editor, autor en AUIEMSS - Página 18 de 19

La deportación y la crisis humanitaria que viene

“LA DEPORTACIÓN MASIVA Y LA CRISIS HUMANITARIA QUE VIENE “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Como reza el refrán popular “no es traidor el que avisa” y aplica lo mismo en el caso del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quién desde el inicio de su campaña anunció por los cuatro vientos y en todos los estados de la Unión Americana, su intención de expulsar del territorio del norte a todos los migrantes que hubieran entrado ilegalmente a su país, acusándolos de ser grupos de violadores, ladrones, asesinos, traficantes y de que todos ellos eran lo peor de sus países de origen, que los habían impulsado a buscar el sueño americano.

Tal como sucedió en su primer período en la casa blanca, para el presidente Trump, la defensa del territorio estadounidense y la seguridad de sus connacionales, es lo más importante y bajo el argumento de que los migrantes son los culpables de la inseguridad, narcotráfico y delincuencia en Estados Unidos, ha radicalizado su discurso y en los hechos, desde el primer minuto de haber pisado la casa blanca, empezó a firmar los decretos respectivos para cumplir con los compromisos que hizo durante esta segunda campaña y que hoy le permiten tener un respaldo y mayoría en ambas cámaras, para tomar las decisiones que el considere pertinentes.

Por eso señalo, que si a Trump se le puede acusar de muchas cosas y defectos, también lo es, que los gobiernos de México y Canadá se enteraron con tiempo suficiente de las pretensiones del presidente de Estados Unidos, cuyas amenazas, no quedaron en el discurso y no sólo se ha rodeado de un gabinete que respalda sus iniciativas; sino también de diseñar una estrategia, que le permitirá convertirse en el salvador de los problemas como el narcotráfico y venta de drogas como el fentanilo que el año pasado dejaron más de 200 mil muertos en su país.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tratado de minimizar la gravedad de la situación, que se empieza a complicar en los estados del norte que tienen frontera con Estados Unidos y que han comenzado a recibir por cientos a migrantes expulsados, no sólo de México, sino también de varias nacionalidades más aquellos que ya estaban en el país, esperando una cita para poder ingresar a los Estados Unidos y que ya les fue cancelada al cerrar la actual administración, la aplicación que se había creado para obtener las citas y lograr ingresar legalmente a dicho país.

A la crisis humanitaria que se vislumbra en los estados del norte del país, se suman las caravanas de migrantes que siguen llegado del sur y que no han disminuido en número a pesar de que, a nivel internacional, Estados Unidos ya anunció el cierre del programa de entrada al país, que existió en el gobierno de Joe Biden.

La intención de las autoridades del gobierno federal de repatriar a los extranjeros y enviar a sus estados de origen a los mexicanos expulsados, por lo que se empieza a ver, no tendrá resultados, ya que si la gran mayoría de ellos, salieron huyendo de sus estados o paises de origen, por problemas como: la pobreza, falta de empleo, violencia, inseguridad, narcotráfico entre otros de igual o mayor gravedad, el regresarlos a su misma situación, no es una solución a sus problemas debido a que sus posibilidades de tener un futuro mejor prácticamente no existen.

Incluso, aún y cuando el gobierno federal, ha comenzado a dar permisos temporales de residencia en el país a los extranjeros y ayuda económica, así como empleos temporales, para la gran mayoría de ellos, no representa una solución, porque sólo serán un paliativo, porque no tienen garantizada una permanencia prolongada.

De lo anterior, se deriva, que los carteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada se aprestan a entrar en franca competencia con el gobierno federal, para ver con quién se emplean los migrantes, dependiendo de quién les ofrezca un mayor pago y la posibilidad de salir de su precaria situación económica para que sea resuelta lo antes posible, al precio que haya que pagar.

Los riesgos que afronta el gobierno federal no terminan con el tema migratorio, ya que en materia económica, además de que se verá afectada la llegada de remesas que envían los migrantes a nuestro país, si finalmente Trump cumple su promesa de poner aranceles del 25% a los productos que se fabrican en México y se exportan a los Estados Unidos, a partir del uno de febrero como ya lo ha anunciado y que hará extensiva a Canadá, sus efectos inmediatos serán una depreciación drástica del peso frente al dólar y una desaceleración en la actividad económica en diversas ramas de la industria, con una caída del empleo.

La única posibilidad de que este escenario no se presente, es que el gobierno de Sheinbaum logre negociar con los funcionarios de Donald Trump un acuerdo en el tema migratorio, frenando en la frontera sur la llegada de más migrantes y apoyar el programa quédate en México que ha revivido el presidente estadounidense, así como lograr un acuerdo de cooperación, en el que se unan fuerzas para exterminar a los carteles del narcotráfico que envían drogas a los Estados Unidos; lo anterior se ve difícil, aunque no imposible, el problema es la falta de negociadores con oficio y experiencia, que puedan afrontar inicialmente estos retos y en segundo lugar, logren beneficios para México en la revisión del T-MEC, si esto se adelanta para este año y no para 2026 como está previsto.

Por ahora, el acuerdo de unidad que propuso la presidenta a las dos cámaras de diputados y senadores para cerrar filas y enfrentar así la embestida de Donald Trump contra México, no se logró, ante la negativa de las bancadas de la oposición PRI y PAN que por separado salieron a anunciar el porque no apoyarían esta iniciativa de Morena y aliados, quienes en respuesta los calificaron como traidores a la patria,

La unidad que se alcanzó con los Gobernadores emanados de todas las fuerzas políticas y los presidentes municipales, fortaleció al gobierno de Sheinbaum; sin embargo lograr que se de en el poder legislativo será difícil, a menos que el oficialismo, deje atrás la soberbia y su actitud de borrar a los partidos de oposición, que no tienen ninguna presencia, ni representación en posiciones que les permitirían al menos sacar adelante algunas iniciativas y posiciones en el gobierno federal; mientras no se de una apertura, la unidad no se dará en momentos en que el país, debe defender a nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos para evitar su deportación y nuestros intereses económicos y evitar quedar subordinado a lo que decidan los vecinos del norte, cuyas amenazas se van cumpliendo cabalmente.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Tabasco es un edén, para la delincuencia organizada

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Cuando hace varias décadas el estado de Tabasco, fue calificado como un eden para los oriundos de dicho estado según una canción invitándonos a visitarlo, no sólo por su localización geográfica, clima, bellezas naturales y atractivos turísticos y calidez de sus habitantes, sino también por la tranquilidad y clima de seguridad que prevalecía y que se ha perdido, desde el año 2020, según reportes oficiales de las autoridades locales y federales y que se han atribuido a diferentes causas, que hoy lo colocan como uno de los estados más inseguros del país.

