Gustavo Santin

Platos rotos

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
El sitio de Facebook Línea Caliente Noticias publicaría el 25 de julio pasado los resultados de una investigación de Raúl Rojas González, matemático y experto en Inteligencia Artificial -entre otras ramas del conocimiento científico-, en la que encontraría un elevado porcentaje de resultados atípicos en el examen de admisión de la UNAM 2026 “compatibles con la hipótesis de haber recibido ayuda externa durante el examen”. La difusión de los resultados que Raúl Rojas habría obtenido de la comparación “de la distribución de los puntajes obtenidos en 2026 con la observada entre 2021 y 2025” motivaría la integración de una comisión técnica del Consejo Universitario que, tras su análisis, confirmaría la existencia de patrones estadísticamente atípicos señalados por el investigador  de la Universidad de Berlín y mandataría un examen de control; medida adoptada desde el ámbito institucional que terminaría trasladando a miles de aspirantes los costos y las incertidumbre derivados de una controversia que no provocaron y que conocerían por la lectura de varios boletines institucionales.
El Boletín UNAM-DGCS-463bis [publicado a las] 18:00 h [del] 9 de agosto de 2026 señalaría: “Más de 43 mil aspirantes ya tienen fecha y sede para el Examen de Control”; evento que iniciaría el miércoles 12 de agosto en la sede León y proseguiría en Oaxaca, Tijuana y concluiría el 19 de agosto, en la CDMX. Previamente, la UNAM habría reconocido la existencia de “resultados atípicos” obtenidos -en el examen de admisión- por aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios como ya se había mencionado Gracia. Y aunque en el boletín de marras la Universidad vistiera el examen de control como un acto de justicia social, al determinar que la aplicación se realizaría en “3 sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior para las y los jóvenes de las entidades de la República”. Las protestas de los obligados no dejarían de sentirse, bajo argumentos relacionados con lejanía, altos costos que les generaría y conflictos de ingreso a la plataforma al solicitar la opción de control.
No obstante, el escándalo detonado de manera institucional por la presentación de resultados, el Boletín UNAM-DGCS-413 del 16 de julio de 2026 aportaría algunos datos a tener en consideración, por ejemplo: “21 mil 962 ingresarán por el Concurso de Selección y 28 mil 151 por Pase Reglamentado. La matrícula de licenciatura aumentará en 1 454 espacios respecto al periodo anterior”. Estudiantado que ingresaría a cualquiera de “las 134 carreras que ofrece la UNAM en sus diferentes sistemas”. Los aspirantes, señalaría el boletín, habrían ascendido a “191 306” estudiantes; de ellos, 158 712 (82.09%) sustentarían el examen correspondiente y a 3 174 (2%) les sería “cancelado por haber realizado
conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria”; si bien, el comunicado habría resaltado que “el examen para nivel licenciatura se realizó en línea, lo que se traduce en brindar la oportunidad de seguir su proceso de ingreso a un mayor número de personas aspirantes que viven en diferentes regiones del país y del extranjero, sin necesidad de desplazarse”; desplazamiento obligado e ignorado al asignar las sedes para quienes se someterían a la comprobación del resultado obtenido en el examen de admisión, y que acrecentaría las dificultades para los reexaminados, tal como se comprobaría con la lectura de la nota “UNAM: ayer hicieron examen de control 69% de convocados (La Jornada, 13/08/26, pág. 8), aspirantes que pagarían los platos rotos.
Gracia, nadie podría cuestionar el deber de la UNAM de proteger la integridad de sus procesos de selección. Ante indicios estadísticos que sugerían anomalías, la revisión resultaría no sólo legítima, sino necesaria. Sin embargo, también es cierto que las decisiones adoptadas trasladarían parte del costo de la incertidumbre institucional a decenas de miles de jóvenes que, hasta prueba en contrario, actuaron conforme a las reglas establecidas por la propia convocatoria. Y así Estimada Maestra, entre algoritmos, estadísticas y sospechas, terminarían siendo los aspirantes quienes pagarían los platos rotos, porque como reza el viejo refrán: «pagan justos por pecadores».

