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La Transformación de las Instituciones Electorales

Dr. German Molina Carrillo / Por

En el umbral de la apertura de los Foros que convocará la Comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por el ex titular de la UIF Pablo Gómez, integrada por funcionarios de primer nivel del poder ejecutivo, la organización Plataforma independiente Plan Nueva República, a través de su presidente nacional el Dr. Luis M. Ponce de León Armenta, ha dado a conocer su Propuesta de Reforma Constitucional, en materia electoral del Pueblo de México, producto del análisis y discusión de sus integrantes, mediante un trabajo de más de quince años, en Congresos, Foros y diversas actividades académicas para , generar un Nuevo Modelo de Constitución para nuestro país.

Como integrante de Plan Nueva República, aprovecho este espacio para dar a conocer los puntos más relevantes de la reforma constitucional, para que sea analizada y se abra un debate en torno a la misma, dada su importancia para el futuro de la democracia en México.

En la exposición de motivos punto primero señala: “…el sistema político electoral está en crisis y ha sido el causante de los graves problemas nacionales, generador de una clase política y administrativa improvisada e incapaz de resolver los problemas que padecemos, como la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la pobreza, el desempleo, la delincuencia organizada entre otros; su fracaso es evidente por sus resultados que se observan en instituciones que no funcionan y leyes alejadas de la justicia y la seguridad jurídica permitiéndose la multiplicación de hechos delictivos sin sanción.”

Sin duda alguna, es una tesis realista que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia que tiene para el estado mexicano, el contar con poderes e instituciones que no sólo lleguen al poder por el voto, sino que se legitimen al ejercer el cargo por demostrar honestidad, profesionalismo y resultados en favor de los ciudadanos y no de sus intereses personales o de partido, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en el país.

En el considerando quinto señala: “…el sistema político electoral vigente no está diseñado en torno a los ciudadanos, si no en torno al privilegio y al dinero ya que obstruye la participación ciudadana privilegiando a los grupos vinculados a la oligarquía política y económica con recursos para financiar la fundación de partidos políticos mediante el pago y acarreo de personas para las Asambleas, así como para financiar candidaturas independientes mediante el pago a gestores auxiliares para recabar firmas…”

El alejamiento de los partidos y órganos electorales como el INE, ha traído como consecuencia que los mismos se encuentren secuestrados por camarillas o familias que han hecho de los partidos un negocio personal, a costa de las prerrogativas que reciben producto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos.

El proyecto propone:

•    Creación del Poder Electoral: Se propone transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en un “Poder Electoral”. Este nuevo órgano estaría conformado por ciudadanos designados mediante convocatoria pública y un proceso de insaculación calificada para garantizar su independencia.
•    Nuevos Tribunales Electorales: Se plantea la creación de nuevos Tribunales Electorales integrados por magistrados seleccionados a través de un procedimiento similar de convocatoria pública e insaculación.
•    Reducción de legisladores: La propuesta busca reducir el número de diputados y senadores. La Cámara de Diputados se integraría por 150 diputados de mayoría, 150 de primera minoría y 28 representantes de sectores sociales. El Senado también vería una reducción del 50% de sus miembros.

Cambios en el Sistema de Partidos y Candidaturas

•    Financiamiento de los partidos: Se propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y sustituirlo por el derecho a tiempos en medios de comunicación.
•    Candidaturas independientes: Se busca fortalecer la figura de las candidaturas independientes, estableciendo requisitos claros y postuladas por asociaciones civiles.
•    Voto negativo: Se introduce la idea del “voto negativo”, que permitiría a los ciudadanos votar en contra de un partido o candidato.

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

•    Plebiscito y referéndum: Se incorporan al sistema electoral las figuras del plebiscito y el referéndum para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
•    Revocación de mandato: Se instituye la revocación del mandato para los cargos de elección popular cuando no se cumplan los compromisos de campaña.

Otras Disposiciones Relevantes

•    Requisitos para cargos públicos: Se establecen nuevos requisitos para los aspirantes a cargos públicos, como la presentación de un programa de trabajo, la declaración patrimonial y exámenes médicos y psicológicos.
•    Función de Autoevaluación del Estado: Se propone la creación de una “Función Auto evaluadora del Estado” ejercida por la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos.

En esencia, la reforma busca transformar profundamente el sistema electoral mexicano, con un énfasis en la ciudadanización de los órganos electorales, la reducción de costos, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los funcionarios electos.

Propone cómo fortalecer la democracia y la competencia electoral para evitar el control de un solo partido sobre el poder legislativo.

Pugnemos porque en el debate propuestas como la de Plan Nueva república avancen, en bien de la democracia en el país y que los ciudadanos se involucren para que la reforma que se apruebe sea en beneficio de las mayorías y no de un grupo o partido político.

