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A propósito del Día del niño

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Estimada Maestra
La contraportada del periódico La Jornada publicada el lunes 27 de abril de 2026, cabecearía esa página con el título: Violencia en hogares y desapariciones aquejan a menores de edad; llamada mediante la que invitaría a leer 3 notas, elaboradas respectivamente, por Laura Poy Solano (pág.13), César Arellano García (pág. 13), y Rocío González Alvarado (pág. 33) Gracia, para conmemorar el 102 Aniversario del día del niño instituido en la administración de Älvaro Obregón a instancias de José Vasconcelos. Al día del niño se le conoce indistintamente y a instancia de organismos internacionales como día del niño y la niña y de la misma manera, como día de la niñez.
Laura Poy escribiría: “en México se estima que uno de cada dos niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años ha experimentado un método de disciplina violenta, es decir, al menos 20 millones han sufrido alguna forma de agresión en sus hogares, alerta la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país.”, en tanto que Rocío González Alvarado intitularía su nota, resaltando: Casos de maltrato infantil aumentaron en tres años: procuraduría del menor. De 2 mil 465 en 2023, pasaron a 3 mil 164 en 2025 // Ha permeado la cultura de la denuncia. En este año van mil 782: opinaria Viridiana Osorio. César Arellano García destacaría la desaparición de 29 menores al día y atribuiría el dato a “la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el colectivo Hasta Encontrarles”.
No obstante, los cuadros 5.6.1. Distribución de adolescentes por reporte de daños a la salud por ataque o violencia en los últimos 12 meses por sexo y grupo de edad, y 5.6.2. Población adolescentes de 10 a 19 años que sufrió daños a la salud por ataque o violencia en los últimos 12 meses por tipo, motivo principal y sexo. México de la Ensanut continua 2023, permitirían contar con un panorama de la violencia adolescente, desagregada en las variables enunciadas en el nombre del instrumento; con el “san benito” de no contaría con información que permitiera señalar quién es el causante de los daños.
En el primero de los 2 cuadros se cuantificaría el número de adolescentes que padecerían algún tipo de violencia distribuidos por rango de edad y sexo, estableciéndolo en 508 400 adolescentes y, de ellos corresponderían 242 500 (2.2%) a mujeres y 265 900 a hombres (2.3%); en tanto el universo de quienes no la sufrirían, estaría integrado por 21 893 200 adolescentes (10 738 600 mujeres + 11 154 500 hombres).
En el segundo de los cuadros, la Ensanut 2023 expondría el tipo de violencia y el lugar de ataque en el que se sucitarían los hechos contemplados en las 20 variables que integran este instrumento.
Los cuadros Gracia, mostrarían la magnitud documentada de las y los adolescentes que sufrirían violencia en 2022 y los espacios en los que sucedería (lugar del ataque) y entre los que destacarían: en primer lugar la vía pública, espacio en el que acontecerían  2 de cada 3 incidentes; y en segundo sitio, la escuela que es testigo de 1 de cada 5 acontecimientos. Estos cuadros no permitirían, apreciada Maestra, conocer a quienes podrían ser los perpetradores; aunque el universo se encuentra acotado. No muchos adolescentes sufren violencia grave, pero quienes la padecen lo hacen en contextos y momentos muy específicos que les marcan la vida.

Rocha Moya: los daños al movimiento de la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por

La crisis que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador morenista de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios antiguos y actuales de su administración, dada a conocer el pasado 23 de abril.

Se inscribe en el marco de varios acontecimientos previos en los que la presidenta participó; en primer lugar, su presencia en la Cumbre Global Progressive Mobilisation (GPM) los días 17 y 18 de abril en Barcelona España donde asistieron más de cuarenta líderes del bloque de países de izquierda, convocada por el presidente de España Pedro Sánchez y al que asistieron personajes como Luis Ignacio Lula Da Silva presidente de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Yamandú Orsi de Uruguay, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, países con los que la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha tenido serios desencuentros, siendo el objetivo de la cumbre, el de consolidar un frente común contra la ultraderecha, enfocado en la democracia y la justicia social.

En segundo lugar, el operativo para el desmantelamiento de una instalación para la producción de drogas sintéticas en la Sierra del Pinal, el 19 de abril entre los municipios de Morelos y Guachochi en Chihuahua y en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la defensa y cuatro agentes de la CIA.

Los agentes perdieron la vida después de concluir el desmantelamiento del laboratorio en un accidente en carretera y que desató toda una serie de reclamos y cuestionamientos del oficialismo en contra de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, a quien se responsabilizó de la intromisión de los agentes de la CIA en el operativo, de  violar la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciando con ello todo un debate en contra de la actuación de una gobernadora emanada del PAN y que concluye su cargo en 2027 y que incluso fue invitada por el Senado de la República para que se presentara a rendir un informe de los hechos en los que se le responsabiliza de la actuación de los agentes de la CIA fallecidos.

En tercer lugar, el pasado 23 de abril, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Jonhson, acudió en Sinaloa a la colocación de la primera piedra del Proyecto Pacifico Mexinol en Topolobampo, y ante la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya advirtió sobre la corrupción y la extorsión, destacando la importancia de la certeza jurídica para la inversión, a escasos días en que se dieran a conocer las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete y legisladores, no se hizo esperar, descalificando las declaraciones del embajador como intervencionistas, señalando que los diplomáticos no deben intervenir en asuntos internos.

Bajo este panorama, es cuando formalmente el Gobierno de Estados Unidos, hizo publica la acusación en contra del gobernador de Sinaloa, de aliarse con el Cártel de Sinaloa, específicamente con los líderes de la fracción de los Chapitos, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo ambos de apellidos Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

Cito textualmente el punto 2 de dicha acusación: 2: Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cartel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el actual gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el acusado. Estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cartel, han expuesto y sometidos a las victimas a amenazas y violencia, y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos.