Dentro de los factores que han motivado que Tabasco se encuentre en esta situación, están los siguientes: la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación, por el rompimiento de las alianzas que tenían con otros grupos locales de la delincuencia; el aumento en el robo de combustible y la lucha por el control de la frontera del estado con Guatemala que también se ha convertido en un paso de los migrantes que entran a territorio mexicano para buscar llegar a la frontera con los Estado Unidos.

De acuerdo con el último informe del ENVIPE la tasa de los delitos más frecuentes que se presentan en el estado por cada 100 mil habitantes son: el robo, asalto en la calle y el transporte público, con un promedio de 7170 delitos por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior, además de los homicidios dolosos, la quema de bares, tiendas de autoservicio y negocios que han obligado a la población a imponerse un toque de queda y a resguardarse en sus domicilios a las 7 pm a fin de evitar ser victimas de la violencia e inseguridad que crecen todos los días en el estado.

Algunos medios locales y nacionales e investigaciones periodísticas, atribuyen al CJNG el aumento de la violencia e inseguridad en Tabasco, que ha utilizado al grupo delictivo denominado la barredora integrado por una célula que perteneció al grupo de los zetas y que en los últimos cuatro años, logró desplazar al cartel de Sinaloa en la comisión de delitos como el tráfico de drogas, robo de combustible, extorsión, secuestro, tráfico de personas, piratería y el control de la prostitución en la zona.

Según un informe del ejercito filtrado por Guacamaya Leaks afirma que la barredora ha logrado crear una red de protección con funcionarios de las áreas de seguridad desde la administración del exgobernador Adán Augusto López y que continuo su sucesor Carlos Manuel Merino Campos consolidándose como la organización líder en robo de combustible del sureste del país.

El contubernio y protección que las autoridades locales de Tabasco han dado al grupo criminal de la barredora, se remonta al año 2018 en que llega al gobierno Adán Augusto López de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena.

El exgobernador ha sido duramente cuestionado por designar a Hernán Bermúdez Requena como responsable de la Seguridad del estado, a pesar de sus vínculos con el grupo criminal la barredora.

El actual gobernador el morenista Javier May, desde que asumió el poder en el estado, ha culpado a Bermúdez Requena de ser el líder de la barredora por su cercanía con grupos criminales y públicamente ha pedido que las dos administraciones anteriores expliquen a los tabasqueños por qué sostuvieron a funcionarios con estos señalamientos y de que se abra además una investigación contra ellos, para deslindar responsabilidades.

Mientras todo esto sucede y debido al número de homicidios y enfrentamientos entre los grupos criminales en el estado que se han vuelto más frecuentes y ante el riesgo de que el estado caiga en la misma situación que viven estados como Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncio esta semana, el envío de 2500 efectivos del ejercito y la guardia nacional, para tratar de frenar la violencia e inseguridad en tabasco, que sigue creciendo en los últimos días.

La situación de Tabasco, se complica aún más por los enfrentamientos y acusaciones entre los grupos de Morena que han dirigido y los que actualmente están al frente del gobierno, los primeros tratando de defenderse de las acusaciones del gobernador Javier May y por otro lado el gabinete de seguridad del mandatario que con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ejercito y la guardia nacional, están tratando de frenar la ola de violencia e inseguridad, sin que hasta el momento se empiecen a ver los resultados; pese a que el hermano de AMLO, Ramiro López Obrador es Secretario de gobierno de Tabasco, la lucha entre los grupos ha involucrado hasta este momento al Senador Oscar Cantón Zetina y a políticos del PRI que gobernador en el estado, en períodos anteriores a quienes Ramiro López Obrador acusa de estar armando un complot contra el gobierno de Javier May, de quién incluso están pidiendo renuncie al cargo.

Bajo este panorama y con la lucha de estas dos facciones de Morena, las cosas se ven más complicadas, en la tierra del ex presidente AMLO, mientras el CJNG sigue llevando a cabo sus actividades delictivas, hasta que la estrategia de seguridad de la presidenta y del Secretario de Seguridad ciudadana del gobierno federal Omar García Harfuch, empiece a dar resultados en los estados del sureste del país y se logre recuperar la seguridad y tranquilidad para que Tabasco vuelva a ser un edén.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM

Gustavo Santin / Por editor

Maestros



Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM



Cartas a Gracia



Las notas relevantes de la semana en materia educativa girarían en torno al sistema de educación media superior; y de ellas, darían cuenta tanto el Boletín 12. Implementación del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM se hará de la mano del magisterio, de fecha 13 de enero del año en curso, así como la nota que anunciaría la ratificación de la eliminación del “examen de admisión a bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)” (https://acortar.link/ktJUIL), medida que, aunque tendría sus bemoles, sería matizada por la decisión de aplicar un examen de admisión que anunciarían, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Instituto Politécnico Nacional, Gracia.

