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Todas las investigaciones conducen a AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por

La visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos Markwayne Mullin a Palacio Nacional el pasado 21 de mayo para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad a fin de tratar temas de cooperación fronteriza y narcotráfico se llevó a cabo días después de la guerra de declaraciones del gobierno mexicano que ha expresado su negativa para  detener al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios y funcionarios de su gobierno.

El argumento es que no había pruebas que acreditaran su culpabilidad en los delitos que se le imputan por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, incluso se preveía que iba a darse en forma ríspida por la postura asumida por la presidenta; sin embargo, después de la reunión con Mullin, el Secretario elogió al gobierno mexicano y destacó el nivel de cooperación y el respeto a la soberanía de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró al día siguiente en su conferencia del pueblo este reconocimiento oficial señalando que ambos países colaboran “como nunca”; sin mencionar al expresidente López Obrador que durante su gobierno impulsó la política de “abrazos, no balazos” que empoderó a los carteles del narcotráfico y les permitió hacer crecer su dominio en más de la tercera parte del país, debido a las alianzas y pactos con los líderes de los grupos criminales, a cambio de apoyar las campañas políticas de presidentes municipales, gobernadores y legisladores federales, postulados por Morena y sus partidos aliados.

Sin embargo, aunque la declaración del secretario Mullin y de la Presidenta fue en el sentido de que fue una reunión cordial y de cooperación para seguir combatiendo a los cárteles que siguen operando en México y enviando drogas a los Estados Unidos, respetando la soberanía de México, está claro que la presión del vecino del norte para que la presidenta lleve a cabo la detención y posterior extradición de Rocha Moya y coacusados para ser juzgados en los Estados Unidos, no cesa y por el contrario fuentes extraoficiales habrían dado a conocer que el Secretario entregó a la presidenta una lista de otros gobernadores y funcionarios de gobiernos morenistas que también están siendo investigados a los que incluso ya se les han retirado sus visas y que próximamente se estaría solicitando también su detención.

La respuesta de la presidenta, no se hizo esperar y al día siguiente convocó a la ciudadanía a celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral del segundo piso de la 4T para el domingo 31 de mayo en la ciudad de México y en 31 plazas de los estados del país mediante una conexión simultánea, con el pretexto de rendir cuentas al pueblo.

Aunque oficialmente la convocatoria no señaló en forma expresa que se trataba de un Informe de actividades, sino más bien de un acto de celebración y de rendición de cuentas de lo realizado en este segundo año de su gestión; es evidente que se trató de un acto partidista del oficialismo, es decir, de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM en el que bajo presión, amenazas y acarreo masivo de ciudadanos se les obligó a asistir al evento para respaldar a la presidenta, violentando lo establecido en los artículos 69 y 134 párrafo noveno de la Constitución General de la República, que a la letra dicen:

Artículo 69. “En la apertura de sesiones Ordinarias del Primer período de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país…”

Artículo 134 … “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

Aunque la Presidenta convocó al pueblo, es evidente que se trató de un evento partidista donde asistieron los funcionarios principales de su gobierno, gobernadores, líderes de su partido y de sus aliados, así como legisladores y seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin tomar en cuenta la “división de poderes y la independencia judicial”  no tuvieron empacho a hacer presencia en un evento de propaganda política que para muchos analistas, marcó el inicio de las campañas del oficialismo al proceso electoral de 2027 violando las reglas electorales al llevar a cabo actos adelantados de campaña política, además con el uso de recursos públicos destinados al evento por el gobierno federal y de los estados en las concentraciones.

El discurso de la presidenta deja clara su postura de hacer una defensa férrea contra el gobierno de los Estados Unidos ante las presiones de los últimos meses declarando: “México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”.

La concentración se convocó bajo el lema “La patria, no se vende” en momentos críticos y de tensión en la relación de México y Estados Unidos y en pleno proceso de revisión del T-MEC.

La presidenta en ningún momento ha aceptado detener al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cazarez y a otros seis acusados, a pesar de que ya otros dos más como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas y Administración y el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado ya se han entregado voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.

Incluso en una parte de su discurso, señaló: “Hoy vienen por unos, mañana vendrán por otros” dejando claro de que ya contaba con información de que existen otras acusaciones contra gobernadores y funcionarios morenistas por parte de Estados Unidos.

La defensa de la presidenta a favor de los funcionarios acusados, bajo el argumento de que se atenta contra la soberanía de nuestro país y de que la ultraderecha de Estados Unidos en complicidad con la derecha mexicana, pretenden atacar al movimiento de la 4T y tener injerencia en las elecciones de 2027 y después en las de 2030, fue uno de los ejes centrales de su discurso.

El diario Los Ángeles Times reveló en días pasados que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora por nexos con el crimen organizado y Américo Villareal de Tamaulipas por huachicol fiscal y que ya les fueron retiradas sus visas para ingresar a Estados Unidos y que hay más investigaciones en curso contra más funcionarios.

Así se viene cerrando el círculo y cada vez más se acerca al expresidente López Obrador, que sin duda alguna solapó a los hoy acusados.