Estadísticas de educación y de educación superior

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Los recientes resultados del proceso de selección de la Universidad Nacional Autónoma de México, volverían a colocar en la agenda pública un tema recurrente: la capacidad del sistema de educación superior para atender la creciente demanda de las y los jóvenes que aspiran a continuar sus estudios profesionales. Cada año, miles de aspirantes participan en los distintos mecanismos de admisión de la UNAM y otras instituciones públicas de alta demanda, generando debates sobre cobertura, equidad, financiamiento y oportunidades educativas; y en este último proceso, las posibles trampas con IA, a las que recurrirían no pocos aspirantes.
Sin embargo, más allá de los casos individuales y de la atención mediática que generan los resultados de ingreso, conviene observar el panorama nacional. Las estadísticas del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, aunque después de pasados 2 ciclos escolares presentarían un desfase temporal, permitirían dimensionar el tamaño, las características y los desafíos de la educación superior mexicana, así como identificar avances y rezagos que ayudarían a comprender de mejor manera el contexto en el que ocurre la disputa por los espacios universitarios.
El cuadro Estadísticas del sistema educativo nacional 2024-2025 (pág.12), publicado en Las Principales cifras del sistema educativo nacional 2024-2025 (SEP), permitirían contar con un panorama cercano a la realidad. En el ciclo escolar citado, México contaría con una matrícula total de 34 370 623 estudiantes; de ellos, 17 418 766 corresponderían a mujeres (50.67%) y 16 951 857 a hombres (49.32%), los que serían atendidos por 2 180 559 docentes en 262 351 escuelas. De la matrícula total asistirían al sistema público 28 769 367 (83.70%) alumnos; 14 452 416 (83.54%) mujeres y 14 316 951 (84.45%) hombres.
El 16.05% de la matrícula total (5 519 791 alumnos) estaría inscrita a educación superior y de los 5 millones mencionados, 2 988 614 (54.14%) son mujeres y 2 531 177 (45.85%) hombres, quienes serían atendidos por 519 190 docentes (23.80% del total de la plantilla nacional),  y asistirían a alguna de las 9 263 escuelas (3.53%) de ese nivel. De la matrícula total de superior el 61.92% (3 417 960) asistirían a instituciones públicas, y de esa cifra, 1 777 633 (52.0%) son mujeres y 1 640 327 (47.99%) hombres. A las Instituciones de Educación Superior privadas, asistirían 2 101 831 alumnas y alumnos (38.07% de la matrícula total del nivel); de esas cifras y porcentajes 1 210 981 (57.61%) corresponderían a mujeres y 890 850 hombres (38.57%), quienes serían atendidos por 233 355 docentes (44.94%) en 5 962 (64.36%) planteles.
El cuadro Tipo, sostenimiento y nivel, mostraría que la matrícula de educación superior crecería en un 6.3% entre los ciclos escolares 2022-2023 y 2024-2025, al pasar de 5 192 618 a 5 519 791 alumnas y alumnos, quienes serían atendidos por 519 190 docentes, un 5.8% más que el ciclo escolar 2022-2023 y que asistirían  a 9 263 escuelas. Este cuadro dividiría a las y los estudiantes de educación superior en 3 tipos: 1. Normal licenciatura, escuelas que en el antepasado ciclo escolar contarían con 127 938 alumnas y alumnos y una participación del 2.31% del total de la matrícula de este nivel, a cargo de 14 887 docentes, el 2.86% del total del rubro, distribuidos en 399 escuelas (4.30% de total del rubro); 2. Licenciatura universitaria y tecnológica, a las que asistirían 4 913 471 (90.15% de la inscripción), atendidos por 400 113 maestras y maestros, (77.06% de la plantilla del nivel), quienes laborarían en 7 785 escuelas (84.04%); 3. Posgrado, sub nivel al que estarían inscritos 478 382 profesionistas (8.66%) y adscritos 104 190 docentes, (20.06% del total), los que dispondrían de 4 418 escuelas.
La gráfica Egresados 2023-2024 de nivel licenciatura por cada 100 alumnos que iniciaron su educación primaria en 2007-2008, establecería la media nacional en 32 egresados; el estado de Puebla contaría con 31, 1 menos que la media nacional y 36 menos que los egresados de la Ciudad de México, entidad que se ubicaría en el sitio 1 de la gráfica y que contaría con 67 egresados. Puebla estaría distante de Oaxaca en 17 puntos de Oaxaca entidad que contaría con 14 egresados de cada 100 de acuerdo al parámetro indicado.
Las cifras mostrarían que la educación superior mexicana continuaría creciendo y que cada vez más jóvenes lograrían acceder a estudios profesionales, no obstante la oferta educativa globa,l incluida la de las IES privadas, dejaría fuera a 1 de cada 2 aspirantes  de quienes deberían contar con esa alternativa, y si nó, habria que preguntarle a los rechazados. No obstante el aumento de la matrícula, del personal docente y de los planteles reflejaría esfuerzos importantes de expansión realizados durante los últimos años y lo mismo, la importancia que aún mantienen las IES de financiamiento privado, a pesar de las circunstancias adversas en la que se desenvuelven.
No obstante, los datos también revelan desafíos estructurales:  Entre ellos que  solo 1.6 de cada 10 estudiantes que ingresara a la escuela primaria  en el ciclo escolar 2006-2007 egresaría de educación superior; las diferencias entre entidades federativas en materia de egreso seguirían siendo significativas. Mientras algunas entidades muestran trayectorias educativas consolidadas, otras continúrían enfrentando dificultades para que los estudiantes concluyan exitosamente sus estudios.
 De la misma manera, la participación predominante de las instituciones públicas confirmaria que el Estado seguiría siendo el principal responsable de garantizar el acceso a este nivel educativo. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda obligaría a fortalecer la inversión, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones académicas evitando trampas y simulaciones Gracia.

