Dr. German Molina Carrillo archivos

Los huérfanos del conflicto: La infancia invisibilizada ante la guerra de facciones en Sinaloa

1. El quiebre institucional y la violencia desatada

Desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa atraviesa uno de los episodios de violencia más convulsos y traumáticos de su historia reciente. A raíz del secuestro y posterior entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada, la fractura interna del Cártel de Sinaloa detonó un conflicto armado abierto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos. Esta confrontación no solo ha dejado una estela de cientos de muertes entre los bandos beligerantes, sino que ha arrastrado a la población civil a una dinámica diaria de fuego cruzado, bloqueos, ejecuciones y constantes ataques violentos.

Sin embargo, detrás de las cifras macroeconómicas del delito y los titulares sobre la seguridad nacional, existe una crisis humana silenciosa y devastadora: la situación de los niños, niñas y adolescentes que pierden a sus padres en este entorno de desprotección institucional.

2. Los niños en la sombra: Vulnerabilidad y huérfanos de la violencia

El impacto de esta guerra fratricida sobre la infancia sinaloense abarca múltiples dimensiones que van desde lo socioeconómico hasta lo psicosocial:

Sostén económico y deserción escolar: La muerte o desaparición del proveedor principal de la familia deja a los menores en un estado inminente de marginación. Con frecuencia, estos niños se ven obligados a abandonar el sistema educativo para incorporarse al trabajo informal o de supervivencia.
Secuelas y trauma psicológico: Crecer en medio de balaceras, presenciar la violencia directa contra sus familiares y vivir con el estigma social genera cuadros graves de estrés postraumático, ansiedad y depresión no diagnosticada en la infancia.
Riesgo de reclutamiento forzado: Sin una red de contención institucional o comunitaria, los menores huérfanos se convierten en un blanco altamente vulnerable para las propias estructuras del crimen organizado, perpetuando así un ciclo ininterrumpido de violencia generacional.

3. La insuficiencia de la ayuda estatal a las víctimas

Actualmente, las instituciones encargadas de la atención a víctimas (como las Comisiones Estatal y Nacional de Atención a Víctimas) operan bajo un marco burocrático y presupuestal insuficiente. Aunque existen apoyos económicos coyunturales en su mayoría pagos únicos para gastos funerarios o despensas inmediatas, estos insumos no constituyen una respuesta estructural ni sostén a mediano y largo plazo.

Las deficiencias más críticas del esquema actual radican en:

Falta de integralidad: La ayuda asistencialista no compensa la carencia de acompañamiento psicológico continuo, becas escolares garantizadas hasta la mayoría de edad ni cobertura médica especializada.
Revictimización y estigmatización: En muchos casos, los hijos de personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades ilícitas son estigmatizados por el propio aparato gubernamental y la sociedad, lo que frena la entrega de apoyos estatales bajo prejuicios morales o vacíos legales.
Ausencia de un registro oficial actualizado: No existen censos precisos sobre el número de huérfanos derivados directamente de la pugna iniciada en septiembre de 2024, lo que imposibilita la creación de diagnósticos certeros.

4. Un vacío en la política pública: Hacia una agenda con propósito

El principio Poderis est responsibilitas (el poder es responsabilidad) impone a los tomadores de decisiones y a los líderes del sector público el deber ético de intervenir. México y el estado de Sinaloa carecen hoy de una política pública focalizada e integral para la protección de la infancia víctima indirecta de la guerra de cárteles.

Para transformar esta realidad, es indispensable que la agenda pública priorice los siguientes ejes de acción:

Creación de un Padrón de Niños Víctimas de la Guerra contra el Narcotráfico: Un registro confidencial orientado a garantizar derechos y no a la persecución o señalamiento.
Becas de Protección Integral a Largo Plazo: Programas blindados presupuestalmente que aseguren educación, alimentación y servicios de salud a los menores afectados hasta su mayoría de edad o término de estudios superiores.
Atención Psicosocial Comunitaria: Desplegar brigadas especializadas de salud mental en las zonas con mayores índices de violencia en Sinaloa para la atención continua de traumas infantiles.
Reformas al marco legal de Atención a Víctimas: Garantizar que el derecho a la reparación del daño sea progresivo, incondicional y centrado en el interés superior de la infancia, al margen de la situación jurídica de los padres fallecidos.

Conclusión

La guerra de los cárteles en Sinaloa no solo está reconfigurando el mapa de la criminalidad en México; está cobrando como factura el futuro de toda una generación de niños y jóvenes. Ignorar la vulnerabilidad de estos menores equivale a sembrar la semilla de futuras crisis sociales y de seguridad.

Las ideas con propósito deben traducirse en leyes y presupuestos efectivos. Corresponde al Estado, a las instituciones y a los líderes de la sociedad civil asumir la responsabilidad colectiva de proteger a la infancia, garantizando que el abandono institucional no complete el daño iniciado por la violencia criminal.

“La última y nos vamos”

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“Con mi gratitud y reconocimiento a Rodolfo Ruiz, defensor del periodismo independiente”

Como académico y directivo del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, tuve el honor de ser testigo del nacimiento del portal de noticias e-consulta que ha dirigido Rodolfo Ruiz, quien, a lo largo de casi veinticuatro años, me ha otorgado un espacio como colaborador semana a semana, para abordar diversos temas de la vida política del estado y a nivel nacional.

Quiero agradecerle la publicación de mis textos, sabedor de que siempre respeto su contenido y nunca me expresó alguna crítica o comentario adverso a mis planteamientos, como suele ocurrir en algunos medios controlados por el poder en turno y que se ven obligados a apegarse a la línea editorial que se dicta desde alguna oficina gubernamental.

Para mi e-consulta se convirtió como reza su lema institucional en una referencia obligada para quienes gustamos del periodismo crítico e independiente, como ha quedado constancia en todas sus publicaciones.

