Surge el frente antimorenista PRI-PAN

Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Ante el anuncio de la alianza de Morena, PT. PVEM de las designaciones de los “Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” de los 17 estados del país donde habrá elecciones en 2027 y de que los partidos de oposición PRI, PAN y MC se van quedando rezagados en un proceso que se ha adelantado fuera de los tiempos previstos en la legislación electoral federal, ante la pasividad y complacencia del INE.

El bloque opositor que encabezan el PRI y el PAN como los partidos que gobernaron en el denominado período neoliberal han decidido también adelantar los tiempos con una estrategia que les permita, al menos ir seleccionando a figuras de los estados que actualmente ocupan cargos en los gobiernos municipales o en la Cámara de diputados o de senadores, para que acepten una candidatura que les permita por lo pronto dar el mensaje de que darán la pelea en las elecciones y de que podrán arrancarle al oficialismo al menos de cuatro a seis de las gubernaturas que estarán en disputa.

Es evidente, que la única posibilidad que tiene el bloque opositor de lograr el triunfo en algunos estados y de las principales capitales es salir unidos, para evitar la división del voto que difícilmente les alcanzaría para pisar los talones a los candidatos de Morena y aliados.

Dentro de los retos que tienen el PRI y el PAN para las elecciones de 2027, está no sólo dejar atrás sus diferencias y la mala imagen que tienen en los estados que gobierna Morena, sino también lograr obtener una ventaja al menos de entre 3 a 5 puntos de la votación para evitar que, aunque ganen en las urnas, Morena se las eche abajo en los OPLES y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está controlado por el oficialismo.

El caso de Movimiento Ciudadano es distinto, ya que, aunque ha fijado posturas como partido de oposición al oficialismo, su dirigente nacional Jorge Álvarez Maynez públicamente ha declarado su rechazo a la invitación de Alejandro Moreno presidente nacional del PRI a pactar una Alianza para las elecciones en algunos estados del país como Sonora y Nuevo León, pensando quizás que yendo sólo MC logrará el triunfo de sus candidatos a las gubernaturas.

Si la intención de MC es hacer crecer su porcentaje de votación en los 17 estados donde se elegirán gobernadores y convertirse en una tercera opción para los electores, distinta a la alianza MORENA, PT, PVEM y la anunciada por el PRI y el PAN, sus posibilidades son muy bajas, debido a que salvo en los estados que gobierna como Nuevo León y Jalisco en los que seguramente contará con el financiamiento y estructura de los gobernadores en funciones, en los demás estados tendrá que sujetarse a ir a la contienda electoral con los recursos que le asigne el INE para sus candidatos.

El anuncio del PRI y el PAN del pasado miércoles, de que irán en alianza en Nuevo León para la gubernatura y presidencias municipales, podría repetirse en otros estados como Sonora y San Luis Potosí y hasta extenderse en las alcaldías de la Ciudad de México, donde a pesar de los gobiernos de Morena, dichos partidos aún cuentan con una fuerza importante de militantes y simpatizantes que sumados podrían dar la sorpresa en varias de ellas, arrebatándoles algunas alcaldías.

Para MORENA y partidos aliados, uno de los principales problemas que debe resolver es de carácter interno, para compensar a quienes no obtuvieron las designaciones para las gubernaturas y públicamente han manifestado su inconformidad y hasta amagado como en los casos de Guerrero y de Chihuahua de irse como candidatos al PT que les ha abierto las puertas para buscar ir con candidatos propios a las elecciones.

Habrá que analizar en los meses previos al inicio oficial de las precampañas, que acusaciones surgen en contra de los coordinadores hasta hoy designados para las gubernaturas, en cuanto a sus vínculos con los carteles o grupos de la delincuencia organizada o de enriquecimiento inexplicable sin poder justificar el origen lícito de su patrimonio y si además existen en las fiscalías abiertas carpetas de investigación en su contra.

Hasta hoy todo pareciera que las designaciones de los coordinadores en los estados ya han quedado concluidas y que se logrará la unidad del partido para que todos se sumen a trabajar en la campaña de los favorecidos; sin embargo las luchas internas y los grupos que pelearon por las posiciones aún pueden poner piedras en el camino o en su defecto hasta apoyar a otros candidatos para evitar ganen las elecciones los designados por el oficialismo.

Cada uno de los “coordinadores de la defensa de la transformación y de la soberanía” tienen el respaldo ya sea de la presidenta Claudia Sheinbaum, del grupo de Ricardo Monreal, del expresidente AMLO y del PVEM que fue beneficiado con las designaciones y quién quedó relegado es el PT que seguramente se doblegará ante el oficialismo a cambio de otros beneficios como le ha caracterizado en otros procesos electorales.

Por lo pronto el “Frente Anti-morenista” conformado por el PRI y el PAN, tiene ante sí el reto de lograr su consolidación en los demás estados y poder dar la pelea a Morena y aliados en 2027 si es que realmente desean no sólo ganar algunas gubernaturas, sino también romper la mayoría calificada en la cámara de diputados federal que actualmente tiene el oficialismo.

Todo depende del hecho de que al ser una elección intermedia, PRI y PAN logren que el porcentaje de votación sea al menos del 60%, aunque en elecciones anteriores no ha superado el 44% de participación.

El colapso del sistema de salud

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

El colapso del sistema de salud

Análisis jurídico-presupuestario de la transición 2018-2027 en México

Resumen

El presente artículo examina, desde un paradigma jurídico, el comportamiento presupuestario del Sistema Nacional de Salud mexicano entre 2018 y la propuesta para 2027, con el propósito de determinar si el Estado mexicano ha cumplido su obligación constitucional de garantizar progresivamente el derecho a la protección de la salud. Mediante un análisis documental de fuentes oficiales, periodísticas especializadas y jurisprudenciales, se contrasta el crecimiento nominal del gasto en salud con indicadores reales de cobertura, equidad y suficiencia. Los hallazgos muestran que, a pesar de incrementos nominales sostenidos y de la centralización operada mediante el IMSS-Bienestar, persisten reducciones en el gasto per cápita, subejercicios presupuestarios y una desigualdad institucional que, analizada bajo el principio de progresividad y prohibición de regresividad reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, configura un incumplimiento parcial del mandato del artículo 4º constitucional. Se concluye que el presupuesto 2027, pese a su magnitud histórica, no resuelve la fragmentación estructural ni cierra la brecha frente a los estándares internacionales, por lo que el discurso de la salud como derecho corre el riesgo de diluirse en una retórica fiscal sin sustento normativo suficiente.

1. Introducción

La salud, en el ordenamiento jurídico mexicano, no constituye una concesión graciosa del Estado ni una prestación sujeta a la disponibilidad discrecional del erario, sino un derecho humano fundamental cuya garantía encuentra asidero directo en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Const., 1917/2020, art. 4º). Sin embargo, entre el reconocimiento normativo de un derecho y su realización efectiva media siempre un instrumento decisivo: el presupuesto público. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) opera como la bisagra que traduce el mandato constitucional en política pública concreta.

Este artículo sostiene que, entre 2018 y la propuesta 2027, el Sistema Nacional de Salud mexicano ha atravesado una transición estructural “la sustitución del Seguro Popular por el IMSS-Bienestar” que, si bien buscó centralizar y universalizar el acceso a los servicios, no ha logrado traducirse en una protección financiera homogénea ni suficiente. El título de este trabajo, «El colapso del sistema de salud», no pretende un efectismo retórico, sino describir una condición jurídicamente verificable: la persistencia de omisiones estatales que, evaluadas bajo el principio de progresividad, permiten hablar de un incumplimiento parcial y sostenido de las obligaciones de gasto programado en materia de salud.

El objetivo del análisis es doble: por un lado, reconstruir la trayectoria presupuestaria 2018-2027 a partir de fuentes técnicas y periodísticas especializadas; por otro, contrastar esa trayectoria con el marco jurídico —constitucional, legal e internacional— que define el contenido mínimo del derecho a la protección de la salud, para determinar si la política fiscal en la materia ha sido, en los términos que emplea la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una medida regresiva injustificada.