De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias perpetradas por el cartel, entre otras cosas, mediante el homicidio de enemigos del cartel y el secuestro de individuos en México los cuales se les sospechaba de cooperar con las fuerzas del orden público estadounidense.

Los delitos de los que se acusa al gobernador y los nueve colaboradores y excolaboradores de su administración son los de asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, desde México a estados Unidos. Se les acusa de haber dado protección a los líderes del cártel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado que se proporcionara información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cártel y a narcotraficantes aliados para apoyar actividades delictivas del cartel, entre otros cargos.

Es evidente la gravedad de las acusaciones en contra de Rocha Moya y sus funcionarios; sin embargo, la postura de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido la de descalificar la acusación, argumentado que no existen pruebas contundentes del gobierno de Estados Unidos que la sustenten y que, por lo tanto, la Fiscalía General de la República hará su propia investigación para determinar si existen la comisión de algún probable delito en contra de los acusados.

La Presidenta no tiene una salida que la deje bien librada del escándalo y sus consecuencias, tanto para el movimiento de la 4T como para su gobierno, ya que si decide detener a los acusados y en su momento acceder a su extradición enfrentará una división del partido, porque la lista de acusados seguramente crecerá y si decide defender a Rocha Moya y coacusados la presión de Estados Unidos será mayor y las sanciones para México pueden ser de graves consecuencias económicas e internacionales, si se acusa a nuestro país, de ser un Estado narcoterrorista por proteger a los funcionarios acusados y poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por lo pronto en la víspera de la revisión del T-MEC nos estamos jugando el futuro del país y a 41 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, los ojos del mundo están ya en México, esperando que la Presidenta tome la mejor decisión y corrija el rumbo, rompiendo definitivamente con los vínculos con los cárteles y su partido, salvando el futuro y la seguridad de los mexicanos.

México 2026: Entre la inseguridad y el miedo

Dr. German Molina Carrillo / Por

Nuestro país enfrenta actualmente una crisis en diversos aspectos de la vida pública y privada de todos los ciudadanos, que en los últimos siete años se ha acrecentado por las políticas del primer gobierno de izquierda en el poder con AMLO en el período 2018-2024 en que después de dos intentos fallidos llegó a la presidencia de la república con el movimiento de la cuarta transformación; aunque no pudo contar con la mayoría calificada en ambas cámaras de diputados y senadores, ni tener el control de los Jueces, magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que venían del período neoliberal y que frenaron varias de sus reformas constitucionales.

A partir del 2 de junio de 2024, Morena y sus aliados el PT y el PVEM obtuvieron el triunfo en las elecciones para la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum Pardo, así como tomaron el control del Poder Legislativo con una sobrerrepresentación que les otorgó el INE y fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para contar con la mayoría calificada en ambas cámaras de diputados y de senadores.

Además, Morena pasó de gobernar cuatro estados en 2018 a 24 gubernaturas, ya que obtuvo el triunfo en 5 de las 8 gubernaturas que estuvieron en disputa, lo que representó un crecimiento histórico para el movimiento, logrando con ello gobernar a más del 70 por ciento de la población del país, según lo dieron a conocer diferentes medios nacionales y extranjeros.

Por ello Morena y sus aliados actualmente son y con mucho, la principal fuerza política en el país.

Sin embargo, el discurso y las justificaciones a la falta de solución de los graves problemas que les fueron heredados por los presidentes de la era neoliberal y que además se han agravado en siete años, han dejado de funcionar en cuanto a culpar a los políticos del pasado de la situación, así como el discurso de polarización y odio que ha dividido a los mexicanos, se ha visto rebasado ante la  , de seguridad, de derechos humanos, salud, de empleo, de falta de inversiones, de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones, ambiental, de educación, impunidad y corrupción, migración y de la mala imagen que se tiene de nuestro país en la comunidad internacional.

Si a lo anterior sumamos la elección del Poder Judicial llevada a cabo en junio de 2025 para designar a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum para tener el control del único poder que el oficialismo no tenía a sus órdenes y en la que logró imponer a los candidatos afines a los intereses del gobierno federal, ahora tenemos también una crisis en el Poder Judicial con repercusiones no sólo a nivel nacional, sino internacional.

En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos priorizó la queja de 65 jueces y magistrados con más de 30 años de carrera judicial exigiendo al Estado mexicano responder en cuatro meses.

La Comisión activó el principio de “no regresividad”: no puedes desmantelar un sistema judicial profesionalizado y sustituirlo por uno de elección popular sin violar tratados internacionales suscritos por México.

De encontrar la Comisión que hay violaciones a la Convención Americana, el caso puede llegar a la Corte IDH, que podría emitir una sentencia obligando al oficialismo a reformar su propia reforma constitucional.

Ante este probable escenario que dejaría muy mal parado al gobierno, esta misma semana, el senador Javier Corral ya inició los trabajos y foros para impulsar una reforma a la elección del Poder Judicial antes de que se lleve a cabo la que estaba prevista para 2027 y que ahora se propone se lleve a cabo en 2028.

La actitud desafiante de la presidenta Claudia Sheinbaum quién acudió a la cumbre de jefes de estado de países socialistas llevada a cabo en Barcelona España, con presidentes confrontados con Donald Trump, en momentos en que nuestro país lleva a cabo negociaciones para la revisión del T-MEC sin duda el acuerdo comercial más importante de nuestro país y del que depende la economía de México, así como el hecho de oponerse a que fuerzas de seguridad de Estados Unidos combatan a los carteles del narcotráfico que continúan operando sin que las fuerzas de seguridad como el ejército, la guardia nacional y la marina logren frenarlos; coloca al estado mexicano en una delicada situación de riesgo.

La violencia originada por los grupos delictivos, homicidios y desapariciones continúan y las estrategias del estado para combatirla no están funcionando, debido a que la corrupción, captación de mandos policiales, bajos salarios, falta de armamento y la impunidad de los delincuentes son factores que afectan el desempeño de las fuerzas de seguridad.