Soy un convencido defensor de la libertad de expresión como un derecho humano, indispensable en todo sistema democrático y de que la prensa y los comunicadores tienen una labor trascendental en toda sociedad, porque no sólo deben informar y comunicar lo que sucede en el municipio, el estado y el país; sino además deben ofrecer a los lectores diferentes puntos de vista, sobre la labor de los gobiernos, a fin de denunciar los excesos, abusos de poder y políticas que afecten los derechos de los ciudadanos.

La labor de los medios, además de ser riesgosa, enfrenta todo un conjunto de presiones y amenazas de los gobiernos en turno y actualmente también de los grupos de la delincuencia organizada. Los gobiernos siempre pretenden contar con un periodismo subordinado que sólo aplauda su trabajo y que nunca haga una crítica o señalamiento de sus errores, violaciones a derechos humanos o de la corrupción que ha colocado a nuestro país entre los que tienen más altos índices a nivel mundial.

A lo largo de todos estos años, en que pude expresarme en mi colaboración semanal en e-consulta, siempre me preocupé por abordar los temas desde una perspectiva académica, con datos y estadísticas que sustentaran mi opinión; siempre dejando abierta la posibilidad de que también se me cuestionara por no compartir mi punto de vista o si había algún error en la información.

Hoy que tengo conocimiento del retiro periodístico de Rodolfo Ruiz, como director de e-consulta, por congruencia y consciente de que el portal cambiará su línea editorial no me queda más que agradecer a todo su equipo, el apoyo brindado, en especial a la Lic. Flora Molina por su paciencia para revisar mis textos y puntualmente gestionar se publicara mi colaboración siendo esta mi última colaboración.

Hoy me despido no sin antes agradecer a los lectores, sus comentarios y criticas y espero podamos reencontrarnos en otro espacio o medio independiente para seguir compartiendo mis puntos de vista e investigaciones.

El inicio de las precampañas anticipadas de 2027

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación electoral federal de nuestro país, las elecciones federales se realizarán el 6 de junio de 2027 bajo la organización del Instituto Nacional Electoral con el apoyo de los Organismos Públicos Locales Electorales en los procesos de las elecciones estatales para las 17 gubernaturas que deben renovarse.

El 6 de junio de 2027 también se renovarán 500 diputaciones federales, 300 serán por el principio de mayoría simple (uno por cada distrito electoral federal en que se divide el país) y 200 por él principio de representación proporcional (de acuerdo a las listas por las 5 circunscripciones electorales que integran el país).

Cabe destacar que los actuales diputados que integran la LXVI legislatura se podrán reelegir por última ocasión.

Además, se llevará a cabo la elección de gobernador en los siguientes estados, que actualmente gobierna Morena y que son: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala. Los que gobierna el PAN son Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua; de Movimiento Ciudadano: Nuevo León y del Partido Verde Ecologista de México: San Luis Potosí.

Aún y cuando el calendario electoral señala que las campañas se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, los actuales partidos políticos con registro como la alianza oficialista integrada por Morena, el PT y el PVEM como es su costumbre, ya dieron inicio a lo que algunos analistas han calificado como las precampañas anticipadas, es decir, sin respetar las reglas que deben regir el proceso electoral de 2027, y que debe existir equidad en la contienda y piso parejo para todos los candidatos a dichos cargos, ya iniciaron su proceso interno para inscribirse como coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía en las 17 entidades donde se elegirán a gobernadores.

El pasado 23 de junio, ya presentaron su renuncia a los cargos 17 senadores de Morena y tres más del PVEM para inscribirse formalmente al proceso interno del partido y buscar la candidatura que saldrán de acuerdo con los resultados de las encuestas internas.

La desbandada de legisladores demuestra su falta de compromiso y de responsabilidad para quienes les dieron su voto para llegar a ocupar sus curules y reflejan su ambición por alcanzar otro cargo, sin haber cumplido con el período para el cual fueron electos.

Aún y cuando oficialmente, Morena ha establecido en su convocatoria que se respetarán los resultados de las encuestas, para nadie es un secreto que en el gobierno de AMLO, no se respetaron dichos resultados y en estados como Sinaloa se impuso a quién no salió triunfador en la encuesta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y en el caso de la Ciudad de México, el entonces presidente impuso a la actual jefa de gobierno Clara Brugada, aún y cuando el ganador de la encuesta interna fue el actual secretario de seguridad y protección ciudadana de México Omar García Harfuch, a quién se le dio la candidatura a una senaduría.

Será interesante conocer cuál será la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en la asignación de las candidaturas a las gubernaturas, si a diferencia de su antecesor respetará el resultado de las encuestas y no impondrá a un candidato o candidata por dedazo, lo que en el partido nunca fue cuestionado.

Hasta el momento el INE en ningún momento ha cuestionado la ilegalidad de la convocatoria y las reglas del proceso interno de Morena y aliados, para iniciar una actividad que debería llevarse a cabo en enero de 2027 y que el oficialismo ha adelantado para junio de 2026.

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar el proceso, es que la autodeterminación de los partidos en su organización interna, no afecta la normatividad electoral, aunque en los hechos no hay lugar a dudas que se trata de una precampaña anticipada a la vista de todo el electorado en cada estado.

Así ante la pasividad y complacencia del INE que debe vigilar la equidad del proceso y que no se violente la legislación en la materia, los partidos de oposición como el PRI y el PAN, en aras de no quedar en desventaja ante el bloque oficialista, han anunciado que llevarán a cabo procesos similares, aprovechando de que no existen reglas parejas para todos los partidos en este momento, como si las hubo en las elecciones de 2024.

En este momento, no están definidos plazos comunes para todos los partidos, responsabilidades para rendir informes al INE, los topes de gastos para los aspirantes en esta fase, la verificación del origen y destino de los recursos económicos y materiales que reciban y utilicen los aspirantes, como se dará trámite a las quejas e inconformidades que se presenten por irregularidades en los procesos y sus resultados ante las autoridades electorales.