Las declaraciones del encargado del despacho educativo federal y de su segunda a bordo en el nivel medio superior, abarcarían -en voz del titular- desde temas de acompañamiento en la generación del nuevo plan que iniciaría el ciclo escolar 2025-2026 y que de esta manera cumpliría con el compromiso número 31 de Claudia Sheinbaum para “unificar los programas de estudio en las escuelas de nivel medio superior”; la incorporación de las escuelas del nivel medio superior al Programa La Escuela Es Nuestra (PLEEN) y la reiteración de la negativa a “las cuotas de inscripción que se piden en algunas escuelas públicas [la mayoría] y, si existen, deben ser voluntarias, pero estamos trabajando para que no haya, para que se cumpla lo que dice la constitución de que la educación debe ser gratuita”. El boletín en cuestión atribuiría a Tania Rodríguez Mora, citada en esta carta como la segunda al mando en el medio superior, las siguientes declaraciones: “Se construirán 20 nuevas preparatorias; [se pretendería] alcanzar una cobertura del 85 por ciento a nivel Bachillerato para 2030 [meta que esperaría un crecimiento porcentual de 3.9% [217 300 estudiantes] en seis años hasta alcanzar una matrícula de 5 789 300, y que equivaldría a un 0.65% de incremento anual [36 216 más] iniciando en el próximo ciclo escolar. [La matrícula actual ascendería a] “5 millones 572 mil estudiantes inscritos en alguno de los 31 subsistemas del país [a los que deberían sumarse los más de 20 programas dependientes de las IES autónomas] de los cuales 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres”. La segunda en la toma de decisiones de media superior precisaría que el “Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana se implementará con base en tres ejes: 1. Fortalecimiento integral [incluyen varias vertientes, entre ellas infraestructura y capacitación docente] 2. [Integraría a los] 31 subsistemas de Educación Media Superior en dos opciones curriculares: Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico con modalidad escolarizada, no escolarizada, mixta y dual [aunque del comunicado no haría referencia al Marco Curricular Común proyecto de 2008 que se sustituiría por el término “unificar”, y al mismo tiempo precisaría] que el gasto educativo del PLEEN, ascendería a] 4 mil 600 millones de pesos, así como la Beca Universal Benito Juárez para apoyar la continuidad de 4 millones 224 mil 381 jóvenes estudiantes con más de 40 mil millones de pesos”. Aunque tendría que precisar, prometería la entrega de dos certificados; el primero, se referiría a “un certificado único digital [que acreditaría la educación media; y segundo] un certificado de Formación Profesional y/o Tecnológico”. Tania Rodríguez adelantaría: “se hará una actualización de programas de formación profesional y técnica en: ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica, desarrollo comunitario, promotor deportivo, electromovilidad, animación digital, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros”; especialidades pertinentes, y más si se considerase de intentos de fraude cibernético en 2024 rondaría en 84 000 millones de intentos.

Declaraciones atribuidas por algunos medios de comunicación (https://acortar.link/ktJUIL) tanto a la titular del ejecutivo federal como al jefe de la oficina educativa, señalarían el finiquito del examen de ingreso a preparatoria en la zona metropolitana; excepto en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los de los Colegios de Ciencias y Humanidades, dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los que se sumarían los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. La convocatoria prometida publicaría las reglas de operación para el ingreso a la escuela que se encuentre más cerca de la casa de quienes aspirasen a tener un espacio en ese nivel educativo. Mediante un comunicado, publicado el 13 de enero, la titular del ejecutivo anunciaría las metas de incremento de la matrícula y las acciones que se utilizarían para conseguirlas en el corto y mediano plazo, entre ellas: “En 2025 se crearán los primeros 40 mil nuevos espacios con la construcción de 20 nuevas preparatorias, la ampliación de 30 y la reconversión de 35 planteles de secundaria, que no tienen turno vespertino, para ser habilitadas como preparatorias vespertinas. Dichas acciones se realizarán en 59 municipios de 30 estados por medio de una inversión de más de 2 mil 700 mdp”.

El magisterio nacional, como sería usual, sería el tercero beneficiado al permitirse que quienes tienen un nombramiento por horas clase en educación media superior, promuevan su crecimiento profesional acorde a las reglas que estableciera el USICAMM. Lo mismo que quienes deseen ingresar al servicio de carrera para maestras y maestros; en hora buena para todas y todos los suspirantes si se cumplieran las promesas realizadas.

La política exterior de la 4T, ¿Con dios y con el diablo?

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

“LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA 4T, ¿CON DIOS Y CON EL DIABLO? “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

A 100 días cumplidos de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, para la gran mayoría de los mexicanos, se van disipando las dudas respecto a su forma de ejercer el poder presidencial, entre quienes afirmaron que no se saldría del guion que le dejó el ex presidente AMLO para dar continuidad al denominado segundo piso de la 4T sacando adelante las reformas constitucionales que quedaron pendientes al concluir su mandato, como lo son la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, que pese a todas las voces que se opusieron a dichas reformas, finalmente fueron aprobadas con la mayoría aplastante del oficialismo en ambas cámaras y la otra postura o esperanza de quienes esperaron y tal parece seguirán así, que Sheinbaum una vez en el cargo marcara una sana distancia del expresidente y actuara con su propio estilo y atendiendo a las demandas de los ciudadanos, antes que a las líneas de su mentor y su partido Morena.

Los primeros 100 días de la presidenta, nos han dejado en claro, que no está dispuesta a gobernar con un estilo propio y que por ningún motivo se saldrá del guion que le dejo su antecesor a quién considera le debe el haber ganado las elecciones y no a los millones de mexicanos y mexicanas que le dieron su voto el pasado 1 de junio.

Sin duda alguna el triunfo de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos y las declaraciones que hizo desde su campaña y una vez ganadas las elecciones, acusando a México de proteger a los carteles de la droga que han inundado las calles del vecino país de fentanilo y de permitir el paso de cientos de miles de migrantes a la frontera del norte, junto con la amenaza de imponer aranceles a los productos que exporta México hasta por un 25% desde el primer día de su mandato como presidente y si a ello agregamos la próxima revisión del T-MEC donde Estados Unidos ha señalado las violaciones al tratado cometidas por nuestro país, a raíz de la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos; dichos temas han sido claves, para obligar a la presidenta a modificar algunas de las políticas que le dictó López Obrador, como la inherente a la seguridad pública, haciendo a un lado, no por gusto, sino obligada, el “abrazos y no balazos para los delincuentes” y trabajando desde septiembre de este año, en el combate a las dos facciones del cartel de Sinaloa de los chapitos y la mayiza que tienen a Culiacán y sus habitantes en una guerra, que parece no tener fin, con más de 555 homicidios en tres meses de enfrentamientos y ejecuciones.

El hecho de otorgar mayores facultades y poder de acción al super secretario de Seguridad Pública Ciudadana Omar García Harfuch, mediante la aprobación de la reforma al artículo 21 Constitucional, que le otorga amplias atribuciones para la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, dotándolo además de facultades para coordinar a los tres niveles de gobierno en el país y con ello además podrá fiscalizar los recursos federales que van destinados a los estados.

