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DonaldTrump y el cambio de la estrategia deseguridad

Dr. German Molina Carrillo / Por

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones para la presidencia de los Estados  Unidos y sus compromisos de campaña en el proceso electoral, en contra de la inmigración ilegal, de luchar contra los carteles de la droga mexicanos, que han inundado las calles del vecino del norte con el tráfico de fentanilo, matando a cientos de miles de estadounidenses en los últimos seis años, así como su promesa de revisar el T MEC firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, y sobre todo la expulsión de millones de personas que entraron ilegalmente al país, bajo el argumento de que son delincuentes y que sólo han llegado para robarles empleos a los norteamericanos, le sirvieron para no sólo ganar la presidencia, sino también la mayoría en el poder legislativo, lo que le permitirá en su mandato contar con los votos y respaldo suficientes para que le sean aprobadas sus políticas y acciones de gobierno.
Donald Trump, aún sin haber tomado posesión del cargo,con sus declaraciones en el sentido de imponer aranceles del 25 % a las exportaciones de productos provenientes de México y Canadá, ha puesto de cabeza al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en sus primeras semanas del ejercicio de su mandado, declaraba a los medios, cuando se le preguntaba sobre su estrategia de seguridad en contra de los carteles de la
droga, se apoyaba en el mismo discurso del expresidente AMLO,” nosotros no vamos a entrar en una guerra contra los carteles, como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, que originó más violencia y homicidios, sino que vamos a atender las causas que originan la inseguridad “ con lo que dejaba claro que seguiría la misma línea de su antecesor y que no se vislumbraban cambios, para frenar la ola de violencia y lucha entre los carteles en
estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Colima cuya población es victima de la inseguridad cotidianamente, ante autoridades que se encuentran en su mayoría coludidas o rebasadas por los carteles, sin esperanzas de que la situación cambie.
Pese a lo anterior, y aún bajo el riesgo de contradecir el discurso de López Obrador, la presidenta se ha visto obligada a echar a andar una estrategia de seguridad distinta, bajo la coordinación de su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en estados como Sinaloa y Guerrero, donde la violencia e inseguridad siguen aumentando, con gobiernos débiles y que están bajo sospecha de estar coludidos con los líderes de los carteles como el de Sinaloa y el de los rojos y los ardillos en Guerrero.
Resulta evidente, que la presidenta, jamás podrá recobrar el tiempo perdido por su antecesor y que enfrenta a grupos muy poderosos dispuestos a defender lo que consideran suyo y que difícilmente depondrán su antagonismo y abandonarán actividades que les han dejado cuantiosas ganancias en el último sexenio.
Lo anterior, sin dejar de lado, la complicidad y complacencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, a las que tampoco les conviene que la presidenta y su estrategia tengan resultados positivos.
Así que la presión que en su momento trataron de aplicar los partidos de oposición y los críticos al gobierno de López Obrador en el sexenio pasado, acusándolo de que su estrategia de seguridad era ineficaz y de encabezar un narco gobierno, fueron inútiles para obligar al ex presidente a modificar el supuesto combate a los carteles del narcotráfico; pero sólo bastaron las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, para obligar a la presidenta Sheinbaum, a llevar a cabo acciones tanto para combatir mediante la fuerza del estado realmente a los carteles, como también para tratar de frenar que las caravanas de migrantes que entran a México por la frontera sur, logren llegar a la frontera con los Estados Unidos para tratar de cruzar a su territorio.
El tiempo para la presidenta se agota, a fin de poder complacer las exigencias de Trump y lograr evitar aplique los aranceles del 25% a los productos mexicanos, desde el primer día de su gobierno, el 21 de enero de 2025. Si se sentirá satisfecho con las acciones de la presidenta o se mantendrá en la misma postura, sin que le importe el cambio de la estrategia de seguridad cuyos resultados sólo se conocerán a mediano y largo plazo.
Habrá que esperar a conocer ¿cuál será la postura del nuevo presidente de los Estados Unidos, en temas como la reforma al poder judicial y el apoyo que México ha brindado a las dictaduras de países como Cuba y Venezuela?,¿si defenderá los intereses de las empresas de Estados Unidos instaladas en México, para que las reformas de la 4T, no les afecten? Y finalmente ¿si aceptarán siga el TMEC con nuestro país, después de 2026 en que será revisado por los tres países que participan en el tratado?
Mi pronostico es que, si desde ahora Donald Trump sin haber asumido el poder, está dictando la agenda a la presidenta Claudia Sheinbaum, al asumirlo, las cosas podrían ponerse peor para México, sino desiste de su amenaza de aplicar los aranceles a los productos mexicanos, originando una recesión económica de fatales consecuencias.
Por ahora las amenazas y la presión de Trump han sido más efectivas, que las ordenes del ex presidente AMLO a la presidenta, para que sin ocupar en la silla presidencial, le siga dando continuidad a su proyecto de transformación.
Así que por el momento las acciones del gobierno federal y del partido oficial, están más dirigidas a complacer las exigencias de Trump, que a seguir desgastando a la débil oposición de los partidos en ambas cámaras.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Cambio de Actitud