El mal ejemplo y oportunismo electoral cunden y en este caso, el bloque oficialista pone el ejemplo y los ciudadanos desde ahora tendremos que aguantar a casi un año de la elección del 6 de junio de 2027, la promoción y precampañas adelantadas de los aspirantes que andarán visitando los domicilios y plazas públicas buscando el apoyo, no sólo de los militantes de Morena y partidos aliados, sino también de los simpatizantes que deseen participar en el proceso.

Es evidente el miedo y la preocupación del oficialismo por mantener las 17 gubernaturas y la mayoría calificada en la Cámara de diputados federal, el 6 de junio de 2027, los mexicanos tenemos una cita en las urnas, para decidir por la continuidad de un proyecto o por un cambio obligado para tratar de rescatar lo poco que queda de nuestra democracia.

La división que se avecina en la Cuarta Transformación

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en la cumbre del Grupo del G7 el pasado 17 de junio, celebrada en Evian Francia, afirmando que “México perdió el control del país, los carteles gobiernan México, es triste” y donde añadió que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena persona, es una mujer “muy asustada”.

Sus declaraciones no dejan lugar a dudas de que quien encabeza los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por combatir a los cárteles que siguen operando en México es Donald Trump y no sus asesores o una “oficina” que está en Brooklyn, Nueva York a quien se le ocurrió lanzar una acusación en contra de diez políticos mexicanos de Sinaloa, el pasado 29 de abril, como lo ha afirmado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras, así como en su discurso de celebración del segundo año de haber ganado la Presidencia de la República en el Monumento a la Revolución, donde acusó al vecino del norte de buscar tener injerencia en las elecciones de México de 2027 y posteriormente de 2030 con los grupos de la ultraderecha.

El endurecimiento de la postura de la administración de Donald Trump en contra de los cárteles y de la falta de cooperación del gobierno mexicano, se reforzó con las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos Sara Carter que señaló que “Washington va contra narco funcionarios” aludiendo a la negativa de la Presidenta a proceder a la detención del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de otros siete funcionarios de su gobierno acusados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro con resultado de muerte, entre otros delitos.

Finalmente la declaración de JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, afirmando que su gobierno “se reserva su derecho de tomar acciones militares en México contra los cárteles, si es necesario para proteger la vida de los estadounidenses.

Los puntos clave de su declaración de acuerdo con lo publicado en diversos medios de Estados Unidos y de México consisten en que: aunque la prioridad es colaborar con las autoridades mexicanas, si un cartel transporta un cargamento masivo de armas o fentanilo hacia Estados Unidos y la única forma de detenerlo es intervenir militarmente, el gobierno estadounidense actuará.

Agregó que los cárteles operan como un cáncer en México y aseguró que estas organizaciones criminales tienen un fuerte control sobre diversas regiones del país.

Sobre la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se respete la soberanía de México y su negativa a las intervenciones militares de un país extranjero, insistió en la necesidad de Washington de reservarse el derecho de actuar para garantizar la seguridad de su población.

La misma presidenta en su discurso del 31 de mayo, declaró: “Hoy vienen por unos, mañana vendrán por otros”, en alusión a las solicitudes de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y los funcionarios de su administración, a quienes ha defendido y se ha negado a detener, bajo el argumento de que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad y de que se está atacando la soberanía de México por las autoridades de Estados Unidos.

A pesar de que el expresidente López Obrador el pasado 3 de junio dio a conocer una carta sobre la relación México-Estados Unidos y Donald Trump.

La carta la tituló “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”. En el documento acusó que algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer la oposición en México.

Señaló además que atribuyó el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras “incluso lo insta a que: mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Cierra la carta con la frase: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

Con este panorama, para la Presidenta y el movimiento de la Cuarta Transformación, las cosas se encuentran en un punto crítico y es inminente que no tiene otra salida, que entregar o hacer que voluntariamente se entregue el gobernador Rubén Rocha Moya y los siete funcionarios cuya detención ha sido solicitada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, antes de obligar al comando sur del ejército de Estados Unidos a llevar a cabo una acción militar para presentarlos ante dicho tribunal, como ocurrió con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

La entrega de Rocha Moya marcaría el principio de las detenciones de narco funcionarios de la Cuarta Transformación, que aparecen en una larga lista, y que deberán decidir si voluntariamente se entregan a las autoridades estadounidenses para volverse testigos protegidos proporcionando información de interés para los fiscales o si esperan a ser detenidos y extraditados a suelo norteamericano para enfrentar sus juicios.

Lo previsible, es que cada funcionario de la lista busque la forma de salir bien librado y de acusar a sus compañeros de partido para tratar de obtener una pena mínima sin importar sacrificar a quien sea y que todo esto lleve a la fragmentación de la alianza de Morena, PVEM y PT partidos que, aunque tuvieron la oportunidad de deslindarse del escándalo y sobrevivir políticamente, no lo hicieron y seguramente serán arrastrados en esta avalancha de acusaciones y detenciones por las complicidades que los unieron en los municipios y estados que gobiernan, donde los cárteles tienen el control de los gobiernos y territorios.

Antes de que finalice la Copa del Mundo de Futbol 2026 seguramente seremos testigos de entregas voluntarias o detenciones de narco políticos acusados por Estados Unidos, el balón aún sigue en la cancha de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la disyuntiva de “cooperas o los detengo y me los llevo”

11 de junio de 2026: Ganó la Selección y perdió México

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Quizás para los lectores que semana a semana, nos hacen el honor de leer esta colaboración, resulte extraño y paradójico el título de la misma; sin embargo, lo que vivimos en el país el día de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 este 11 de junio, quedará marcada en la historia, no sólo por el hecho de que México es la única nación en el mundo que ha sido anfitriona de tres copas mundiales, la primera en 1970, la segunda en 1986 y esta de 2026, con la diferencia de que en las dos primeras les tocaron a gobiernos emanados del PRI y la última con el segundo gobierno de izquierda encabezado por la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, cuya candidatura fue impulsada por Morena, PVEM y PT.

