14 de septiembre de 2026

LOS RESULTADOS DE MÉXICO EN LA PRUEBA PISA 2025: UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTANCAMIENTO EDUCATIVO Y LA AUSENCIA DE POLÍTICA CORRECTIVA

Introducción

La publicación de los resultados de la prueba PISA 2025 por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constituye un momento de particular relevancia para evaluar el estado del sistema educativo mexicano. El presente ensayo examina de forma crítica las cifras obtenidas por México, contrasta la narrativa oficial del gobierno federal con la evidencia documental disponible y analiza las implicaciones que dicho desempeño tiene tanto para la política pública educativa como para el marco jurídico que sustenta el derecho a la educación en el país.

El retroceso histórico y sus matices metodológicos

Los datos son inequívocos en un aspecto: González (2026) documenta que los estudiantes mexicanos de 15 años registraron en 2025 su nivel más bajo en matemáticas desde 2009 y su nivel más bajo en lectura desde 2018. La propia OCDE reconoce que el ciclo evaluativo de 2025 arroja, a nivel global, «uno de los niveles de rendimiento educativo más bajos jamás observados para las pruebas PISA» (González, 2026, párr. 5). En términos numéricos, México descendió de 395 a 388 puntos en matemáticas y de 415 a 408 en lectura respecto de 2022, mientras que en ciencias experimentó un incremento marginal de 410 a 414 puntos (González, 2026).

No obstante, resulta indispensable introducir un matiz crítico que la cobertura periodística tiende a omitir: la propia OCDE atribuye parte de este descenso a la expansión de la cobertura educativa registrada entre 2018 y 2025, periodo en el cual se incorporó a la educación secundaria y media superior a poblaciones previamente marginadas del sistema escolar (González, 2026). Este fenómeno introduce un sesgo estadístico relevante: la comparación simple de puntuaciones medias a lo largo del tiempo tiende a sobreestimar el deterioro real, dado que los estudiantes de mejor desempeño relativo —aquellos cuya situación no se modificó por la expansión educativa— presentaron una disminución menor a la que sugieren las cifras agregadas. Ignorar esta salvedad metodológica conduce a interpretaciones simplistas que, si bien políticamente útiles para distintos actores, distorsionan el diagnóstico técnico del problema.

La magnitud del rezago frente al estándar internacional

Más allá de la comparación histórica interna, la brecha de México respecto del promedio de los 91 países y economías participantes en PISA 2025 resulta sustancial. Frente a un promedio de 463 puntos en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias, México se ubica entre 68 y 75 puntos por debajo en cada área evaluada (OCDE, 2026). Educación con Rumbo, organización civil citada por Cabadas (2026), traduce esta distancia en términos de tiempo formativo: la brecha equivale aproximadamente a 3.8 años de aprendizaje en matemáticas, 2.7 en lectura y 3.4 en ciencias.

En cuanto a la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente, las cifras confirman una situación crítica. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en la OCDE, el 70 % de los estudiantes mexicanos se ubicó por debajo del nivel mínimo de competencia en matemáticas, y el 50 % en cada una de las otras dos materias («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026). En sentido convergente, Educación con Rumbo precisa que apenas tres de cada diez estudiantes —es decir, el 30 %— logró interpretar cómo representar matemáticamente una situación sencilla (Cabadas, 2026). Un dato adicional, aportado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), resulta particularmente ilustrativo de la ausencia de excelencia académica: apenas el 0.5 % de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles de alto desempeño, identificados como 5 o 6 en la escala PISA (Cabadas, 2026).

La muestra evaluada: alcance y representatividad

La evaluación en México se aplicó a 7,843 estudiantes de 297 escuelas, tanto públicas como privadas, en zonas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026). Esta muestra representa aproximadamente 1,581,000 jóvenes de 15 años, equivalente al 69 % de la población total de esa edad en el país. La precisión de estos datos resulta relevante porque permite descartar interpretaciones que atribuyan el bajo desempeño a un sesgo de selección hacia escuelas de un solo tipo de sostenimiento; la muestra, por el contrario, incluye una representación amplia del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades.