2. Marco jurídico del derecho a la protección de la salud

2.1 Fundamento constitucional

El párrafo cuarto del artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y encomienda a la ley definir las bases y modalidades de acceso a los servicios respectivos, así como la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas (Const., 1917/2020, art. 4º). La reforma de 2020 añadió un elemento decisivo para el objeto de este análisis: la obligación de que la ley defina «un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud… de las personas que no cuenten con seguridad social» (Const., 1917/2020, art. 4º). Esta disposición es la base normativa directa de la creación del IMSS-Bienestar y, al mismo tiempo, el parámetro frente al cual debe medirse su desempeño: la extensión debe ser progresiva, nunca regresiva.

2.2 Desarrollo legal: la Ley General de Salud

La Ley General de Salud reglamenta el derecho constitucional y precisa, en su artículo 1º, que sus disposiciones son de orden público e interés social (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024, art. 1º). El artículo 1º Bis define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024, art. 1º Bis), estándar que excede la mera atención curativa y que resulta útil para evaluar críticamente si el gasto en infraestructura y personal responde a ese estándar amplio o a una lógica meramente asistencial. Por su parte, el artículo 77 Bis 1 reconoce el derecho de todo mexicano a ser incorporado al sistema de protección social en salud «sin importar su condición social» (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024, art. 77 Bis 1), disposición que entra en tensión directa con la desigualdad de gasto per cápita entre subsistemas institucionales documentada en este trabajo.

2.3 El principio de progresividad y la prohibición de regresividad

El criterio jurídico central para evaluar el comportamiento presupuestario 2018-2027 no es la simple comparación de cifras nominales, sino el principio de progresividad reconocido por el artículo 1º constitucional y desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Primera Sala ha sostenido que dicho principio ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas (SCJN, 2017, Tesis 1a./J. 85/2017) y que es aplicable a todos los derechos humanos, no solo a los económicos, sociales y culturales (SCJN, 2017, Tesis 1a./J. 86/2017). Más recientemente, la Primera Sala precisó la metodología para analizar una posible regresividad legislativa o presupuestaria: primero, identificar el nivel de protección ya alcanzado —que constituye el mínimo de protección estatal—; después, señalar el cambio introducido; y finalmente, exigir que toda medida regresiva sea justificada de manera plena por la autoridad (SCJN, 2024, Tesis 1a./J. 150/2024; Tesis 1a./J. 133/2024). Este último criterio es especialmente relevante para el análisis del ajuste fiscal de 2025, que implicó una reducción real del 8.9% respecto de 2024 sin que exista, hasta donde permite verificar la información pública disponible, una justificación técnica plenamente documentada.

A nivel internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha sostenido en su Observación General N.º 14 que la realización progresiva del derecho a la salud impone a los Estados el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización, y que existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000, párr. 32). Este estándar internacional, incorporado al bloque de constitucionalidad mexicano por vía del artículo 1º constitucional, es el parámetro que este artículo utiliza para calificar jurídicamente los hallazgos presupuestarios descritos a continuación.

3. Desarrollo: trayectoria presupuestaria del Sistema Nacional de Salud (2018-2027)

3.1 La transición estructural 2018-2024: centralización sin blindaje financiero

La administración 2018-2024 ejecutó la disolución del Seguro Popular y la posterior creación del organismo desconcentrado IMSS-Bienestar, en un movimiento que buscaba la centralización federal de los servicios de salud para la población sin seguridad social. El presupuesto global del sector aumentó de manera nominal de aproximadamente 600 mil millones de pesos en 2018 a un techo de 1.005 billones de pesos en 2024 (CIEP & México Evalúa, 2026). No obstante, ese incremento nominal coexistió con una disminución del 8% en el gasto per cápita destinado a la población sin seguridad social (CIEP & México Evalúa, 2026), lo que constituye, desde la óptica constitucional, un indicio de regresividad en el núcleo mismo del derecho que la reforma de 2020 pretendía extender progresivamente.

A esta contradicción se suma un problema de ejecución: los subejercicios presupuestarios y las reasignaciones de recursos hacia la Tesorería de la Federación (Tesofe) (CIEP & México Evalúa, 2026) no deben entenderse como simples ahorros administrativos. Bajo el estándar fijado por el Comité DESC (2000), la falta de ejercicio oportuno del gasto etiquetado para salud es, en sí misma, una omisión que vulnera el deber estatal de avanzar «lo más expedita y eficazmente posible» hacia la plena realización del derecho.

3.2 El bienio 2025-2026: ajuste fiscal y estancamiento relativo

El ejercicio 2025 representó una reducción real del 8.9% respecto de 2024, medida de austeridad orientada a estabilizar las finanzas públicas al inicio del nuevo periodo gubernamental. Para 2026, el presupuesto del sector salud se proyectó en 2.37 billones de pesos —equivalente al 23% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación total— según datos de Zenteno (2026); sin embargo, el gasto en salud como proporción del Producto Interno Bruto permaneció estancado en 2.5%, cifra considerablemente inferior a los estándares internacionales de inversión sanitaria.

Frente a esta ineficiencia estructural, la denominada «Ruta de Integración» propone cuatro pilares operativos —expediente clínico único nacional, abasto con trazabilidad, infraestructura regional por niveles de atención y evaluación de calidad con metas medibles (Zenteno, 2026)— que, cabe subrayar, son condiciones de eficacia del gasto, no sustitutos de la suficiencia presupuestaria que el artículo 4º constitucional exige.

3.3 La propuesta 2027 y sus «fantasmas presupuestarios»

La propuesta para 2027 contempla una asignación histórica de 1.13 billones de pesos, equivalente a un incremento real de entre 10.6% y 10.9% respecto de 2026. Sin embargo, el análisis desagregado revela inconsistencias que un lector formado solo en la cifra global no percibiría. El Ramo 12 (Secretaría de Salud) recibiría 72,305 millones de pesos —un alza real de entre 4.8% y 5%— que, contrastada históricamente, resulta muy inferior a los 128,000 millones de pesos aprobados en 2020, lo que documenta un retroceso en la capacidad rectora de la dependencia normativa del sector (Domínguez, 2026).

El IMSS-Bienestar recibiría 193,987 millones de pesos, un incremento del 9% frente a 2026, cifra que se empequeñece frente a los aumentos proyectados para los subsistemas de salud de la Secretaría de Marina (63%) y la Secretaría de la Defensa Nacional (30%) (Cortés, 2026). Especialmente relevante desde una perspectiva de derecho presupuestario es el llamado «fantasma presupuestario» de la infraestructura: el gobierno ha prometido la creación de 12,750 nuevos consultorios de atención primaria, pero, según advierte el especialista Luis Javier Cortés, no existe una partida, programa o subprograma específico en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que asigne recursos concretos a esa meta (Cortés, 2026). Jurídicamente, una meta de política pública sin partida presupuestaria correlativa no genera derechos exigibles ni compromisos verificables; se mantiene en el plano de la enunciación política, no de la obligación jurídica de gasto.

4. Discusión: desigualdad institucional y brecha frente a los estándares internacionales

El diseño presupuestal vigente perpetúa una estratificación en el ejercicio del derecho a la salud según el régimen institucional del beneficiario. Mientras el Estado destinaría aproximadamente 70,000 pesos por persona atendida en el subsistema de la Secretaría de Marina y 30,000 pesos en el caso de Pemex, la población atendida por el IMSS-Bienestar recibiría apenas 5,523 pesos por persona (Banamex, 2026). En el mismo sentido, el gasto per cápita del régimen IMSS-Ordinario es 2.1 veces superior al del IMSS-Bienestar, asimetría que afecta a aproximadamente 60 millones de personas (Banamex, 2026).