A 47 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol en nuestro país, los riesgos de que ocurran actos violentos, protestas, movilizaciones, cierres de vialidades, fallas en los sistemas de transporte de los turistas que vendrán al país a presenciar los partidos y sobre todo desapariciones, secuestros y extorsiones en contra de los aficionados se encuentran latentes y la responsabilidad de lo que ocurra le pasará factura al oficialismo, sino comprenden que sólo con un país unido y con el apoyo de la sociedad civil, se puede avanzar en resolver los problemas que el país sigue padeciendo.

No todo en la vida, son las elecciones y la lucha por el poder para exterminar a los adversarios políticos. México y los ciudadanos exigimos que las autoridades cumplan con su responsabilidad y con sus funciones por el bien común, la paz y la seguridad de todos.

Bienestar docente

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Apreciada Maestra:

Mario Delgado insistiría, por tercera vez, mediante el Boletín [SEP] 138. Avanza la transformación educativa con Federación y estados en infraestructura, becas y bienestar docente, publicado el 16 de abril cuando señalaría:

“Inversión histórica en infraestructura educativa, equipamiento y reconstrucción de planteles en todo el país, informó el titular de la SEP” [y como ejemplo de lo que realizarían, mencionaría]. Aguascalientes nuevos laboratorios científicos; Baja California Sur fortalecimiento de la infraestructura en educación inicial; Campeche, 187 mdp en equipamiento escolar; Chiapas se invirtieron más de 12 mmdp para fortalecer la educación.

“Chihuahua se asignaron plazas docentes y directivas; Colima rehabilitación [de escuelas] tras fenómenos naturales; Guerrero […] 29 mmdp de apoyos a escuelas afectadas por fenómenos climatológicos; Hidalgo, equipamiento tecnológico a docentes y planteles; Jalisco se alcanzaron más de 500 mil registros en programas de becas; Michoacán [plantel de la] Universidad Rosario Castellanos (UNRC); Nayarit, se construyen nuevos espacios educativos; Nuevo León se benefició a más de 140 mil estudiantes con becas; Oaxaca, se reconstruyen escuelas afectadas por sismos; Puebla se implementaron campañas masivas de vacunación.

“Quintana Roo [fortalecimiento del] equipamiento de planteles; San Luis Potosí avance en el proceso de federalización y homologación del nivel de Telesecundaria; Sinaloa proyecta la construcción de nuevas preparatorias; Sonora se incrementa el presupuesto de becas a nivel histórico; Tabasco entrega de tabletas electrónicas a estudiantes; Tamaulipas, avance en asignación de plazas docentes; Tlaxcala se construye nueva infraestructura educativa; en Veracruz se mantiene la dispersión de becas; Yucatán se invierte en modernización de planteles; y en Zacatecas impulsa la creación de la UNRC”. Tópicos en los que se mezclarían acciones de chile, dulce y manteca.

Mientras tanto, Gracia, para no abundar en el tema infraestructura y aprovechando la mención de bienestar docente, la Carta a Gracia revisaría tanto el cuadro Escuelas multigrado y unitarias y la gráfica Porcentaje de alumnos y escuelas respecto al total de educación primaria (Multigrado + Unitaria) que se presenta en la página 47 del anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano y que indicaría la existencia de una ventana de oportunidad para mejorar la infraestructura educativa y el fortalecimiento de la planta docente en 1 de cada 2 escuelas públicas de educación primaria que ascenderían al número de 47 780 (49.6%) y que atendería a 1 905 106  del total nacional (14.8%).

En tanto el cuadro Sistema educativo nacional. Ciclo Escolar 2024-2025. Tipo Educativo: educación básica; control: todos; entidad: todas del Sistema interactivo de consulta de estadística educativa, que ampliaría la ventana de oportunidad para el Gobierno de la República y de la misma manera para las entidades federativas, redundantes en la mejora del bienestar para las y los maestros y las comunidades escolares.

El cuadro reportaría 231 913 escuelas de educación básica; 23 358 341 alumnos; 1 237 782 docentes (881 576 mujeres <71.22%> y 356 206 hombres); 112 324 docentes de educación física; 53 341 docentes de educación artística; 48 719 docentes de educación tecnológica; 71 339 docentes de idiomas; 81,771 directivos con grupo; 106 263 directivos sin grupo; 1 077 475.

De esas cifras destacaría los siguientes porcentajes: solo existiría menos de 1 docente de educación física por cada 2 escuelas (48.43%); menos de 1 docente de educación artística (23.0%) por cada 4 escuelas; poco más de 1 docente de educación tecnológica (21.0%) por cada 5 escuelas; poco menos de 1 docente de idiomas (30.76%) por cada 3 escuelas; 1 docente de cada 3 (35.35%) comparten sus actividades frente a grupo con la responsabilidad de la conducción de la dirección escolar del plantel (director comisionado).

El renglón Puebla de este cuadro mostraría la existencia de 12 275 escuelas; 1 339 162 alumnos; 62 964 docentes (47 612 mujeres <75.61%> y 15 352 hombres) ; 3 754 docentes de educación física; 1 655 docentes de educación artística; 1 787 docentes de educación tecnológica 14%; 2 197 docentes de idiomas; 5 412 directivos con grupo; datos que permitirían establecer una relación de poco menos de 1 docentes de educación física (30.58%) por escuela, menor que la nacional en 17.85 puntos porcentuales; poco más de 1 docente de educación artística por cada 10 escuelas (13.48%), inferior en 9.52 puntos porcentuales al promedio nacional; poco menos de 1.5 docentes de educación tecnológica (14.55%) por cada 10 escuelas; poco menos de 1 docente de idiomas (17.89%) por cada 5 escuelas y distante del promedio nacional en 12.87 puntos porcentuales; poco menos de 1 docente de cada 2 (44.08%) comparten sus actividades frente a grupo con la responsabilidad de la conducción de la dirección escolar de1 plantel (director comisionado) promedio superior al nacional en 8.73 puntos porcentuales.