La respuesta gubernamental: legitimación frente a autocrítica

Uno de los hallazgos más relevantes del presente análisis reside en la respuesta institucional ante los resultados. Contrario a lo que podría esperarse ante cifras de esta naturaleza, la Secretaría de Educación Pública (SEP) optó por una postura de legitimación del modelo vigente en lugar de reconocer fallas estructurales. Cabadas (2026) documenta que la SEP sostuvo públicamente que «los resultados de PISA 2025 respaldan la ruta educativa del gobierno», enfatizando la mejoría registrada en ciencias y citando el reconocimiento del director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, hacia la resiliencia del sistema educativo mexicano.

Esta postura se inserta en un patrón previo de minimización del instrumento evaluativo. El propio secretario de Educación, Mario Delgado, había advertido con antelación que la prueba PISA «tiene limitaciones muy importantes» y calificó de «relativos» sus resultados (Cabadas, 2026). Esta estrategia discursiva constituye una práctica recurrente en la gestión de crisis de reputación institucional, pero resulta jurídicamente problemática cuando el Estado mexicano ha reconocido voluntariamente, mediante su membresía en la OCDE desde el año 2000, la validez de dicho instrumento como mecanismo de rendición de cuentas educativa.

El caso Marx Arriaga y la disputa sobre la Nueva Escuela Mexicana

La coyuntura de los resultados de PISA 2025 coincidió con la salida de Marx Arriaga de la titularidad de materiales educativos de la SEP, figura central en el diseño de los libros de texto gratuitos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Resulta importante precisar, con base en la declaración directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dicha salida no derivó explícitamente de los resultados de PISA, sino de un desacuerdo respecto a la incorporación del papel de las mujeres en la narrativa histórica de los libros de texto (Olivares & Urrutia, 2026). Sheinbaum declaró textualmente: «Los libros de texto no son patrimonio de una persona», reivindicando la continuidad de la NEM como proyecto de transformación educativa en curso (Olivares & Urrutia, 2026).

Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambos eventos ha sido explotada por organizaciones civiles para cuestionar el modelo pedagógico vigente. Educación con Rumbo, a través de su directora Paulina Amozurrutia, sostuvo que «estos resultados son una señal clara de que la educación mexicana se encuentra en deterioro y que la Nueva Escuela Mexicana, lejos de revertir los rezagos educativos, enfrenta una importante pérdida de aprendizajes» (Cabadas, 2026). Esta misma organización documentó que México perdió 21 puntos en matemáticas y 12 en lectura entre 2018 y 2025, cifra que contradice frontalmente la narrativa oficial de estabilidad y mejora continua.

La ausencia de un plan correctivo formal

Un elemento que merece particular atención desde la perspectiva de la política pública es la ausencia de un plan gubernamental explícito orientado a revertir los resultados observados. En lugar de ello, la respuesta oficial se ha centrado en la defensa retrospectiva del modelo educativo vigente. Frente a este vacío, diversos actores de la sociedad civil han exigido acciones concretas: Educación con Rumbo solicitó «una estrategia nacional de evaluación independiente, objetiva, periódica y pública» (Cabadas, 2026); la UNPF exigió «un plan de mediano y largo plazo, con metas medibles y rendición de cuentas» (Cabadas, 2026); y la Alianza de Maestros reclamó un «plan de emergencia educativo», señalando que «no bastan los discursos» (El Universal, 2026).

La ausencia de una respuesta institucional articulada en forma de plan correctivo contrasta con la gravedad de los indicadores presentados. La UNPF documentó que el 41.8 % de los estudiantes mexicanos evaluados presentó bajo desempeño simultáneo en las tres áreas evaluadas —ciencias, lectura y matemáticas—, frente a un 19.7 % en el promedio de la OCDE (Cabadas, 2026), es decir, más del doble de la proporción esperada para un país miembro de dicha organización.