Gustavo Santin / Por

Maestros

 

Cambio de actitud

 

Cartas a Gracia

 

Hace tan solo dos o tres semanas que la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, habría reconocido un cambio de actitud en la administración encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina y en la secretaría del despacho educativo de su administración, encabezado por María Isabel Merlo Talavera y Charbel Jorge Estefan Chidiac sucesivamente, con respecto a la distante, que habría mantenido Melitón Lozano Pérez, ex titular del despacho educativo en los 4 años precedentes, Gracia. Esa actitud permitiría resolver entuertos en la vida académica y administrativa de sus agremiados; originados por la aplicación de medidas de política pública que se cebarían  en contra de las Instituciones de Educación Superior Particular, partiendo del supuesto de que la entidad habría sufrido una “estafa maestra, chiquita pero al fin y al cabo estafa maestra” y que, presunción de la autoridad, evidenciarían la colusión de particulares al frente de universidades privadas, con funcionarios de la Secretaría de Finanzas ligados al ex gobernador Moreno Valle.

 

Así lo presumirían en su momento, voceros de la campaña de Miguel Barbosa Huerta, “candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) […] El gobierno del PAN que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas orquestó su propia “estafa maestra, con la que desfalcaron al erario por al menos 34.8 millones de pesos, recursos con los que se vieron favorecidos funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del estado” (https://acortar.link/9WBN2V).

 

Presunciones, que en su momento tendrían graves consecuencias para el desarrollo normal de las actividades de Instituciones de Educación Superior Particular. Entre ellas, destacarían: el inicio y la realización de “una investigación exhaustiva […] a las dos ventanillas aperturadas para trámite de otorgamiento de REVEOs en 2018”; ordenada por América Rosas Tapia mediante oficio fechado el 10 de noviembre del 2020, y que pretendería demostrar “la corrupción” mediante la que particulares habrían obtenido Reconocimientos de Validez de Estudios y sin que a su conclusión en el cargo, se hubiese demostrado la premisa de partida y sí, suspendidos los trámites de REVOE; lo mismo una denuncia (trascendería en medios) en la Fiscalía del Estado, en contra de Ignacio Alvízar Linares, exsecretario de Educación y de su jefa de oficina Carmen D. Osuna Martínez, presuntamente por la entrega irregular de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios; el cierre de la ventanilla de REVOE mediante la que se ingresarían normalmente, tanto solicitudes de actualización y modificación de planes y programas de estudio, los cambios de domicilio y de titular de las sociedades civiles, y solicitudes para la apertura de nuevos programas, instrucción que subsistiría entre el 23 de marzo del 2020 y “el primer semestre del 2022”; la reapertura parcial de la ventanilla de recepción acompañada por un oficio circular que anunciaría la emisión de “lineamientos” a los que se sujetarían las solicitudes para modificación y actualización de REVOEs, tanto del área de la salud como de otras disciplinas y que originaría la presentación de un juicio de amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa por parte de la AUIEMSS (del cual obtendrían la suspensión definitiva, aún vigente) y la presentación de 3 amparos (ganados), realizados por instituciones particulares en contra de prohibiciones de apertura de inscripciones, notificada por el entonces titular de la oficina de REVOEs, al margen de sus facultades. La oficina de profesiones seguiría la misma tonada al provocar el retraso, al parecer intencional y con intereses aviesos, en la emisión de más de 11 500 títulos profesionales, so pretextos baladíes.