Escuelas militarizadas cuestionadas

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra
A preguntas expresas realizadas por una reportera que asistiría a la Mañanera del lunes 17 de abril: “Tras el fallecimiento de Dafne Zapata y de este caso […] cómo se va a trabajar esta regularización de la novatada? ¿Se va a legislar el tema? ¿A quién le corresponde supervisar esto?” La titular del ejecutivo federal subiría a la palestra a Mario Delgado, quien al responder señalaría: “No está autorizada por la ley ningún tipo de educación  “militarizada”. Ni la Secretaría Educación y la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. […] Además, la ley también protege a los niños, a las niñas, de cualquier tipo de maltrato. […] La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo”.
El interrogatorio reporteril mañanero continuaría cuestionando al encargado de despacho: -“¿Entonces, van a prohibir estas…?- [Su respuesta sería muy clara] Es que no es que “estén prohibidas”, es que no están permitidas. Lo que estamos, lo que estamos […] Recordarle a todo el Sistema Educativo es que esto no está permitido, para que inicien una supervisión. [Y continuaría contestando a la intervención de otro comunicador]; pero sí siguen ocurriendo las novatadas, pueden seguir ocurriendo. ¿Cómo se va a supervisar y legislar eso? Porque dice que “no está”, pero pueden seguir ocurriendo [preguntas a las que Delgado respondería:] Porque la Ley General de Educación y la Ley de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe cualquier tipo de maltrato. Entonces, no puede permitirse ese tipo de prácticas”.
El encargado del despacho educativo seguiría contestando inquéritos formulados por reporteras y reporteros y, a la pregunta de si va a revisar en todo el país, contestaría que esa acción ya se habría verificado reconociendo que la autoridad competente sería la local; al contestar el cuestionamiento de sí habría una deficiencia en la educación afirmaría que no; aunque reconocería que sí “hubo un reglamento hace muchos años, hay que decirlo, pero eso está más que superado por las actuales leyes”. Otra cuestionadora le espetaría: Si no son legales, ¿operan en el marco de…?”. Pregunta que merecería una respuesta clarificadora: “No, es que son escuelas que ofrecen esta modalidad. Son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad, y eso es lo que no debe permitirse”. Otra reportera cuestionaría: “¿No correspondería a la Profeco checar si es publicidad falsa? A lo que respondería “No, porque no solo es publicidad; sí están -como ya lo vimos ahora- disfrazando estas prácticas, estos maltratos, diciendo que ´es militarizada´. Y entonces, esa modalidad no existe en la ley y no está permitida.”
Respuestas sujetas a interpretación de las y los lectores Gracia, y que permitirían hacer algunas acotaciones al margen. Quien encabezaría el despacho educativo federal señalaría que las instituciones de corte militarizado no estarían autorizadas; aunque esa afirmación no sería equivalente a que estuviesen prohibidas como él mismo lo acepta, al tiempo que reconocería que no existiría “autorización expresa para ellas”. Recordando la máxima jurídica que dicta que “los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, mientras que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza expresamente” y que el encargado de despacho interpretaría en sentido contrario.
El señalamiento: “Recordarle a todo el Sistema Educativo es que esto no está permitido, para que inicien una supervisión”, y requeriría de una “base legal” que estuviese apegada al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fundada y motivada) para no interpretarse como una cacería de brujas o una respuesta, de botepronto, a un feminicidio que generaría un gran malestar social y que sería producto de una novatada; fenómeno que se remontaría en la historia a instituciones militarizadas y/o a internados, instituciones en las que los decesos producto de novatadas, incluiría a normales rurales (Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla y a la de Normal Rural Mactumactzá, Chiapas entre otras), pero también a centros de formación policial y/o militar, universidades públicas, por lo que generalizar a partir de lo acaecido en la escuela de Tamaulipas sería incorrecto. Exigir (como también lo formula el jefe de la oficina) el pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de educación básica y obligatoria, no sería sólo un imperativo formal extensivo a la educación superior y la convivencia rutinaria entre personas de todo género y edad, sino una exigencia legal y socialmente reconocida.
Gracia, en un Estado de derecho no bastaría con la indignación social, por legítima que esta sea, ni tampoco con declaraciones políticas formuladas al calor de una tragedia. La obligación de las autoridades consistiría en actuar con apego irrestricto a la ley, distinguiendo entre las prácticas abusivas que deberían erradicarse sin contemplaciones y los modelos educativos que, aunque controvertidos, deberían analizarse desde la legalidad y no desde prejuicios o generalizaciones. El lamentable fallecimiento de una estudiante obligaría a revisar protocolos, supervisión y responsabilidades, pero también a evitar simplificaciones que conduzcan a sancionar indiscriminadamente realidades distintas.
La defensa de los derechos humanos exigiría firmeza contra el maltrato, así como respeto a los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso. Solo así la justicia dejaría de ser una reacción emocional para convertirse en una auténtica solución institucional. “Porque entre la indignación y la legalidad no debería haber conflicto: la primera exigiria respuestas; la segunda, que sean correctas.»

Debate nacional

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Va con todo Gracia. La mañanera del 21 de julio serviría de marco para que la titular del ejecutivo federal convocara a un “Debate Nacional sobre el uso de redes sociales”, dispositivos móviles e inteligencia artificial en niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de construir una propuesta de regulación “basada en evidencia científica, participación social y consenso nacional”. La estrategia radicaría en la realización de 3 foros nacionales que se efectuarían en Nuevo León (19 de agosto); Chiapas (3 de septiembre) y en otra entidad de la zona Centro-Sur (por definirse; 17 de septiembre) a los que se sumarían otros de carácter regional; orientados a conocer, señalaría la mandataria “el impacto de las redes sociales, con la idea de que hagamos una propuesta de orientación, regulación de las redes para evitar lo que nos van a comentar los expertos. […] Y después, cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión y que podamos -yo diría- proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción”.
La intervención de Mario Delgado abundaría en la propuesta de su jefa y reconocería lo “evidente”: “De acuerdo con datos en nuestro país, más del 70 por ciento de la población de 6 años o más es usuario de internet. Y entre adolescentes, este porcentaje es de arriba del 90 por ciento. A escala mundial, la ONU tiene datos de que los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado en todo el planeta”, y abundaría señalando carencia de “derechos digitales efectivos” como un reto que incluiría contar con “marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales [que entre otras cuestiones generen] entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas, para fortalecer una comunidad protectora en torno a nuestros hijos, a nuestras hijas”.
El encargado del despacho educativo federal intentaría llevar la discusión mucho más allá del acceso tecnológico. El problema, señalaría, no radicaría únicamente en la conectividad, sino en las consecuencias sociales, emocionales y culturales derivadas de una interacción cada vez más intensa con “plataformas diseñadas para captar y retener la atención de sus usuarios durante el mayor tiempo posible”.
A partir de esa premisa, aparecería una de las definiciones más importantes mencionadas en la Mañanera de referencia: la conectividad no garantizaría por sí misma bienestar, ciudadanía digital ni ejercicio pleno de derechos. Por el contrario, el reto actual se situaría en una compleja intersección entre lo tecnológico, lo educativo, lo ético y lo social. Asegurar acceso a internet ya no bastataría; ahora se volvería indispensable discutir la seguridad digital, la salud mental, la privacidad, la protección de datos personales y la construcción de marcos regulatorios capaces de proteger derechos fundamentales frente a entornos digitales que evolucionan con mayor rapidez que las propias instituciones públicas, como se deduciría de las intervenciones de la representante de la ONU y del titular de la oficina educativa federal.
En este contexto Gracia resultaría particularmente significativo que el gobierno federal coincidiera con la divulgación de las medidas que al respecto adoptaría Francia; nación de la que se conocería prohibiese el acceso a las redes a los menores de 17 años, tan solo dos días después de la convocatoria al debate nacional. Debate que ¿sería? condición previa autoimpuesta, para que quien preside el ejecutivo federal envíe una iniciativa que sería discutida en la cámara de diputados. Aunque sin duda, la iniciativa de modificación a la Ley General de Educación que resultaría de la discusión en el legislativo, “atentaría” en contra de los intereses de quienes desearían seguir contando con un mercado juvenil sometido a los intereses financieros de los grandes consorcios nacionales y extranjeros.
El debate convocado no tendría que enfocar sus baterías en contra la tecnología en sí misma, sino en contra de modelos de negocio sustentado en una economía de la domesticación que iniciaría desde la más tierna infancia y que contaría con la complicidad en casa -en muchas ocasiones- de padres, madres y tutores; quienes facilitarían que sus vástagos fueran sometidos por esquemas empresariales, cuyo éxito económico dependería de mantener a niñas, niños, adolescentes y adultos el mayor tiempo posible frente a una pantalla, consumiendo información, contenidos y publicidad. Si se tomara en consideración la vertiente señalada, el debate dejaría de ser exclusivamente educativo, para convertirse en una discusión que se extendiera al poder que ejercerían las grandes corporaciones tecnológicas en la construcción de hábitos, preferencias, relaciones sociales y patrones de comportamiento Gracia.