PVEM Y PT, los tontos útiles de la Cuarta Transformación

Dr. German Molina Carrillo / Por

Después del fracaso de la presidenta Claudia Sheinbaum al no lograr se aprobará su propuesta original de reforma electoral denominada Plan B, el cual se refería a la disminución de las diputaciones plurinominales, a la reducción del presupuesto a los partidos políticos, al INE, así como al hecho de que se modificara la forma en que se integran las listas de los candidatos a dichas diputaciones por los partidos políticos para obligarlos a llevar a cabo una campaña para lograr el escaño.

Finalmente se tuvo que conformar con que se aprobaran algunas de sus propuestas, como la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos que no deben ser superior a 15 y que justificó bajo el argumento de que los recursos ahorrados serían destinados a obras públicas y servicios para la ciudadanía, lo que está por ver si efectivamente se cumple.

Establece topes máximos y recortes al presupuesto destinado a los Congresos de los estados y a las Cámaras.

Se fijaron límites a los salarios y privilegios, prohibiendo que cualquier funcionario público gane más que el presidente de la República y eliminó además las denominadas pensiones doradas.

En cuanto a la revocación de mandato y participación, definió los lineamientos institucionales para los ejercicios de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato.

La propuesta de reforma electoral de la Presidenta, presentada al Senado el 17 de marzo pasado no contó con el apoyo de las bancadas de los partidos aliados de Morena en ambas cámaras PT y PVEM cuyos líderes manifestaron su rechazo, en virtud de que les afectaba en cuanto a la reducción del jugoso presupuesto que anualmente reciben del INE; de que existía el riesgo de que perdieran más diputados plurinominales y senadores, reduciendo su presencia y fuerza en ambas cámaras, así como el hecho de que Morena terminara imponiendo más candidaturas con sus siglas y que a corto y mediano plazo dejarán de beneficiarse del poder y control que sobre el poder legislativo tiene el movimiento de la 4T.

A pesar del agravio que causaron a la Presidenta, PT y PVEM al no dar su voto al proyecto de reforma electoral en los términos en que se había presentado originalmente y de que se llegó a hablar de una fractura en la alianza de los tres partidos, días después los líderes de los tres partidos a nivel nacional y de las bancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, refrendaron públicamente su alianza para ir juntos en las elecciones de 2027 para las diputaciones federales y algunas gubernaturas, toda vez que en algunos estados como San Luis Potosí y Quintana Roo el PVEM anunció que iría sólo para buscar ambas gubernaturas.

Sin embargo, aún y cuando diversos analistas habían vaticinado que ya la Presidenta de la República ya no presentaría más propuestas en materia electoral y que lo más seguro era que las elecciones de 2027 se llevarían a cabo con las reglas actuales, hubo dos factores que a mi juicio, cambiaron la situación y obligaron a la Presidenta a presentar un nuevo proyecto de reformas electorales a inicios de este mes de mayo en que el Congreso de la Unión se encuentra en receso.

El primer factor fue la solicitud de detención de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de ocho funcionarios más de su gobierno el pasado 23 de abril, acusándolos de los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro con resultado de muerte, asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte, entre otros delitos que se les imputan.

El segundo factor, que se deriva del primero, es la pérdida de popularidad de la Presidenta y del movimiento de la 4T entre los ciudadanos, al negarse a detener al gobernador Rocha Moya y coacusados para su posterior extradición que será solicitada en sesenta días por las autoridades de Estados Unidos, bajo el argumento de que no existen pruebas que sustentes las acusaciones de la corte de Nueva York con lo cual el oficialismo pasó a defender ante la opinión pública y ante las autoridades de Estados Unidos a los funcionarios.

Los acusados hasta la fecha no han sido detenidos y sólo Rocha Moya fue obligado a solicitar licencia a su cargo y los otros dos acusados Enrique Díaz Vega y el general Gerardo Mérida Sánchez ya se han entregado voluntariamente al gobierno estadounidense.

La presión de la administración del presidente Donald Trump y de su secretario de Seguridad hacia la Presidenta ha venido creciendo y el costo político de su negativa a detener a los acusados, bajo el argumento de defender la soberanía del país y de que ningún gobierno extranjero debe venir a decir a los mexicanos como gobernarnos ha llevado a un punto muy complicado la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la víspera de la revisión del T-MEC.

Por lo anterior y ante el temor de que en las elecciones de 2027 el oficialismo pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas y congresos locales, se han encendido las alarmas en Palacio Nacional y por ello la urgencia de aprobar dichas reformas en ambas cámaras.

El daño a la democracia en el país es muy significativo y afectara por igual a los partidos de oposición PRI, PAN y MC así como a los partidos de la alianza PT y PVEM que pierden de vista que también pueden ser sujetos de que les sean anuladas elecciones y les arrebaten triunfos electorales por una supuesta injerencia de una organización o gobierno extranjero, y que se repita la elección y gane un candidato de Morena, con un INE a modo y con una Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sometido y a las órdenes del oficialismo.

Las dirigencias del PT y PVEM no vislumbran el hecho de que el objetivo final de Morena es convertirse en el único partido de Estado y que, con las trampas electorales y el control de las autoridades en la materia no necesitan de aliados para seguir manejando los tres poderes y seguir gobernando al menos tres sexenios más; por ello al seguir el juego al oficialismo y al aprobar sus iniciativas, lo único que están haciendo es cavar su propia tumba como entes políticos, si no, al tiempo.