De acuerdo al informe rendido por Harfuch el pasado mes de diciembre, existe una disminución del 18.3% entre 2018 y 2024 en el promedio diario de victimas por homicidio doloso y de 16.3% en el promedio diario de victimas por dicho delito de septiembre a diciembre de 2024, la detención de 7720 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado más de 66 toneladas de droga y mas de 3600 armas de fuego. La droga asegurada equivale a más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles para dañar la vida de familias y de jóvenes.

El dilema que enfrenta la presidenta es que, por un lado con estas acciones se está saliendo de las directrices de su antecesor en materia de seguridad y por otro lado, enfrentar la presión y amenazas de Trump que esta semana declaró que México está controlado por los carteles del narcotráfico y volvió a amenazar con declararlos como grupos terroristas que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos lo que justificaría llevar a cabo operaciones militares para exterminarlos, sin pedir permiso a las autoridades mexicanas.

En cuanto a la política exterior, la presidenta también se debate entre dos frentes: por un lado dar continuidad a la que llevó a cabo su antecesor, apoyando abiertamente y con acciones a las dictaduras de Cuba con el presidente Miguel Diaz Canel, de Nicaragua con Daniel Ortega y de Venezuela con Nicolás Maduro, enfrentadas con el gobierno de los Estados Unidos, lo que podría dar pauta a que el vecino del norte decidiera no continuar con el T-MEC ante la evidente inclinación del gobierno mexicano por apoyar a estos regímenes antidemocráticos, que como Venezuela han perdido el respaldo de los gobiernos de Brasil, Chile y Colombia.

Las circunstancias anteriores y sobre todo el escenario global obligarán a la presidenta a tomar sus propias decisiones en bien del país, más que en los compromisos y directrices de AMLO, sólo así podrá salir avante de los retos y exigencias de Trump, quien en este segundo período presidencial cuenta con un respaldo más amplio que en el anterior y tiene el control de los legisladores y del electorado, que le dio su voto.

El tema migratorio, será determinante para el futuro de la relación bilateral ya que la amenaza de la deportación masiva de millones de personas a nuestro territorio de todas las nacionalidades y el cierre de la frontera, serán un grave problema para el gobierno de la 4T, no sólo para atender a los expulsados, sino también para evitar que la delincuencia organizada logre reclutarlos y con ello reforzar su poder y fuerza en los estados donde tiene mayor presencia actualmente, lo que complicaría la estrategia de seguridad de la presidenta, que es un factor trascendental para recuperar la confianza de nuestro vecino del norte, demostrando con hechos que no vivimos en un narcogobierno.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La prisión preventiva oficiosa y los Derechos Humanos

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El 31 de diciembre pasado, se publicó en horario vespertino en el Diario Oficial de la federación, el decreto constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa, mientras la gran mayoría de los mexicanos nos preparábamos para despedir el 2024 y recibir el 2025, el oficialismo daba cabal cumplimiento a uno más de los caprichos del expresidente AMLO que forma parte del denominado plan C dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales anunciadas el 5 de febrero de 2024.

La iniciativa señala que se debe ampliar la prisión preventiva automática para enfrentar los problemas de criminalidad del país, especialmente respecto de aquellos delitos que han crecido exponencialmente como la extorsión, el narcomenudeo, y los relacionados con la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento, y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados. Manifiesta su preocupación por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, compra de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, e igualmente los incluye en la lista de prisión oficiosa.

A pesar de que el estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de derechos Humanos para eliminar el arraigo y reformar su legislación interna respecto de la prisión preventiva, al considerarlas como categorías inconvencionales al resolver los casos Tzompaxtle Tepile y García Rodriguez contra el Estado mexicano, ordenándole que debería modificar su orden interno para ajustarlo a la Convención Americana de los Derechos Humanos; la iniciativa presidencial fue omisa al no exponer ninguna argumentación ni citar dichos casos.

Lo anterior nos llevaría a considerar que la iniciativa presidencial tácitamente considera que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su interpretación por organismos como la COIDH, no pueden estar en contra de disposiciones expresas de la Constitución, si esta establece normas contrarias a lo que hayan resuelto instancias supranacionales.

El propio ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Záldivar, declaró el dos de agosto de 2022 que: “La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y…no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico” aunque actualmente la opinión de Záldivar es totalmente opuesta ya que apoya abierta y públicamente por intereses políticos, lo que antes cuestionó cuando portaba la toga de Ministro.

Cabe señalar que con la aprobación de la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplía por tercera ocasión el catálogo de delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa.

Pero ahora además ahora el juez debe ordenar dicha prisión en forma automática, ya que la reforma establece en su parte final: “Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”

Lo anterior implica, que los jueces, están obligados por la reforma, a dictar la prisión preventiva oficiosa, sin poder llevar a cabo ningún tipo de interpretación para modificar dicha situación que viola la presunción de inocencia del inculpado.

La aprobación de la reforma en sus términos como lo afirma el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la obra: “Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024) publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unión, página 193 párrafo tercero: “Lo anterior plantea un grave problema, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por México, en su artículo 27 indica que los estados parte de esa Convención, no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, y los artículos 1o, y 2º. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen como deberes de los Estados la de respetar los derechos reconocidos en el instrumento interamericano y el de adoptar disposiciones de derecho interno, para que los ordenamientos nacionales sean compatibles con la Convención. Si los estados incumplen con los deberes de la Convención y con las decisiones de la Corte Interamericana e invocan para justificar el incumplimiento su derecho interno, son susceptibles de responsabilidad internacional.

Aun y cuando el movimiento de la 4T y el oficialismo han declarado que la ampliación del catálogo de delitos que se establecen en el artículo 19 constitucional, buscan frenar los índices de criminalidad en el país y terminar con la impunidad de los delincuentes que los cometen, la realidad demuestra lo contrario, ya que de acuerdo a cifras del INEGI, en 2023 había en el país 86,984 personas encarceladas en el país en espera de que se les dicte una sentencia, que representa el 37.3% de la población del sistema penitenciario y de esta cifra, las mujeres sin sentencia representaban el 46.9% de las que se encuentran en prisión.