Esta desigualdad interna es jurídicamente relevante porque el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud reconoce el derecho a la incorporación al sistema de protección social en salud «sin importar la condición social» de la persona (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1984/2024). Una diferencia de más del doble en el gasto per cápita entre subsistemas dirigidos, en teoría, a poblaciones comparables, es difícilmente compatible con el principio de igualdad y no discriminación que atraviesa el derecho a la protección de la salud, y constituye el tipo de núcleo mínimo desatendido al que alude la jurisprudencia de la Primera Sala (SCJN, 2024).

A ello se agrega la brecha frente al estándar internacional: el 2.9% del PIB propuesto para 2027 resulta insuficiente frente al 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, lo que representa una desprotección financiera estructural del 3.1% del PIB que el Estado mexicano no ha logrado cerrar en el periodo analizado. Como consecuencia directa de esta insuficiencia, el gasto de bolsillo de las familias mexicanas asciende a un promedio de 7,140 pesos por persona (Banamex, 2026), monto que —al financiar privadamente más del 30% de lo que el sector público debería garantizar— evidencia una traslación regresiva del costo de la salud del Estado hacia los hogares, en abierta tensión con el principio de gratuidad progresiva que el propio artículo 4º constitucional incorporó en 2020.

En conjunto, estos hallazgos permiten sostener que, si se aplica la metodología de análisis de regresividad fijada por la Primera Sala de la SCJN (2024), el Estado mexicano no ha ofrecido, hasta ahora, una justificación plena que permita calificar como admisibles las reducciones de gasto per cápita documentadas entre 2018 y 2025, ni la persistencia de la brecha estructural frente al estándar internacional del 6% del PIB.

5. Conclusiones

El presupuesto 2027 constituye, en términos nominales, la asignación más alta en la historia reciente del sector salud mexicano; sin embargo, el análisis jurídico-presupuestario desarrollado en este artículo muestra que la magnitud de la cifra no equivale a la suficiencia ni a la equidad que el artículo 4º constitucional exige. La centralización operada mediante el IMSS-Bienestar no ha resuelto la fragmentación institucional del sistema, y la coexistencia de incrementos nominales con reducciones de gasto per cápita, subejercicios recurrentes y «fantasmas presupuestarios» —metas sin partida correlativa— configura, bajo el estándar de progresividad de la Primera Sala de la SCJN y del Comité DESC de la ONU, un patrón de incumplimiento parcial que el Estado mexicano tiene la obligación de justificar plenamente y, en su defecto, corregir.

El colapso al que alude el título de este trabajo no es, entonces, un colapso operativo súbito, sino un colapso normativo silencioso: la erosión sostenida del contenido mínimo del derecho a la protección de la salud bajo la apariencia de crecimiento presupuestario. Sin una reforma fiscal estructural que incremente los ingresos públicos disponibles para el sector y sin partidas específicas que respalden las metas de infraestructura anunciadas, el presupuesto de 2027 corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de retórica fiscal antes que en el instrumento jurídico que, por mandato constitucional, debe ser.

Referencias

Banamex. (2026). Análisis de la composición del gasto y transición demográfica en México. Reporte de Análisis Económico.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley General de Salud (Reforma DOF 01-04-2024). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

CIEP & México Evalúa. (2026). El presupuesto federal destinado a la salud en México: Transformaciones estructurales 2018-2027. Documento de Análisis Técnico.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). Observación General N.º 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Organización de las Naciones Unidas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (1917, con reformas hasta 2020). Artículo 4º. Diario Oficial de la Federación.

Cortés, L. J. (2026). Presupuesto 2027: aumento en salud privilegia a los sistemas de Marina y el Ejército frente a IMSS-Bienestar, advierte especialista. Latinus.

Domínguez, C. (2026, 23 de septiembre). Será gasto en salud menor a lo sugerido. Reforma.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). Principio de progresividad de los derechos humanos. Su concepto y exigencias positivas y negativas (Tesis 1a./J. 85/2017 (10a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). Principio de progresividad. Es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los llamados económicos, sociales y culturales (Tesis 1a./J. 86/2017 (10a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Principio de progresividad. Metodología de análisis en su vertiente de prohibición de regresividad para actos legislativos (Tesis 1a./J. 150/2024 (11a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Principio de progresividad de los derechos humanos. Las autoridades del Estado tienen la obligación de justificar la implementación de una medida regresiva sobre alguna de las garantías presupuestarias que hagan efectivo un derecho humano (Tesis 1a./J. 133/2024 (11a.)). Semanario Judicial de la Federación.

Zenteno, P. (2026). No solo hay que poner más dinero, hay que redefinir el sistema de salud: Análisis del PPEF 2026. Portal del Sector Salud.

El PT fisura la alianza de partidos del oficialismo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El anuncio del partido del trabajo del pasado 17 de septiembre en el cual un integrante de la coordinadora nacional dio a conocer la decisión del partido de no acompañar a la dirigencia nacional de morena en los próximos destapes de los coordinadores nacionales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, puso en tela de juicio la solidez de la alianza que desde las elecciones de 2018 han conformado el bloque oficialista de Morena, el PT y el PVEM.

El hecho de no acompañar a Morena en los eventos dónde se llevarán a cabo el destape de quienes serán los candidatos a gobernador en los 17 estados donde habrá elecciones en 2027 pone de manfiesto la inconformidad del partido del trabajo respecto a las candidaturas y los resultados de las encuestas que se ocultan a quiénes participaron en el proceso.

Aún y cuando se ha dado a conocer que el partido del trabajo analiza cómo se definirán las candidaturas en sus procesos partidistas; es de llamar la atención que la alianza oficialista atraviesa por problemas de carácter interno como sucedió en el destape de las candidaturas de los estados de Guerrero Zacatecas y Michoacán dónde se hizo evidente la inconformidad de quiénes no fueron favorecidos en la encuesta de Morena.

Aunque el partido del trabajo ha declarado que continúa firme en su compromiso con el movimiento de la cuarta transformación en este momento como es su costumbre trata de imponer condiciones y de presionar a la alianza oficialista con el “peso electoral” que supuestamente tiene tiene en diferentes zonas del territorio nacional.

Un caso significativo cuestionado por la dirigencia del partido del trabajo es el de la designación de la senadora con licencia Verónica Díaz Robles en el estado de Zacatecas por su cercanía con la familia Monreal y por los criterios de medición que Morena ha ocultado haciendo a un lado las preferencias y apoyos con los que supuestamente cuenta el PT cuya propuesta recayó en la senadora Geovanna Bañuelos quien de acuerdo a sus sondeos encabezaba las preferencias para ganar la encuesta; sin embargo Morena impuso a la senadora Díaz Robles a quien señalan estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila hermano de Ricardo y Saul Monreal, lo que significa que de ganar las elecciones dicha candidata el gobierno del estado seguirá bajo el control de una persona cercana a la familia Monreal Ávila.

La inconformidad del partido del trabajo también se hizo evidente en su rechazo a la designación de la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga amagando el dirigente estatal del partido del trabajo Victoriano Wences Real con participar como candidato independiente en las elecciones de 2027 si no se logra que se repita la encuesta con aspirantes de ambos partidos.

Aún y cuando la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Citlalli Hernández ha declarado que no existe un rompimiento entre los partidos que integran la alianza oficialista y cuando faltan por definir 7 coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía Nacional las diferencias entre Morena, PT y el PVEM se han ido manifestando y el acuerdo de unidad del bloque se tambalea por que las negociaciones en los cargos más importantes se han definido por la dirigencia nacional de Morena manipulando los resultados de las encuestas y ocultando las cifras a las dirigencias de los partidos que integran la alianza oficialista.

A estas alturas del proceso de designación de quiénes serán los candidatos a las gubernaturas resulta evidente que los grupos con mayor peso en la dirigencia nacional de Morena han ido imponiendo con el aval de los gobernadores salientes a quiénes seguramente de ganar las elecciones les sucederán en los cargos, garantizándoles impunidad para la aprobación de sus cuentas públicas y posibles desvíos en sus administraciones.