Los chamaquearon por enésima vez

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra:

La ciudadanía de la Ciudad de México tendría que reconocer que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la chamaquearía por enésima vez, al adelantar ocho días el inicio de la llamada “huelga nacional”, no obstante y por excepción, la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino sería contenida en las calles de Bolívar y 5 de Mayo, a unas cuantas cuadras de su destino, por quienes en otras ocasiones escoltarían a los contingentes para garantizar su seguridad.

El episodio derivaría en un forcejeo con cuerpos de seguridad, que utilizarían -presuntamente- polvo de extintores para contener a los manifestantes. Más tarde, las y los trabajadores de la educación provenientes de Oaxaca instalarían un plantón en la calle 5 de Mayo.

La insatisfacción expresada por las y los docentes que participarían en el plantón de la Ciudad de México -y que se replicaría en otras entidades- generaría una cadena de afectaciones que terminaría impactando al estudiantado y a la sociedad civil.

La suspensión de clases, la toma de plazas públicas, instalaciones gubernamentales y negocios privados, casetas y bloqueos carreteros provocarían reacciones adversas, como ocurriría en el municipio de Mitla, Oaxaca. Sin embargo, más allá de estas expresiones de conflicto, el movimiento magisterial pondría sobre la mesa la inconformidad de maestras y maestros, con las condiciones generales de trabajo y con la forma en que, a su juicio, serían tratados por sus patrones.

La Ley del ISSSTE de 2007, que afectaría particularmente a las y los docentes con menos de 17 años de antigüedad, incorporados al servicio profesional docente a partir del ciclo escolar 2008‑2009 sería, con el rechazo a la reforma neoliberal, el epicentro de su movilización.

Esta legislación sustituiría el “sistema solidario de pensiones -financiado con aportaciones de trabajadores activos y del Estado, y vinculado al último salario o a un promedio- por un esquema de cuentas individuales administradas por un AFORE, en el que el monto de la pensión depende del ahorro acumulado y su rendimiento”. El cambio trasladaría el riesgo del retiro a los trabajadores y profundizaría la incertidumbre sobre una jubilación digna; así sucedería con los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social.

A estas inconformidades se sumarían otras quejas recurrentes de las y los docentes: el rechazo a un incremento salarial que contemplaría sólo 4% al salario base y 5% a prestaciones; la sobrecarga burocrática que no se reconocería como tiempo efectivo de trabajo; los programas especiales que aumentarían las tareas sin acompañamiento ni personal suficiente; la falta de docentes especializados; los largos traslados entre casa y escuela; lo mismo que el acarreo político‑sindical para respaldar causas que no siempre coinciden con las convicciones del magisterio, pero que otorgan puntos ante las dirigencias sindicales.

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La insatisfacción docente encontraría eco, aunque no necesariamente justificación, en la percepción social sobre la educación pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicada por el INEGI el 21 de mayo de 2026, el 69% de la población usuaria de la educación pública obligatoria se declararía satisfecha con el servicio (poco menos de 2 de cada 3); sin embargo, el 84.9% afirmaría que se cumpliría con los días de clase. Esta diferencia sería reveladora: aún en contextos de insatisfacción, la continuidad escolar seguiría siendo un valor central para las familias, lo que acotaría territorial y socialmente la legitimidad de las huelgas y paros prolongados.

Al final, el adelanto de la huelga, la confrontación en las calles y la reiteración de agravios laborales dejarían una escena conocida: mucha visibilidad, poco avance sustantivo y un impacto directo en estudiantes y familias que no participarían en la disputa. Las cifras mostrarían que, pese a la insatisfacción existente, la mayoría valoraría la continuidad escolar por encima del conflicto.

En ese contexto, el magisterio disidente volvería a tensar la cuerda sin modificar las reglas del juego, trasladando el costo a terceros al tiempo en el que la declaración de la lideresa de la sección 22 reconocería en entrevista transmitida en medios, el talante político del movimiento de la CNTE. Porque, como dice el refrán, el que mucho corre, pronto se cansa, Gracia.

T-MEC, entre dinamismo exportador o fragilidad jurídica

Dr. German Molina Carrillo / Por

El derecho del comercio exterior y el derecho aduanero en México atraviesan una etapa de definición crítica. Si bien el T-MEC ha consolidado al país como el principal socio comercial de los Estados Unidos, los hechos observados de 2024 a la fecha nos obligan a realizar un análisis que supere las cifras de récord exportador y se enfoque en la seguridad y certidumbre jurídica.

El comercio exterior representa aproximadamente el 70 por ciento del PIB nacional.

Su regulación no es menor; se sustenta en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que otorga facultades al Ejecutivo Federal para la política arancelaria, y se articula mediante el artículo 133 de la misma CPEUM, otorgando al T-MEC el rango de Ley Suprema.

Sin embargo, alcanzar récords históricos (como los 664,837 millones de dólares en exportaciones al cierre de 2025) no debe confundirse con un estado de salud jurídica robusta. La dependencia casi absoluta del mercado estadounidense (83.7 por ciento de nuestras exportaciones) nos coloca en una posición de alta sensibilidad ante cambios en la política comercial de nuestro vecino del norte.

La relocalización de cadenas de suministro o nearshoring es la mayor oportunidad estructural para México. Con una captación de inversión extranjera directa superior a los 36,000 millones de dólares en 2025, la competitividad debe fundamentarse en la certeza jurídica.