En el cierre de su segundo año de gobierno la presidenta tuvo la gran oportunidad de que su imagen y la de México trascendieran con la organización de la Copa del Mundo de Futbol, que en esta ocasión se realiza en forma conjunta con Estados Unidos y Canadá que también recibirán a las selecciones que participan en la copa en sus estadios.

El anuncio de la presidenta de que no asistiría a la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en el hoy denominado Estadio Ciudad de México, desde dos semanas previas, lejos de contar con la aprobación de los ciudadanos, suscitó una serie de comentarios en las redes sociales y en los demás medios de comunicación.

Dichos comentarios señalaron que no acudiría a la inauguración, ni a presenciar el partido por temor a una rechifla de los asistentes al evento con un público de mexicanos de clase alta que fueron los que pudieron pagar un boleto para ingresar al estadio con un costo que rondó entre los 35 mil a 60 mil pesos; es decir, difícilmente militantes de Morena y partidos aliados o ciudadanos militantes o simpatizantes de Morena y aliados, podrían pagar el precio de esos boletos para asistir al evento.

Aunque por otro lado, seguramente influyó en su decisión, la presencia y presión de los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que desde semanas anteriores se habían manifestado en el zócalo capitalino y en las principales calles de la ciudad de México, exigiendo que la Presidenta cumpliera su promesa de campaña, de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 para obtener un mayor porcentaje en el pago de sus pensiones de jubilación y otros beneficios salariales, sin que la Presidenta hubiera accedido a sus pretensiones.

La postura de la CNTE ante la negativa del oficialismo a acceder a sus peticiones, fue la de boicotear la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y hacer marchas y plantones para evitar el acceso de los aficionados y turistas al estadio, así como tomar las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para boicotear el Fan Fest instalado en el zócalo capitalino, al cual la Presidenta había anunciado que asistiría para ver el partido inaugural de México contra Sudáfrica, al que finalmente tampoco asistió ante el temor de que los grupos de manifestantes y contingentes llevaran a cabo actos violentos que pusieran en riesgo a los asistentes y turistas.

Pero en los actos de protesta y marchas, no sólo participó la CNTE, sino que desde una semana antes se sumaron los Colectivos de Madres Buscadoras y de Familiares de personas desaparecidas de todo el país, a los que la Presidenta se ha negado a recibir y escuchar y que le reclaman la falta de atención a la búsqueda de los desaparecidos y el hecho de que el oficialismo haya maquillado las cifras, tratando de minimizar el número de personas que a la fecha no han sido localizadas.

Otros contingentes que se sumaron a las protestas fueron los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que reclaman del estado mayores resultados de las investigaciones y se haga justicia.

También las agrupaciones de agricultores y productores del campo exigiendo el establecimiento de los precios de garantía a sus productos que les prometió el gobierno y el cese de las extorsiones y cobro de piso del que son víctimas por parte de los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles.

Las agrupaciones de transportistas y choferes, que exigen mayor seguridad en las principales carreteras y autopistas del país, en las que han sido víctimas de robos de mercancías y asesinatos de conductores, sin que las autoridades encargadas les hayan dado garantías para desarrollar sus actividades comerciales.

Aún y cuando todos esperábamos que la inauguración de la Copa del Mundo y el triunfo de nuestra selección ante Sudáfrica fuera la que se llevara los principales titulares en los principales medios del mundo y en las redes sociales por ser con mucho el evento deportivo más importante a nivel mundial; la realidad fue otra y lo que muchos medios destacaron fueron las marchas de protesta de los grupos de maestros, madres de familia de desaparecidos, transportistas, agricultores y de los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos reclamos al no ser escuchados y atendidos por el gobierno federal, se dieron a conocer a todo los medios del mundo que están dando cobertura a la Copa Mundial.

No sólo perjudica a la Presidenta y al gobierno federal, la pésima imagen que nuestro país dio al mundo este 11 de junio; sino también a todos los mexicanos que amamos a nuestra patria y desearíamos que aún y cuando este gobierno como los anteriores, no han tenido la capacidad o la forma de resolver todos los problemas que han enfrentado, al menos la Presidenta se hubiera sentado con su gabinete y colaboradores a buscar soluciones de frente al pueblo y en los casos en que no exista una alternativa explicar a los inconformes las razones que le impiden cumplir con lo que demandan, ya que debe siempre procurar el bien de la Nación y no sólo de unos cuantos.

Lo que más ha brillado por su ausencia en los casi dos años del gobierno de la Presidenta, es el denominado humanismo mexicano que pregonaba AMLO y lo que se ha hecho visible para los ciudadanos, es un estado que piensa que sólo gobierna para defender los intereses de su partido, de sus militantes, funcionarios públicos y de quienes simpatizan con su movimiento, colocando en la oposición a quienes no comulgan con sus ideas y a quienes critican sus políticas públicas calificándolos como conservadores, traidores a la patria, corruptos, ultraderechistas, de estar apoyados por gobiernos extranjeros, etcétera, promoviendo la polarización y división de todos los mexicanos, que les ha permitido imponer sus reglas para mantenerse en el poder; pero 2027 está a la vuelta de la esquina y seguramente el hartazgo e inconformidad de millones de mexicanos se manifestará en las urnas, para rescatar a nuestra democracia y con ello gane México y no sólo nuestra Selección.

Todas las investigaciones conducen a AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

La visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos Markwayne Mullin a Palacio Nacional el pasado 21 de mayo para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad a fin de tratar temas de cooperación fronteriza y narcotráfico se llevó a cabo días después de la guerra de declaraciones del gobierno mexicano que ha expresado su negativa para detener al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios y funcionarios de su gobierno.

El argumento es que no había pruebas que acreditaran su culpabilidad en los delitos que se le imputan por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, incluso se preveía que iba a darse en forma ríspida por la postura asumida por la presidenta; sin embargo, después de la reunión con Mullin, el Secretario elogió al gobierno mexicano y destacó el nivel de cooperación y el respeto a la soberanía de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró al día siguiente en su conferencia del pueblo este reconocimiento oficial señalando que ambos países colaboran “como nunca”; sin mencionar al expresidente López Obrador que durante su gobierno impulsó la política de “abrazos, no balazos” que empoderó a los carteles del narcotráfico y les permitió hacer crecer su dominio en más de la tercera parte del país, debido a las alianzas y pactos con los líderes de los grupos criminales, a cambio de apoyar las campañas políticas de presidentes municipales, gobernadores y legisladores federales, postulados por Morena y sus partidos aliados.