La dimensión jurídica subyacente: el litigio como garante de la evaluación

Un aspecto de particular relevancia para el análisis desde las ciencias jurídicas, escasamente destacado en la cobertura periodística general, es que la propia participación de México en PISA 2025 se garantizó mediante un mecanismo judicial. Educación con Rumbo obtuvo una suspensión definitiva en un juicio de amparo que ordenó a la SEP y a la entonces Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) «realizar las gestiones necesarias para asegurar la evaluación» («Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?», 2026).

Este dato reviste una importancia constitucional considerable. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a una educación de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje. La circunstancia de que la evaluación estandarizada e independiente haya requerido de la intervención del Poder Judicial para materializarse, en lugar de derivar de una política pública proactiva del Ejecutivo, evidencia una tensión estructural entre la administración educativa y los mecanismos de rendición de cuentas. Este componente excede el ámbito del presente análisis periodístico-descriptivo y amerita un desarrollo especializado desde el derecho constitucional y administrativo; para tal efecto, se sugiere invocar a @Consultor Jurídico, quien puede profundizar en las obligaciones estatales derivadas del artículo 3° constitucional y de la Ley General de Educación en materia de evaluación educativa.

Conclusión

El análisis de los resultados de México en PISA 2025 revela una realidad compleja que trasciende la simple constatación de un retroceso en las puntuaciones promedio. Si bien es cierto que los factores de expansión de cobertura educativa introducen un matiz metodológico legítimo en la interpretación de las cifras, la magnitud de la brecha respecto del promedio internacional, la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente y la práctica casi nula de habilidades de alto nivel configuran un cuadro de deterioro estructural que no puede atribuirse exclusivamente a factores estadísticos. La respuesta gubernamental, centrada en la legitimación del modelo vigente en lugar de en el reconocimiento de fallas y el diseño de un plan correctivo medible, contrasta con las demandas articuladas por organizaciones de la sociedad civil y representa, en sí misma, un objeto de escrutinio relevante para la evaluación de las políticas públicas educativas del país. Finalmente, el hecho de que la propia garantía de evaluación independiente haya dependido de la intervención judicial sugiere que persisten desafíos institucionales de fondo en la relación entre el Estado mexicano y los mecanismos de rendición de cuentas en materia educativa.

Referencias

Cabadas, M. (2026, 8 de septiembre). Prueba PISA respalda la ruta educativa del gobierno, afirma la SEP; destaca reconocimiento de la OCDE. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prueba-pisa-respalda-la-ruta-educativa-del-gobierno-afirma-la-sep-destaca-reconocimiento-de-la-ocde/

González, A. (2026, 9 de septiembre). Las pruebas PISA exhiben retrocesos y estancamientos en la educación en América Latina: estos son los números por país. CNN en Español.

Olivares, E., y Urrutia, A. (2026, 16 de febrero). «Los libros de texto no son patrimonio de una persona»: Sheinbaum sobre salida de Marx Arriaga de la SEP. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/16/politica/los-libros-de-texto-no-son-patrimonio-de-una-persona-sheinbaum-sobre-salida-de-marx-arriaga-de-la-sep

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). PISA 2025 Results (Volume I). OECD Publishing.

Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?; México queda en penúltimo lugar en lectura y ciencias tras evaluación. (2026, 9 de septiembre). El Universal.