Ante dicha situación, es previsible que se incrementen el número de personas en prisión preventiva oficiosa sólo por habérseles integrado una carpeta de investigación por alguno de los delitos del amplio catálogo que establece la reforma y que los verdaderos jefes de los carteles y de la delincuencia organizada en el país, continúen libres y las fiscalías del país se sigan corrompiendo, para que solo quien pueda pagar por evitar llegar ante un juez de control se salve de estar en prisión esperando una sentencia con un poder judicial en pleno proceso de elección, con una carga de trabajo que sobrepasa a su personal y con un recorte presupuestal que cada año hace más difícil cumplan con su función.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

SEP y UFCW, antecedentes de un acuerdo

Gustavo Santin / Por editor

Maestros

SEP y UFCW, antecedentes de un acuerdo

Cartas a Gracia

La Secretaría de Educación pública (SEP), publicaría el pasado 1 de enero de 2025, el Boletín 1. Firman SEP y UFCW acuerdo para la implementación del Programa de Certificación para migrantes mexicanos en Canadá, mediante el que el Programa de Certificación de Competencias Laborales y Técnicas (Conocer)pretendería “fortalecer la integración profesional de las personas migrantes, garantizando su bienestar tanto en Canadá como a su regreso a México”; comunicado que coincidiría con el desplegado, que con la misma fecha y con el mismo tema, y en apoyo a la política migratoria de la titular del ejecutivo federal, suscribirían 24 gobernadoras y gobernadores emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gracia.

Los antecedentes del organismo de referencia se remontarían [presuntamente] a 1995; año en el que “la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”, suscribirían el 1 de agosto, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, al tenor de la siguiente leyenda: “DOF: 02/08/1995. ACUERDO mediante el cual se establecen lineamientos generales para la definición de normas técnicas de competencia laboral que comprendan conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación”, desempeñando la titularidad del despacho educativo Miguel Limón Rojas (quien sustituiría al efímero Fausto Alzati Araiza, renunciante al encargo, tras un diferendo con Elba Esther Gordillo Morales, lideresa vitalicia del SNTE) y la titularidad de la oficina del trabajo y previsión social Santiago Oñate Laborde. El CONOCER nacería bajo los auspicios y el patrocinio del Banco Mundial.

El acuerdo citado tendría: “PRIMERO […] por objeto establecerlos lineamientos generales para la definición de normas técnicas de competencia laboral que comprendan los conocimientos, habilidades o destrezas que requiere un individuo para la ejecución de una actividad productiva, así como los procedimientos para su evaluación, acreditación y certificación; SEGUNDO [definiría] propósitos […]; I. [y] capacidades que en sí mismas tengan significación en el mercado laboral; II. Utilizar[ía] una metodología única [que] evite la duplicación o superposición de normas laborales; III. [Clasificarlas] de acuerdo con distintos niveles de complejidad de las capacidades laborales iniciando por las básicas hasta llegar, según sea el caso, a otras de mayor especialización; IV. Reconocer [ía] que una misma competencia laboral puede encontrar aplicación[es]diversas […]; V. [Identificaría] capacidades laborales que por su naturaleza puedan encontrar aplicación en diversas ocupaciones, actividades, industrias o regiones”; TERCERO.-prevería la participación de “los diversos sectores sociales” en los sistemas objeto del Acuerdo, al señalar lo siguiente: “La operación de dichos sistemas será base de diagnóstico para proponer la actualización y, en su caso, determinación de lineamientos que la observancia del artículo 45 de la Ley General de Educación requiera”. El Artículo CUARTO y sus 4 incisos, harían referencia a las obligaciones de CONOCER al mencionar el Sistema Normalizado de Competencia Laboral; en tanto que el Artículo CINCO y sus 4 incisos se abocaría a definir el quehacer del “Sistema de Certificación de Competencia Laboral” entre los que destacaría I. “Definir criterios [a los que se sujetarían] los procedimientos de evaluación […]; II. Los procedimientos administrativos; III. Establecería un principio de equidad al que se someterían los aspirantes; y IV. Generaría un mecanismo similar a que tendría una bolsa de trabajo.

Los Artículos SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO del Acuerdo 1995 del CONOCER señalaría que “no deberá ser requisito para acceder a un puesto de trabajo […]; que la expedición de la certificación se haría de acuerdo a la norma; que se propondría la “constitución de un fideicomiso […]” cuyo arbitraje recaería en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y finalmente, que los suscribientes “[…] llevarán a cabo las acciones necesarias tendientes a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General de Educación y en el presente Acuerdo”.

Una “Línea de tiempo* del convenio SEP-UFCW para la certificación de migrantes mexicanos en Canadá [se remontaría al 2012, año en el que] Inician las conversaciones entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la organización sindical UFCW en Canadá para explorar oportunidades de capacitación y certificación de los migrantes mexicanos en el país norteamericano; [dos años después, en] 2013 [se crea el] programa piloto; la SEP y UFCW comienzan a trabajar en un programa piloto para certificar a los migrantes mexicanos en sectores laborales específicos en Canadá, especialmente en la industria de la agricultura, manufactura, y servicios. [En] 2014 [se]- Firma el convenio formal [y] se formaliza el acuerdo entre la SEP y el UFCW para llevar a cabo el programa de certificación profesional de migrantes mexicanos en Canadá, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y sociales en ese país. [En] 2015 [se implementa] el programa. Comienza la implementación del programa en varias regiones de Canadá, con un enfoque inicial en la certificación en habilidades laborales específicas para migrantes mexicanos, como trabajadores agrícolas, de servicios y manufactura. [En] 2016 Expansión del programa. El programa se expande a nuevas industrias y se incluyen más beneficiarios, tanto en áreas rurales como urbanas de Canadá. La SEP facilita recursos educativos y formación en línea para los migrantes. [En] 2018 [se realiza una] Evaluación de impacto. Se lleva a cabo una evaluación inicial del impacto del programa, destacando el éxito en la certificación y las mejores oportunidades de empleo para los migrantes mexicanos en Canadá. [En] 2020 [se verifican] Ajustes a las condiciones del programa. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, el programa sufre algunas modificaciones para adaptarse a las nuevas circunstancias, promoviendo la capacitación en línea y el uso de plataformas digitales para la certificación. [En] 2021 [los signantes del Acuerdo dan un] reconocimiento y [toman acciones que promueven su] fortalecimiento. El acuerdo es reconocido internacionalmente por su efectividad, y se realizan esfuerzos conjuntos entre la SEP y UFCW para fortalecer el programa y ampliar los beneficios, incluyendo asesoría legal, social y educativa para los migrantes. [En] 2023 [se promueve su] continuidad y futuro. El programa continúa su expansión, adaptándose a nuevas necesidades del mercado laboral canadiense, con un enfoque renovado en el empoderamiento de los migrantes mexicanos y su integración exitosa en el mercado laboral canadiense». [En enero de 2025 firman nuevamente SEP y UFCW el acuerdo de marras], reconociendo al reproducir estas líneas, que en cuanto al acuerdo objeto de divulgación, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo el reconocimiento implícito de la crisis migratoria Gracia.