Los casos de las candidaturas en estados como San Luis Potosí donde el PVEM ha anunciado que apoyará las aspiraciones de la esposa del actual gobernador del estado para que los represente en las elecciones de 2027 será una prueba definitiva para saber a ciencia cierta si el bloque oficialista aún con las diferencias que se han venido presentando continúa o bien si se da una ruptura en las elecciones de los estados dónde tanto el partido del trabajo como el partido verde ecologista de México buscan posicionarse y obtener el respaldo del bloque para alguno de sus candidatos que los representen.

La postura del partido del trabajo que se ha inconformado sobre los resultados de las encuestas donde Morena a impuesto a los virtuales candidatos a las gubernaturas podría traer como consecuencia un eventual rompimiento y veremos si esta fuerza política se decide a ir con candidatos propios para medir su peso político y tratar de obtener por primera vez en su historia una gubernatura; sin embargo se ve difícil que tome este camino ya que al final como ha sucedido en otros momentos siempre termina negociando para proteger sus propios intereses y dejando de lado a su militancia y simpatizantes que solo como en el caso del PVEM han sido testigos de cómo sus líderes siguen aprovechando los cargos y usufructuando las prerrogativas que les entrega el INE para su beneficio personal.

Por ello ambos partidos tanto el PT como el PVEM siguen siendo las comparsas que sólo se han servido de sus siglas para mantenerse con el bloque oficial a sabiendas de que sin el apoyo del aparato de estado difícilmente podrían ganar las elecciones yendo solos a las urnas.

La Alianza oficialista seguramente se mantendrá en las elecciones de 2027 y sólo en el caso de que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo la detención de los narco políticos acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada y los carteles, dichos partidos se verían obligados a tratar de deslindarse de Morena y a tratar de salvarse de una situación en la que han sido cómplices en varios estados del país, donde han obtenido recursos de la delincuencia para ganar elecciones.

LOS RESULTADOS DE MÉXICO EN LA PRUEBA PISA 2025: UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTANCAMIENTO EDUCATIVO Y LA AUSENCIA DE POLÍTICA CORRECTIVA

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Introducción

La publicación de los resultados de la prueba PISA 2025 por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constituye un momento de particular relevancia para evaluar el estado del sistema educativo mexicano. El presente ensayo examina de forma crítica las cifras obtenidas por México, contrasta la narrativa oficial del gobierno federal con la evidencia documental disponible y analiza las implicaciones que dicho desempeño tiene tanto para la política pública educativa como para el marco jurídico que sustenta el derecho a la educación en el país.

El retroceso histórico y sus matices metodológicos

Los datos son inequívocos en un aspecto: González (2026) documenta que los estudiantes mexicanos de 15 años registraron en 2025 su nivel más bajo en matemáticas desde 2009 y su nivel más bajo en lectura desde 2018. La propia OCDE reconoce que el ciclo evaluativo de 2025 arroja, a nivel global, «uno de los niveles de rendimiento educativo más bajos jamás observados para las pruebas PISA» (González, 2026, párr. 5). En términos numéricos, México descendió de 395 a 388 puntos en matemáticas y de 415 a 408 en lectura respecto de 2022, mientras que en ciencias experimentó un incremento marginal de 410 a 414 puntos (González, 2026).

No obstante, resulta indispensable introducir un matiz crítico que la cobertura periodística tiende a omitir: la propia OCDE atribuye parte de este descenso a la expansión de la cobertura educativa registrada entre 2018 y 2025, periodo en el cual se incorporó a la educación secundaria y media superior a poblaciones previamente marginadas del sistema escolar (González, 2026). Este fenómeno introduce un sesgo estadístico relevante: la comparación simple de puntuaciones medias a lo largo del tiempo tiende a sobreestimar el deterioro real, dado que los estudiantes de mejor desempeño relativo —aquellos cuya situación no se modificó por la expansión educativa— presentaron una disminución menor a la que sugieren las cifras agregadas. Ignorar esta salvedad metodológica conduce a interpretaciones simplistas que, si bien políticamente útiles para distintos actores, distorsionan el diagnóstico técnico del problema.

La magnitud del rezago frente al estándar internacional

Más allá de la comparación histórica interna, la brecha de México respecto del promedio de los 91 países y economías participantes en PISA 2025 resulta sustancial. Frente a un promedio de 463 puntos en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias, México se ubica entre 68 y 75 puntos por debajo en cada área evaluada (OCDE, 2026). Educación con Rumbo, organización civil citada por Cabadas (2026), traduce esta distancia en términos de tiempo formativo: la brecha equivale aproximadamente a 3.8 años de aprendizaje en matemáticas, 2.7 en lectura y 3.4 en ciencias.

En cuanto a la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente, las cifras confirman una situación crítica. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en la OCDE, el 70 % de los estudiantes mexicanos se ubicó por debajo del nivel mínimo de competencia en matemáticas, y el 50 % en cada una de las otras dos materias («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026). En sentido convergente, Educación con Rumbo precisa que apenas tres de cada diez estudiantes —es decir, el 30 %— logró interpretar cómo representar matemáticamente una situación sencilla (Cabadas, 2026). Un dato adicional, aportado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), resulta particularmente ilustrativo de la ausencia de excelencia académica: apenas el 0.5 % de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles de alto desempeño, identificados como 5 o 6 en la escala PISA (Cabadas, 2026).

La muestra evaluada: alcance y representatividad

La evaluación en México se aplicó a 7,843 estudiantes de 297 escuelas, tanto públicas como privadas, en zonas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026). Esta muestra representa aproximadamente 1,581,000 jóvenes de 15 años, equivalente al 69 % de la población total de esa edad en el país. La precisión de estos datos resulta relevante porque permite descartar interpretaciones que atribuyan el bajo desempeño a un sesgo de selección hacia escuelas de un solo tipo de sostenimiento; la muestra, por el contrario, incluye una representación amplia del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades.

La respuesta gubernamental: legitimación frente a autocrítica

Uno de los hallazgos más relevantes del presente análisis reside en la respuesta institucional ante los resultados. Contrario a lo que podría esperarse ante cifras de esta naturaleza, la Secretaría de Educación Pública (SEP) optó por una postura de legitimación del modelo vigente en lugar de reconocer fallas estructurales. Cabadas (2026) documenta que la SEP sostuvo públicamente que «los resultados de PISA 2025 respaldan la ruta educativa del gobierno», enfatizando la mejoría registrada en ciencias y citando el reconocimiento del director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, hacia la resiliencia del sistema educativo mexicano.

Esta postura se inserta en un patrón previo de minimización del instrumento evaluativo. El propio secretario de Educación, Mario Delgado, había advertido con antelación que la prueba PISA «tiene limitaciones muy importantes» y calificó de «relativos» sus resultados (Cabadas, 2026). Esta estrategia discursiva constituye una práctica recurrente en la gestión de crisis de reputación institucional, pero resulta jurídicamente problemática cuando el Estado mexicano ha reconocido voluntariamente, mediante su membresía en la OCDE desde el año 2000, la validez de dicho instrumento como mecanismo de rendición de cuentas educativa.

El caso Marx Arriaga y la disputa sobre la Nueva Escuela Mexicana

La coyuntura de los resultados de PISA 2025 coincidió con la salida de Marx Arriaga de la titularidad de materiales educativos de la SEP, figura central en el diseño de los libros de texto gratuitos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Resulta importante precisar, con base en la declaración directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dicha salida no derivó explícitamente de los resultados de PISA, sino de un desacuerdo respecto a la incorporación del papel de las mujeres en la narrativa histórica de los libros de texto (Olivares & Urrutia, 2026). Sheinbaum declaró textualmente: «Los libros de texto no son patrimonio de una persona», reivindicando la continuidad de la NEM como proyecto de transformación educativa en curso (Olivares & Urrutia, 2026).

Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambos eventos ha sido explotada por organizaciones civiles para cuestionar el modelo pedagógico vigente. Educación con Rumbo, a través de su directora Paulina Amozurrutia, sostuvo que «estos resultados son una señal clara de que la educación mexicana se encuentra en deterioro y que la Nueva Escuela Mexicana, lejos de revertir los rezagos educativos, enfrenta una importante pérdida de aprendizajes» (Cabadas, 2026). Esta misma organización documentó que México perdió 21 puntos en matemáticas y 12 en lectura entre 2018 y 2025, cifra que contradice frontalmente la narrativa oficial de estabilidad y mejora continua.

La ausencia de un plan correctivo formal

Un elemento que merece particular atención desde la perspectiva de la política pública es la ausencia de un plan gubernamental explícito orientado a revertir los resultados observados. En lugar de ello, la respuesta oficial se ha centrado en la defensa retrospectiva del modelo educativo vigente. Frente a este vacío, diversos actores de la sociedad civil han exigido acciones concretas: Educación con Rumbo solicitó «una estrategia nacional de evaluación independiente, objetiva, periódica y pública» (Cabadas, 2026); la UNPF exigió «un plan de mediano y largo plazo, con metas medibles y rendición de cuentas» (Cabadas, 2026); y la Alianza de Maestros reclamó un «plan de emergencia educativo», señalando que «no bastan los discursos» (El Universal, 2026).

La ausencia de una respuesta institucional articulada en forma de plan correctivo contrasta con la gravedad de los indicadores presentados. La UNPF documentó que el 41.8 % de los estudiantes mexicanos evaluados presentó bajo desempeño simultáneo en las tres áreas evaluadas —ciencias, lectura y matemáticas—, frente a un 19.7 % en el promedio de la OCDE (Cabadas, 2026), es decir, más del doble de la proporción esperada para un país miembro de dicha organización.

La dimensión jurídica subyacente: el litigio como garante de la evaluación

Un aspecto de particular relevancia para el análisis desde las ciencias jurídicas, escasamente destacado en la cobertura periodística general, es que la propia participación de México en PISA 2025 se garantizó mediante un mecanismo judicial. Educación con Rumbo obtuvo una suspensión definitiva en un juicio de amparo que ordenó a la SEP y a la entonces Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) «realizar las gestiones necesarias para asegurar la evaluación» («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026).

Este dato reviste una importancia constitucional considerable. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a una educación de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje. La circunstancia de que la evaluación estandarizada e independiente haya requerido de la intervención del Poder Judicial para materializarse, en lugar de derivar de una política pública proactiva del Ejecutivo, evidencia una tensión estructural entre la administración educativa y los mecanismos de rendición de cuentas. Este componente excede el ámbito del presente análisis periodístico-descriptivo y amerita un desarrollo especializado desde el derecho constitucional y administrativo; para tal efecto, se sugiere invocar a @Consultor Jurídico, quien puede profundizar en las obligaciones estatales derivadas del artículo 3° constitucional y de la Ley General de Educación en materia de evaluación educativa.

Conclusión

El análisis de los resultados de México en PISA 2025 revela una realidad compleja que trasciende la simple constatación de un retroceso en las puntuaciones promedio. Si bien es cierto que los factores de expansión de cobertura educativa introducen un matiz metodológico legítimo en la interpretación de las cifras, la magnitud de la brecha respecto del promedio internacional, la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente y la práctica casi nula de habilidades de alto nivel configuran un cuadro de deterioro estructural que no puede atribuirse exclusivamente a factores estadísticos. La respuesta gubernamental, centrada en la legitimación del modelo vigente en lugar de en el reconocimiento de fallas y el diseño de un plan correctivo medible, contrasta con las demandas articuladas por organizaciones de la sociedad civil y representa, en sí misma, un objeto de escrutinio relevante para la evaluación de las políticas públicas educativas del país. Finalmente, el hecho de que la propia garantía de evaluación independiente haya dependido de la intervención judicial sugiere que persisten desafíos institucionales de fondo en la relación entre el Estado mexicano y los mecanismos de rendición de cuentas en materia educativa.

Referencias

Cabadas, M. (2026, 8 de septiembre). Prueba PISA respalda la ruta educativa del gobierno, afirma la SEP; destaca reconocimiento de la OCDE. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prueba-pisa-respalda-la-ruta-educativa-del-gobierno-afirma-la-sep-destaca-reconocimiento-de-la-ocde/

González, A. (2026, 9 de septiembre). Las pruebas PISA exhiben retrocesos y estancamientos en la educación en América Latina: estos son los números por país. CNN en Español.

Olivares, E., y Urrutia, A. (2026, 16 de febrero). «Los libros de texto no son patrimonio de una persona»: Sheinbaum sobre salida de Marx Arriaga de la SEP. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/16/politica/los-libros-de-texto-no-son-patrimonio-de-una-persona-sheinbaum-sobre-salida-de-marx-arriaga-de-la-sep

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). PISA 2025 Results (Volume I). OECD Publishing.

Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?; México queda en penúltimo lugar en lectura y ciencias tras evaluación. (2026, 9 de septiembre). El Universal.

“ELECCIONES 2027, LA DEMOCRACIA MEXICANA A PRUEBA “

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Cada proceso electoral en México tiene casi siempre escenarios controvertidos y factores que los hace distintos, ya sea que se trate de una elección presidencial cada seis años en la que no sólo se elige a un nuevo presidente, sino también a las Cámaras de Diputados y Senadores o una elección intermedia de cada tres años, en la que se renueva sólo a los legisladores de la cámara baja y que coinciden como en el caso de las elecciones de 2027 con la de 17 gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales en casi la mitad de los estados del país.

La elección de 2027 definitivamente no será igual que ninguna de las anteriores, porque se presentan los siguientes factores:

1.-El oficialismo tiene el control absoluto del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El primero tendrá a su cargo la organización del proceso electoral y de validar los resultados que se obtengan en las urnas el día de la elección y el segundo resolverá los recursos e impugnaciones que presenten los partidos que se inconformen con los resultados, siendo la autoridad cuyas resoluciones serán definitivas para decidir quién es declarado ganador.

2.-El enorme presupuesto que recibirá Morena, PT y PVEM quienes integran la alianza oficialista y que de acuerdo con el Anteproyecto de Presupuesto del INE para 2027 contenido en el comunicado 340 les asigna a Morena $ 3 mil 685 millones 440 mil 886 pesos, al PT $ 760 millones 790 mil 153 pesos y al PVEM $ 1192 millones, 793 mil 138 pesos, lo que sumado da un total de $5639 millones 024 mil 177 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 18% del presupuesto anual del INE.

3.-El hecho de que los partidos de oposición tengan un presupuesto más bajo y que asciende sumando lo asignado al PAN, PRI Y MC a $ 4630 millones 731 mil 943 pesos, que, dividido en caso de no alcanzar una alianza, será insuficiente para aspirar a arrebatarle algunas gubernaturas y diputaciones a los partidos de la 4T.

4.-El uso del aparato de estado y de los programas del bienestar que se utilizan para garantizar el voto de los beneficiarios, a través del trabajo de los servidores de la nación y de las dependencias como la Secretaría del Bienestar federal y locales llevan a cabo para controlar la población de las zonas rurales y municipios en pobreza extrema.

5.-La injerencia de los grupos de la delincuencia organizada y carteles que mediante la violencia y extorsión presionan a los partidos para colocar candidatos que les permitan continuar con sus actividades delictivas, financiando sus campañas y amenazando a los ciudadanos para obligarlos a votar por quien ellos promueven.

6.-El control de los medios de comunicación y los canales oficiales que promueven al oficialismo y el apoyo a sus candidatos.

7.-Las decisiones de los órganos del INE, siempre dispuestos a dar trámite a las quejas y recursos de los partidos del oficialismo y resolver a favor de sus intereses, sin importar los argumentos jurídicos y lo que establece la legislación en la materia.

8.-Hoy más que nunca el arbitro de la elección, públicamente se ha decantado a favor del oficialismo y los consejeros “ciudadanos” están más ocupados en quedar bien con el partido que les dio el cargo, que por actuar en forma imparcial y garantizar un proceso equitativo.