No obstante Gracia, solo las y los docentes que han laborado en una escuela de organización incompleta, sabrían que el león no es como lo pintan; es peor, que no tendrían únicamente que avocarse a la atención de las y los alumnos de diferentes grados académicos, suplir la inexistencia de docentes regulares y de especialistas en tecnologías, artísticas, educación física e inglés, contemplados en las estadísticas oficiales convirtiéndose en todólogos; sus labores cotidianas irían acompañadas del llenado de la documentación, atención a la supervisión, visitas a las oficinas administrativas y atención a madres y padres de familia.

Esta sobrecarga no sólo limitaría la posibilidad de una educación integral, sino que atentaría directamente contra su bienestar y su salud mental y trasladaría al esfuerzo individual, lo que debería ser una responsabilidad institucional. De ellos se podría decir estimada Maestra: docente que mucho abarca, poco rinde.

El terrorismo fiscal en su máxima expresión

Dr. German Molina Carrillo / Por

La miscelánea fiscal 2026 y todos los cambios que se aprobaron desde el año pasado en la Cámara de Diputados, a fin de hacer crecer la recaudación de impuestos en el país, se ha visto reforzada con una serie de medidas alternas por parte del SAT, a fin de lograr no sólo que los particulares y las empresas nacionales y extranjeras cumplan con sus obligaciones tributarias, sino también fijar una posición en la que se busca lograr que todos los mexicanos que reciben un ingreso paguen sus impuestos.

La información financiera que por ley deben proporcionar las instituciones bancarias al SAT en forma obligatoria, hoy permite al Estado conocer todos los ingresos y movimientos financieros que lleven a cabo los particulares y empresas inscritas en el padrón fiscal.

A finales del año pasado muchos mexicanos festejaron el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya obligado al empresario Ricardo Salinas a pagar más de treinta y dos mil millones de pesos al SAT, que adeudaban Grupo Elektra y TV Azteca después de años de litigios en tribunales federales.

En redes sociales muchos mexicanos calificaron el cobro como un acto de justicia contra un empresario que, en los últimos años, ha sostenido un pleito público con el expresidente AMLO y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, algunos pensando que esos recursos seguramente se destinarían para beneficio de los grupos vulnerables o para el abasto de medicinas en el sector salud, o la construcción de hospitales o de escuelas; aunque lo más seguro es que se hayan destinado a seguir subsidiando las magnas obras de López Obrador, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles que sigue sin despegar y Mexicana de Aviación que opera con número rojos.

No se puede estar de acuerdo en que los ciudadanos evadan el pago de los impuestos y contribuciones, ya que es una obligación constitucional contemplada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República para contribuir al gasto público y mantener el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, surgen diversos cuestionamientos precisamente porque el hecho de que los contribuyentes cumplan con el pago de sus impuestos no significa que el Estado cumpla también con su función otorgando servicios de calidad y suficientes que demandan en rubros como la educación, la salud, la seguridad pública, el transporte, el medio ambiente, el contar con un empleo remunerado y sobre todo mejorar su calidad de vida.

En los seis años del gobierno de AMLO y en lo que va del actual sexenio, si algo han descuidado es el contar con funcionarios y servidores públicos con experiencia, eficientes y honestos, ya que sólo se dan los cargos y responsabilidades a quienes garantizan lealtad al movimiento, antes que capacidad y experiencia, siendo los ciudadanos quienes terminamos pagando las consecuencias por los errores de la burocracia.

Aunque hay que reconocer, que si en un área de la administración se ha esmerado e invertido la 4T es en el SAT y la UIF que se han convertido en su brazo fuerte para recaudar recursos y además como brazo político ejecutor contra los adversarios del oficialismo.

El problema del acoso y terrorismo fiscal, podemos dividirlo en dos grupos: el primero el de  los particulares que están inscritos ante el SAT y que anualmente deben presentar su declaración de ingresos y pagar la cantidad que la autoridad fiscal determine para estar al corriente y no verse en riesgo de pagar más dinero por multas, recargos y actualizaciones a las que se puede hacer acreedor de no pagar sus impuestos o de no presentar su declaración anual.

En la situación actual los errores en el cálculo o la omisión en la presentación obliga a contratar los servicios de un contador público para después no tener que pagar más por declarar mal, porque incluso tienen la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos en gastos que sean deducibles.

Actualmente para todo trámite o gestión administrativa de los particulares, las autoridades administrativas están requiriendo presentar la Constancia de situación fiscal y la firma electrónica para otorgar un servicio; con ello los ciudadanos se ven obligados a darse de alta y entrar al control del estado para pagar sus impuestos y presentar su declaración correspondiente.

En el caso de las empresas, las acciones del SAT están enfocadas a llevar un registro pormenorizado de todas sus operaciones, contratos, compras, personal, ingresos y gastos a fin de llevar un control de los impuestos que deben enterar.

Actualmente con el uso de la IA y la información que les proporcionan los bancos, así como con la facturación que deben llevar a cabo de los bienes o servicios que proporcionen a los particulares, se cierra el círculo y difícilmente pueden evitar o evadir el pago de impuestos; con el riesgo de que en caso de incurrir en alguna omisión o presentar una factura fake pueden ser sancionadas con la cancelación de sus sellos digitales impidiendo puedan emitir facturas y con ello paralizando todas sus actividades y manejo de sus recursos y cuentas, incluso pueden ser acusados por el delito de defraudación fiscal con penas de tres meses hasta de nueve años de prisión

En días pasados empresas extranjeras multinacionales de Estados Unidos como UPS, Coca Cola y Hewlett Packard denunciaron ser víctimas de acoso por parte del SAT, y presentaron una carta al secretario de Hacienda denunciando prácticas como auditorías agresivas y la falta de acceso efectivo a la apelación tributaria en quejas similares a la de corporaciones mexicanas.

