Cartas a Gracia
Estimada Gracia:
Los resultados de la más reciente prueba PISA volverían a mostrar una realidad que México conocería desde hace años: sus estudiantes seguirían teniendo dificultades para alcanzar niveles satisfactorios de desempeño en lectura, matemáticas y ciencias. Aunque las secuelas de la pandemia afectarían a prácticamente todos los sistemas educativos, el problema nacional antecedería al COVID y se convertiría ya en una constante generacional.
La reacción de las autoridades federales no se haría esperar. La titular del ejecutivo federal sostendría que la prueba presentaría limitaciones para comparar realidades nacionales tan distintas y destacaría que los resultados también mostrarían fortalezas del sistema educativo mexicano, particularmente en materia de inclusión y reducción de algunas brechas. De la misma manera, señalaría que ciertos planteles públicos obtendrían desempeños sobresalientes cuando si se tomaran en cuenta las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes. Por su parte, el encargado del despacho educativo, afirmaría que la Nueva Escuela Mexicana comenzaría a mostrar resultados positivos al registrar niveles superiores al promedio internacional en aspectos como curiosidad, perseverancia, acompañamiento docente y disposición para aprender. Según su interpretación, estos elementos reflejarían el potencial de un modelo pedagógico centrado en proyectos comunitarios y pensamiento crítico.
Ambos planteamientos contendrían elementos dignos de consideración. Si bien sería cierto que la educación no podría evaluarse únicamente mediante una prueba estandarizada, también sería verdad que la inclusión, la equidad, la convivencia escolar y el bienestar socioemocional constituirían objetivos legítimos de cualquier sistema educativo moderno y su instrumentación provendría de los Objetivos del Milenio dictados por la UNESCO.
Sin embargo, existiría una diferencia entre contextualizar los resultados y utilizarlos como explicación suficiente. Después de todo, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Educación Pública serían creadas para explicar los problemas educativos, sino para resolverlos. El debate no debería centrarse en si la prueba es justa o injusta, sino en una cuestión mucho más sencilla: ¿estarían aprendiendo más los alumnos mexicanos que hace diez años?
La experiencia internacional ofrecería algunas pistas. Los sistemas que encabezarían las evaluaciones educativas, habrían construido durante décadas políticas consistentes orientadas al fortalecimiento de la lectura, las matemáticas y las ciencias; a la profesionalización docente; a la evaluación permanente y a la estabilidad institucional. Ninguno de ellos habría sustituido los aprendizajes fundamentales por discursos, narrativas o proyectos de moda.
En México, en cambio, la discusión educativa parecería haberse desplazado progresivamente hacia el terreno ideológico. La Nueva Escuela Mexicana propondría una visión que concedería un papel central a los proyectos comunitarios, a la transformación social, o a la formación ideológica de las y los docentes como lo evidenciarían los Libros sin recetas para la maestra y el maestro, la formación ciudadana y diversos contenidos transversales. Nadie podría objetar la importancia de esos temas. La duda razonable consistiría en determinar si el tiempo dedicado a ellos estaría contribuyendo efectivamente a mejorar la comprensión lectora, el razonamiento matemático o las competencias científicas de los estudiantes.
La pregunta no sería menor. Si un alumno concluyese la primaria sin comprender plenamente lo que lee o sin dominar las operaciones matemáticas básicas, difícilmente podría beneficiarse de cualquier otro contenido curricular, por valioso que éste fuera. Los aprendizajes fundamentales no serían una opción entre muchas: serían la estructura sobre la que descansaría todo lo demás.
A esta discusión debería sumarse otra que se mantendría fuera de los reflectores: el papel de las organizaciones magisteriales. Tanto el SNTE como la CNTE serían actores centrales de la política educativa nacional. Ninguna reforma de fondo podría avanzar sin la participación del magisterio organizado. Pero tampoco podría ignorarse que durante décadas la discusión educativa estaría condicionada por equilibrios políticos, laborales y sindicales que con frecuencia terminarían desplazando el interés principal: el aprendizaje de las y los alumnos.
La pregunta pertinente no sería si un acuerdo beneficiría al gobierno, al sindicato o a una corriente magisterial determinada. La verdadera pregunta sería si mejoraría los resultados educativos de los estudiantes. Si la respuesta no podría demostrarse, entonces tal vez estaríamos ante un acuerdo políticamente exitoso, pero pedagógicamente irrelevante.
Existiría además un problema del que hablarían constantemente los docentes, aunque rara vez aparecería en los informes oficiales: la sobrecarga administrativa. Programas, proyectos, plataformas, diagnósticos, evidencias fotográficas, reportes, formatos, reuniones y actividades complementarias que terminarían absorbiendo una parte importante del tiempo profesional de maestros y directivos. Paradójicamente, mientras la discusión pública giraría alrededor de la calidad educativa, muchos docentes dispondrían cada vez de menos tiempo para realizar aquello para lo que serían formados: preparar clases, acompañar a sus alumnos, revisar trabajos y fortalecer aprendizajes.
Probablemente, una de las reformas más eficaces no consistiría en agregar nuevas tareas, sino en eliminar aquellas cuya utilidad no habrían podido demostrarse. Los sistemas educativos exitosos compartirían una característica elemental: tendrían prioridades claras. Y casi siempre esas prioridades terminarían reduciéndose a una pregunta fundamental: ¿estárían aprendiendo más los estudiantes?
Por ello, una agenda de política pública debería responder a un proyecto de nación que trascendiera a intereses del gobierno en turno y concentrarse en objetivos concretos: fortalecimiento del aprendizaje de lectura y matemáticas desde los primeros grados; reducción de la carga burocrática sobre docentes y directivos; consolidación de la formación profesional del magisterio; generación de sistemas estables de evaluación diagnóstica; y medición sistemática de las brechas de aprendizaje entre regiones y grupos sociales.
México enfrentaría, además, una oportunidad histórica derivada de la transición demográfica. La disminución progresiva de la matrícula escolar permitiría destinar más atención a cada estudiante. El desafío consistiría en convertir esa ventaja potencial en una mejora efectiva de la calidad educativa.
Los resultados de PISA no deberían verse como una condena ni como una agresión de la derecha internacional. Tampoco como una excusa para la autocomplacencia. Sería simplemente una advertencia. Y las advertencias, cuando se ignoran, terminarían convirtiéndose en problemas mayores que evidenciarían proyectos de gobierno.
Las futuras generaciones no serían mejores porque sus autoridades transparentaran los resultados de las evaluaciones. Serían mejores si aprendieran más. Todo lo demás, incluidas las disputas ideológicas, sindicales, administrativas y burocráticas, deberían ocupar un lugar secundario frente a ese objetivo. Y como simpre Gracia habría que recordar que problema que no atiendieras hoy, se te complicaria mañana.