El riesgo latente no reside únicamente en la capacidad logística, sino en la discrecionalidad administrativa. Observamos que la falta de previsibilidad en los cambios regulatorios sin periodos de transición adecuados— y las restricciones infraestructurales limitan el potencial real. La inversión de largo plazo requiere marcos estables; sin un Estado de derecho que garantice la aplicación predecible de la Ley Aduanera y la Ley de Comercio Exterior, el beneficio del nearshoring será limitado y temporal.

La madurez de un tratado comercial se mide por su capacidad de resolución de controversias. El Capítulo 31 del T-MEC es el instrumento fundamental para dirimir diferencias.

Los casos recientes, como el panel sobre maíz transgénico y las tensiones derivadas de aranceles unilaterales bajo argumentos de seguridad nacional, demuestran que el cumplimiento de los compromisos no es opcional. Cuando las políticas sectoriales internas —en energía, tecnología o agricultura— contravienen lo estipulado en el tratado, México se expone a paneles arbitrales cuyos resultados pueden derivar en medidas compensatorias onerosas. La defensa estratégica del país debe basarse en la alineación normativa interna y el respeto irrestricto a los compromisos internacionales. El cumplimiento técnico es la mejor herramienta de defensa comercial ante la presión externa.

Nos acercamos a la fecha clave establecida por el artículo 34.7 del T-MEC: el 1 de julio de 2026. Este proceso de revisión obliga a las partes a confirmar la extensión del tratado por otros 16 años. México no puede permitirse una postura reactiva. El riesgo de instrumentalizar el comercio como herramienta de presión política es elevado.

La estabilidad económica requerirá que, en las próximas rondas oficiales, nuestro país priorice:

1. La certidumbre jurídica frente a la volatilidad arancelaria.
2. La consolidación operativa de la ANAM con apego estricto a las normas internacionales.
3. La sustitución de la improvisación regulatoria por una política industrial con base tecnológica y desarrollo de proveeduría local.

El éxito del T-MEC no debe evaluarse exclusivamente por el volumen de mercancías exportadas, sino por nuestra capacidad de crear un entorno institucional que convierta a México en un hub competitivo por su seguridad jurídica.

La revisión de 2026 no es un trámite; es un ejercicio de soberanía económica. La pregunta para este gremio y para los actores del comercio exterior es clara: ¿Estamos construyendo un sistema robusto, capaz de soportar las presiones externas, o confiamos exclusivamente en la inercia del mercado?

La respuesta, desde el ámbito del derecho, solo puede ser una: el cumplimiento pleno de nuestras obligaciones es la condición necesaria para el desarrollo industrial y comercial de México.

Tras el dislate secretarial, adelanto de la huelga nacional

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra:

Tras el dislate del titular del despacho educativo, parecería que las cosas en este sector regresarían al estado que guardaban antes del anuncio de la conclusión anticipada del calendario escolar.

Como se comentaría previamente y tras las opiniones contrarias a la medida, el titular del despacho educativo federal anunciaría el restablecimiento de la fecha original, prevista para en la conclusión del ciclo escolar 2025‑2026 (DOF. Acuerdo número 18/06/25).

En consecuencia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejaría sin efecto el rechazo a la medida anunciada por el presidente de la CONAEDU y, para no quedarse atrás, señalaría que la “huelga nacional” se adelantaría al 1 de junio; once días antes del inicio de torneo futbolero.

Por su parte, el SNTE dejaría de festinar en redes sociales, el adelanto de la conclusión del ciclo escolar que habría pretendido presentar como una conquista sindical; en tanto que en ese lapso las autoridades educativas federales, anunciarían el incremento salarial otorgado a las maestras y maestros del país.

El adelanto de la huelga nacional se plasmaría en el boletín digital de la Sección 22, documento que recogería los acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa realizada el 16 de mayo pasado en la Ciudad de México y de la cual destacarían los siguientes puntos:

 

  • “Estallar la huelga nacional de la CNTE para la solución de las demandas centrales el 1° de junio de 2026, con la instalación del campamento nacional en la Ciudad de México.
  • Realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el 1° de junio y, al término del mitin político, instalar un plantón en el Zócalo capitalino.
  • Priorizar la Mesa Nacional de la Comisión Nacional Única Negociadora con la Presidenta, antes de plantear mesas tripartitas en los estados.
  • Definir el menú de acciones de la huelga nacional en la próxima Asamblea Nacional Representativa, como instancia de toma de decisiones de la CNTE.
  • Emitir un pronunciamiento frente a las respuestas del Gobierno Federal al pliego petitorio, las cuales se declaran nulas por no atender las demandas centrales.
  • Deslindarse del oportunismo de Marx Arriaga y de los comités de defensa de la Nueva Escuela Mexicana.
  • Exigir la destitución de Alfonso Cepeda Salas como dirigente del SNTE, al considerarlo en estado de ilegalidad y ajeno a los intereses del magisterio nacional”.

 

Al reivindicar sus banderas históricas -la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno al esquema solidario de pensiones y el fin de la reforma educativa de corte neoliberal, entre otras- la CNTE apostaría más que a la fuerza organizativa que mantendría en las entidades donde sería mayoritaria (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México) y a las zonas o localidades en las que su crecimiento habría sido desigual y minoritario, al escaparate político derivado de la coyuntura mundialista y la coincidencia con las demandas de otros movimientos sociales con los que mantendría una alianza política -transportistas y productores agrícolas- que actualmente se confrontarían con la administración pública.