*Elaborada a partir de varias páginas institucionales de CONOCER.

La elección judicial: Lo que mal empieza, mal acaba

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Aunque muchos creen que fue el 5 de febrero de este año, cuando dio inicio la guerra entre el presidente AMLO y el Poder Judicial de la Federación con el anuncio de las 18 reformas constitucionales y legales en el marco de la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos evento celebrado en Palacio Nacional y con el cual se iniciaba la recta final de su mandato.

Los desencuentros y rencor del presidente hacia los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Jueces federales, se remontan al momento en que no le fue posible ampliar dos años más el período en la presidencia del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que se había convertido en un subordinado más de su gobierno y con quien había logrado diversos acuerdos para sacar adelante asuntos y reformas del interés del gobierno federal, pero la crisis se recrudeció cuando tampoco pudo lograr que llegara a la presidencia del máximo tribunal constitucional del país, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quién tuvo que sortear los cuestionamientos y los procesos legales por el presunto plagio de su tesis de licenciatura y maestría, lo que afectó sus aspiraciones e hicieron posible la llegada de la actual presidenta Norma Lucía Piña Hernández quién desde el inicio de su gestión dejo claro que defendería la independencia judicial de la Corte.

Con estos “agravios” a la investidura del presidente, era previsible que viniera una venganza no sólo en contra de los Ministros y Ministras que no se alinearon a los intereses del gobierno, sino también contra todo el Poder Judicial de la federación y los Poderes Judiciales de los Estados, bajo los argumentos de combatir la corrupción, los privilegios, los altos salarios, el nepotismo, el hecho de estar del lado de los intereses de los conservadores y los intereses de los empresarios y además de que representaban un poder muy caro para el país y alejado del pueblo bueno y sabio.

Así después del 5 de febrero, las baterías del presidente se enfocaron a denostar y atacar todos los días desde su conferencia mañanera a la Suprema Corte de Justicia, a su presidenta y a todo el Poder Judicial de la Federación, impulsando la reforma al artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se modificara su designación y fueran ahora electos en votaciones por los ciudadanos, echando al bote de la basura, la carrera judicial.

No fueron suficientes, los argumentos de los académicos, intelectuales, medios de comunicación, partidos de oposición, organismos internacionales quienes señalaron como en la obra: “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la república (febrero 2024)” coordinada por Sergio López Ayllón y tres investigadores más del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que:”… las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señalaron además que lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura.”

Pese a lo anterior y a la lucha que dieron los ministros y ministra de la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial de la Federación para evitar la aprobación de la reforma judicial, ésta fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión por el oficialismo y publicada el 15 de septiembre de este año por AMLO.

Así que ahora el Instituto Nacional Electoral se encuentra entrampado en sacar adelante una elección inédita en la historia electoral del país, como afirmó la Consejera Dania Ravel ante delegados de las 32 juntas distritales: “siempre teníamos un reto por afrontar, y cada vez parece que el reto va siendo mayor” Aseguró que en procesos anteriores han enfrentado situaciones complejas, pero en esta ocasión todas se conjugan, además de la falta de cooperación del Congreso, pues no les amplio el plazo ni les entregó los recursos suficientes y el juego cruzado entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Y no le falta razón a la consejera Ravel, ya que ante la escandalosa reducción del presupuesto originalmente solicitado por el INE en 13 mil 205 millones para la elección judicial y que quedará en 6 mil 219 millones, lo que significa un recorte del 47% de lo inicialmente solicitado, ello tendrá un impacto significativo en la calidad de la elección en forma definitiva.

Debido al recorte el INE, prevé instalar sólo 73 mil 50 casillas, que representan un 43% de las 172 mil originalmente propuestas.

El recorte al presupuesto solicitado por el INE impactará en el número de capacitadores y supervisores electorales previstos.

El hecho de que se coloque ahora una sola urna que recibirá seis boletas, y no una como originalmente se había previsto por cada cargo en la elección de ministros, Jueces y Magistrados se convertirá en un problema no sólo para los funcionarios de casillas, sino también para los electores que deberán destinar más tiempo en la votación para poder ejercer su derecho en forma correcta.

Varios analistas y exfuncionarios del INE prevén que el porcentaje de participación en el proceso, no supere al 10% del padrón electoral y que el abstencionismo sea resultado de la falta de información y desconfianza que tiene el proceso desde ahora, debido a la confusión y desconocimiento de los ciudadanos, que saldrán a votar sin saber a ciencia cierta quienes son los mejores candidatos y cuales serán los beneficios reales que tendrán con la elección.

El principal problema que originará la baja participación de los ciudadanos y la calidad de la elección, será la falta de legitimidad de los funcionarios que resulten electos, ya que no tendrán el respaldo ciudadano suficiente para ejercer el cargo y no faltarán las impugnaciones de los resultados, lo que finalmente será en perjuicio de los ciudadanos y su derecho a una impartición de justicia por profesionales con experiencia y conocimientos para resolver los juicios que lleguen a sus manos; resultando peor el remedio, que la enfermedad.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

¿Reforma trascendente?

Gustavo Santin / Por editor

Maestros

¿Reforma trascendente?

