*Dr. Julián Germán MolinaCarrillo.
El tema del aumento de las desapariciones forzadas junto con el índice de homicidios en
el país, no es un fenómeno nuevo, ya que desde los gobiernos del período neoliberal,
México ha tenido una estadística notable, que para muchos se incrementa en forma
exponencial, a partir del inicio de la guerra contra los carteles del narcotráfico por el ex
presidente Felipe Calderón en 2006 en su natal estado de Michoacán, en la que involucra
en forma directa a las fuerzas armadas para combatir a los grupos delictivos, tratando de
frenar la producción de drogas y estupefacientes y la violencia e inseguridad que trajo
consigo el fortalecimiento de los carteles del Golfo, de Sinaloa, de los templarios que se
convirtieron después en la familia michoacana y de otras células que comenzaron a
extenderse como cáncer en distintas regiones del país.
Cuando afirmo que el fenómeno de las desapariciones forzadas no es nuevo en el país,
me refiero a los años de la denominada guerra sucia que data de 1974, en la que agentes
del estado mexicano como militares, policías y de otros grupos especiales, en los
gobiernos del PRI, se dedicaron a perseguir y desaparecer a lideres guerrilleros en
diferentes partes del país y muchos de estos casos, jamás se han esclarecido y quedaron
ahí como uno de los reclamos más sentidos de los grupos maginados cuyos lideres
sufrieron ese tipo de persecución por parte del estado; ejemplos como el del profesor
Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, quién fundó el partido de los pobres ,siendo
asesinado en un enfrentamiento con el ejercito el 2 de diciembre de 1974; cabe resaltar
que el movimiento de Lucio Cabañas estaba inspirado en el pobrismo, más no en el
socialismo su intención era lograr abatir la pobreza extrema de su comunidad y darles
mejores oportunidades para salir adelante, ante la opresión de los gobiernos de la
república de Luis Echeverría Álvarez y después de José López Portillo.
Todos los seguidores de Lucio Cabañas a su muerte fueron perseguidos, detenidos,
torturados, desparecidos y asesinados por militares y policías secretos de la extinta
dirección federal de seguridad a cargo del general Arturo Acosta Chaparro.
Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la persecución y muerte
de militantes del extinto PRD fue una constante, con más de 600 homicidios de militantes
y candidatos en distintas partes del país, en contra de los líderes de izquierda que
organizaron a nivel nacional todo un movimiento opositor al PRI con personajes como
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Andrés Manuel López Obrador,
dieron origen a una tercera fuerza política en el país, impulsando ideas socialistas, contra
los gobiernos del PRI hasta el período de Ernesto Zedillo Ponce de León y de la
alternancia con el triunfo del PAN en el año 2000 con Vicente Fox Quezada y en 2006
con el gobierno de Felipe Calderón, que con el respaldo del PRI, logró le fuera reconocido
el triunfo a la presidencia de la república, ante Andrés Manuel López Obrador candidato
del PRD, a quién le fue arrebatado el triunfo que obtuvo en las urnas.
El 17 de febrero de 2020, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una
iniciativa para crear una Comisión de la verdad con el objetivo de esclarecer los delitos de
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias ocurridas en lossexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como las violaciones a derechos
humanos, y establecer las responsabilidades correspondientes.
Denunciaron los hallazgos de cuerpos desmembrados, ejecutados y fosas clandestinas,
desde hace 14 años en el país. Señalaron además que: “México tiene derecho a conocer
la verdad, resulta indispensable obtenerla para que las víctimas directas e indirectas
conozcan la realidad sobre los crímenes de que han sido objeto y porque se reconozca
públicamente su sufrimiento”.
De acuerdo con los datos anteriores, con la llegada de AMLO a la presidencia de la
república en 2018, muchos mexicanos estábamos seguros de que lucharía por el
esclarecimiento de los asesinatos de los perredistas ocurridos en los gobiernos de
Calderón y Peña Nieto; sin embargo, nunca se pronunció al respecto, quizás porque el
PRD se había convertido en su enemigo o porque consideró que no valía la pena
desgastar la fuerza del estado en investigar hechos del pasado.
En el momento actual que vive el país, por la declaración del Comité de la ONU contra la
desaparición forzada, que acusó el pasado ocho de abril, de que son perpetradas por el
estado y que se presentan en forma sistemática y generalizada, derivado del hallazgo que
hicieron los grupos de buscadores en el Rancho de Teuchitlán Jalisco la presidenta
Claudia Sheinbaum, rechazó el diagnóstico afirmando que: “hay un fenómeno de
desaparición vinculada con la delincuencia organizada no con el estado, al defender que
su administración está haciendo todo lo que está en sus manos para combatir, atender,
desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.
Pese a su declaración y de que su gobierno asumió el compromiso de entregar un informe
detallado de las medidas y resultados en un plazo de 30 días no se ha cumplido con la
entrega de este, por lo que, es previsible que finalmente el caso llegue a la Asamblea
General de la ONU y se emita una declaración en contra del gobierno federal, que hasta
el momento no ha logrado frenar las desapariciones forzadas, en las que se han visto
involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con los carteles del
narcotráfico que siguen con sus actividades delictivas.
*dIrector fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