Prevalencia por entidad federativa

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Más allá de si la propuesta para debatir sobre educación obligatoria, pantallas e inteligencia artificial, tendría gato encerrado; convendría revisar el comportamiento de Puebla, entidades colindantes y otras que no tanto.
El cuadro CIBERACOSO-ENTIDAD FEDERATIVA. Porcentaje de usuarios de internet que experimentaron alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág. 9) permitiría consultar información pormenorizada incluido un resumen del cuadro que indicaría que entre 2024-2025 en 11 entidades el ciberacoso iría a la baja; en 3 crecería y en 18 permanecería sin cambio. El promedio nacional disminuiría en 0.6 puntos porcentuales, al pasar del 21.0% al 20.4%; Puebla tendría un comportamiento similar al de la media nacional al pasar del 23.4% al 22.4% y disminuir el acoso digital en un 1%. Otras entidades como Baja California, Morelos, Nayarit y Tamaulipas irían al alza. Pasarían respectivamente del 16.2% al 19.3%; del 15.1% al 17.3%; del 20.9% al 22.4% y finalmente del 16.1% al 17.0% (https://acortar.link/ZFtZJR).
Las entidades colindantes a “la Puebla de Zaragoza” tendrían un comportamiento bipolar, Gracia. Mientras Tlaxcala y Veracruz mostrarían un decremento en el acoso digital (de 24.2% a 23.6% y de 23.5 a 20.25 respectivamente) y que compartirían con Puebla; Guerrero y Oaxaca reportarían un incremento al pasar de 20.2% al 21.9% y de 21.3% al 23.8 % respectivamente. Sin estar tan distante resaltaría la disminución en Chiapas, de la práctica de este delito, al pasar del 23.8% al 17.0% (pág. 9); Oaxaca (23.8 %), Tlaxcala (23.6 %), Puebla (22.4 %) y Guerrero (21.9 %) superarían a la media nacional de 20.4 %, mientras Veracruz (20.2 %) se ubicaría prácticamente en el promedio y Chiapas (17.0 %) se colocaría por debajo de éste y sería con Coahuila (15.6%) y Morelos (17.3%) quienes contaría con menos ciberdelincuentes (https://acortar.link/ZFtZJR).
La gráfica CIBERACOSO-ENTIDAD FEDERATIVA. Porcentaje de usuarios de internet que experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág. 10), permitiría comparar visualmente, este comportamiento en el contexto nacional. Puebla ocuparía la novena posición de 32 entidades, entre los estados con mayor porcentaje de acoso digital (22.4%), un 2.0% más que la media nacional pero distante en 2.1% de Durango (24.5%), entidad n° 1 en la prevalencia del acoso digital; aunque lejana en 23 posiciones de Sonora, estado 32 (último es mejor) en el que el acoso digital lo padece 1.5 de cada 10 personas.
El mapa CIBERACOSO SITUACIONES. Situación de ciberacoso más frecuente experimentada por la población de12 años y más en cada entidad federativa en los últimos 12 meses (pág.), señalaría que de 3 indicadores de acoso digital (1. Contacto mediante identidades falsas; 2. Mensajes Ofensivos; y 3: Llamada ofensivas), Puebla compartiría con otras 22 entidades más, el Contacto mediante identidades falsas como el ciberacoso más frecuente; aunque solo en Chiapas prevalecerían las llamadas ofensivas.
La gráfica CIBERACOSO –EDAD DE LA PERSONA ACOSADORA. A nivel nacional, de la población de 12 años y más que experimentó una situación de ciberacoso durante los últimos 12 meses, 26.4 % fue acosada por personas que tenían de 26 a 35 años de edad (pág. 20), en tanto solo menos de 1 acosador (0.6%) sería menor de 12 años y 1 acosador de cada 10 oscilaría entre los 12 y los 17 años.
El cuadro CIBERACOSO –EDAD DE LA PERSONA ACOSADORA. A nivel nacional, 63.2 % de la población de 12 a17 años que experimentó una situación de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue por parte de personas del mismo rango de edad. Población de 12 años y más que experimentó ciberacoso durante los últimos 12 meses, por edad de la víctima según edad de la persona acosadora (pág. 21), indicaría que las y los preadolescentes (12 a 17 años) que cursarían secundaria y preparatoria serían acosados en un 43.2% -mayoritariamente- por adolescentes y adultos, cuyas edades fluctuarían entre 18 y 25 años.
Los datos del MOCIBA 2025 mostrarían que el ciberacoso ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una realidad que acompaña la creciente conectividad documentada por la ENDUTIH. Si una parte importante de las víctimas corresponde a adolescentes y si buena parte de las agresiones provendria de personas cercanas a sus grupos de edad, la discusión sobre pantallas, redes sociales e inteligencia artificial en la educación obligatoria parecería exigir algo más que restricciones o permisos. Tal vez el desafío consistiría en formar ciudadanas y ciudadanos digitales capaces de convivir, identificar riesgos y ejercer responsablemente sus derechos en el espacio virtual. Aunque Gracia, Más valdría prevenir que lamentar.