 

La AUIEMSS reconocería a través de un desplegado publicado el 1 de noviembre del año en curso, el “trabajo y los resultados [parciales, obtenidos por] la Secretaría de Educación Pública” durante la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina; dependencia encabezada sucesivamente tanto por María Isabel Merlo Talavera, como por Charbel Jorge Estefan Chidiac y entre los que resaltarían:

 

  1. La reapertura normal de la ventanilla para la admisión de los diferentes trámites de REVOE;
  2. La solución al rezago en el “el trámite y entrega de más de 32,000 títulos profesionales de egresados de nivel superior que comprende[rían]: licenciaturas, maestrías y doctorados y que no habían sido otorgados a los interesados por situaciones de carácter administrativo y de falta de criterios del anterior titular” y que, valdría la pena destacar, sumados a los entregados en el 2023 arrojarían más de 40 mil documentos; el doble de los que se entregarían en la administración del gobernador constitucional;
  3. La entrega de 200 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que se encontraban rezagados desde el 2021[…] entregados por el C. Gobernador en la administración de María Isabel Merlo Talavera [y a los que se sumarían los autorizados por la propia extitular, más los 240 entregados por Charbel Jorge Estefan Chidiac.
  4. La atención a la problemática de las Instituciones de Nivel Superior, que ofrecen programas en el área de la salud, con el apoyo de la Dirección [y de la titular] General de Acreditación Incorporación y Revalidación de la SEP Federal [y que permitiría la conclusión de los estudios, sin sobresaltos, de quienes cursan sus estudios en la entidad de Zaragoza].

 

La aplicación de la política salinista de: ni los veo ni los oigo, realizada por Melitón Lozano Pérez habría cambiado diametralmente; no solo fueron escuchados por Merlo Talavera y por Estefan Chidiac, si no que también habrían encontrado apertura en la oficina del titular del ejecutivo local, quien, sin descuidar el ejercicio de la política pública desarrollada por los gobiernos de Morena, asumiría que las y los particulares dedicados a la educación, compartirían gran parte de la tarea.