Cartas a Gracia

Estimada Maestra

El Boletín 85. Impulsa SEP reforma a la Educación Media Superior, la más importante en décadas, publicado el último día de clases del año en curso Gracia, formaría parte de un proceso que se remontaría, por lo menos, a la administración de Felipe Calderón Hinojosa. El Diario Oficial (DOF) de la Federación publicaría el 26 de septiembre de 2008, el Acuerdo número 442, por el que se establecería “el sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad y de una Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) [en la que se acuñaría el término] Marco Curricular Común (MCC)”, bajo la férula de Miguel Székely Pardo, a la sazón subsecretario de ese nivel y de la mano de Josefina Vázquez Mota, titular de la dependencia educativa entre el 1 de diciembre del 2006 y el 4 de abril del 2009; propuesta que se encontraría alineada a sugerencias de organismos internacionales como la UNESCO.

La Línea de tiempo https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/curriculoems destacaría momentos nodales de transformación curricular en el nivel medio superior, previos a la propuesta destacada en el comunicado citado en la primera línea: “1) 2008, RIEMS; 2012, Bachillerato obligatorio; 2013, Reforma Educativa [Peña Nieto]; 2014, Foros de Consulta; 2016 Propuesta: Modelo Educativo 2016; 2016, Consulta Nacional sobre el Modelo Educativo; 2017 Presentación del Modelo Educativo; 2017-2018, Implementación del Nuevo Modelo Educativo y Currículo de EMS; 2018-2019. Inicio de ciclo escolar 2018-2019 con la implementación del Nuevo Currículo de la EMS; [acompañada de la siguiente nota de pie de página] La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, impulsó la educación por competencias y la articulación de los más de 30 subsistemas mediante el establecimiento del Marco Curricular Común (MCC) y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)”.

Sin embargo y con independencia de maternidades y paternidades tanto de carácter nacional o internacional, el Comunicado de SEP denominado Boletín 85, anunciaría: “la instalación del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior [esfuerzo al que se sumarían] instituciones de Educación Superior, públicas y privadas [al tiempo que, declaraciones atribuidas a Mario Delgado señalarían que] la reforma a este nivel escolar será la más importante en los últimos 30 o 40 años [ya] que se trabajará de manera conjunta con las Secretarías de Economía (SE), del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y la nueva de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) [y en las que, tendrían puestas todas las esperanzas] para lograr la transformación de la Educación Media Superior”. El evento serviría para anunciar “que ya se [tendría] un avance importante con el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), el cual [debería] reflejarse en la absoluta portabilidad de todas las materias, de las currículas aprobadas por parte de las y los jóvenes, sin importar el subsistema donde estudien [olvidando que se trataría de un eslogan utilizaran diferentes administraciones y de diferentes colores].

La “instalación del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior” referida Gracia, afectaría de manera benéfica siempre y cuando fuese de la mano de de la inversión en gasto educativo que requeriría, a 1 874 776 alumnas y alumnos que cursarían el bachillerato tecnológico; cifra que incluiría al “bachillerato tecnológico terminal” en la modalidad escolarizada y a la que se sumarían 2 121 de la modalidad no escolarizada de acuerdo a datos publicados en las páginas 32 y 33 del cuadro Estadística de educación media superior de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024 y que representarían al 34% del total matriculados en ese nivel (5 508 572); en tanto que la falta de compromisos sobre un Marco Curricular Común en el ciclo escolar 2024-2025, habría perjudicado a 5 508 572 estudiantes que cursaran la educación media superior en el ciclo escolar precedente, el 15.8% de la matrícula nacional y quienes lo hicieran, desde que iniciaría el proyecto en 2008 lo que podría significar si los tiempos fueran recurrentes que por ahí del 2040 se pudiesen evaluar los resultados de una reforma trascendente.

La 4T y el saqueo que se avecina

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Julián Germán Molina Carrillo.

Para la gran mayoría de los mexicanos, el discurso del expresidente AMLO, en contra de la corrupción del periodo neoliberal y la denuncia de los escándalos por desvíos de recursos del erario público, tanto en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue trascendental para convencer a los ciudadanos en la elección presidencial de 2018, de que era necesario frenar estos abusos y los escándalos en los que se vieron inmersos funcionarios de todos los niveles, sin que hubiera responsables que terminaran en la cárcel y mucho menos, que se lograran recuperar los recursos económicos, que terminaban en bancos ubicados en países extranjeros en los denominados paraísos fiscales.

Desde el pacto por México impulsado en el gobierno de Peña Nieto y apoyados por todos los partidos (incluido el de izquierda representado por el PRD), era evidente que se dio prioridad a los grandes inversionistas extranjeros, sin pensar en los grupos vulnerables, ni en la brecha de desigualdad que se origino por el aumento de la población en pobreza y en pobreza extrema de 2012 a 2018.

Por ello el discurso de izquierda a favor de los pobres y de la eliminación de la desigualdad que imperaba, proponiendo acciones para quitar privilegios a los empresarios de la oligarquía del país y otorgando a los pobres apoyos en educación, vivienda, salud y un salario mínimo digno, dieron luz y esperanza de que ahora si el país, con un gobierno de izquierda lograría no sólo transformarlo, sino reivindicar a las clases desprotegidas.

Otro de los elementos que el expresidente destacó durante los seis años de su mandato, fue en el sentido de señalar, cuando se refería a los militantes de Morena y de sus funcionarios nosotros no somos iguales con lo que buscaba a toda costa desmarcar a su administración de cualquier acto o acusación que la involucrara en actos de corrupción.

El discurso de culpar a los gobiernos del periodo neoliberal de todas las desgracias del país y de que eran los responsables de que muchos de los problemas no lograran resolverse o se fueran complicando, fue permeando en la percepción de los ciudadanos de que realmente eran los enemigos del país y que por ende, al estar en contra del presidente y su partido, pasaban a convertirse en enemigos públicos, no sólo de ellos, sino de todos los demás ciudadanos.

Algo que se ha vuelto costumbre desde el gobierno de AMLO y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando desean desaparecer algún organismo u área de la administración, es acusarla de que debe desaparecer o cambiar su estructura y funcionamiento para “acabar con la corrupción” sin que al final, se presenten las denuncias ante las fiscalías, ni se aporten pruebas a las carpetas de investigación para que los responsables de estos actos terminen en la cárcel vinculados a un proceso y se les dicte una sentencia condenatoria.