Sin embargo, aunque la declaración del secretario Mullin y de la Presidenta fue en el sentido de que fue una reunión cordial y de cooperación para seguir combatiendo a los cárteles que siguen operando en México y enviando drogas a los Estados Unidos, respetando la soberanía de México, está claro que la presión del vecino del norte para que la presidenta lleve a cabo la detención y posterior extradición de Rocha Moya y coacusados para ser juzgados en los Estados Unidos, no cesa y por el contrario fuentes extraoficiales habrían dado a conocer que el Secretario entregó a la presidenta una lista de otros gobernadores y funcionarios de gobiernos morenistas que también están siendo investigados a los que incluso ya se les han retirado sus visas y que próximamente se estaría solicitando también su detención.

La respuesta de la presidenta, no se hizo esperar y al día siguiente convocó a la ciudadanía a celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral del segundo piso de la 4T para el domingo 31 de mayo en la ciudad de México y en 31 plazas de los estados del país mediante una conexión simultánea, con el pretexto de rendir cuentas al pueblo.

Aunque oficialmente la convocatoria no señaló en forma expresa que se trataba de un Informe de actividades, sino más bien de un acto de celebración y de rendición de cuentas de lo realizado en este segundo año de su gestión; es evidente que se trató de un acto partidista del oficialismo, es decir, de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM en el que bajo presión, amenazas y acarreo masivo de ciudadanos se les obligó a asistir al evento para respaldar a la presidenta, violentando lo establecido en los artículos 69 y 134 párrafo noveno de la Constitución General de la República, que a la letra dicen:

Artículo 69. “En la apertura de sesiones Ordinarias del Primer período de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país…”

Artículo 134 … “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

Aunque la Presidenta convocó al pueblo, es evidente que se trató de un evento partidista donde asistieron los funcionarios principales de su gobierno, gobernadores, líderes de su partido y de sus aliados, así como legisladores y seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin tomar en cuenta la “división de poderes y la independencia judicial” no tuvieron empacho a hacer presencia en un evento de propaganda política que para muchos analistas, marcó el inicio de las campañas del oficialismo al proceso electoral de 2027 violando las reglas electorales al llevar a cabo actos adelantados de campaña política, además con el uso de recursos públicos destinados al evento por el gobierno federal y de los estados en las concentraciones.

El discurso de la presidenta deja clara su postura de hacer una defensa férrea contra el gobierno de los Estados Unidos ante las presiones de los últimos meses declarando: “México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”.

La concentración se convocó bajo el lema “La patria, no se vende” en momentos críticos y de tensión en la relación de México y Estados Unidos y en pleno proceso de revisión del T-MEC.

La presidenta en ningún momento ha aceptado detener al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cazarez y a otros seis acusados, a pesar de que ya otros dos más como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas y Administración y el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado ya se han entregado voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.

Incluso en una parte de su discurso, señaló: “Hoy vienen por unos, mañana vendrán por otros” dejando claro de que ya contaba con información de que existen otras acusaciones contra gobernadores y funcionarios morenistas por parte de Estados Unidos.

La defensa de la presidenta a favor de los funcionarios acusados, bajo el argumento de que se atenta contra la soberanía de nuestro país y de que la ultraderecha de Estados Unidos en complicidad con la derecha mexicana, pretenden atacar al movimiento de la 4T y tener injerencia en las elecciones de 2027 y después en las de 2030, fue uno de los ejes centrales de su discurso.

El diario Los Ángeles Times reveló en días pasados que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora por nexos con el crimen organizado y Américo Villareal de Tamaulipas por huachicol fiscal y que ya les fueron retiradas sus visas para ingresar a Estados Unidos y que hay más investigaciones en curso contra más funcionarios.

Así se viene cerrando el círculo y cada vez más se acerca al expresidente López Obrador, que sin duda alguna solapó a los hoy acusados.

PVEM Y PT, los tontos útiles de la Cuarta Transformación

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Después del fracaso de la presidenta Claudia Sheinbaum al no lograr se aprobará su propuesta original de reforma electoral denominada Plan B, el cual se refería a la disminución de las diputaciones plurinominales, a la reducción del presupuesto a los partidos políticos, al INE, así como al hecho de que se modificara la forma en que se integran las listas de los candidatos a dichas diputaciones por los partidos políticos para obligarlos a llevar a cabo una campaña para lograr el escaño.

Finalmente se tuvo que conformar con que se aprobaran algunas de sus propuestas, como la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos que no deben ser superior a 15 y que justificó bajo el argumento de que los recursos ahorrados serían destinados a obras públicas y servicios para la ciudadanía, lo que está por ver si efectivamente se cumple.

Establece topes máximos y recortes al presupuesto destinado a los Congresos de los estados y a las Cámaras.

Se fijaron límites a los salarios y privilegios, prohibiendo que cualquier funcionario público gane más que el presidente de la República y eliminó además las denominadas pensiones doradas.

En cuanto a la revocación de mandato y participación, definió los lineamientos institucionales para los ejercicios de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato.

La propuesta de reforma electoral de la Presidenta, presentada al Senado el 17 de marzo pasado no contó con el apoyo de las bancadas de los partidos aliados de Morena en ambas cámaras PT y PVEM cuyos líderes manifestaron su rechazo, en virtud de que les afectaba en cuanto a la reducción del jugoso presupuesto que anualmente reciben del INE; de que existía el riesgo de que perdieran más diputados plurinominales y senadores, reduciendo su presencia y fuerza en ambas cámaras, así como el hecho de que Morena terminara imponiendo más candidaturas con sus siglas y que a corto y mediano plazo dejarán de beneficiarse del poder y control que sobre el poder legislativo tiene el movimiento de la 4T.