Para tomar en cuenta. Datos de MOCIBA 2025

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
La propuesta institucional para someter el uso de las pantallas digitales y la IA en las escuelas de educación básica y obligatoria al considerando de las comunidades escolares y de la sociedad en general aún estaría en ciernes; cuando de bote pronto, analistas alertarían sobre los efectos sancionatorios que podría tener una modificación a la norma aplicable.  Mientras el “tiempo pasa”, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicaría el 7 de julio pasado el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025; documento que permitiría allegarse de elementos para cuando se acerque el momento de solicitar la opinión de las  “¿asambleas escolares deliberativas? y éstas emitan sus opiniones.
En tanto y entrando en materia, el boletín de prensa en cuestión destacaría: “En 2025, de 94.9 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más, 20.4 % (19.35 millones) vivió alguna situación de ciberacoso; 21.5 % de las mujeres y 19.2 % de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso. El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciberacoso fueron Durango con 24.5 %, Jalisco con 24.4 % y Ciudad de México y Oaxaca con 23.8 % en ambos casos”.
En el inciso I. POBLACIÓN USUARIA el boletín rescataría la información de  la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025; instrumento que estimaría que la población de 12 años y más ascendería a 109.5 millones de personas, y de ellas  “entre mayo y octubre de 2025, 94.9 millones de personas (86.7 %) utilizaron internet en cualquier dispositivo: 50.1 millones fueron mujeres y 44.8 millones, hombres. Además, la población usuaria de internet utilizó este servicio en promedio 4.6 horas al día”; si bien solo 1 de cada 3 usuarios adoptaría “alguna medida de seguridad”; aunque 4 de cada 5 utilizaría “contraseñas adicionales (claves, patrón, NIP, códigos de acceso, verificación de dos pasos)” y solo 1 de cada 2 usaría “datos biométricos como huella digital, reconocimiento facial o escaneo ocular”.
El inciso III. CIBERACOSO, mostraría que 1 de cada 5 usuarios (20.4%) “vivió alguna situación de acoso cibernético [19.4 millones de personas] y si bien 1 de cada 5 mujeres también lo sufriría (21.5%), su porcentaje estaría en 1.1% por encima de la media y en 2.3% más que el acoso que viven los hombres. La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Durango, con 24.5 por ciento. Siguieron Jalisco, con 24.4 % y Ciudad de México y Oaxaca, con 23.8 % en ambos casos. Las entidades con menor prevalencia fueron Sonora, con 14.7 %; Sinaloa, con 15.5 %; y Coahuila, con 15.6 por ciento”, y el
instrumento utilizado para agredir a 1 de cada 3 personas usuarias de 12 años y más (37.2%) sería el uso de identidades falsas; 1 de cada 3 personas (32.7%) recibiría mensajes ofensivos, en tanto que 1 cada 4 recibiría llamadas ofensivas.
A medida que 2 de cada 3 personas usuarias de 12 años y más (61.1%) no conocería la identidad del agresor, 1 de cada 4 sabría a quién acusar ante las autoridades correspondientes (57.2%); aunque 1 de cada 7 (14.75%) sufriría ciber agresiones tanto de parte de conocidos como de desconocidos. Casi 2 de cada 3 mujeres (57.2%) agredidas y poco menos de 2 de cada 3 hombres (61.1%) agredidos, serían víctimas de hombres. Las herramientas digitales medeiante las que se sufre acoso digital serían en orden de importancia: 1. WhatsApp 41.5%; 2. “llamadas de teléfono celular” 36.5% y, finalmente, 3. Facebook 29.7%.
Quienes padecen la tortura manifestarían (al entrevistador del INEGI) que experimentarían: enojo (57.0%); desconfianza (35.8%) y estrés (29.4%). Las mujeres se enojarían 6.4 puntos porcentuales más que los hombres (59.9% mujeres y 53.5% hombres). El tiempo en redes serían un factor que incidiría en el acoso digital: A mayor tiempo frente a la pantalla y el teléfono, mayor posibilidad posibilidad de sufrir acoso.
¿Por ello, la discusión sobre el uso de pantallas y herramientas de inteligencia artificial en la educación obligatoria no debería reducirse a prohibiciones o permisos. El reto de fondo pareceeía ser otro: formar estudiantes capaces de utilizar la tecnología con responsabilidad, seguridad y sentido ético. Los datos del MOCIBA 2025 muestrarían que el acceso a internet es ya una realidad cotidiana para millones de niñas, niños y adolescentes. La pregunta pendiente es si las escuelas y las familias están preparándolos para habitar de manera segura ese espacio digital; porque en la era digital, la mejor contraseña seguiría siendo la educación Apreciada Maestra.

¿Todo tiempo pasado fue mejor?

