“ELECCIONES 2027, LA DEMOCRACIA MEXICANA A PRUEBA “
Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
Cada proceso electoral en México tiene casi siempre escenarios controvertidos y factores que los hace distintos, ya sea que se trate de una elección presidencial cada seis años en la que no sólo se elige a un nuevo presidente, sino también a las Cámaras de Diputados y Senadores o una elección intermedia de cada tres años, en la que se renueva sólo a los legisladores de la cámara baja y que coinciden como en el caso de las elecciones de 2027 con la de 17 gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales en casi la mitad de los estados del país.
La elección de 2027 definitivamente no será igual que ninguna de las anteriores, porque se presentan los siguientes factores:
1.-El oficialismo tiene el control absoluto del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El primero tendrá a su cargo la organización del proceso electoral y de validar los resultados que se obtengan en las urnas el día de la elección y el segundo resolverá los recursos e impugnaciones que presenten los partidos que se inconformen con los resultados, siendo la autoridad cuyas resoluciones serán definitivas para decidir quién es declarado ganador.
2.-El enorme presupuesto que recibirá Morena, PT y PVEM quienes integran la alianza oficialista y que de acuerdo con el Anteproyecto de Presupuesto del INE para 2027 contenido en el comunicado 340 les asigna a Morena $ 3 mil 685 millones 440 mil 886 pesos, al PT $ 760 millones 790 mil 153 pesos y al PVEM $ 1192 millones, 793 mil 138 pesos, lo que sumado da un total de $5639 millones 024 mil 177 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 18% del presupuesto anual del INE.
3.-El hecho de que los partidos de oposición tengan un presupuesto más bajo y que asciende sumando lo asignado al PAN, PRI Y MC a $ 4630 millones 731 mil 943 pesos, que, dividido en caso de no alcanzar una alianza, será insuficiente para aspirar a arrebatarle algunas gubernaturas y diputaciones a los partidos de la 4T.
4.-El uso del aparato de estado y de los programas del bienestar que se utilizan para garantizar el voto de los beneficiarios, a través del trabajo de los servidores de la nación y de las dependencias como la Secretaría del Bienestar federal y locales llevan a cabo para controlar la población de las zonas rurales y municipios en pobreza extrema.
5.-La injerencia de los grupos de la delincuencia organizada y carteles que mediante la violencia y extorsión presionan a los partidos para colocar candidatos que les permitan continuar con sus actividades delictivas, financiando sus campañas y amenazando a los ciudadanos para obligarlos a votar por quien ellos promueven.
6.-El control de los medios de comunicación y los canales oficiales que promueven al oficialismo y el apoyo a sus candidatos.
7.-Las decisiones de los órganos del INE, siempre dispuestos a dar trámite a las quejas y recursos de los partidos del oficialismo y resolver a favor de sus intereses, sin importar los argumentos jurídicos y lo que establece la legislación en la materia.
8.-Hoy más que nunca el arbitro de la elección, públicamente se ha decantado a favor del oficialismo y los consejeros “ciudadanos” están más ocupados en quedar bien con el partido que les dio el cargo, que por actuar en forma imparcial y garantizar un proceso equitativo.
9.-El hecho de que los partidos postulen a los cargos a candidatos de dudosa reputación o con vínculos con los carteles, con la complicidad de las fiscalías que pudieran tener reservada la información y que ello impediría a los ciudadanos reflexionar su decisión sobre a quién dar su voto.
Si a los factores anteriores sumamos, lo que opinan los ciudadanos sobre la clase política y la certeza de que ahora en México, los carteles y grupos de la delincuencia organizada inciden en los resultados electorales y que la impunidad y falta de investigación de la Fiscalía General de la República de personajes que tienen acusaciones de las autoridades judiciales de Estados Unidos y que cuentan con la protección del gobierno federal, puede tener como resultado que haya un alto grado de abstencionismo el día de la jornada electoral y ello sin duda alguna beneficiará a los partidos del movimiento de la 4T.
Sólo el compromiso de los ciudadanos de acudir a las urnas en 2027, puede modificar la situación en la que se encuentra nuestra democracia y de que se logre una Cámara de Diputados plural, donde ningún partido tenga la mayoría calificada y de ahí se inicie un cambio que permita al Estado recuperar sus instituciones y la confianza de los ciudadanos que hoy se ha visto deteriorada por los escándalos y actos de corrupción de quienes prometieron ser distintos y gozan de impunidad para continuar en sus cargos viviendo del erario público.
No será el gobierno de Estados Unidos, quién venga a resolver la crisis política y de inseguridad que vivimos en México, nos toca a los ciudadanos exigir cuentas a los gobiernos y enderezar el rumbo del país ejerciendo nuestros derechos constitucionales y defendiendo nuestra democracia. ¡ México, no merece una dictadura como la del gobierno de Nicaragua, Cuba o Venezuela¡