El derecho de huelga del magisterio sería incuestionable en el plano laboral, pero no en el plano constitucional. Cuando su ejercicio implicaría la interrupción prolongada un servicio público vinculado directamente con el derecho humano a la educación que vulneraría el interés superior de niñas, niños y adolescentes, encontraría límites claros.

La experiencia reciente demostraría que estas huelgas no sólo fracasarían en alcanzar sus objetivos estructurales, sino que trasladarían el costo del conflicto a quienes no participarían en él: las infancias y juventudes del país (incluidos sectores vulnerables de la sociedad). En ese punto, la protesta dejaría de ser un instrumento legítimo de presión para convertirse en un factor adicional de exclusión educativa

El episodio del calendario escolar dejaría al descubierto no solo un error de conducción administrativa, sino una fragilidad institucional más profunda. El anuncio precipitado, la rectificación forzada y la presión sindical posterior evidenciarían que una decisión con impacto nacional podría quedar atrapada entre la improvisación, la coyuntura política y el conflicto gremial.

Mientras tanto, el derecho a la educación y el interés superior de la niñez permanecerían como variables secundarias en una disputa que no les pertenecería. El problema no sería únicamente el adelanto fallido del calendario, sino un diseño normativo que concentraría la decisión y obligaría a corregirla sólo cuando el costo político se volvería insostenible. Porque, dice bien el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, mientras que las obras de infraestructura de la ciudad de México comprometidas, quedan en entredicho.

Inseguridad y desconfianza ahuyenta inversiones

Dr. German Molina Carrillo / Por

La semana que concluye este 16 de mayo, ha dejado al país y a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, un mal sabor de boca y el presagio de que vendrán tiempos muy complicados para nuestra economía y el desarrollo en los siguientes años, pero sobre todo las bajas probabilidades de que se logren atraer más inversiones extranjeras y se desarrollen nuevos proyectos que significarían nuevas fuentes de empleo para miles de mexicanos.

Señalo lo anterior, por el anuncio de la calificadora Standard & Poor´s que rebajó la perspectiva de México a “negativa” y a tronar prácticamente a las dos grandes empresas productivas del gobierno mexicano PEMEX y CFE que para sostenerse han costado miles de millones de pesos al erario.

El anuncio de la calificadora más importante en el ámbito financiero señala que “Pemex recibió aproximadamente 69,800 millones de apoyo gubernamental entre 2019 y 2025”.

Agrega que “la administración de la presidenta Sheinbaum ha estado implementando diferentes mecanismos para ayudar a la empresa. Sin embargo, el perfil individual crediticio de Pemex se mantiene en CCC+, lo que refleja nuestra convicción de que su estructura de capital es insostenible, dada su débil liquidez y alto apalancamiento”.

La postura de la Presidenta que dio a conocer en su “conferencia mañanera” del día siguiente del anuncio, fue la de que el informe de S&P “estaba equivocado” negándose a aceptar una opinión de expertos que se da, conforme a los indicadores e información de las finanzas de PEMEX con un enfoque técnico y fuera de la escena política, en la que la Presidenta intenta vender a los mexicanos e inversionistas que aún vale la pena seguir invirtiendo en la paraestatal.

En este asunto, como en tantos otros, la narrativa presidencial y descalificación a las opiniones y juicios de expertos en diferentes áreas del ejercicio de gobierno y que tienen relaciones con nuestro país, han sido tratadas de la misma forma, es decir: acusándolas de equivocadas, de que el gobierno tiene otros datos, de ser parte de una estrategia conservadora apoyada por los líderes de los partidos de oposición, de que las opiniones son intervencionistas y que atentan contra la soberanía del país, etc.

A pesar de lo anterior, la defensa que hace la Presidenta de las decisiones de su gobierno y de sus políticas públicas, como en este caso, no cambia de ninguna forma las decisiones e imagen que en el extranjero se tiene del gobierno mexicano.

Los números son fríos y los inversionistas extranjeros seguramente no saben de la conferencia mañanera, ni les interesa arriesgar su capital, en un país que no les da certeza para traer sus capitales, ni les garantiza el estado de derecho, con un Poder Judicial sometido a los intereses del gobierno federal y del partido oficial.

Desde antes del inicio de la administración del expresidente López Obrador, los problemas que traían PEMEX y CFE ya existían y se venían agudizando, ya que aún y cuando se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, ante el cambio de régimen del período neoliberal al de izquierda, se planteó un cambio total al modelo descartando la inversión extranjera y con el discurso del nacionalismo y defensa de los recursos naturales del país.

Se pensó que inyectando mayores recursos a dichas empresas se lograría su desarrollo y que fueran autosustentables y produjeran utilidades; sin embargo la situación que hoy enfrentan, nos hace ver a todos los mexicanos cuán equivocados han estado los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum, que hoy tiene ante sí la quiebra financiera de PEMEX, que ha carecido de mejoras en su infraestructura y que no ha logrado aumentar su producción, sino por el contrario se ha rezagado y acumulado deuda que a la fecha se ha vuelto impagable, por la falta de recursos para cumplir con sus compromisos financieros.