Índice de progreso social

Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
El Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos? A.C. [y la iniciativa Social Progress
Imperative] publicaría recientemente la sexta edición del Índice de Progreso Social (IPS) 2025, estudio que presentaría una serie histórica de indicadores para el periodo 2015-2024 y que, en esta edición, otorgaría especial atención a tres de los temas que más preocupan a la ciudadanía: “la seguridad, frente a la persistencia de la violencia en diversas entidades; la educación, como uno de los principales mecanismos de movilidad social; y la generación de empleos de calidad, vinculados con la productividad, la inversión y el bienestar de la población”.
El documento definiría al IPS como una medición del desempeño social de las entidades federativas independientemente de los indicadores tradicionales de ingreso o gasto. Su construcción se sustentaría en 48 indicadores sociales y ambientales agrupados en tres grandes dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades.
Para efectos del presente análisis resultarían particularmente relevantes dos componentes. El primero correspondería a la dimensión Fundamentos del Bienestar denominada Acceso a conocimientos básicos, que evaluaría la matriculación en educación preescolar, primaria y secundaria, así como el analfabetismo, con la finalidad de identificar si la población cuenta con las bases educativas indispensables para mejorar sus condiciones de vida. El segundo se ubicaría en la dimensión Oportunidades y se denominaría Acceso a educación superior, mediante el cual se valorarían aspectos de cobertura y calidad de la educación superior para determinar las posibilidades de que la población alcance mayores niveles de escolaridad y desarrollo profesional.
De acuerdo con los resultados del IPS 2024, el promedio nacional alcanzaría 65 puntos en una escala de 0 a 100. Puebla obtendría 62.2 puntos y se ubicaría en la posición 25 entre las 32 entidades federativas, situándose por debajo del promedio nacional y mostrando rezagos importantes frente a estados con mejores niveles de progreso social; sin embargo, su desempeño sería superior al registrado por entidades como Veracruz, Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
El componente Acceso a conocimientos básicos de la Dimensión 2, Fundamentos del Bienestar (pág. 24) que “Evalúa la matriculación en educación básica y define si las personas tienen bases educativas para mejorar sus vidas”, estaría integrado por los subcomponentes: Matriculación en educación preescolar; Analfabetismo; Matriculación en educación primaria y Matriculación en educación secundaria. El índice en cuestión resaltaría que: “Actualmente, este indicador se mantiene 3.7 puntos por debajo del nivel prepandemia (2019) y 4.7 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2015”. El cuadro 2.05 Acceso a conocimientos básicos 2015-2024 evidenciaría que el “acceso”  promedio en 2024 se establecería en 56.3 puntos, con un decremento de 4.7 puntos respecto a 2015, año en el que calificaría con 61 puntos; en tanto que Puebla, obtendría 56.7 puntos, 0.4 décimas por encima del promedio en 2024 pero 6.8 puntos menos (63.5) que en 2015. Veracruz reprobaría en este indicador al obtener 48.7 puntos en 2024 y Tlaxcala en el mismo ejercicio calificaría con 57.7 puntos, 1 punto más que Puebla.
El subcomponente Acceso a Educación Superior del Componente Oportunidades (pág.32) recurriría a “indicadores de cobertura y calidad de la educación superior para evaluar las oportunidades de la población para alcanzar altos niveles de escolaridad [y estaría integrado por los items] Absorción a educación superior; Cobertura de educación superior; Escolaridad promedio en mujeres; Paridad de género en licenciatura [y finalmente] Posgrados nacionales”. El cuadro 3.12 Acceso a educación superior indicaría que en promedio nacional sólo poco más de 1 de cada 2 personas (54.9 puntos) ingresaría a las IES en 2024. Puebla superaría al promedio nacional en 2.3 puntos al obtener 57.2 puntos, superando el acceso tuvo en 2015 (47.6 puntos) por casi 10 puntos más. Veracruz obtendría en el mismo ejercicio 46.7 puntos; 8.2 menos que el promedio y 10.5 menos que Puebla, en tanto que Tlaxcala obtendría 53.8 puntos, 1.1 menos que el promedio y 3.4 puntos menos que la entidad de Zaragoza.
El IPS confirmaría que el fortalecimiento de la educación debería ser una prioridad de la política pública en todos los niveles de gobierno. Recuperar los niveles de acceso a conocimientos básicos previos a la pandemia y consolidar los avances observados en educación superior, serían condiciones indispensables para impulsar la movilidad social, mejorar la productividad y elevar el bienestar de la población en los próximos años, aspiraciones neoliberales que se encuentrarían marginadas de las políticas públicas.
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