En la carta señalaron también que “en un momento en que la cooperación económica entre Estados Unidos y México y el cumplimiento del Estado de Derecho están bajo un escrutinio más riguroso, estas medidas de administración tributaria se han convertido en una prioridad principal que requiere de una solución urgente”

Bajo este escenario, me pregunto: ¿Qué empresa ya sea mexicana o extranjera en su sano juicio va a querer invertir en México, si no tiene medios de defensa ante las arbitrariedades y medidas coercitivas del SAT y con un Poder Judicial al servicio del Estado?

Cobija que no alcanza

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra:

Una proporción considerable de la inversión en infraestructura educativa radicaría en las aportaciones que otorgaría el Programa la Escuela es Nuestra, Gracia; así lo señalaría -y habría que creer sin conceder-, Mario Delgado.

De acuerdo con información publicada el 7 de abril por el Boletín 127. La rehabilitación de planteles con La Escuela es Nuestra concentra 45% de la inversión educativa, destacaría contar con “un presupuesto anual de 26 mil millones de pesos”; atender a más de 75 000 planteles y a “8.5 millones de estudiantes; recursos ¿administrados? por “72 mil 349 Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP)”.

También señalan en el boletín contar con una “inversión histórica de 142 mil 500 millones de pesos destinada desde 2019 a la fecha, monto que anualizado promediaría 20 mil 357 millones de pesos por ejercicio y habría sido utilizado en rubros que definirían en las reglas de operación y apoyos que variarían entre 200 000 y 1 500 000 pesos por escuela dependiendo del número de alumnos, y en hasta 3 “dispersiones” por plantel ,“ con la cual se han otorgado 404 mil 588 apoyos en 187 mil 92 escuelas públicas, lo que reafirma el compromiso del Gobierno de México con la mejora de los espacios educativos”.

Valdría la pena considerar, estimada Maestra, que la cifra de “75 mil planteles correspondería a la atención anual del programa en 2026 [mientras que] las 187 092 escuelas públicas [se referirían] al total acumulado de escuelas que han recibido al menos un apoyo desde 2019”. Datos que por el uso indistinto que les da el comunicado podría sobreestimar el impacto real del programa.

El Acuerdo número 35/12/25 por el que se emiten las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2026, que te remitiría al anexo determinaría, entre otros documentos, la Guía 2026 del PLEEN y cuáles serían los Objetivos:

“2.1. General. Lograr que las comunidades escolares por conducto del CEAP de los planteles de educación básica pública y de educación pública escolarizada de media superior, mejoren las condiciones físicas, el equipamiento y servicios escolares de los planteles, mediante la entrega de un subsidio atendiendo la suficiencia presupuestaria. […] 2.2. Específicos. Entregar un subsidio a las comunidades escolares de planteles de educación básica pública, a  través del CEAP, para que mejoren sus servicios escolares, equipen, rehabiliten o amplíen las condiciones físicas del plantel. Conformar un CEAP como mecanismo para fortalecer la participación y organización de las comunidades escolares”.

En el Anexo del PLEEN se enlistarían los rubros para el uso de los recursos dispersados a las escuelas; destinos que también podrían ser consultados en la Guía para el Facilitador 2026 y que a continuación se enumeran, Gracia:

“1. Equipamiento (adquisición de equipo como: mobiliario, materiales didácticos o insumos para su elaboración, materiales deportivos y/o artísticos, equipo de seguridad y primeros auxilios;
2. Rehabilitación/ampliación (mejorar y/o recuperar las condiciones de los planteles, sus instalaciones y equipos; incremento, modificación física y acondicionamiento de las instalaciones del plantel);
3. Servicio de alimentación (ofrecer alimentos a niñas, niños y adolescentes para contribuir a fortalecer su salud) y
4. Horario extendido (generar un mejor desempeño académico y desarrollo integral del alumnado con la extensión de la jornada entre 6 y 8 horas diarias)”.

Sin embargo, Gracia, los montos de los recursos que se entregarían a las escuelas aún serían insuficientes y solo serían paliativos que en caso de destinarse al Rubro 2, solo permitirían que los CEAPs gastaran los subsidios en una rehabilitación menor y en todo caso, en una recuperación parcial de las instalaciones, por lo que no podrían sustituir a un aspirado gasto federal que se dedicara al mismo rubro.

Lo mismo pasaría si destinaran los recursos al Rubro 3, y considerando que se etiquetara un gasto de 15 pesos por día, a la alimentación de las y los menores y partiera de una escuela con 50 alumnos, la inversión equivaldría a 750 pesos por día y que multiplicado por veinte días hábiles implicaría un total de 15 mil pesos mensuales y que extrapolados a 200 días de clase implicarían un gasto de 150 000 pesos por ciclo escolar de un subsidio escolar de 200 000 pesos bianuales,  y eso, si solo se considerada tan solo una comida por día. Lo mismo sucedería con los otros dos rubros de gasto. No alcanzaría para nada.

En suma estimada Maestra, los datos y las propias reglas de operación mostrarían que la cobija simplemente no alcanzaría: los apoyos del programa La Escuela es Nuestra serían insuficientes para cubrir de manera simultánea infraestructura, equipamiento, alimentación y horario extendido, por lo que las comunidades escolares se verían forzadas a administrar carencias y no soluciones.

En ese contexto, una parte sustantiva del gasto cotidiano terminaría recayendo en las aportaciones “voluntarias” -en los hechos obligatorias- de madres y padres de familia, trasladando a los hogares la responsabilidad de sostener condiciones mínimas para la escuela pública. Como bien dice el refrán: cobija corta, si tapa la cabeza, deja los pies al descubierto.