Si a lo anterior sumamos, el robo de combustible que data de hace más de 15 años y que en el sexenio anterior con el denominado huachicol fiscal ha dejado al país un daño superior a los seiscientos mil millones de pesos y el fracaso de la refinería Dos Bocas en Tabasco que sólo ha dejado pérdidas al erario; lo que hoy vive PEMEX no es sino resultado de los errores en su manejo y de la obstinación del oficialismo de cerrar el paso a la inversión privada y extranjera.

Aunque la Presidenta tache de equivocado el anuncio de Standard & Poor´s al rebajar la perspectiva de México a negativa, su opinión no tiene peso en los mercados y bancos extranjeros, que son ajenos a las declaraciones políticas y finalmente los inversionistas para decidir traer su capital a México, darán más crédito a la calificadora, que les está advirtiendo de los riesgos que corren de invertir en nuestro país y de la situación que pueden enfrentar por la inseguridad y falta de un Poder Judicial independiente.

El pasado jueves por la noche la Presidenta dio a conocer la renuncia del director de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla y la designación de Juan Carlos Carpio Fregoso como su relevo; en momentos en que carece de capacidad financiera y credibilidad operativa y que sólo ha logrado sobrevivir gracias a los recursos que le provee el gobierno; por lo que deberá lograr convencer al Consejo de Administración, sobre la necesidad de volver a hacer alianzas con el sector privado que es el único que en estos momentos puede apostar por el rescate de nuestra industria petrolera, siempre y cuando se logre erradicar el cáncer del huachicol fiscal y el robo en los ductos en grandes zonas del país.

Sólo logrando combatir la inseguridad y garantizar la vigencia del Estado de derecho se podrá lograr que México, siga siendo un país confiable para atraer inversiones y con ello crear las fuentes de trabajo que se necesitan para fortalecer nuestra economía.

Coscorrones presidenciales

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Apreciada Maestra:

Tras los coscorrones sociales y presidenciales Gracia, en la mañanera del 11 de mayo se disculparían las faltas que cometería el titular del despacho educativo de la Federación, derivada del anuncio por la finalización anticipada del ciclo escolar 2025-2026 y se responsabilizaría de ella, a una -presunta- petición que los titulares de los despachos educativos locales habrían formulado en una reunión ordinaria de la CONAEDU.

No obstante, el propio Mario Delgado y tras una reunión extraordinaria del propio organismo, comunicaría la rectificación de la medida previamente anunciada, la que quedaba sin efecto y que el calendario escolar regresaría al publicado en el DOF el 9 de junio del 2025, acuerdo que sería rubricado por el propio Delgado en su carácter de Secretario de Educación Pública.

El calendario escolar se encontraría inmerso tanto en el Artículo 113 del Título Séptimo. Del Federalismo educativo. Capítulo Único. De la distribución de la función social en educación, de la Ley General de Educación, así como en los Artículos 87, 88 y 89 del Capítulo XII. Del calendario escolar del Título Tercero Del Sistema Educativo Nacional. Normatividad que a la letra señalaría: Artículo 113:

“Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes, […] III. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica […] El Artículo 87. [por su parte establecería:] La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos. Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.

El Artículo 88. [en tanto señalaría] En días escolares, las horas de labor escolar se  dedicarán a la orientación integral del educando, a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la Secretaría. De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos. 

Artículo 89. El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. La autoridad educativa de cada entidad federativa publicará en el órgano informativo oficial de la propia entidad, las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la Secretaría.

Sin embargo, y a pesar de que la Ley General de Educación establecería que correspondería exclusivamente a la autoridad educativa federal establecer el calendario escolar, también es cierto que acotaría esta facultad mediante los procedimientos establecidos al “contravenir los artículos 87, 88 y 89 de la propia ley, que establecen límites materiales, causales y formales al calendario escolar”.

El Artículo 87 mandataria que “el calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos”; si bien, abriría la puerta para que quienes detentan las direcciones de las escuelas, pudiesen ajustarlo siempre y cuando contasen con la venia de las autoridades educativas locales y siguiendo los “lineamientos” de las autoridades nacionales.

El Artículo 88 autorizaría la suspensión de clases solo casos extraordinarios autorizados, mientras no cuando afectase el cumplimiento de los planes y programas de estudio y la argumentación de la autoridad educativa federal no cumpliría con esos requisitos.

El Artículo 89 establecería la publicación de los calendarios escolares en el Diario Oficial de la Federación lo mismo que en los órganos informativos oficiales de cada una de las entidades federativas.

En el anuncio del adelanto del calendario escolar, Gracia, la Secretaría de Educación Pública incurriría en violaciones materiales y procedimentales a los artículos 87, 88 y 89 de la Ley General de Educación, al proponer un ciclo inferior al mínimo legal, sin causa extraordinaria jurídicamente válida y sin acto administrativo formal publicado.

La posterior rectificación subsanaría esas infracciones, pero dejaría intacto el problema de fondo: un marco normativo que concentra en una sola autoridad una decisión y que, por su impacto nacional, solo lograría corregirse mediante presión política y no por diseño institucional. Porque, como bien dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho.

