimas por encima del promedio en 2024 pero 6.8 puntos menos (63.5) que en 2015. Veracruz reprobaría en este indicador al obtener 48.7 puntos en 2024 y Tlaxcala en el mismo ejercicio calificaría con 57.7 puntos, 1 punto más que Puebla.
El subcomponente Acceso a Educación Superior del Componente Oportunidades (pág.32) recurriría a “indicadores de cobertura y calidad de la educación superior para evaluar las oportunidades de la población para alcanzar altos niveles de escolaridad [y estaría integrado por los items] Absorción a educación superior; Cobertura de educación superior; Escolaridad promedio en mujeres; Paridad de género en licenciatura [y finalmente] Posgrados nacionales”. El cuadro 3.12 Acceso a educación superior indicaría que en promedio nacional sólo poco más de 1 de cada 2 personas (54.9 puntos) ingresaría a las IES en 2024. Puebla superaría al promedio nacional en 2.3 puntos al obtener 57.2 puntos, superando el acceso tuvo en 2015 (47.6 puntos) por casi 10 puntos más. Veracruz obtendría en el mismo ejercicio 46.7 puntos; 8.2 menos que el promedio y 10.5 menos que Puebla, en tanto que Tlaxcala obtendría 53.8 puntos, 1.1 menos que el promedio y 3.4 puntos menos que la entidad de Zaragoza.
El IPS confirmaría que el fortalecimiento de la educación debería ser una prioridad de la política pública en todos los niveles de gobierno. Recuperar los niveles de acceso a conocimientos básicos previos a la pandemia y consolidar los avances observados en educación superior, serían condiciones indispensables para impulsar la movilidad social, mejorar la productividad y elevar el bienestar de la población en los próximos años, aspiraciones neoliberales que se encuentrarían marginadas de las políticas públicas.

“ELECCIONES 2027, LA DEMOCRACIA MEXICANA A PRUEBA “

Dr. German Molina Carrillo / Por

                                                                                  Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Cada proceso electoral en México tiene casi siempre escenarios controvertidos y factores que los hace distintos, ya sea que se trate de una elección presidencial cada seis años en la que no sólo se elige a un nuevo presidente, sino también a las Cámaras de Diputados y Senadores o una elección intermedia de cada tres años, en la que se renueva sólo a los legisladores de la cámara baja y que coinciden como en el caso de las elecciones de 2027 con la de 17 gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales en casi la mitad de los estados del país.

La elección de 2027 definitivamente no será igual que ninguna de las anteriores, porque se presentan los siguientes factores:

1.-El oficialismo tiene el control absoluto del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El primero tendrá a su cargo la organización del proceso electoral y de validar los resultados que se obtengan en las urnas el día de la elección y el segundo resolverá los recursos e impugnaciones que presenten los partidos que se inconformen con los resultados, siendo la autoridad cuyas resoluciones serán definitivas para decidir quién es declarado ganador.

2.-El enorme presupuesto que recibirá Morena, PT y PVEM quienes integran la alianza oficialista y que de acuerdo con el Anteproyecto de Presupuesto del INE para 2027 contenido en el comunicado 340 les asigna a Morena $ 3 mil 685 millones 440 mil 886 pesos, al PT $ 760 millones 790 mil 153 pesos y al PVEM $ 1192 millones, 793 mil 138 pesos, lo que sumado da un total de $5639 millones 024 mil 177 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 18% del presupuesto anual del INE.

3.-El hecho de que los partidos de oposición tengan un presupuesto más bajo y que asciende sumando lo asignado al PAN, PRI Y MC a $ 4630 millones 731 mil 943 pesos, que, dividido en caso de no alcanzar una alianza, será insuficiente para aspirar a arrebatarle algunas gubernaturas y diputaciones a los partidos de la 4T.

4.-El uso del aparato de estado y de los programas del bienestar que se utilizan para garantizar el voto de los beneficiarios, a través del trabajo de los servidores de la nación y de las dependencias como la Secretaría del Bienestar federal y locales llevan a cabo para controlar la población de las zonas rurales y municipios en pobreza extrema.

5.-La injerencia de los grupos de la delincuencia organizada y carteles que mediante la violencia y extorsión presionan a los partidos para colocar candidatos que les permitan continuar con sus actividades delictivas, financiando sus campañas y amenazando a los ciudadanos para obligarlos a votar por quien ellos promueven.

6.-El control de los medios de comunicación y los canales oficiales que promueven al oficialismo y el apoyo a sus candidatos.

7.-Las decisiones de los órganos del INE, siempre dispuestos a dar trámite a las quejas y recursos de los partidos del oficialismo y resolver a favor de sus intereses, sin importar los argumentos jurídicos y lo que establece la legislación en la materia.

8.-Hoy más que nunca el arbitro de la elección, públicamente se ha decantado a favor del oficialismo y los consejeros “ciudadanos” están más ocupados en quedar bien con el partido que les dio el cargo, que por actuar en forma imparcial y garantizar un proceso equitativo.

9.-El hecho de que los partidos postulen a los cargos a candidatos de dudosa reputación o con vínculos con los carteles, con la complicidad de las fiscalías que pudieran tener reservada la información y que ello impediría a los ciudadanos reflexionar su decisión sobre a quién dar su voto.

Si a los factores anteriores sumamos, lo que opinan los ciudadanos sobre la clase política y la certeza de que ahora en México, los carteles y grupos de la delincuencia organizada inciden en los resultados electorales y que la impunidad y falta de investigación de la Fiscalía General de la República de personajes que tienen acusaciones de las autoridades judiciales de Estados Unidos y que cuentan con la protección del gobierno federal, puede tener como resultado que haya un alto grado de abstencionismo el día de la jornada electoral y ello sin duda alguna beneficiará a los partidos del movimiento de la 4T.