Por el contrario, primero se acusa, descalifica y se convence a los ciudadanos de que la intervención o desaparición del órgano de la administración o dependencia, sin llegar a fondo para demostrar que se logró terminar con la corrupción que sirvió de bandera al estado para hacer su voluntad.

Como lo señala la analista política María Amparo Casar en la obra: ¿Qué dejó el gobierno de López Obrador?” coordinado por Octavio Rodríguez Araujo de editorial Orfila: página 37 párrafo tercero: “Esto que llamo desinstitucionalización ha sido el modus operandi de la administración para pode gobernar con el menor número posible de restricciones. Una obsesión que ha traído entre ceja y oreja. Sin duda ha habido un retroceso democrático y el daño causado no es menor. Pero la mayoría de las instituciones, no sin grandes reveses, todavía sortean, de una manera u otra, los intentos de eliminación o sustitución, captura, inoperancia, daño a su reputación y estrangulamiento financiero”

Lo anterior deja en claro, que desde la administración de AMLO y ahora en el segundo piso con la presidenta Sheinbaum, las estrategias no han cambiado y se aplica el mismo manual en contra de las instituciones u organismos que incomodan al gobierno y que se vuelven el centro de sus ataques y descalificaciones, para justificar el porque deben ser eliminados, sustituidos, cuando no se logra cooptarlos; incluso se les acusa además de ser inútiles, En enero del 2021, el expresidente AMLO al referirse a dichas instituciones u organismos afirmó: “No sirven, no benefician al pueblo, pero si cuesta mucho mantenerlos”

Pero si además de todo, se les puede hacer daño a su reputación y debilitarlos acusándolos de que incurren en excesos, dispendio de recursos, altos salarios y de ser corruptos, no habrá forma de desmentir la versión oficial y los ataques mañaneros que son la punta de lanza para que el Congreso de la Unión, se ponga a trabajar para satisfacer los deseos presidenciales.

Uno de los ejemplos más evidentes de la estrategia presidencial mencionada, es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la llegada de la actual presidenta Norma Lucia Piña por no someterse a la autoridad del presidente y que dio pauta a la reforma judicial, que no busca terminar con la corrupción, como se ha dicho por el ex presidente y repetido por la presidenta, sino apoderarse de la estructura de dicho poder, con Ministros, magistrados y jueces electos mediante el voto popular, pero filtrados por los comités del Poder ejecutivo, legislativo y judicial controlados por Morena y sus partidos aliados.

El sexenio de AMLO, en su afán de concentrar el poder y de eliminar a organismos incomodos o críticos a sus decisiones, no tuvo empacho en desaparecer programas, dependencias, fideicomisos y de apoderarse del control de los recursos económicos para destinarlos a sus grandes obras y proyectos, sin importar la viabilidad de los mismos.

Estamos a unos días de que se consume la aprobación de reforma constitucional a la Ley del Infonavit ya aprobada por el Senado de la república y que está en manos de la Cámara de Diputados, con la que el gobierno federal podrá disponer de recursos hasta por 2 billones de pesos, de la subcuenta de vivienda de las aportaciones de los trabajadores del país. La pregunta obligada es:¿Cómo trabajador confiaría el ahorro de su subcuenta de vivienda de su vida laboral para que la administre y disponga el gobierno?

Independientemente de los fines de la reforma constitucional para dotar de vivienda a los trabajadores que carecen de ella, existe una gran desconfianza en que exista un manejo honesto y responsable de los ahorros de los trabajadores, nada garantiza que la corrupción del pasado, no continue ahora en manos del segundo piso de la 4T.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

En extinción

Gustavo Santin / Por editor

Maestros

En extinción

Cartas a Gracia

“Diciembre me gustó pa’ que te vayas, que sea tu cruel adiós mi navidad. No quiero comenzar el año nuevo. Con ese mismo amor que me hace tanto mal”, les cantaría José Alfredo Jiménez a Silvia Valle Tépatl, Etelvina Sandoval Flores, Florentino Castro López, María del Coral González Rendón y Oscar Daniel del Río Serrano, comisionados miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación (MEJOREDU), uno de los 7 órganos autónomos [Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH)]; todos los anteriores incluidos en la iniciativa enviada para su extinción, al Congreso de la Unión por el ex titular del ejecutivo federal.

Sin embargo, a las pusilánimes argumentaciones de los comisionados de MEJOREDU y los débiles ruegos por la defensa de los derechos de trabajadores especializados: cerca de 600 trabajadores, “muchos de ellos altamente especializados en evaluación educativa, pedagogía, didáctica, elaboración de libros de texto y formación docente, [no sabrían] qué sucederá con [su] futuro laboral inmediato”, toda vez que prácticamente la totalidad de quienes laboran en Mejoredu son empleados de confianza (Laura Poy Solano, junio 29, La Jornada), con fecha 20 de diciembre del año en curso, el “DOF publica[ría el] decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica”; disposición que surtiría efectos el “sábado 21 de diciembre, salvo lo dispuesto en el artículo décimo transitorio” y por el que se daría una muerte anunciada a los órganos autónomos señalados previamente, al notificar lo siguiente: “Se derogan las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH)” (Notilegis, DOF., 20-12-2024).

Información Gracia, relacionada con los contenidos de los diferentes módulos, como el de la “Estadística Básica del SEN y que se encontrarían disponibles en la página https://www.mejoredu.gob.mx/si-mejoredu, ofrecería datos “de estudiantes, docentes, escuelas, Centros de Atención Múltiple (CAM), Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y educación indígena”, que también se encontrarían en otras publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, tales como las: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional y Primeras Cifras del Sistema Educativo Nacional cuyas fuentes serían las mismas: el formato 911 que rinden las escuelas públicas y privadas; los censos nacionales de población y la información educativa que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Mientras tanto mientras muchas y muchos consultantes y usuarios del sitio de internet de MEJOREDU lamentan la pérdida de este y otros órganos autónomos al tiempo de externar el pesar por su pérdida le desearían, descanse en paz, tal cual como sucedería con el INEE hace casi 6 años.

Nombre del autor:editor