El secuestro de la democracia mexicana

Dr. German Molina Carrillo / Por

La solicitud de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázares y de ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de dicho estado, acusados por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, dado a conocer el pasado 23 de abril por la administración del presidente Donald Trump, ha colocado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada, por la gravedad de las acusaciones y sobre todo por la negativa de la presidenta a cumplir con lo solicitado por las autoridades estadounidenses.

Los funcionarios y exfuncionarios han sido acusados por los delitos de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la fracción de los hijos de El Chapo Guzmán, para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, acusándolos además de proteger a los líderes del cartel contra detenciones y procesos judiciales dándoles información de las autoridades de orden público y militar para apoyar sus actividades delictivas.

La Presidenta ha argumentado que no existen pruebas suficientes para considerar válidas dichas acusaciones en contra del gobernador y coacusados; pero además poniendo como argumento para dicha negativa, la defensa de la soberanía de México.

Hasta este momento, lo único que se ha llevado a cabo por el gobierno federal, ha sido el lograr que el gobernador Rocha Moya solicitara licencia a su cargo para que la Fiscalía General de la República realice las investigaciones correspondientes para determinar si tanto el gobernador como los demás acusados cometieron alguno de los delitos que se les imputan, pero persistiendo la negativa de detener a los acusados que continúan en libertad, menospreciando la urgencia de la solicitud  del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su detención.

Aún y cuando fue del dominio público la presencia del gobernador Rocha Moya en la reunión en una finca en Culiacán el 25 de julio de 2024 convocada por Joaquín Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán, a la que también asistió Ismael El Mayo Zambada y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado y en la que se llevó a cabo el secuestro de El Mayo Zambada para ser trasladado en una avioneta, a El Paso Texas; el gobernador negó que hubiera asistido a dicha reunión.

Su argumento fue que en esa misma fecha realizó un viaje a Los Ángeles, sin poder acreditar su ingreso al país vecino, las investigaciones a cargo de la fiscalía estatal incluso armaron un intento de asalto en una gasolinera donde supuestamente fue asesinado Héctor Melesio Cuén, la Fiscalía General de la República nunca atrajo la investigación y dos días después el presidente AMLO y la presidenta electa dieron su respaldo total en un acto público al gobernador Rocha y se comprometieron a seguir apoyando a su gobierno, descartando cualquier investigación en su contra, hasta ahora que por la acusación y solicitud de detención finalmente se determinó investigar al gobernador.

La acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala en el apartado: “Actos para promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas” en el punto 31. Con el fin de promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas del cartel y para llevar a cabo los objetivos ilegales de dicha asociación delictuosa, los acusados participaron en los actos que se describen a continuación, entre otros:

a. A principios de 2021, o alrededor de esa fecha, RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado, estaba en campaña para convertirse en gobernador de Sinaloa. Por esas fechas, y antes de su elección en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, ROCHA MOYA se reunió con los entonces líderes del cartel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que ROCHA MOYA ganara las elecciones a gobernador. A cambio ROCHA MOYA prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultara elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos.

En los apartados b, c y d se menciona que antes de la elección Enrique Díaz Vega entregó a Los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya con sus domicilios para que pudieran intimidarlos y obligarlos a retirarse de la elección.

El día de la elección sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, los mandos de la policía estatal prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos electorales y no intervenir en caso de denuncias ciudadanas, todo para garantizar el triunfo de Rocha Moya, que a cambio con el senador Inzunza Cázares les dieron el control de la policía estatal de Sinaloa facilitando sus actividades de tráfico de drogas y para detener a los enemigos de Los Chapitos.

Ante hechos como los señalados, como mexicanos cabe preguntarnos:

  • ¿Cuál ha sido el papel del gobierno de AMLO y el actual sobre la situación en la que se ha visto envuelto el Estado de Sinaloa antes y después de la elección de Rocha Moya?
  • ¿Qué acuerdos inconfesables se hicieron por el gobernador y su equipo con los líderes del Cártel de Sinaloa para darles el control de la seguridad y poner en sus manos las vidas de los ciudadanos del Estado?
  • ¿De no haberse dado la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y coacusados, nunca se habría hecho ninguna investigación y seguirían gozando de impunidad para seguir apoyando a los líderes del cartel de Sinaloa?
  • ¿Cuántas vidas de sinaloenses y daños a la economía del Estado han costado, por tener un gobierno comprometido con un cartel para enriquecerse a toda costa, simulando que cumplían con su función?
  • ¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en los partidos para las elecciones de 2027 y evitar que de nuevo un cartel ponga a sus candidatos y siga gobernando el estado?
  • ¿En cuántos estados del país se eligieron gobiernos comprometidos con los carteles y las autoridades encargadas de la seguridad y fiscalías están controladas por estos grupos delictivos?

Es indispensable que el gobierno federal y los partidos políticos de todos los colores se comprometan hoy a salvar nuestra democracia y erradicar la filtración de los cárteles en las elecciones, si es que aún desean recuperar la confianza ciudadana.

“Si no hay solución, no rodará el balón”

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Apreciada Maestra

Mientras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciara la intención de llevar a cabo una huelga nacional que coincidiera con el partido de inauguración de la 23ª Copa del Mundo y en revistas como Profelandia se externarían opiniones que cuestionarían la eficacia de políticas públicas frente al incremento de la deserción escolar, la SEP destinaría el Boletín 155. [a señalar logros del] Gobierno de México impulsa programas en favor de 20.2 millones de niñas y niños de Educación Básica: Mario Delgado, publicado el 30 de abril; destino que compartiría el Boletín 157. Consolida Gobierno de México el mayor programa de becas; en 2026 ya llegará a más de 23 millones de estudiantes: Mario Delgado, y que saldría a la opinión pública el pasado 2 de mayo.