9.-El hecho de que los partidos postulen a los cargos a candidatos de dudosa reputación o con vínculos con los carteles, con la complicidad de las fiscalías que pudieran tener reservada la información y que ello impediría a los ciudadanos reflexionar su decisión sobre a quién dar su voto.

Si a los factores anteriores sumamos, lo que opinan los ciudadanos sobre la clase política y la certeza de que ahora en México, los carteles y grupos de la delincuencia organizada inciden en los resultados electorales y que la impunidad y falta de investigación de la Fiscalía General de la República de personajes que tienen acusaciones de las autoridades judiciales de Estados Unidos y que cuentan con la protección del gobierno federal, puede tener como resultado que haya un alto grado de abstencionismo el día de la jornada electoral y ello sin duda alguna beneficiará a los partidos del movimiento de la 4T.

Sólo el compromiso de los ciudadanos de acudir a las urnas en 2027, puede modificar la situación en la que se encuentra nuestra democracia y de que se logre una Cámara de Diputados plural, donde ningún partido tenga la mayoría calificada y de ahí se inicie un cambio que permita al Estado recuperar sus instituciones y la confianza de los ciudadanos que hoy se ha visto deteriorada por los escándalos y actos de corrupción de quienes prometieron ser distintos y gozan de impunidad para continuar en sus cargos viviendo del erario público.

No será el gobierno de Estados Unidos, quién venga a resolver la crisis política y de inseguridad que vivimos en México, nos toca a los ciudadanos exigir cuentas a los gobiernos y enderezar el rumbo del país ejerciendo nuestros derechos constitucionales y defendiendo nuestra democracia. ¡ México, no merece una dictadura como la del gobierno de Nicaragua, Cuba o Venezuela¡

Rocha Moya, ya esta solo

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Julián Germán Molina Carrillo

El regreso a la gubernatura de Sinaloa de Rubén Rocha Moya, que se dio la semana pasada en forma intempestiva y sin anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni de la diligencia nacional de Morena originó un sisma de graves repercusiones en contra del Gobierno Federal, por existir una solicitud de detención por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con efectos de extradición en contra del Gobernador y de nueve funcionarios y ex funcionarios de su administración.

Después de 112 días que transcurrieron desde su solicitud de licencia al cargo y en los cuales se mantuvo aislado en su domicilio sin hacer declaraciones, ni presentarse en actos públicos ya que solamente se dio a conocer que había sido citado por la Fiscalía General de la Republica como parte de una investigación que se ha mantenido en secreto y de la que no se tiene ninguna información pública. El Gobernador el viernes 21 de agosto decidido salir de su aislamiento, solicitando su reincorporación al cargo al Congreso del Estado de Sinaloa que se encuentra controlado por el morenismo.

Sin embargo, su reincorporación solo duró 36 horas, ante la ola de criticas tanto del oficialismo, así como de morena.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de ¨X¨ no tener conocimiento de la reincorporación del Gobernador, fue evidente su molestia, ante lo que significaba un desafío a su autoridad y control político de lo que ocurre en el país.

A la posición de la presidenta se sumaron las declaraciones de la presidenta nacional del partido Ariadna Montiel y del presidente de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal, quienes desaprobaron la reincorporación del Gobernador por las graves consecuencias que trajo a nivel interno y en la relación bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos.

La presión para que Rocha Moya desistiera de seguir en el cargo subió de tono, con la publicación de un desplegado firmado por 23 gobernadores estatales emanados de Morena y aliados quienes se desmarcaron de la decisión de Rocha Moya de regresar a su cargo y dando su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presión tuvo resultados obligando a Rocha Moya a solicitar una nueva licencia ahora por tiempo indefinido y cuatro días después el Congreso del Estado designó como nueva Gobernadora Interina a Graciela Domínguez Nava para concluir el periodo de Rocha Moya que será el 31 de octubre de 2027.

En este contexto es necesario plantearnos las siguientes preguntas:

¿La decisión de regresar a la gubernatura de Rocha Moya, la tomó por iniciativa propia o por instrucciones de el ex presidente Andrés Manuel López Obrador?
¿Fue por la detención del Fausto Corrales Rodríguez testigo clave en el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén, por lo que Rocha Moya buscó recuperar su fuero para evitar ser detenido?
¿Resulta que ahora sí, la Fiscalía General de la República ya cuenta con las pruebas suficientes que acreditan la culpabilidad de Rocha Moya respecto a la acusación de sus vínculos con el Cartel de Sinaloa y al financiamiento a su campaña para ganar la gubernatura en 2021?
¿Por qué el oficialismo, que inicialmente defendió a Rocha Moya y le dio todo su respaldo tanto del partido, legisladores y de los gobernadores de los 23 Estados, ahora decidió darle la espalda?
¿Cuál será la actitud de las autoridades del Gobierno de Estados Unidos, al persistir la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para detener a Rocha Moya y a los demás acusados por la Corte del Distrito de Nueva York?
¿Cuáles han sido los daños a la popularidad de la presidenta y a Morena, que ha ocasionado este escandalo con vistas a las elecciones de 2027?
¿Ya existe una división al interior de Morena y del Gobierno Federal, entre quienes apoyan a la presidenta de la Republica y de quienes continúan siguiendo órdenes del ex presidente AMLO, líder moral del movimiento a la 4T?
¿El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum seguirá protegiendo a Rocha Moya y a los funcionarios cuya detención con fines de extradición ha sido solicitada por las autoridades Estados Unidos o bien cumplirá el tratado de extradición vigente y los entregará la justicia del vecino del norte?
¿Sera, que la estrategia del oficialismo es ganar tiempo hasta las elecciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre de este año, para que, si el presidente Donald Trump pierde las elecciones, haya una recomposición en la relación bilateral negociando las solicitudes de detención que existen a la fecha y las que se han anunciado en contra de otros gobernadores?

Los siguientes dos meses serán claves para nuestro país debido a que en la situación actual que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum podría obligarla a distanciarse de la influencia del ex presidente AMLO y enfrentar en forma decidida a los carteles y grupos de la delincuencia organizada que siguen operando en las dos terceras partes del territorio nacional.

“EL DESGASTE PRESIDENCIAL “

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Cuando para la mayoría de los mexicanos, el enterarnos de los elogios y reconocimientos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la república Omar García Harfuch, por parte del Director de la DEA Terry Cole en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por el Ministerio de Seguridad Argentino y la DEA, a la que asistieron delegados de más de cien países para coordinar estrategias contra los carteles y organizaciones que llevan a cabo actividades de narcotráfico trasnacional, donde fue el invitado principal y fue calificado como: “un socio de confianza y un buen amigo de los Estados Unidos”

Pensamos que, ahora si el gobierno federal demostraba su compromiso de ir en serio en contra de los grupos criminales que operan en México atendiendo al mensaje que el secretario García Harfuch pronuncio en el evento.

Pero además es de llamar la atención, la exposición del secretario de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum enfocada en la inteligencia y colaboración institucional como los ejes principales para combatir a los narcotraficantes que existen en México.

El reconocimiento del director de la DEA a la trayectoria de Harfuch, resaltando su carrera de más de dos décadas para proteger a las personas en México, su liderazgo y disposición para el intercambio rápido de inteligencia y compromiso compartido para perseguir lideres criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes de crimen trasnacional, de alguna forma significó reconocer por Estados Unidos ,ante un foro internacional la lucha del gobierno mexicano en contra de los carteles para echar abajo las acusaciones de nuestro país está gobernado por los grupos criminales.

Como un logro más de la asistencia a la cumbre, el secretario de Seguridad logró negociar con el gobierno de Argentina, la expulsión y traslado a México del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, quién se encontraba detenido en dicho país, acusado de haber ingresado con un pasaporte falso.