Desapariciones forzadas en México y la ONU

Dr. German Molina Carrillo / Por

En mi colaboración del pasado 26 de abril de 2025, abordé el tema de la Crisis de las Desapariciones forzadas y la 4T mediante un análisis de los antecedentes de dichos delitos vinculados al de los homicidios dolosos, que en México no son un fenómeno nuevo, pero que por lo menos en los últimos veinte años ha llegado a niveles escandalosos, sin que las autoridades puedan evitar su comisión y mucho menos procesar a los responsables.

Por el contrario, una tendencia que se ha manifestado tanto en los gobiernos del denominado período neoliberal como el de los actuales de la cuarta transformación, ha sido negar en forma recurrente su número, así como la participación o apoyo que las autoridades brindan a las organizaciones criminales.

En dicha colaboración, hice hincapié en el momento que vivía México, por la Declaración del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, de fecha ocho de abril de 2025, que acusó que dichas desapariciones “…son perpetradas por el Estado y que se presentaban en forma sistemática y generalizada, derivado del hallazgo que hicieron los grupos de padres y madres buscadores en el Rancho de Teuchitlán Jalisco”.

Desde esa fecha, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de rechazo al diagnóstico afirmando que: hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada no con el estado, al defender que su administración está haciendo todo lo que está en sus manos para combatir, atender, desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito.

Al respecto señalé: “Pese a su declaración y de que su gobierno asumió el compromiso de entregar un informe detallado de las medidas y resultados en un plazo de 30 días no se ha cumplido con la entrega de este, por lo que es previsible que finalmente el caso llegue a la Asamblea General de la ONU y se emita una declaración en contra del gobierno federal, que hasta el momento no ha logrado frenar las desapariciones forzadas, en las que se han visto involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con los cárteles del narcotráfico que siguen con sus actividades delictivas”

Bajo este escenario el pasado 2 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada (CED) determinó solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que remita urgentemente el caso de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

El comité concluyo que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

La respuesta del gobierno mexicano, no se hizo esperar descalificando furiosamente el informe del Comité, rechazando su contenido y argumentando que la gran mayoría de las desapariciones son acciones criminales aisladas de cárteles y grupos armados que actúan sin el apoyo del gobierno, por lo que no deberán ser tratadas bajo la competencia de una Convención internacional si no hay participación oficial demostrada.

En su conferencia mañanera la presidenta planteó diversos cuestionamientos contra el informe tratando primero de resaltar que el problema data desde 2006 año de inicio de la guerra contra el narcotráfico instaurada por el expresidente Felipe Calderón y que continuó en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, las estadísticas e informes del período del expresidente López Obrador y de la actual, resultan alarmantes por el poder y control que han alcanzado los cárteles del narcotráfico en más de la tercera parte del territorio del país, donde ejercen un dominio total, con gobiernos estatales y municipales que los protegen en sus actividades delictivas, entre las que debemos incluir el delito de desaparición forzada de personas.

El poder de los cárteles y su descarada injerencia en los procesos electorales, en los que no sólo postulan a personajes que les garantizan impunidad y libertad para llevar a cabo sus actividades delictivas, dotándolos de recursos económicos y apoyos de sus grupos y gente de los pueblos y comunidades, que prefieren someterse a la autoridad y apoyo de los grupos criminales, que confiar en las autoridades que se han convertido en empleados de los líderes de los cárteles, presentan un panorama muy grave, que con mucho ha rebasado al Estado mexicano, que a pesar de sus planes, programas y reformas legislativas para enfrentar el problema de las desapariciones no ha podido resolverlo.

No existe forma de deslindar la responsabilidad y complicidad de las autoridades federales, fuerzas armadas y autoridades estatales y municipales, con la desaparición forzada, aún y cuando puede argumentarse que no hay bases para calificarla como generalizada y que no reciben apoyo, autorización o que actúan con la aquiescencia de los funcionarios públicos encargados precisamente de la seguridad pública.

Bien haría el oficialismo en primero: reconocer la magnitud del problema de la desaparición; segundo: que las autoridades de los tres niveles de gobierno y fuerzas armadas, han sido rebasadas para contener el delito; tercero: que no cuentan con estadísticas verídicas sobre el número de personas desaparecidas en todo el país; tercero: que la ayuda internacional de organismos como la ONU es un factor que puede contribuir a disminuir el número de desapariciones; cuarto: que no se trata de un debate político, ni de ganar una narrativa, sino de combatir a los grupos criminales que cometen la desaparición y cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública a los mexicanos.

Ya estamos cansados de un oficialismo que todo lo niega, esconde y manipula y que sólo le preocupa ganar las siguientes elecciones y perpetuarse en el poder con su movimiento;  de que contraataque para defenderse sin atender los problemas de fondo y evadiendo su responsabilidad; llegó el momento de que entreguen buenos resultados y cuentas a los que pagamos sus salarios con nuestros impuestos. La patria lo necesita y los ciudadanos se los reconoceremos.

Infraestructura educativa: cifras y realidades escolares

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Apreciada Maestra:

Un comunicado de la Presidencia de la República, Gracia, publicado el 6 de abril del año en curso señalaría: Se destinarán 350 mil mdp en infraestructura educativa; en la Transformación se invirtió más que en el neoliberalismo: Presidenta “Esto es realmente la esencia de la Cuarta Transformación y la educación como centro de la Transformación, la educación pública”.

Tres líneas más adelante acotaría: En siete años de la Cuarta Transformación se invirtieron 341 mil 786 mdp; en la época neoliberal se invirtieron tan solo 304 mil 907 mdp en 18 años. […] Con La Escuela es Nuestra (LEEN) se destinarán 26 mil mdp para acciones de mejoramiento en 75 mil 405 escuelas; se beneficiarán a 8.5 millones de estudiantes”.