A pesar del agravio que causaron a la Presidenta, PT y PVEM al no dar su voto al proyecto de reforma electoral en los términos en que se había presentado originalmente y de que se llegó a hablar de una fractura en la alianza de los tres partidos, días después los líderes de los tres partidos a nivel nacional y de las bancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, refrendaron públicamente su alianza para ir juntos en las elecciones de 2027 para las diputaciones federales y algunas gubernaturas, toda vez que en algunos estados como San Luis Potosí y Quintana Roo el PVEM anunció que iría sólo para buscar ambas gubernaturas.

Sin embargo, aún y cuando diversos analistas habían vaticinado que ya la Presidenta de la República ya no presentaría más propuestas en materia electoral y que lo más seguro era que las elecciones de 2027 se llevarían a cabo con las reglas actuales, hubo dos factores que a mi juicio, cambiaron la situación y obligaron a la Presidenta a presentar un nuevo proyecto de reformas electorales a inicios de este mes de mayo en que el Congreso de la Unión se encuentra en receso.

El primer factor fue la solicitud de detención de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de ocho funcionarios más de su gobierno el pasado 23 de abril, acusándolos de los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro con resultado de muerte, asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte, entre otros delitos que se les imputan.

El segundo factor, que se deriva del primero, es la pérdida de popularidad de la Presidenta y del movimiento de la 4T entre los ciudadanos, al negarse a detener al gobernador Rocha Moya y coacusados para su posterior extradición que será solicitada en sesenta días por las autoridades de Estados Unidos, bajo el argumento de que no existen pruebas que sustentes las acusaciones de la corte de Nueva York con lo cual el oficialismo pasó a defender ante la opinión pública y ante las autoridades de Estados Unidos a los funcionarios.

Los acusados hasta la fecha no han sido detenidos y sólo Rocha Moya fue obligado a solicitar licencia a su cargo y los otros dos acusados Enrique Díaz Vega y el general Gerardo Mérida Sánchez ya se han entregado voluntariamente al gobierno estadounidense.

La presión de la administración del presidente Donald Trump y de su secretario de Seguridad hacia la Presidenta ha venido creciendo y el costo político de su negativa a detener a los acusados, bajo el argumento de defender la soberanía del país y de que ningún gobierno extranjero debe venir a decir a los mexicanos como gobernarnos ha llevado a un punto muy complicado la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la víspera de la revisión del T-MEC.

Por lo anterior y ante el temor de que en las elecciones de 2027 el oficialismo pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas y congresos locales, se han encendido las alarmas en Palacio Nacional y por ello la urgencia de aprobar dichas reformas en ambas cámaras.

El daño a la democracia en el país es muy significativo y afectara por igual a los partidos de oposición PRI, PAN y MC así como a los partidos de la alianza PT y PVEM que pierden de vista que también pueden ser sujetos de que les sean anuladas elecciones y les arrebaten triunfos electorales por una supuesta injerencia de una organización o gobierno extranjero, y que se repita la elección y gane un candidato de Morena, con un INE a modo y con una Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sometido y a las órdenes del oficialismo.

Las dirigencias del PT y PVEM no vislumbran el hecho de que el objetivo final de Morena es convertirse en el único partido de Estado y que, con las trampas electorales y el control de las autoridades en la materia no necesitan de aliados para seguir manejando los tres poderes y seguir gobernando al menos tres sexenios más; por ello al seguir el juego al oficialismo y al aprobar sus iniciativas, lo único que están haciendo es cavar su propia tumba como entes políticos, si no, al tiempo.

T-MEC, entre dinamismo exportador o fragilidad jurídica

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El derecho del comercio exterior y el derecho aduanero en México atraviesan una etapa de definición crítica. Si bien el T-MEC ha consolidado al país como el principal socio comercial de los Estados Unidos, los hechos observados de 2024 a la fecha nos obligan a realizar un análisis que supere las cifras de récord exportador y se enfoque en la seguridad y certidumbre jurídica.

El comercio exterior representa aproximadamente el 70 por ciento del PIB nacional.

Su regulación no es menor; se sustenta en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que otorga facultades al Ejecutivo Federal para la política arancelaria, y se articula mediante el artículo 133 de la misma CPEUM, otorgando al T-MEC el rango de Ley Suprema.

Sin embargo, alcanzar récords históricos (como los 664,837 millones de dólares en exportaciones al cierre de 2025) no debe confundirse con un estado de salud jurídica robusta. La dependencia casi absoluta del mercado estadounidense (83.7 por ciento de nuestras exportaciones) nos coloca en una posición de alta sensibilidad ante cambios en la política comercial de nuestro vecino del norte.

La relocalización de cadenas de suministro o nearshoring es la mayor oportunidad estructural para México. Con una captación de inversión extranjera directa superior a los 36,000 millones de dólares en 2025, la competitividad debe fundamentarse en la certeza jurídica.

El riesgo latente no reside únicamente en la capacidad logística, sino en la discrecionalidad administrativa. Observamos que la falta de previsibilidad en los cambios regulatorios sin periodos de transición adecuados— y las restricciones infraestructurales limitan el potencial real. La inversión de largo plazo requiere marcos estables; sin un Estado de derecho que garantice la aplicación predecible de la Ley Aduanera y la Ley de Comercio Exterior, el beneficio del nearshoring será limitado y temporal.

La madurez de un tratado comercial se mide por su capacidad de resolución de controversias. El Capítulo 31 del T-MEC es el instrumento fundamental para dirimir diferencias.

Los casos recientes, como el panel sobre maíz transgénico y las tensiones derivadas de aranceles unilaterales bajo argumentos de seguridad nacional, demuestran que el cumplimiento de los compromisos no es opcional. Cuando las políticas sectoriales internas —en energía, tecnología o agricultura— contravienen lo estipulado en el tratado, México se expone a paneles arbitrales cuyos resultados pueden derivar en medidas compensatorias onerosas. La defensa estratégica del país debe basarse en la alineación normativa interna y el respeto irrestricto a los compromisos internacionales. El cumplimiento técnico es la mejor herramienta de defensa comercial ante la presión externa.