Estudio de ciberseguridad

Gustavo Santin / Por

Estudio de ciberseguridad

Cartas a Gracia

La firma del Pacto Nacional por la Ciberseguridad que ¿organizarían? las Comisiones unidas de Ciencia y Tecnología de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y que abriría “un espacio” para que representantes de algunas empresas de tecnología presentaran un estudio [parcial] de ciberseguridad 2023 que, presuntamente, sería resultado de sus buenas prácticas. De acuerdo a las ponentes del sector empresarial, el “proyecto Internet seguro para todos [estaría] integrado por 3 ejes: Estudios y análisis de políticas públicas; estudio de ciberseguridad orientado a personas usuarias, de familias y empresas y generación de contenidos de prevención para niñas, niños y adolescentes y las personas que los cuidan”; aunque por no ser parte del show y presentarse de manera complementaria, sería desairado por los actores políticos, salvo por algunas excepciones, entre las que destacarían la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz y el diputado Javier López Casarín. De los ejes mencionados Gracia, relataría en primera instancia el apartado 2 ciberseguridad de familias mexicanas. La gráfica Perfil de los padres encuestados -sin número y sin página como todos los consultados- estimaría que la edad de los hijos correspondería en un 48% a quienes tendrían entre 13 y 18 años; en un 45% a quienes tendrían entre 6 y 12 años; y finalmente, el 7% atañería a menores de entre 3 y 5 años. La pregunta ¿Cuáles de los siguientes elementos le preocupan en relación con la seguridad en el uso de internet por parte de sus hijas e hijos?, y que correspondería a la gráfica 2 de esta sección, titulada: Preocupaciones en relación al uso de internet, arrojaría como resultado que a 4 de cada 5 (78%) les preocuparía que sus menores sufrieran acoso de otros adultos; poco más de 2 de cada 3 (70%) temen que se compartieran “fotos o videos que buscaban ser privados”, y poco menos de 2 de cada 3 (64%) temerían “se acceda a información privada o personal”. A tan solo 1 de cada 2 (57%) le preocuparía que sus hijas e hijos sufrieran “acoso o violencia de parte de otros menores de edad”, aunque se incremente el número de quienes han muerto o han sido lesionados a manos de sus compañeros. Solo a 1 de cada 3 (39%) les preocupa que las y los menores se aíslen “del contacto social por utilizar [dispositivos] demasiado tiempo”, y finalmente, solo 1 de cada 10 (13%) temerían que sus “hijas o hijos hagan compras por internet sin consentimiento”. ¿Qué tendrían que hacer las y los responsables de las y los menores para protegerlos?, graficado en “los retos y acciones de los padres para proteger a sus hijos e hijas”; un 84% estimaría correcto “establecer reglas y límites sobre el uso de los dispositivos y de internet”. Aunque estadísticas internacionales considerarían que 7 de cada 10 alumnas y alumnos han sufrido acoso cibernético por parte de sus compañeras y compañeros; 3 de cada 5 encuestados (62%) se decantarían por “implementar controles automáticos que eviten el acceso a contenido inapropiado”; si bien, de manera inversa, solo 2 de cada 5 (44%) se pronunciarían “por platicar con ellos sobre sus inquietudes y los riesgos”; y por último, un poco menos de 1 de cada 3 se pronunciaría por “implementar controles que protejan contra virus y otros tipos de malware”. Las gráficas 4 y 5 inquirirían sobre las experiencias negativas en el uso de internet. Una gráfica de pastel mostraría los porcentajes de respuesta a la pregunta: ¿Sus hijas o sus hijos han tenido experiencias negativas con terceros a través de internet?, a lo que 1 de cada 5 (20%) contestaría afirmativamente; en tanto que 1 de cada 2 (51%) respondería que no; aunque posteriormente, 2 de cada 5 (43 %) reconocerían que les habrían “solicitado imágenes íntimas”, evidenciando algunas incongruencias entre las respuestas. El acoso ejercido por otros menores y que sufrirían las y los hijos de los encuestados, se originaría en 2 de 5 (63%) de los casos, en “redes sociales”; situaciones y porcentajes que se igualarían a la ejercida mediante “video juegos en línea”; asimismo este estudio evidenciaría que 1 de cada 2 (50%) de las y los menores padecerían acoso a través WhatsApp. Las gráficas 6, 7 y 8 tendrían en común las “experiencias negativas e incidentes de niñas y niños”. La primera de ellas se destinaría a menores de entre 3 y 5 años; la segunda a quienes tendrían entre 6 y 12 años; y finalmente la tercera, a los adolescentes de entre 13 y 18 años. De esas gráficas Gracia, se seleccionarían preguntas comunes para visualizar la variación de las mismas tomando en consideración los diferentes grupos de edad. Mientras que el 80% del primer rango no habrían tenido “experiencias negativas con terceros a través de internet”, el 100% del segundo grupo, sufriría “acoso de parte de otros menores de edad”; en tanto que el 43% del tercero, habrían sufrido acoso que provendrían en 1 de cada 3 eventos (29%) de adultos, y que sólo en 1.5 casos de cada 10 (14%) se originaría en otros menores de edad. No obstante y de manera inversa 2 de cada 5 padres de menores de entre 13 y 18 años (43%) no usaría “controles parentales”; porcentaje que se repetiría con quienes comparten la responsabilidad de quienes tendrían entre 6 y 12 años, aunque poco más de 2 de cada 3 (60) padres de menores de entre 3 y 5 años sí los utilizaría. No tendría la culpa el chancho, Gracia; sino quien le da de comer; o dicho de otra manera, no sería culpa de la tecnología -incluida la inteligencia artificial- sino quienes desde proveedores, usuarios y hasta el gobierno, han sido laxos en el ejercicio de sus responsabilidades y que permitirían el fortalecimiento de las y los malhechores digitales, los acosadores y violentadores digitales que pululan por el espacio cibernético, todo evidenciado por los estudios en la materia.