La publicación de la oficina presidencial indicaría que a esos montos se sumarían “160 mil mdp destinados a las becas para estudiantes, al aumento salarial y creación de más plazas en beneficio de los profesores, más escuelas de Educación Media Superior y Superior, el Bachillerato Nacional, entre otras acciones”.

No obstante la inversión multimillonaria en la creación de nuevas escuelas, la modernización, el acondicionamiento y rehabilitación de algunas de la ya existentes, no sería suficiente; aún seguirían existiendo realidades diferenciadas entre planteles de las zonas urbanas, semiurbanas y rurales como lo mostraría el cuadro Servicios básicos, infraestructura y equipamiento escolar, indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, contemplado en la página 55 del anuario de las Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2024-2025, realizado a partir del formato 911 y considerando un universo de 178 078 escuelas públicas de educación básica y media superior (163 645 + 14 383).

Servicios básicos, infraestructura y equipamiento escolar, indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4

Porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos, infraestructura o equipamiento

Las estadísticas mostrarían lo que se tendría, y al mismo tiempo, lo que faltaría por hacer para mejorar el rendimiento en los indicadores que se desprenderían de la meta 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030  y que permitirían, al mismo tiempo,  cumplir con «una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos de aquí a 2030», como se establecería también en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación.

Poco más de 1 de cada 3 escuelas de educación básica contarían con computadoras y acceso a internet, en tanto que 1 de cada 4 escuelas de educación media superior tendrían computadoras y 1 de cada 2 dispondrían de acceso a internet; 8 de 10 planteles de básica contarían con electricidad (escuelas preescolares, primarias y secundarías) y también 9 de cada 10 escuelas de bachillerato y similares.

Así, Gracia, el desafío no radicaría en prometer montos históricos de inversión en infraestructura educativa sexenal, sino en transformar esos recursos en condiciones reales y homogéneas de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes, sin importar su ubicación geográfica y que sus escuelas sean de organización completa, multigrado o unitarias. Los datos mostrarían avances, pero también rezagos que comprometerían el cumplimiento de la meta educativa al 2030 y el mandato del Artículo 3º constitucional.

Bien harían las autoridades en recordar que “del dicho al hecho hay mucho trecho”; especialmente cuando se trataría de cumplir con el derecho a la educación apegándose a los fines y principios establecidos en la legislación educativa.

Reflexiones

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra:

El asesinato de las docentes ocurrido en una escuela particular de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo mismo que los movimientos magisteriales realizados por trabajadores de la educación -rutinariamente- sin importar afectaciones a terceros, incluidos niñas, niños y adolescentes, presupondrían la ruptura de las condiciones de normalidad que deberían reinar en un sector estratégico para la sociedad mexicana.

Tan cuestionable sería, Gracia, la violencia que ejercerían en ocasiones las y los jóvenes, lo mismo madres y padres de familia en contra de docentes y compañeros de estudio, que ha cobrado algunas víctimas mortales; como algunos actos de exceso de celo político en el que incurrirían algunas y algunos docentes en el ejercicio de sus funciones laborales, documentados ampliamente en medios de comunicación, así como el exceso de fuerza al que recurrirían al manifestarse en pro de la defensa de sus derechos laborales (plantones, tomas de calles, casetas, carreteras, oficinas públicas, gasolinerías, centros comerciales y un largo etcétera).

Eventos y acciones que sustentarían la necesidad de adoptar un nuevo acuerdo educativo que permitiera recuperar el tejido social en el sector educativo, más allá de las jornadas por la paz y en contra de la violencia que, por instrucciones gubernamentales, se ejecutan en las escuelas cada tres meses.

Visibilizar los feminicidios de las docentes ocurridos el 24 de marzo obligaría la realización de una búsqueda, auxiliada de las herramientas modernas, que permitiera tener presentes acciones similares que podrían remontarse, en años recientes, al 2017, estarían documentadas en diversos portales de noticias, sumando lo ocurrido hace un par de semanas en Lázaro Cárdenas, Michoacán ([mvsnoticias.com] [informador.mx]).

Una nota de Quadratín del 25 de marzo de 2026 cabecearía un reportaje con la siguiente frase “Escuelas, violencia y el crimen de Lázaro Cárdenas: 4 casos en 9 años”;  en ella se reseñaría, adicionalmente el acaecido el 25 de octubre de 2025 en contra de una maestra del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, ubicado en Putla, Oaxaca, y otros dos que se verificarían: el primero, en Torreón, Coahuila (Colegio Cervantes), el 10 de enero de 2020, con saldo de una maestra fallecida y varios alumnos heridos; y el segundo, en el Colegio Americano de Monterrey, evento verificado el 18 de enero de 2017, con saldo de varios heridos, incluida una maestra. (https://acortar.link/icXmtP)

Los reclamos de madres y padres de familia que se realizarían afectando la prestación del servicio docente, a pesar de que el reglamento de la Asociación de Padres de Familia les prohíbe expresamente intervenir en actividades técnico‑pedagógicas, en ocasiones se realizarían mediante un ejercicio abusivo de las y los tutores.

Si bien muchos de esos reclamos, aunque derivarían de tensiones reales -como la aplicación irregular de las mal llamadas aportaciones voluntarias o la inconformidad frente a malas calificaciones su canalización fuera de las vías institucionales mediante presión directa o interrupción de la vida escolar, desbordaría el marco legal de corresponsabilidad y erosionaría la ya maltrecha autoridad pedagógica.

En lugar de fortalecer el proceso educativo, tales prácticas trasladarían conflictos estructurales al aula y desfigurarían el sentido formativo de la evaluación a las y los alumnos -de por sí limitada por disposiciones de las autoridades educativas– afectando el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en condiciones de normalidad y respeto.

En este contexto, los hechos documentados -incluidos los referidos por quadratín en su recuento de cuatro casos de violencia extrema en escuelas en los últimos nueve años- exhibirían con crudeza que la violencia en el ámbito educativo no es episódica ni unilateral, sino el resultado de una suma de omisiones, excesos y desórdenes de rol.