Nos acercamos a la fecha clave establecida por el artículo 34.7 del T-MEC: el 1 de julio de 2026. Este proceso de revisión obliga a las partes a confirmar la extensión del tratado por otros 16 años. México no puede permitirse una postura reactiva. El riesgo de instrumentalizar el comercio como herramienta de presión política es elevado.

La estabilidad económica requerirá que, en las próximas rondas oficiales, nuestro país priorice:

1. La certidumbre jurídica frente a la volatilidad arancelaria.
2. La consolidación operativa de la ANAM con apego estricto a las normas internacionales.
3. La sustitución de la improvisación regulatoria por una política industrial con base tecnológica y desarrollo de proveeduría local.

El éxito del T-MEC no debe evaluarse exclusivamente por el volumen de mercancías exportadas, sino por nuestra capacidad de crear un entorno institucional que convierta a México en un hub competitivo por su seguridad jurídica.

La revisión de 2026 no es un trámite; es un ejercicio de soberanía económica. La pregunta para este gremio y para los actores del comercio exterior es clara: ¿Estamos construyendo un sistema robusto, capaz de soportar las presiones externas, o confiamos exclusivamente en la inercia del mercado?

La respuesta, desde el ámbito del derecho, solo puede ser una: el cumplimiento pleno de nuestras obligaciones es la condición necesaria para el desarrollo industrial y comercial de México.

Inseguridad y desconfianza ahuyenta inversiones

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

La semana que concluye este 16 de mayo, ha dejado al país y a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, un mal sabor de boca y el presagio de que vendrán tiempos muy complicados para nuestra economía y el desarrollo en los siguientes años, pero sobre todo las bajas probabilidades de que se logren atraer más inversiones extranjeras y se desarrollen nuevos proyectos que significarían nuevas fuentes de empleo para miles de mexicanos.

Señalo lo anterior, por el anuncio de la calificadora Standard & Poor´s que rebajó la perspectiva de México a “negativa” y a tronar prácticamente a las dos grandes empresas productivas del gobierno mexicano PEMEX y CFE que para sostenerse han costado miles de millones de pesos al erario.

El anuncio de la calificadora más importante en el ámbito financiero señala que “Pemex recibió aproximadamente 69,800 millones de apoyo gubernamental entre 2019 y 2025”.

Agrega que “la administración de la presidenta Sheinbaum ha estado implementando diferentes mecanismos para ayudar a la empresa. Sin embargo, el perfil individual crediticio de Pemex se mantiene en CCC+, lo que refleja nuestra convicción de que su estructura de capital es insostenible, dada su débil liquidez y alto apalancamiento”.

La postura de la Presidenta que dio a conocer en su “conferencia mañanera” del día siguiente del anuncio, fue la de que el informe de S&P “estaba equivocado” negándose a aceptar una opinión de expertos que se da, conforme a los indicadores e información de las finanzas de PEMEX con un enfoque técnico y fuera de la escena política, en la que la Presidenta intenta vender a los mexicanos e inversionistas que aún vale la pena seguir invirtiendo en la paraestatal.

En este asunto, como en tantos otros, la narrativa presidencial y descalificación a las opiniones y juicios de expertos en diferentes áreas del ejercicio de gobierno y que tienen relaciones con nuestro país, han sido tratadas de la misma forma, es decir: acusándolas de equivocadas, de que el gobierno tiene otros datos, de ser parte de una estrategia conservadora apoyada por los líderes de los partidos de oposición, de que las opiniones son intervencionistas y que atentan contra la soberanía del país, etc.

A pesar de lo anterior, la defensa que hace la Presidenta de las decisiones de su gobierno y de sus políticas públicas, como en este caso, no cambia de ninguna forma las decisiones e imagen que en el extranjero se tiene del gobierno mexicano.

Los números son fríos y los inversionistas extranjeros seguramente no saben de la conferencia mañanera, ni les interesa arriesgar su capital, en un país que no les da certeza para traer sus capitales, ni les garantiza el estado de derecho, con un Poder Judicial sometido a los intereses del gobierno federal y del partido oficial.

Desde antes del inicio de la administración del expresidente López Obrador, los problemas que traían PEMEX y CFE ya existían y se venían agudizando, ya que aún y cuando se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, ante el cambio de régimen del período neoliberal al de izquierda, se planteó un cambio total al modelo descartando la inversión extranjera y con el discurso del nacionalismo y defensa de los recursos naturales del país.

Se pensó que inyectando mayores recursos a dichas empresas se lograría su desarrollo y que fueran autosustentables y produjeran utilidades; sin embargo la situación que hoy enfrentan, nos hace ver a todos los mexicanos cuán equivocados han estado los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum, que hoy tiene ante sí la quiebra financiera de PEMEX, que ha carecido de mejoras en su infraestructura y que no ha logrado aumentar su producción, sino por el contrario se ha rezagado y acumulado deuda que a la fecha se ha vuelto impagable, por la falta de recursos para cumplir con sus compromisos financieros.

Si a lo anterior sumamos, el robo de combustible que data de hace más de 15 años y que en el sexenio anterior con el denominado huachicol fiscal ha dejado al país un daño superior a los seiscientos mil millones de pesos y el fracaso de la refinería Dos Bocas en Tabasco que sólo ha dejado pérdidas al erario; lo que hoy vive PEMEX no es sino resultado de los errores en su manejo y de la obstinación del oficialismo de cerrar el paso a la inversión privada y extranjera.

Aunque la Presidenta tache de equivocado el anuncio de Standard & Poor´s al rebajar la perspectiva de México a negativa, su opinión no tiene peso en los mercados y bancos extranjeros, que son ajenos a las declaraciones políticas y finalmente los inversionistas para decidir traer su capital a México, darán más crédito a la calificadora, que les está advirtiendo de los riesgos que corren de invertir en nuestro país y de la situación que pueden enfrentar por la inseguridad y falta de un Poder Judicial independiente.