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
En su espacio Gracia, la titular del ejecutivo federal llamaría “a iniciar una discusión nacional en torno a la regulación del uso de pantallas y la Inteligencia Artificial en el ámbito escolar, al advertir que el Estado no puede ser omiso ante los riesgos de adicción que enfrentan los menores”, tal y como señalarían el avance y la nota informativa de la Jornada del 19 de junio. El llamado parecería estar desfasado, y más, cuando varias entidades federativas como la Ciudad de México ¿modificaría? su Ley de Educación para promover “el uso responsable de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en colegios públicos y privados” de educación básica, documento que sería modificado, pero que aún no sería publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX.
En tanto Gracia, otros estados adoptarían disposiciones similares, verbigracia: Querétaro, -como mencionaría el periódico digital siete.24 -, entidad en la que el Congreso del Estado a propuesta de su ejecutivo local, prohibiría “el uso de teléfonos celulares en las aulas de planteles públicos y privados, cuya finalidad estribaría en la protección de menores en contra del ciberacoso aunque, a discreción del docente, permitiría su accionar en los salones de clase con fines estrictamente académicos [unotv.com]; en Morelos la utilización del celular se prohibiría en escuelas públicas y privadas “tanto en primaria y secundaria dentro del aula”; si bien en Aguascalientes el uso en el salón de clase quedaría bajo el permiso de la ó el docente [unotv.com] y sucedería lo mismo en las escuelas de educación básica del Estado de México y Guerrero, entidades en las que se regularía “el uso en escuelas” considerando el “impacto en aprendizaje y convivencia” [siete24.mx]; y en Tamaulipas, estado en el que un comité por escuela definiría las reglas de uso. Otras entidades como Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Jalisco y Sonora reportarían un avance parcial en la adopción de medidas regulatorias para el uso de dispositivos digitales en los salones de clase de las escuelas de educación básica.
Regresando a la nota informativa de la Jornada del 19 de junio, responsabilidad de Alma E. Muñoz y Alonso Urritia y con la que se abriría esta Carta a Gracia, destacarían varios tópicos a considerar y que serían señalados por la titular del ejecutivo federal en la Mañanera de Pueblo de ese día: 1.  Este año “tenemos que entrar a la discusión” nacional sobre regular el uso de las pantallas y la Inteligencia Artificial (IA) en las escuelas; 2. “No sé si penalizar, porque lleva a la discusión de la censura o no, siempre es una línea muy delgada, pero es una discusión que tenemos que dar en México, socialmente todas y todos -incluidos partidos políticos-; 3. “mamás, papás y todos tenemos que revisar porque es demasiado tiempo el que las niñas, niños, jóvenes están en la pantalla”; 4. los niños “ya se olvidaron de los juegos tradicionales, colectivos”, y con las pantallas también “se te olvida la sociedad en la que vives y piensas que hay una realidad virtual que muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo”.
Sin embargo Gracia, habría varios “asegunes” a considerar por ejemplo: 1. La discusión social propuesta por la mandataria, sería la medida más adecuada que permitiría evaluar la utilización de los medios digitales -incluida la Inteligencia artificial- y llegar a un acuerdo sobre su pertinencia y por eso se externarían algunos considerandos; 2. La regulación del uso en las escuelas limitaría un espacio en el que debería enseñarse el uso adecuado “responsable y productivo” de las redes y la Inteligencia Artificial; 3.- De la misma manera,  la escuela podría mediante la enseñanza del uso “adecuado y responsable […] promover el aprendizaje de la autorregulación y hábitos saludables”; 4. Y de la misma manera, la escuela podría incidir en el uso productivo del tiempo que se pasa en celulares y en la IA (“programando, investigando, leyendo o aprendiendo algún otro idioma”, por ejemplo); 5. La IA no sería una herramienta “buena o mala en sí misma” y las y los docentes frente a grupo deberían promover su uso “adecuado y responsable” siempre y cuando ellos aprendieran previamente; 6. Los juguetes tradicionales dejarían de usarse, no solo porque pasarían de moda y la sociedad evolucionaría, sino por la escasez de espacios públicos seguros que permitieran como antaño, salir a jugar en la calle de enfrente de la casa. Causa a la que se sumarían las jornadas laborales de las y los progenitores que les impidirían acompañar a las y los menores y a las que se sumaría la inseguridad creciente en espacios públicos y el exceso de tráfico en las calles; 6. Los instrumentos de la nueva realidad (realidad virtual) serían útiles para el mejor desarrollo de habilidades digitales que utilizan profesionistas de nuevo cuño (biomedicina, educación a distancia, comunicación digital, pilotaje de drones, entre otras más).
La propuesta de “[…] iniciar una discusión nacional en torno a la regulación del uso de pantallas y la Inteligencia Artificial en el ámbito escolar” sería lo más adecuado Gracia, considerando que una decisión vertical contaría con rechazo social que provendría de los sectores asociados. Si la restricción o prohibición de la medida fuese unipersonal bien podría acatarse pero no cumplirse como reza una máxima utilizada socialmente Gracia y recordando, que no todo tiempo pasado fue mejor.

No hagas cosas buenas que parezcan malas

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra

La nota sería escandalosa, Gracia. Mario Delgado, responsable de la oficina federal de educación, habría entregado 800 millones de pesos para lograr que la Sección 22 levantara la huelga ¿nacional? Para muestra bastaría con un botón.

Salvador García Soto, titular de la columna Serpientes y Escaleras, publicaría el 22 de junio:

«Y un buen ejemplo es el secretario de Educación, Mario Delgado, quien el viernes pasado, en el cierre de la mesa de diálogo y negociación con la CNTE autorizó el pago de 800 millones de pesos para la dirigencia del organismo magisterial, disfrazado de un “bono” para la creación de plazas y pagos a los maestros, a cambio de que la Coordinadora levantara su plantón y pusiera fin a la “huelga nacional” que desquició a la Ciudad de México y a otras ciudades del país por 19 días consecutivos». 

Otros medios como Reforma, serían mucho más críticos; aunque otros como La Jornada, abordarían el tema de manera benevolente.

La respuesta a los cuestionamientos por la entrega de los recursos adicionales sería categórica: “No hay ningún recurso para el sindicato (…) no pasa por las manos del sindicato. […] Los recursos existen, pero no son para la CNTE, sino para atender necesidades educativas en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero”.

Previamente a la salida negociada, la titular del Ejecutivo federal señalaría la existencia de un proceso de negociación en el que participarían autoridades federales, locales y representantes de algunas secciones de la CNTE; conversaciones orientadas presumiblemente, a la atención de demandas específicas del magisterio.

El resultado de las mesas de negociación SEP-CNTE permitiría especular sobre si los proceso de planeación, programación y presupuestación del ejercicio regular al que estaría sujeto el gasto educativo, se haría conforme a la normatividad establecida o si, a contrario sensu, estaría sujeto a los vaivenes políticos; y si los argumentos de Mario Delgado se aceptaran como válidos cuando señalara:

“Los recursos no pasan por las manos del sindicato y que no existe dinero destinado a la CNTE como tal, sino que se trata de presupuesto educativo orientado a cubrir necesidades estructurales: creación de plazas, asignación de horas, regularización de personal y atención al rezago en estados como Oaxaca” [infobae.com].

En todo caso, se destacaría que la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estaría prevista en el Reglamento de las Condiciones Generales del Personal de la Secretaría de Educación Pública, promulgado el 4 de enero de 1946,  documento que de manera explícita señalaría contar con la venia del SNTE, [“y en atención a que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto aludido, se ha tomado en cuenta la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -que es la agrupación gremial legalmente reconocida- el que manifestó su aceptación completa respecto al proyecto que fue sometido a la consideración de este Ejecutivo de mi cargo, he tenido a bien expedir el siguiente Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública (rubricado por Manuel Avila Camacho)].

El reglamento estipularía: Artículo 3° La Secretaría y el Sindicato fijarán, de común acuerdo, los asuntos que deban ser gestionados por las representaciones sindicales generales, las parciales y las especiales, como los enumerados por Mario Delgado a guisa de justificación por los 800 millones entregados a la sección 22 de Oaxaca, salvo que la “comisión negociadora” debería ser acreditada por el SNTE [“en cada caso por escrito ante la, Secretaría”] como se establecería en el Artículo 2°, el que adicionalmente permitiría tratar “los asuntos que in­teresen colectivamente -a todos o a una parte de los tra­bajadores de Educación Pública- […]”.