Recuperar la normalidad escolar exigiría algo más que llamados simbólicos a la paz: demandaría un nuevo acuerdo educativo que restituya límites, responsabilidades y autoridad ética a cada actor, colocando de nuevo a niñas, niños y adolescentes en el centro del proceso educativo, no como rehenes del conflicto, sino como sujetos plenos de derecho. “Cuando el pleito entra por la puerta, la razón sale por la ventana”, Gracia.

El exterminio de las donatarias y la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por

El anuncio de la semana pasada por parte del oficialismo de la cancelación de permisos por parte del SAT a más de cien organizaciones de la sociedad civil, para recibir donativos, bajo el argumento de que no habían incurrido en irregularidades y no habían cumplido con las reglas que les fueron impuestas desde 2019 en el gobierno de AMLO, han desatado toda una polémica, ya que dicha decisión contó con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo.

Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, se fijó como uno de los objetivos de su naciente administración, la revisión de todos los organismos y entidades del sector privado           que recibían donativos y apoyos de particulares e incluso de gobiernos extranjeros, bajo el argumento de que existía corrupción y de que bajo dicha figura de donatarias, organizaciones de la sociedad civil se aprovecharon para entrometerse en los asuntos públicos, investigando actos del gobierno y denunciando conductas con las que se ponía en el banquillo de los acusados a miembros de los gobiernos municipales, estatales y federales.

Conforme fue avanzando el gobierno de AMLO y se dieron a conocer los escándalos en que incurrieron integrantes de Morena y partidos aliados, así como los casos de corrupción como la estafa de SEGALMEX, fue creciendo el malestar y la incomodidad que para el gobierno federal ocasionaban en la imagen del presidente dichos organismos, con el apoyo de otros más a nivel internacional, por ello era necesario buscar la forma de frenarlos o asfixiarlos para evitar continuaran con sus investigaciones y denuncias, que en muchos de los casos, no fueron atendidas por autoridades como la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República o el gobierno federal.

Aunque en el discurso del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se ha sostenido que sus decisiones siempre se toman por la voluntad del pueblo, la realidad es que la gran mayoría de ellas, se toman por el presidente en turno, sin importar que exista oposición en materias como los grandes proyectos como lo fueron el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Interoceánico, el  Tren Maya por citar algunos ejemplos de obras en los que si bien es cierto se ha dicho que son en beneficio del pueblo.

Un gran sector de los ciudadanos del país, hasta ahora no han visto reflejado en su bolsillo o vida cotidiana lo que se les prometió; por el contrario, ha habido afectaciones a sus entornos, daños ecológicos, invasión a sus áreas naturales y pérdidas económicas y de vidas que han sido minimizadas o ignoradas por los gobiernos.

Para la 4T la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil organizada, sólo es útil y merece ser apoyado, en los procesos electorales o cuando se necesita demostrar fuerza de su movimiento con sectores como los campesinos, maestros, obreros, colonos y líderes que pueden acarrear ciudadanos y garantizarles votos en las elecciones.

Fuera de lo anterior, para ellos no es conveniente que las organizaciones y grupos de la sociedad civil, se organicen o tengan apoyo para sus actividades, ya que les representan un riesgo para el control y adoctrinamiento que ejercen en amplios grupos de la sociedad a los que les entregan las pensiones del Bienestar que clientelarmente les han permitido ganar elecciones en los tres niveles de gobierno y contar con la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, congresos locales, gubernaturas y a partir de 2025 al Poder Judicial con la elección de los ministros, magistrados y jueces a nivel federal y en los estados que llevaron a cabo elecciones.

Para el Estado mexicano, el hecho de debilitar y exterminar a las organizaciones de la sociedad civil, es una forma de quitarse de encima a entes que le incomodan y son un obstáculo para lograr que las decisiones de gobierno no sean cuestionadas o se denuncien los abusos y corrupción que exista en las obras, licitaciones y proyectos gubernamentales.

Llama la atención, que el oficialismo mediante el SAT, haya endurecido las reglas para dichas organizaciones en algunos casos y en otros haya abierto la puerta y otorgado todas las facilidades como con la organización Humanidad con América Latina impulsada por intelectuales afines al oficialismo y respaldada por el expresidente AMLO, que en menos de seis días de constituida obtuvo la autorización del SAT para ser donataria, abrir una cuenta bancaria que también es todo un trámite en cualquier banco del país y así poder captar donativos para apoyar a la dictadura cubana.

El objetivo de la estrategia del SAT para cancelar los permisos de las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para dejar de ser donatarias es asfixiarlas y amedrentarlas, con el argumento de la “falta de cumplimiento en la acreditación de labores científicas o fiscales”  para que dejen de llevar a cabo sus investigaciones y denuncias, así como de vigilar la actuación de quienes ostentan el poder, labores que han llevado a cabo por años organizaciones como: Mexicanos Primero, México Evalúa, el IMCO, entre otros.

Organizaciones como Amnistía Internacional, señalaron que “limitar el financiamiento a organizaciones que defienden los derechos humanos; apoyo a víctimas y vigilan al gobierno favorece la corrupción y los abusos”.

La postura de AI, fue calificar la acción como parte de una tendencia de leyes “anti-ONGS” que usan cargas administrativas para asfixiar a la sociedad civil.

Ojalá que la UIF y el SAT pusieran el mismo interés y vigilancia a las actividades de los cárteles y grupos de la delincuencia organizada que en actos de corrupción y delitos como la extorsión, secuestro, el huachicol fiscal y el narcotráfico, muchos han acumulado grandes fortunas de las que nunca se informa de su aseguramiento o de que las empresas ligadas a ellos y sus actividades son sancionadas y los responsables llevados a juicios; por algo será.

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