El pasado jueves por la noche la Presidenta dio a conocer la renuncia del director de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla y la designación de Juan Carlos Carpio Fregoso como su relevo; en momentos en que carece de capacidad financiera y credibilidad operativa y que sólo ha logrado sobrevivir gracias a los recursos que le provee el gobierno; por lo que deberá lograr convencer al Consejo de Administración, sobre la necesidad de volver a hacer alianzas con el sector privado que es el único que en estos momentos puede apostar por el rescate de nuestra industria petrolera, siempre y cuando se logre erradicar el cáncer del huachicol fiscal y el robo en los ductos en grandes zonas del país.

Sólo logrando combatir la inseguridad y garantizar la vigencia del Estado de derecho se podrá lograr que México, siga siendo un país confiable para atraer inversiones y con ello crear las fuentes de trabajo que se necesitan para fortalecer nuestra economía.

El secuestro de la democracia mexicana

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

La solicitud de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázares y de ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de dicho estado, acusados por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, dado a conocer el pasado 23 de abril por la administración del presidente Donald Trump, ha colocado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada, por la gravedad de las acusaciones y sobre todo por la negativa de la presidenta a cumplir con lo solicitado por las autoridades estadounidenses.

Los funcionarios y exfuncionarios han sido acusados por los delitos de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la fracción de los hijos de El Chapo Guzmán, para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, acusándolos además de proteger a los líderes del cartel contra detenciones y procesos judiciales dándoles información de las autoridades de orden público y militar para apoyar sus actividades delictivas.

La Presidenta ha argumentado que no existen pruebas suficientes para considerar válidas dichas acusaciones en contra del gobernador y coacusados; pero además poniendo como argumento para dicha negativa, la defensa de la soberanía de México.

Hasta este momento, lo único que se ha llevado a cabo por el gobierno federal, ha sido el lograr que el gobernador Rocha Moya solicitara licencia a su cargo para que la Fiscalía General de la República realice las investigaciones correspondientes para determinar si tanto el gobernador como los demás acusados cometieron alguno de los delitos que se les imputan, pero persistiendo la negativa de detener a los acusados que continúan en libertad, menospreciando la urgencia de la solicitud del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su detención.

Aún y cuando fue del dominio público la presencia del gobernador Rocha Moya en la reunión en una finca en Culiacán el 25 de julio de 2024 convocada por Joaquín Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán, a la que también asistió Ismael El Mayo Zambada y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado y en la que se llevó a cabo el secuestro de El Mayo Zambada para ser trasladado en una avioneta, a El Paso Texas; el gobernador negó que hubiera asistido a dicha reunión.

Su argumento fue que en esa misma fecha realizó un viaje a Los Ángeles, sin poder acreditar su ingreso al país vecino, las investigaciones a cargo de la fiscalía estatal incluso armaron un intento de asalto en una gasolinera donde supuestamente fue asesinado Héctor Melesio Cuén, la Fiscalía General de la República nunca atrajo la investigación y dos días después el presidente AMLO y la presidenta electa dieron su respaldo total en un acto público al gobernador Rocha y se comprometieron a seguir apoyando a su gobierno, descartando cualquier investigación en su contra, hasta ahora que por la acusación y solicitud de detención finalmente se determinó investigar al gobernador.

La acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala en el apartado: “Actos para promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas” en el punto 31. Con el fin de promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas del cartel y para llevar a cabo los objetivos ilegales de dicha asociación delictuosa, los acusados participaron en los actos que se describen a continuación, entre otros:

a. A principios de 2021, o alrededor de esa fecha, RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado, estaba en campaña para convertirse en gobernador de Sinaloa. Por esas fechas, y antes de su elección en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, ROCHA MOYA se reunió con los entonces líderes del cartel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que ROCHA MOYA ganara las elecciones a gobernador. A cambio ROCHA MOYA prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultara elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos.

En los apartados b, c y d se menciona que antes de la elección Enrique Díaz Vega entregó a Los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya con sus domicilios para que pudieran intimidarlos y obligarlos a retirarse de la elección.

El día de la elección sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, los mandos de la policía estatal prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos electorales y no intervenir en caso de denuncias ciudadanas, todo para garantizar el triunfo de Rocha Moya, que a cambio con el senador Inzunza Cázares les dieron el control de la policía estatal de Sinaloa facilitando sus actividades de tráfico de drogas y para detener a los enemigos de Los Chapitos.

Ante hechos como los señalados, como mexicanos cabe preguntarnos:

¿Cuál ha sido el papel del gobierno de AMLO y el actual sobre la situación en la que se ha visto envuelto el Estado de Sinaloa antes y después de la elección de Rocha Moya?
¿Qué acuerdos inconfesables se hicieron por el gobernador y su equipo con los líderes del Cártel de Sinaloa para darles el control de la seguridad y poner en sus manos las vidas de los ciudadanos del Estado?
¿De no haberse dado la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y coacusados, nunca se habría hecho ninguna investigación y seguirían gozando de impunidad para seguir apoyando a los líderes del cartel de Sinaloa?
¿Cuántas vidas de sinaloenses y daños a la economía del Estado han costado, por tener un gobierno comprometido con un cartel para enriquecerse a toda costa, simulando que cumplían con su función?
¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en los partidos para las elecciones de 2027 y evitar que de nuevo un cartel ponga a sus candidatos y siga gobernando el estado?
¿En cuántos estados del país se eligieron gobiernos comprometidos con los carteles y las autoridades encargadas de la seguridad y fiscalías están controladas por estos grupos delictivos?

Es indispensable que el gobierno federal y los partidos políticos de todos los colores se comprometan hoy a salvar nuestra democracia y erradicar la filtración de los cárteles en las elecciones, si es que aún desean recuperar la confianza ciudadana.