Sólo el compromiso de los ciudadanos de acudir a las urnas en 2027, puede modificar la situación en la que se encuentra nuestra democracia y de que se logre una Cámara de Diputados plural, donde ningún partido tenga la mayoría calificada y de ahí se inicie un cambio que permita al Estado recuperar sus instituciones y la confianza de los ciudadanos que hoy se ha visto deteriorada por los escándalos y actos de corrupción de quienes prometieron ser distintos y gozan de impunidad para continuar en sus cargos viviendo del erario público.

No será el gobierno de Estados Unidos, quién venga a resolver la crisis política y de inseguridad que vivimos en México, nos toca a los ciudadanos exigir cuentas a los gobiernos y enderezar el rumbo del país ejerciendo nuestros derechos constitucionales y defendiendo nuestra democracia. ¡ México, no merece una dictadura como la del gobierno de Nicaragua, Cuba o Venezuela¡

Cifras reiteradas

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Con agrado recibí la llamada en la que me compartirías tu visita a la ciudad de Puebla y lamento no coincidir de manera presencial contigo, si bien, el envió de la preséntenos Carta a Gracia, dará la ocasión de platicar en los próximos días, aunque fuese bocina de por medio; y en tanto eso sucede divulgaría citas y cifras del II Informe de Gobierno relacionadas con la educación, mencionadas tras la referencia a una “recaudación eficiente y honesta [6 billones 46 mil millones de pesos]; recursos -señalaría la de la voz- que se convierten en Programas para el Bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y seguridad”.
Tras justificar el nuevo Paquete Fiscal y Presupuestal para 2027 dedicaría algunas líneas a la promoción de “la innovación soberana, que se traduce en desarrollo para todas y todos” enlistados en el orden en el que fueran mencionados:
  1. Conformamos equipos de trabajo de profesores, investigadores y estudiantes de universidades e instituciones de educación superior públicas, dedicados al desarrollo de 20 proyectos estratégicos de innovación, desarrollo de tecnología nacional y estudios humanistas;
  2. Hemos incrementado en 193 por ciento los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70 por ciento las becas al extranjero y en 23 por ciento las estancias posdoctorales;
  3. Creamos la Cátedra de la Diáspora Mexicana para incorporar 900 académicos mexicanos que están en el extranjero;
  4. Se inició el desarrollo de “Coatlicue”, la supercomputadora más potente de América Latina, con una capacidad estimada de 314 mil billones de operaciones por segundo;
  5. Este año, 8 millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares;
  6. Cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca “Benito Juárez” y al final de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios cuentan con las becas: Jóvenes Escribiendo el Futuro y “Gertrudis Bocanegra”. Es decir, todos los estudiantes de primaria, preparatoria están becados, y vamos también por más becas en la educación superior;
  7. A través de La Escuela es Nuestra, en 2026, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos para mejorar sus instalaciones junto con padres y madres de familia;
  8. Creamos el Bachillerato Nacional, con el objetivo de unificar todas las preparatorias y Tecnológicos del país bajo un mismo paraguas educativo, garantizando su cobijo con alguna institución de educación superior. Este año ya egresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación del Bachillerato Nacional, con una doble certificación: la del propio Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y la de una institución de educación superior, gracias a un acuerdo con 29 universidades y Tecnológicos nacionales y estatales;
  9. Eliminamos el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades;
  10. En 2026 habremos creado 156 mil nuevos lugares en educación media superior, gracias a 485 construcciones y ampliaciones. Y llegaremos a 400 mil nuevos lugares, para alcanzar el 90 por ciento de la cobertura nacional en este nivel educativo para 2030;
  11. Con respecto a la educación superior, para 2026, la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá 13 nuevas unidades académicas en todo el país con 119 mil 280 estudiantes;
  12. Se alcanzaron 239 Universidades del Bienestar “Benito Juárez” con 285 mil alumnos. En todo el sistema público de universidades autónomas, politécnicos y tecnológicos públicos, en dos años se habrán creado 245 mil 111 lugares adicionales; es decir, un cuarto de millón de jóvenes que antes no encontraban lugar, hoy tienen la opción de estudiar.
  13. Se han basificado, sumado al millón de profesores que se basificaron durante el sexenio del Presidente López Obrador, 200 mil maestras y maestros más.
  14. Se distribuyeron en educación básica 154.5 millones de Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, y ya se está trabajando para que, en 2027, se incorporen tres Libros de Texto más: Historia de México, Enseñanza de las Matemáticas y Lectoescritura;
  15. Medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.
Las cifras educativas del II Informe de Gobierno reiterarían la ampliación de la cobertura educativa acorde a la política pública. No obstante, los desafíos de fondo persistirían. La propia incorporación anunciada para 2027 de nuevos libros de texto en Historia de México, Matemáticas y Lectoescritura podría interpretarse como un reconocimiento implícito de insuficiencias académicas observadas en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana. A ello se sumaría una realidad preocupante: el abandono escolar continuaría afectando a un sector importante de estudiantes de educación obligatoria, recordándonos que garantizar la inscripción no siempre significaría asegurar el aprendizaje ni la continuidad educativa.
En consecuencia, más allá de las cifras de cobertura, el verdadero indicador del éxito educativo seguiría siendo la capacidad de las escuelas para lograr mejores aprendizajes, reducir el rezago y mantener a niñas, niños y jóvenes dentro de las aulas.
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