Cabe señalar que Fernando Farías Laguna, es acusado por la fiscalía general de la República de encabezar junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, una red de huachicol fiscal y tráfico de hidrocarburos por un monto superior a seiscientos mil millones de pesos y era reclamado por el gobierno mexicano para enfrentar dichos cargos en nuestro país. Ambos acusados son sobrinos políticos del secretario de Marina durante el gobierno de AMLO, almirante José Rafael Ojeda Duran.

A pesar de la turbulencia política de la última semana originada por el anuncio de Andrés Manuel López Beltran hijo de AMLO, de que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado su visa y de la desafortunada carta que le dirigió al presidente Donald Trump reclamando dicho acto, pidiendo la destitución del secretario de Estado Marco Rubio y del subsecretario Christopher Landau por haber ordenado dicha medida.

La presidenta tuvo que salir a defender al hijo de AMLO, señalando que la fiscalía general de la república no tenía ninguna prueba o indicio en su contra y que la decisión del gobierno

de Estados Unidos era una medida injerencista y que no significaba que tuvieran una investigación en contra de López Beltran.

Es evidente que la presidenta, está a dos fuegos y debe asumir una doble postura, ante la presión del gobierno de Estados Unidos que le exige una mayor cooperación y resultados en la lucha contra los carteles para evitar que sigan operando y enviando drogas como el fentanilo a su país, para lo cual debe detener a los lideres, funcionarios y exfuncionarios de su gobierno y a empresarios ligados a los carteles y bandas que se dedican al huachicol fiscal y por otro lado, la presidenta está obligada a defender al expresidente AMLO, a los gobernadores como el de Sinaloa Rubén Rocha Moya, cuya detención no se ha llevado a cabo a pesar de haber sido solicitada por las autoridades de Estados Unidos, la de Baja California Norte Marina del Pilar Ávila, de Sonora Arturo Durazo y de Tamaulipas Américo Villareal a quienes también les ha sido retirada su visa.

El anuncio de Rocha Moya de que a partir de este día 21 de agosto retoma la gubernatura de Sinaloa, al no haber encontrado la Fiscalía general de la república ninguna prueba en su contra, a pesar de que sigue vigente la solicitud de su detención por la corte de Nueva York de Estados Unidos, es un desafío y un reto a la presidenta, que ahora debe enfrentar las consecuencias de dicha decisión y lo que puede afectar la tensa relación con el gobierno del presidente Donald Trump.

Los meses de septiembre y octubre serán claves, para el desenlace de los anuncios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que solicitará formalmente más detenciones y la postura que asumirá la presidenta para tratar de defender a los funcionarios y legisladores de su partido para que no afecten la imagen del movimiento de la 4T con vista a las elecciones intermedias de 2027, en que se renovarán 17 gubernaturas con sus congresos locales y la cámara de diputados federal.

El desgaste y los conflictos entre los grupos y corrientes de Morena, así como las cuotas y la lucha que se dará para lograr ganar las candidaturas a los cargos, ya es visible y si a ello se suma la percepción y datos de que varios aspirantes tienen antecedentes o ligas con grupos de la delincuencia organizada y carteles, todo apunta a que ante la falta de liderazgo y ambición de poder, será muy difícil se lleguen a acuerdos de unidad y los resultados podrían ser adversos para el movimiento de la 4T.

El desgaste que enfrenta la presidenta empieza a pasarle factura, ya que debe lidiar con los de casa que la llevaron al poder y con los vecinos del norte, que no estás dispuestos a permitir que los carteles y grupos criminales sigan controlando la tercera parte del país y colocando en los cargos a autoridades y funcionarios a su servicio que los protejan y solapen sus actividades delictivas.

LA LISTA NEGRA DE LOS PERIODISTAS INCÓMODOS AL REGIMEN.

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

En el escenario de la polémica desatada desde la presidencia de la república por la propuesta de los lineamientos para regular los derechos de las audiencias que han sido definidas como las garantías y facultades que protegen a la ciudadanía al usar radio y televisión, destacando el derecho de recibir información plural, a diferenciar la publicidad del contenido y al respeto a los horarios.

Propuesta que pone en puntos opuestos los derechos de las audiencias vs. la libertad de los concesionarios los primeros defendidos por el gobierno actual y los segundos por los integrantes de la industria de radio y televisión (CIRT) y organizaciones internacionales como artículo 19 que califican a los lineamientos como un mecanismo de censura en contra de medios como TV Azteca, el Universal y Reforma cuyos contenidos y notas con contrarias al oficialismo.

El pasado 12 de agosto la Consejera Jurídica de la presidencia de la República Luisa María Alcaide en su programa denominado “Derecho de réplica” dio a conocer los nombres de un grupo de periodistas y comunicadores, que de acuerdo a una investigación del gobierno difunden noticias y comentarios en contra del movimiento de la 4T y del oficialismo, por medio de una red que se encarga de replicar lo publicado en las redes sociales utilizando recursos económicos a gran escala para llegar a un mayor número de personas.

La publicación de la lista de comunicadores con sus correos electrónicos incluye a personajes y programas de radio y televisión como Javier Alatorre de Azteca noticias, Carmen Aristegui, Joaquín López Doriga, Víctor Trujillo, Adela Micha, Azucena Uresti, Carlos Alazraski, Denisse Dreser, entre otros, que casi a diario atacan al régimen y llevan a cabo una labor de desgaste en contra de la presidenta y de su gobierno, de acuerdo con el dicho de la consejera Jurídica.

Ante la ola de descalificaciones y criticas a la publicación de la lista y de los pronunciamientos de diversos sectores de la sociedad y la academia, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a defender a su consejera y a tratar de justificar que no se trata de una campaña contra de la prensa, sino de que el pueblo de México, se de cuenta de como operan estas redes para difundir información falsa en contra del movimiento.

Pese a lo anterior y de que varios de los periodistas y comunicadores cuyos nombres fueron incluidos en la lista de la presidenta, de inmediato dieron respuesta puntual a lo aseverado por la Consejera Jurídica negando desde luego la existencia de dicha red y de que exista un concierto entre todos estos medios para llevar a cabo la tarea de difundir información falsa y tendenciosa en contra de la presidenta, considero necesario hacer una serie de reflexiones para ser valoradas por los ciudadanos mexicanos, ante la complicada situación en la que se encuentra inmerso el país, al ser considerado como uno de los cuatro más peligrosos a nivel mundial para ejercer el periodismo.

En primer lugar, como ya se ha vuelto costumbre desde la presidencia de AMLO, de difundir información que debiera ser reservada y que se pone en riesgo la seguridad de las personas que se mencionan en la conferencia mañanera, como ocurrió en el caso de periodistas como Carlos Loret de Mola dando a conocer su situación patrimonial e ingresos; le tocó a la Consejera Jurídica, no sólo dar a conocer los nombres, sino también los contactos de los periodistas enemigos del régimen que desde ese momento se volvieron el centro de ataques y descalificaciones a su labor, con insultos y ataques a su trabajo, así como amenazas a su integridad física y vida, por fanáticos y ciudadanos que consideran que se han vuelto sus enemigos y que deben ser tratados como delincuentes y traidores a la patria.

Aunque al día siguiente de la publicación de la lista, la propia consejera jurídica, en sus redes sociales, salió a aclarar que no se trataba de una lista, sino de información que denunciaba la forma de operar de estas personas para hacer viral en sus plataformas y programas de noticias sus comentarios y críticas al régimen, el daño ya está hecho y esperemos que quienes aparecen en la mencionada lista, como el caso de Ciro Gómez Leyva que ya fue víctima de un ataque armado en la ciudad de México por un comando de la delincuencia organizada, no sean afectados en su seguridad por seguir desempeñando su labor de informar.

México, no merece seguir en la polarización y división que dejó como herencia el expresidente AMLO, que no ha dejado nada bueno al país y que ha incentivado el encono y la violencia por discusiones ideológicas y el discurso de confrontación en el que se ha puesto a los ciudadanos en gran parte de la Nación.

