La crisis de inseguridad en Sinaloa y Tabasco
A pesar de los informes de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch en las mañaneras del pueblo, junto con el Gabinete de Seguridad, en el sentido de reportar que en México la ola de homicidios y delitos como la extorsión y el secuestro van a la baja y que se están viendo resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada, que controlan una gran parte del territorio nacional, la situación que se vive en algunas zonas del país es totalmente contraria.
Estados como Sinaloa y Tabasco son un ejemplo, sin dejar de lado los delitos que se cometen en otras entidades como el Estado de México, Baja California, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Guanajuato donde los pobladores viven en un clima de inseguridad y miedo por los actos de violencia que se ejecutan en las principales ciudades, afectando las actividades económicas, de los planteles educativos y de los principales fuentes de ingresos como el comercio, la ganadería, el turismo, y la agricultura, entre otros.
La situación parece no tener fin, ya que ni la presencia del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, han sido suficientes para frenar los actos vandálicos de los cárteles, como la quema de automóviles, camiones, comercios y homicidios que se cometen a plena luz del día, sin importar se trate de hombres, mujeres o niños, la crueldad y el sadismo de los delincuentes, que ha rebasado toda muestra de humanismo y tal pareciera que el mensaje que mandan a la sociedad y a las autoridades, es que están dispuestos a todo, con tal de que se les permita continuar con sus actividades delictivas.
Cada estado de la República enfrenta su propia realidad y las medidas adoptadas por los gobiernos estatales y municipales junto con sus cuerpos de seguridad, parecen haber sido rebasadas por una delincuencia que se ha profesionalizado en lo táctico y con armamento en muchos de los casos más sofisticado y letal, que con el que cuentan las policías estatales y municipales.
Los casos como el de Sinaloa, desde el secuestro de El Mayo Zambada y traslado a los Estados Unidos el 25 de julio de 2024, mediante engaños junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y su encarcelamiento por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, dieron inicio a una guerra entre los grupos de ambas facciones del Cártel de Sinaloa, afines a El Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada, que ya lleva catorce meses, con más de mil personas muertas y que a pesar de los fuertes operativos de las fuerzas de seguridad de México, no se ha podido frenar, ante el hartazgo y desesperación de la población de ciudades como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota que han visto incrementado el número de personas desaparecidas en los últimos 14 meses.
Los daños a la actividad económica en Sinaloa, por la guerra entre las dos facciones, ha dejado como saldo el cierre de miles de negocios, la pérdida de decenas de miles de empleos y de miles de millones de pesos.
De acuerdo con el último informe de septiembre de este año, existe un daño económico devastador para el estado: las pérdidas superan los 36 mil millones de pesos de acuerdo a datos de la COPARMEX con el cierre de más de 7000 empresas y la pérdida de al menos 70,000 empleos.
A pesar de este escenario que enfrentan los sinaloenses, el gobernador Rubén Rocha Moya, promueve una campaña en medios nacionales e internacionales para tratar de atraer el turismo e inversiones al estado, que lejos de llegar, han obligado a las empresas mexicanas y extranjeras a buscar otros estados para llevar sus capitales.
En este 2025, se han dispuesto un número importante de elementos de seguridad para el combate a los cárteles, con refuerzos a las fuerzas armadas y el despliegue de operativos especiales y estrategias de inteligencia, para detener a los principales generadores de la violencia y destruir los laboratorios de metanfetaminas y fentanilo en la zona.
En julio de 2025, el Ejército envió 390 elementos de fuerzas especiales para inhibir los actos delictivos. Operativos por la Guardia Nacional, como el denominado “Verano 2025” reforzando la seguridad en las playas en Semana Santa y el verano con el envío de un refuerzo de 1600 efectivos federales como soldados, fuerzas especiales y Guardia nacional, equipados con vehículos blindados, para disuadir a los grupos delictivos y llevar a cabo labores de inteligencia.
A pesar de todas estas acciones, la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, se recrudecen y mientras los ciudadanos a más de un año, viven en una situación desesperante, con autoridades locales rebasadas incapaces de darles la seguridad necesaria para retomar su vida normal.
En el caso de Tabasco, la ola de violencia e inseguridad se inicia en 2019 con el gobierno de Adán Augusto López, con un aumento en los delitos de alto impacto, entre los que destacan los feminicidios y las desapariciones; en los nueve meses siguientes el número de homicidios dolosos tuvo un repunte superior a los años anteriores.
De acuerdo a la opinión de analistas en seguridad, el incremento de la violencia aumentó a finales de 2023, por una fractura entre el grupo de “La Barredora” que buscaba el control de más territorios, con nuevos líderes, que los llevó a enfrentarse directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que originó una ola de violencia sin precedentes.
La protección a “La Barredora” desde la Secretaría de Seguridad del Estado, a cargo de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el “Comandante H”, grupo del que se ha señalado era su líder, llevó al estado a vivir un aumento en secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos, tanto en Tabasco como en Chiapas, originando un clima de inseguridad y violencia en ambos estados, que a la fecha se está combatiendo por el gobierno federal y la SSPC con el apoyo de las fuerzas armadas, la Marina y Guardia nacional con los gobiernos de los morenistas Javier May y Eduardo Ramírez Aguilar.
La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay y su traslado a México para ser procesado, es una luz de esperanza para los tabasqueños, si es que se investiga a fondo el poder de la barredora y a los funcionarios que los protegían para delinquir.
Es hora de ajustar cuentas y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum realmente vaya al fondo de la investigación y se encarcelen a los responsables de la inseguridad en Tabasco de una vez por todas.