Sin embargo, Gracia, los recursos entregados de manera extraordinaria a la Sección 22 no provendrían de la chistera de las autoridades que representarían al gobierno en la comisión negociadora y quienes, en todo caso, tendrían que recurrir a alguna de las partidas presupuestales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 aprobado por la Cámara de Diputados; aunque la negociación tendría que ser formalizada por el SNTE.

Para evitar suspicacias no bastaría con admitir que […] los recursos existen, pero no son para la CNTE, sino para atender necesidades educativas en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero”.  Resultaría indispensable actuar con rectitud y transparencia en cada etapa de la negociación recordando estimada Maestra, que como bien dice el refrán, “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.

ENDUTIH 2025

Gustavo Santin / Por

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 se rezagaría 41 días en ser publicada, si se tomara en consideración que la ENDUTIH 2024 saldría a la luz el 6 de mayo de 2025. No obstante el retraso, la versión ejecutiva disponible para consulta en la página web permitiría conocer la evolución de los indicadores que la integran enfatizando en aquellos relacionados con el ámbito educativo.

El Capítulo III. Disponibilidad y uso de internet. Personas usuarias de internet, mostraría que el “86.1 % de la población de 6 años y más […] 104.9 millones de personas [serían] usuarias de internet”; 4.7 millones más que en 2024 pero casi 43.5 millones más que las usuarias en 2015.

En tanto que el apartado 2 del mismo capítulo (texto y gráfica 3) permitiría visualizar que el porcentaje de  Personas usuarias de internet en los ámbitos urbano y rural (pág. 3) ascenderían, en el primer caso al 88.9 % de las personas de seis años y más con un crecimiento porcentual del 2 % respecto al año anterior; en tanto que en el segundo, a un 75.2 % de la población citada, 6.7 puntos porcentuales (pp) más que en 2024, con un diferencial de 13.7 pp favorable a la población urbana y si bien “la brecha de uso de internet entre el ámbito urbano y el rural disminuyó de 31.9 puntos porcentuales en 2017 a 13.7 en 2025” (gráfica 2, pág 4).

El porcentaje de las Personas usuarias de internet según sexo sería prácticamente la misma (86.6 % hombres y 85.6 % mujeres) con una diferencia de un punto porcentual favorable a los primeros, en tanto que la gráfica 4 modificaría la composición de los grupos de edad respecto a la ENDUTIH 2024, permitiría inferir que los grupos de edad escolar de 6 a 14 años y de 15 a 24 años, incrementarián el uso de internet en 1.1 % y en 0.5 %, respectivamente respecto al año anterior (85.4 % y 97.6 %).

Por su parte, el texto y la gráfica 5 Personas usuarias de internet según lugar de acceso 2015, 2022-2025 (porcentaje) evidenciarían que solo el 16.7 % del total de usuarios se conecta a internet desde la escuela.

El texto y la gráfica 7 Personas usuarias de internet según equipo de conexión 2015, 2022-2025 (porcentaje) mostraría la preferencia de las y los usuarios; 97.3 % utilizaría “teléfono celular inteligente (smartphone)”; 50.0 % “a través de televisor inteligente (smart TV); 36.2 %, mediante computadora; y 7.7 %, por medio de una consola de videojuegos”. 

Su uso crecería 23.5 % (celular inteligente), 44.6% (televisor inteligente) 1.6 % (consola de video juego) respecto a 2015, aunque el uso de computadoras decrecería en un 43.5 % respecto al mismo periodo (pág.8).

2 indicadores de los medidos en el texto y la Gráfica 8 Personas usuarias de internet en los ámbitos urbano y rural, según tipo de uso 2025 (porcentaje), podrían vincularse con aspectos educativos. El primero de ellos y el más importante:

“Acceder a contenidos audiovisuales” señalaría que 4 de cada 5 usuarios en el ámbito urbano (81.0 %) lo utilizarían con esa finalidad y que sólo poco más de 3 de cada 5 lo harían en rural (670 %). Por su parte solo poco más 3 de cada 5 (35.7 %) usuarios en el ámbito urbano y 1 de cada 4 (24.1 %) en el ámbito rural accesarían para “leer periódicos, revistas o libros”.

El mapa 1 Personas usuarias de internet según entidad federativa 2025 (porcentaje) permitiría ubicar a Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Morelos -entre otros- en el estrato intermedio del porcentaje de personas usuarias (80.1 % a 90.0 %) y a Oaxaca y Chiapas, en el estrato bajo (menor que 80.0 %) y, por su parte el mapa 2 Hogares con internet según entidad federativa 2025 (porcentaje) evidenciaría la ubicación de Puebla en el estrato 2 de 4 (80.1 % a 90.0 %) que compartiría con Tlaxcala.

Veracruz, Guerrero y Oaxaca se ubicarían en el estrato 3 y Chiapas en el 4 (pág. 12). El texto y la gráfica 13 Personas usuarias de teléfono celular según sexo 2015, 2022-2025 (porcentajes) establecerían la media del indicador en 84.5% y de los que corresponderían el 84.8% a hombres y el 84.3% a mujeres.

El texto del indicador Hogares con internet según entidad federativa y el mapa 2 Hogares con internet según entidad federativa 2025 (porcentaje) ubicarían a Puebla en el estrato 2 de 5 (80.1% 90.0%), en tanto que Guerrero, Veracruz y Oaxaca estarían posicionados en el estrato 4 de 5 (60.1% a 70.0%) y Chiapas en la casilla 5/5 (50.1%-60.0%).

Sin embargo, Gracia, el análisis comparado de fuentes oficiales mostraría que la medición de las condiciones para el uso pedagógico de tecnologías de la información en las escuelas presenta limitaciones estructurales.

Por un lado, la información derivada del Formato 911, otrora sistematizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) permitiría identificar elementos clave de la oferta educativa, tales como la disponibilidad de computadoras y conectividad con fines pedagógicos, así como la existencia de docentes en el campo de tecnología.