Nos quejamos de la violencia en el país y estamos formando a las nuevas generaciones en un clima de divisionismo y de falta de tolerancia para quienes no piensan igual que nosotros; el oficialismo no comprende que se trata de sacar adelante al país cuyos problemas y carencias siguen prevaleciendo y no de buscar a toda costa aplastar a quienes calificamos como enemigos por cuestionar o denunciar las cosas que no están funcionando y que en todo caso corresponde resolver a quienes nos gobiernan; una vez más, se cuestiona al mensajero y no se hace caso al mensaje.

Los huérfanos del conflicto: La infancia invisibilizada ante la guerra de facciones en Sinaloa

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

1. El quiebre institucional y la violencia desatada

Desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa atraviesa uno de los episodios de violencia más convulsos y traumáticos de su historia reciente. A raíz del secuestro y posterior entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada, la fractura interna del Cártel de Sinaloa detonó un conflicto armado abierto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos. Esta confrontación no solo ha dejado una estela de cientos de muertes entre los bandos beligerantes, sino que ha arrastrado a la población civil a una dinámica diaria de fuego cruzado, bloqueos, ejecuciones y constantes ataques violentos.

Sin embargo, detrás de las cifras macroeconómicas del delito y los titulares sobre la seguridad nacional, existe una crisis humana silenciosa y devastadora: la situación de los niños, niñas y adolescentes que pierden a sus padres en este entorno de desprotección institucional.

2. Los niños en la sombra: Vulnerabilidad y huérfanos de la violencia

El impacto de esta guerra fratricida sobre la infancia sinaloense abarca múltiples dimensiones que van desde lo socioeconómico hasta lo psicosocial:

Sostén económico y deserción escolar: La muerte o desaparición del proveedor principal de la familia deja a los menores en un estado inminente de marginación. Con frecuencia, estos niños se ven obligados a abandonar el sistema educativo para incorporarse al trabajo informal o de supervivencia.
Secuelas y trauma psicológico: Crecer en medio de balaceras, presenciar la violencia directa contra sus familiares y vivir con el estigma social genera cuadros graves de estrés postraumático, ansiedad y depresión no diagnosticada en la infancia.
Riesgo de reclutamiento forzado: Sin una red de contención institucional o comunitaria, los menores huérfanos se convierten en un blanco altamente vulnerable para las propias estructuras del crimen organizado, perpetuando así un ciclo ininterrumpido de violencia generacional.

3. La insuficiencia de la ayuda estatal a las víctimas

Actualmente, las instituciones encargadas de la atención a víctimas (como las Comisiones Estatal y Nacional de Atención a Víctimas) operan bajo un marco burocrático y presupuestal insuficiente. Aunque existen apoyos económicos coyunturales en su mayoría pagos únicos para gastos funerarios o despensas inmediatas, estos insumos no constituyen una respuesta estructural ni sostén a mediano y largo plazo.

Las deficiencias más críticas del esquema actual radican en:

Falta de integralidad: La ayuda asistencialista no compensa la carencia de acompañamiento psicológico continuo, becas escolares garantizadas hasta la mayoría de edad ni cobertura médica especializada.
Revictimización y estigmatización: En muchos casos, los hijos de personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades ilícitas son estigmatizados por el propio aparato gubernamental y la sociedad, lo que frena la entrega de apoyos estatales bajo prejuicios morales o vacíos legales.
Ausencia de un registro oficial actualizado: No existen censos precisos sobre el número de huérfanos derivados directamente de la pugna iniciada en septiembre de 2024, lo que imposibilita la creación de diagnósticos certeros.

4. Un vacío en la política pública: Hacia una agenda con propósito

El principio Poderis est responsibilitas (el poder es responsabilidad) impone a los tomadores de decisiones y a los líderes del sector público el deber ético de intervenir. México y el estado de Sinaloa carecen hoy de una política pública focalizada e integral para la protección de la infancia víctima indirecta de la guerra de cárteles.

Para transformar esta realidad, es indispensable que la agenda pública priorice los siguientes ejes de acción:

Creación de un Padrón de Niños Víctimas de la Guerra contra el Narcotráfico: Un registro confidencial orientado a garantizar derechos y no a la persecución o señalamiento.
Becas de Protección Integral a Largo Plazo: Programas blindados presupuestalmente que aseguren educación, alimentación y servicios de salud a los menores afectados hasta su mayoría de edad o término de estudios superiores.
Atención Psicosocial Comunitaria: Desplegar brigadas especializadas de salud mental en las zonas con mayores índices de violencia en Sinaloa para la atención continua de traumas infantiles.
Reformas al marco legal de Atención a Víctimas: Garantizar que el derecho a la reparación del daño sea progresivo, incondicional y centrado en el interés superior de la infancia, al margen de la situación jurídica de los padres fallecidos.

Conclusión

La guerra de los cárteles en Sinaloa no solo está reconfigurando el mapa de la criminalidad en México; está cobrando como factura el futuro de toda una generación de niños y jóvenes. Ignorar la vulnerabilidad de estos menores equivale a sembrar la semilla de futuras crisis sociales y de seguridad.

Las ideas con propósito deben traducirse en leyes y presupuestos efectivos. Corresponde al Estado, a las instituciones y a los líderes de la sociedad civil asumir la responsabilidad colectiva de proteger a la infancia, garantizando que el abandono institucional no complete el daño iniciado por la violencia criminal.

“La última y nos vamos”

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“Con mi gratitud y reconocimiento a Rodolfo Ruiz, defensor del periodismo independiente”

Como académico y directivo del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, tuve el honor de ser testigo del nacimiento del portal de noticias e-consulta que ha dirigido Rodolfo Ruiz, quien, a lo largo de casi veinticuatro años, me ha otorgado un espacio como colaborador semana a semana, para abordar diversos temas de la vida política del estado y a nivel nacional.

Quiero agradecerle la publicación de mis textos, sabedor de que siempre respeto su contenido y nunca me expresó alguna crítica o comentario adverso a mis planteamientos, como suele ocurrir en algunos medios controlados por el poder en turno y que se ven obligados a apegarse a la línea editorial que se dicta desde alguna oficina gubernamental.

Para mi e-consulta se convirtió como reza su lema institucional en una referencia obligada para quienes gustamos del periodismo crítico e independiente, como ha quedado constancia en todas sus publicaciones.

Soy un convencido defensor de la libertad de expresión como un derecho humano, indispensable en todo sistema democrático y de que la prensa y los comunicadores tienen una labor trascendental en toda sociedad, porque no sólo deben informar y comunicar lo que sucede en el municipio, el estado y el país; sino además deben ofrecer a los lectores diferentes puntos de vista, sobre la labor de los gobiernos, a fin de denunciar los excesos, abusos de poder y políticas que afecten los derechos de los ciudadanos.

La labor de los medios, además de ser riesgosa, enfrenta todo un conjunto de presiones y amenazas de los gobiernos en turno y actualmente también de los grupos de la delincuencia organizada. Los gobiernos siempre pretenden contar con un periodismo subordinado que sólo aplauda su trabajo y que nunca haga una crítica o señalamiento de sus errores, violaciones a derechos humanos o de la corrupción que ha colocado a nuestro país entre los que tienen más altos índices a nivel mundial.

A lo largo de todos estos años, en que pude expresarme en mi colaboración semanal en e-consulta, siempre me preocupé por abordar los temas desde una perspectiva académica, con datos y estadísticas que sustentaran mi opinión; siempre dejando abierta la posibilidad de que también se me cuestionara por no compartir mi punto de vista o si había algún error en la información.

Hoy que tengo conocimiento del retiro periodístico de Rodolfo Ruiz, como director de e-consulta, por congruencia y consciente de que el portal cambiará su línea editorial no me queda más que agradecer a todo su equipo, el apoyo brindado, en especial a la Lic. Flora Molina por su paciencia para revisar mis textos y puntualmente gestionar se publicara mi colaboración siendo esta mi última colaboración.

Hoy me despido no sin antes agradecer a los lectores, sus comentarios y criticas y espero podamos reencontrarnos en otro espacio o medio independiente para seguir compartiendo mis puntos de vista e investigaciones.