“SAMUEL GARCÍA, EL TONTO ÚTIL DE AMLO “

Dr. German Molina Carrillo / Por

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La irrupción de la candidatura presidencial del aún gobernador de Nuevo León, Samuel García por el partido Movimiento Ciudadano, está a punto de convertirse en un conflicto sin precedentes en la historia del estado y del país, debido a que aún a sabiendas de que no podría dejar como gobernador interino a una persona de su confianza para que le cuidara el puesto, por no tener los votos suficientes en el Congreso del Estado; se ha obstinado en lograr por todos los medios imponer a su secretario de Gobierno Javier Luis Navarro Velasco; pero el Congreso en su última sesión designó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, quién se desempeñó como vicefiscal en la Fiscalía General de Justicia del Estado y quién anteriormente al inicio del gobierno de Samuel García gozaba de su apoyo para ocupar el cargo de fiscal. La disputa entre el aspirante a candidato presidencial de MC en contra del Congreso estatal dominado por la mayoría de legisladores del PRI y el PAN llegó a su punto máximo cuando simpatizantes y legisladores de MC irrumpieron en las instalaciones del Congreso para impedir se llevara a cabo la sesión para nombra al gobernador interino y éste lograra tomar protesta, lo que no pudieron impedir y por ello el conflicto ahora ha involucrado a actores políticos y autoridades a nivel nacional y amenaza con causar una crisis de ingobernabilidad en el Estado, por el conflicto entre en Poder ejecutivo y el legislativo. En todo este escenario ya se han tramitado dos amparos donde los jueces han otorgado suspensiones al aún gobernador que ha iniciado de lleno su campaña presidencial, sin resolver el nombramiento de quién lo suplirá del 2 de diciembre de este año al 2 de junio del 2024. El gobierno de Nuevo León obtuvo una suspensión de un juzgado de distrito en materia laboral de la ciudad de México, que deja sin efectos el nombramiento de LUIS Enrique Orozco como gobernador interino. Pese a lo anterior en otra resolución del Poder Judicial de la federación, determinó que: Samuel García no podrá abandonar sus funciones como gobernador hasta que no se resuelva el conflicto sobre su suplente al anular la licencia que le otorgó el Congreso del estado para ausentarse del cargo. Así, el gobernador no podrá ausentarse del estado, hasta que no se cumplan las siguientes condiciones: Que el congreso del estado de Nuevo León designe y tome protesta a la persona que deba ocupar interinamente la titularidad del poder ejecutivo del estado durante el período en que el gobernador constitucional del estado se ausente de las funciones con motivo de la licencia que solicito. La segunda condición es que: la persona que sea eventualmente designada por el poder legislativo asuma materialmente las funciones que como gobernador interino le corresponden. Por lo tanto el dos de diciembre, ninguno de los dos gobernadores interinos designados podrán tomar posesión del cargo y Samuel García se verá obligado a regresar al mismo, hasta que se den las dos condiciones impuestas por el Poder Judicial de la federación. Situación que de darse, podría incluso anular el registro como precandidato presidencial le fue dado por MC. A Samuel García, que sino juega bien sus piezas podría quedarse en medio de esta disputa y hasta dejar la gubernatura por seis meses forzosos. Aunque Samuel García ha sido acusado como el candidato esquirol, por los partidos del Frente Amplio por México que ha cuestionado su aspiración y que lo han acusado de buscar dividir el voto en favor de la candidata de Morena y de AMLO; Samuel se ha defendido negando dicha situación y buscando por todos los medios tratar de vender su candidatura como independiente al partido del Presidente; sin embargo hay dos factores que están jugando en su contra: El primero: el hecho de que su discurso y campaña se han centrado en atacar a la candidata del frente Amplios por México exclusivamente, sin aludir en ningún momento a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, y el segundo: el apoyo y defensa pública del Presidente a Samuel en su conferencia mañanera del pasado jueves en la que acusó a los partidos PRI, PAN y PRD así como a los conservadores de tratar de descarrilar la candidatura de MC por sentirse dueños de la clase media y de que saben que muchos de ellos simpatizan con esta propuesta y tienen temor de perder esos votos. Bajo estas circunstancias, queda claro que el papel de Samuel García es captar el voto de los seguidores de las redes sociales y de los jóvenes que por carecer de una cultura política podrían votar por esta opción, no por sus propuestas o por representar una opción de gobierno, sino por la simpatía de la esposa del candidato y sus seguidores en una campaña dirigida a quienes se irían con la ilusión de que representan alguien cercano a sus aspiraciones y que el voto, más que una responsabilidad y compromiso ciudadano, es una forma de apoyar a quienes salen del viejo esquema de los políticos de siempre. Incluso a estas fechas los ciudadanos y grupos empresariales y de la sociedad civil que apoyaron a Samuel García para que llegara a la gubernatura, se encuentran desencantados y preocupados por una crisis de gobernabilidad que no sólo puede afectar la vida del estado, sino crear inestabilidad económica y alejar las inversiones de uno de los estados más productivos del país; sin dejar de lado el aumento de la inseguridad y la violencia de los grupos de la delincuencia organizada que han proliferado en Nuevo León desde la llegada de Samuel García a la gubernatura. Por lo que me pregunto: ¿Qué le ofreció AMLO a cambio a Samuel García para que se metiera a esta aventura? ¿cuál será el costo político para MC en Nuevo León para repetir en las siguientes elecciones en el estado? Al tiempo lo sabremos. *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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