Derivado del parágrafo anterior destacaría, Gracia, algunos de los puntos medulares de los comunicados referenciados, iniciando por el Boletín 155. El comunicado referiría “el arranque de la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” para 9.9 millones de niñas y niños de primaria a nivel nacional […] la mejora y dignificación de más de 137 mil 200 escuelas, con un impacto a favor de 13.7 millones de estudiantes del nivel básico […] otorgamiento de becas, el mejoramiento de la infraestructura escolar, la atención médica, la entrega de material didáctico y la promoción de actividades deportivas, en beneficio de 20.2 millones de niñas y niños inscritos en 203 mil 600 escuelas públicas durante el ciclo escolar 2025-2026.

Asimismo la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” de 9.9 millones de niñas y niños de primaria, con un monto de 2 mil 500 pesos; aunado a los 5.3 millones de estudiantes de secundaria que reciben la beca Universal Rita Cetina […] acciones, que en conjunto benefician a 15.2 millones de estudiantes de primaria y secundaria, el 99 por ciento del alumnado de Educación Básica en el país tiene garantizadas mejores condiciones para su formación académica y para permanecer en la escuela, “donde deben estar”.

A los programas sociales se sumarían la estrategia Vive saludable, vive feliz y que a decir del funcionario permitiría “valorar a más de 10.4 millones de niñas y niños de 80 mil 700 centros escolares [y de ellos], 4.7 millones de estudiantes han sido atendidos en clínicas, se han otorgado de manera gratuita 89 mil lentes” a los que habría que sumar la entrega de casi 160 000 000 millones de libros de texto gratuito de educación obligatoria.

La danza de los millones tendría que ser confrontadas con la permanencia de las alumnas y alumnos en el sistema educativo, y la mejora de la calidad educativa sujeta a evaluaciones externas de carácter nacional e internacional suspendidas en las dos últimas administraciones.

Frente al tono triunfalista del titular del despacho educativo federal, analistas en materia educativa y madres y padres de familia habrían señalado la distancia entre un futuro prometedor y una realidad que apenas ofrece alternativas de crecimiento y ventanas de oportunidad. A ello aluden las Cartas a Gracia enviadas con antelación, así como diversos datos contenidos en Las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024‑2025.

De acuerdo con el cuadro Indicadores de educación inicial (pág. 21), la atención institucional a niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses alcanza apenas al 3.8% del total en ese rango de edad. Por su parte, el cuadro Indicadores de educación preescolar (pág. 23) muestra que la tasa neta de escolarización de niñas y niños de 3 a 5 años se ubica en 63.6%; lo que implica que poco menos de dos de cada tres asisten a una institución educativa.

En educación primaria (pág. 27), la cobertura reportada es del 99.5%, con una tasa neta de escolarización del 94.5% y un abandono escolar de 0.6% (pág. 29). En educación secundaria (pág. 31), el abandono escolar alcanzó 3.7% en el ciclo 2023‑2024, mientras que para el ciclo 2024‑2025 los datos aparecen como no disponibles.

La misma situación se presenta en las variables de reprobación (3.4% en 2023‑2024) y eficiencia terminal (90.5%), así como en la tasa de terminación (84.2%); todas ellas sin información reportada para el ciclo 2024‑2025. En contraste, la tasa neta de escolarización de la población de 12 a 14 años se sitúa en 82.2% en el ciclo 2024‑2025.

Mientras se revisan declaraciones encomiosas de Mario Delgado y se confrontan con la realidad educativa, esa que restregaría en la cara que 1 de cada 2 escuelas de educación primaria serían de organización incompleta, la CNTE avanzaría con una pretendida huelga nacional acompañada de la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”. Cumpliría parcialmente con sus amenazas.

Marcharía el 1 de mayo de la mano con otras organizaciones que tradicionalmente lo hacen e incrementaría de manera artificiosa su fuerza; entregaría su pliego petitorio reivindicando sus demandas históricas al tiempo que pactarían en Palenque, una cita con la titular del Ejecutivo federal para el lunes 11 de mayo. En tanto Gracia, Mario Delgado pretenderían desactivar la huelga anunciada mediante una medida política saludada por el SNTE y que pretendería arrebatarles la narrativa mandando a las y los trabajadores de la educación de vacaciones el 5 de junio; 6 días antes del movimiento anunciado.

La confrontación entre el discurso triunfalista de la SEP y la amenaza de huelga de la CNTE ocurriría sobre un terreno frágil: un sistema educativo que no lograría garantizar trayectorias completas desde la primera infancia hasta la educación media.

Las cifras oficiales mostrarían que el problema no sería marginal ni coyuntural, sino estructural. En ese contexto, reducir el debate a becas, calendarios o movilizaciones sindicales dejaría intacta la pregunta de fondo: ¿Cómo se aseguraría la permanencia escolar en un sistema donde millones de niñas, niños y jóvenes siguen quedando fuera? Mucho ruido, pocas nueces y unos cuantos coscorrones presidenciales, Gracia.

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