Por otro lado, los indicadores asociados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, 2024, contenidos en las estadísticas educativas oficiales, se concentrarían en las condiciones básicas de infraestructura y equipamiento escolar, sin incorporar variables relativas a las capacidades docentes especializadas en el uso de tecnologías.

Finalmente Gracia, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) aportaría información relevante sobre el acceso y uso de TICs en la población, pero carecería de un vínculo directo con las condiciones institucionales de los planteles escolares.

En conjunto, estas diferencias evidenciarían una fragmentación en la medición del ecosistema digital educativo: mientras algunas fuentes capturarían la disponibilidad de recursos, otras reflejarían las condiciones de acceso de los usuarios, sin que existiera una integración plena que permitiera evaluar simultáneamente la infraestructura, la conectividad y las capacidades pedagógicas.

En este contexto, se volvería necesario avanzar hacia esquemas de integración estadística que vincularan estas dimensiones, a fin de contar con indicadores más robustos que orientaran la toma de decisiones en materia de inclusión digital educativa.

Se que estarías de acuerdo con la máxima popular que señalaría que “no se puede ver el bosque si sólo se miran los árboles”, por lo que resulta indispensable avanzar hacia una visión integral que articule las distintas fuentes de información disponibles.

 

Numeralia sobre la huelga de la CNTE al 11 de junio

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra

Numeralia de la huelga de la CNTE (México, 2026)
Inicio informal del paro nacional: 25 de mayo 2026 (21 días)
Inicio formal del paro nacional: 1 de junio de 2026 (15 días) [infobae.com]
Tipo de paro: indefinido [elpais.com]

Maestros movilizados: 88 000 docentes [excelsior.com.mx]
Base potencial de la CNTE: entre 350 000 y 500 000 afiliados [es.wikipedia.org]
Manifestación central en CDMX: más de 10,000 docentes en marcha inicial [es.wikipedia.org]
Estados con presencia activa: al menos 10 entidades [nmas.com.mx]

Escuelas cerradas (junio 2026): 17 000 a 17 471 planteles [excelsior.com.mx]
Alumnos sin clases: 1 39 a 1 41 millones de estudiantes [alzavoz.com], [zetatijuana.com]
Proporción nacional afectada: 6.8% de la matrícula; 8-9% de las escuelas públicas
[alzavoz.com]
Referencia comparativa:
En 2025, el paro afectó a 1.2 millones de alumnos y ~20,000 escuelas [unotv.com];

Concentración principal
Estados más afectados (núcleo del conflicto)
Oaxaca: 10 653 escuelas cerradas; 734 000 alumnos sin clases 49 500 docentes movilizados y hasta 92% de la matrícula sin clases [informador.mx]
Chiapas: 2 392 escuelas; 261 000 alumnos afectados [informador.mx]
Zacatecas: 2 081 escuelas; 217 000 alumnos [informador.mx]
Guerrero: 1 380 escuelas; 117 000 alumnos [alzavoz.com]
Michoacán: 767 escuelas; 54 000 alumnos [alzavoz.com]

Estados con menor presencia
CDMX, Edomex, Veracruz, Yucatán, Baja California, Hidalgo [nmas.com.mx]

Capacidad de movilización y presión
Plantón permanente: zonas aledañas al Zócalo de CDMX [imagendeveracruz.mx]
Megamarcha inicial: del Ángel al Centro Histórico al Zócalo. De la CDMX[infobae.com]
Bloqueos estratégicos:
Paseo de la Reforma CDMX, Insurgentes, Avenida Juarez, Calzada de Tlalpan
Dependencias federales en CDMX
Accesos y vialidades clave CDMX carretera México Puebla; carretera México Cuernavaca [razon.com.mx]
Acciones locales intensas:
Toma de aeropuertos (Oaxaca); Chiapas
Ocupación de plazas y oficinas públicas [liderempresarial.com];

Impacto sectorial y sistémico
Nivel educativo afectado: principalmente educación básica (preescolar, primaria, secundaria) [nmas.com.mx]
Cobertura desigual:
No hay suspensión oficial nacional; depende de adhesión local [liderempresarial.com]
Momento crítico:
Últimas semanas del ciclo escolar 2025–2026 [excelsior.com.mx]
Demandas (numeralia política)
Pliego petitorio: hasta 79 demandas formales [liderempresarial.com]
Principales exigencias:
100% aumento salarial
Abrogación de Ley ISSSTE 2007
Eliminación de reformas educativas
Sistema de pensiones solidario [razon.com.mx]

Dimensión histórica (referencia)
Fundación: 1979 [es.wikipedia.org]
Duración típica de paros recientes:
2016: ~3 meses
2024: ~27 días
2025: ~2–3 semanas
2026: indefinido (en curso) [zocalo.com.mx]

Numeralia de incidentes por estado y actores involucrados
Baja California
2 tomas de garitas (normalistas/grupos de protesta)
1 bloqueo vial (manifestantes)

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)
1 quema de llantas en aeropuerto (normalistas, CNTE)
2 bloqueos viales (normalistas/manifestantes CNTE)
1 toma de garita (normalistas)

Oaxaca (Mitla y zona centro)
3 bloqueos carreteros (normalistas/organizaciones sociales)
1 toma de caseta (manifestantes)
1 interrupción de vía ferroviaria (grupos de protesta)

Ciudad de México (Centro Histórico)
1 enfrentamiento en Plaza de Santo Domingo (comerciantes ambulantes vs. normalistas Ayotzinapa)

Marcha del 11 de junio (desglose):
1 movilización principal (normalistas+aliados: organizaciones sociales, colectivas y sindicatos)
1 enfrentamiento (policías vs. bloque negro)
N´ afectaciones a vialidades primarias (manifestantes)
N´ pintas/daños a inmuebles incluida SEP (CNTE/ manifestantes)
Michoacán
2 retenciones de vehículos (normalistas)
1 quema de unidad (grupos de protesta)
1 bloqueo carretero (normalistas/manifestantes)
Guerrero
Secuestros de autobuses (normalistas Ayotzinapa)
Bloqueos carreteros (normalistas/organizaciones sociales)
1 toma de caseta (manifestantes).

Receso del movimiento de huelga: entre el 12 y 15 de junio.

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