Negrito en el arroz

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Dicen por ahí, que más sabe [conoce] el diablo por viejo que por diablo, Gracia, y aún recuerda los tiempos en los que Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior en los tiempos en los que Josefina Vázquez Mota fuese la titular de la oficina educativa de la administración pública federal, intentó establecer un Marco Curricular Común para la educación media al amparo de la “Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)”. En ese contexto se publicaría el Acuerdo Secretarial 442 que diera origen al Sistema Nacional de Bachillerato; proceso que se concretaría 11 años después con Juan Pablo Arroyo Ortíz, y que ¿sería? reemplazado a partir del 15 de agosto de 2025.
Mediante el “ Boletín 263. Con nuevo Marco Curricular Común, SEP transforma la Educación Media Superior: Mario Delgado”, publicado el 17 de agosto por la Secretaría de Educación Pública, el titular de la oficina educativa de la administración Pública Federal anunciaría “el Acuerdo 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS)”. El comunicado, que no Mario Delgado, quien ostenta el nombramiento de secretario de Educación Pública, aportaría los siguientes datos: el modelo se aplicaría “en 17 798 planteles”, el 83.75% del total, reportado en el ciclo escolar 2023-2024. Si bien y de acuerdo a las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, el subsistema de Educación Media Superior contaría en el ciclo escolar citado, con un total de 21 249 planteles de los que corresponderían 69.34% (14 736) al sector público y 30.65% (6 513) al privado. Contarían con una matrícula que ascendería a 5 508 572 alumnas y alumnos; de ellos, 2 867 777 (52.06%) mujeres y 2 640 795 (47.93%) hombres, quienes serían atendidos por 425 826 docentes y de los que 328 329 estarían adscritos al sector público y 97 497 al privado.
El comunicado abordaría lo que a juicio de los encargados del despacho educativo, constituiría la base pedagógica, filosófica y dogmática de la propuesta pedagógica nombrada “Nueva Escuela Mexicana”. A Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior se le atribuirían las siguientes palabras: “las y los estudiantes son el centro del proceso educativo, por lo que el nuevo modelo educativo establece trayectorias formativas incluyentes y pertinentes, considerando la heterogeneidad regional, las desigualdades estructurales y las realidades comunitarias para garantizar que quienes provienen de contextos de vulnerabilidad tengan acceso a una formación digna y justa”.
Tania señalaría de igual manera que “el proyecto pedagógico del MCCEMS se construye colectivamente, en diálogo con las realidades concretas de la comunidad educativa, y se apoya en la autonomía docente. A nivel filosófico, retoma el Humanismo Mexicano para impulsar subjetividades críticas, saberes compartidos y diálogo con la historia nacional y el papel de México en el mundo, reconociendo la pluralidad y garantizando condiciones de respeto, cuidado, igualdad sustantiva y justicia social. […] garantiza una formación académica, cultural y socioemocional para el aprendizaje a lo largo de la vida […] la portabilidad de estudios; [resaltando que el] Currículum fundamental organiza saberes y experiencias en áreas como Lengua y Comunicación, Pensamiento Matemático, Ciencias Naturales y Sociales, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés, mientras que el Currículum ampliado favorece la permanencia de los estudiantes en el SEM y la construcción de entornos escolares sanos, diversos, democráticos y con perspectiva de género”.
Sin embargo, no faltaría un prietito en el arroz, Gracia, pues mientras que el comunicado de la SEP precisaría que el “Acuerdo número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior”, publicado el 15 de agosto de 2025, señalaría “que en un plazo no mayor a 225 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, establecerá los componentes de formación y estructuras curriculares de los estudios de bachillerato o equivalentes que definan el currículum fundamental, ampliado y laboral, con las que se diseñarán los planes y programas de estudio de los servicios educativos de la educación presencial de la escolarizada y de la educación dual de la modalidad mixta” mientras  el Artículo 28 de la Ley General de Educación, mandataría que “Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los cambios referidos. En el caso de los planos y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes”.
El pequeño grano de arroz podría convertirse en un arroz negro. Mientras que para el Acuerdo número 21/08/25 la aplicación sería inmediata, el Artículo 28 de la Ley General de Educación, vigente en toda la República, obligaría a los y las responsables de las oficinas de educación federal y de las entidades a que “previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios”, y aunque ignorado el San Benito, podría ocasionar protestas de la planta docente sindicalizada de algunas instituciones, que serán generadas por el cambio de asignaturas obligatorias correspondiente al cambio de la currícula y adicionalmente, la ausencia de “instituciones” no obligadas a impartir [por el momento] el nuevo plan de estudios del MCCEMSNEM (vocacionales del Instituto Politécnico Nacional; subsistemas estatales y escuelas particulares entre otros).

El fracaso del sistema penitenciario en México

Dr. German Molina Carrillo / Por

De acuerdo a un artículo publicado el 9 de marzo de 2024, titulado “Reinserción social como finalidad del sistema penitenciario internacional y su influencia en México” de los autores: Luis Eduardo Ramírez Navarro y Axel Francisco Osorio Torres publicado en in Internaciones, señalan en la introducción que: “la reinserción social es un de los fines del sistema penitenciario mexicano, que se regula por el artículo 18 constitucional, en el que se establece la estrategia que el Estado lleva a cabo dentro del centros penitenciarios para reintegrar a las personas privadas de la libertad al núcleo social. Proceso que tiene como base el respeto a los derechos humanos; la capacitación para el trabajo, el acceso a la educación, a servicios de salud y al deporte, en virtud de que son éstos elementos los que permiten a los reclusos tener un desarrollo pleno dentro del centro penitenciario, además de ser la base para que dicho individuo pueda reintegrarse a la sociedad, debido a que una de las herramientas fundamentales para que una persona logre reintegrarse con éxito es el acceso al trabajo, debido a que es el trabajo de donde las personas  obtienen un salario con el cual cubrir necesidades indispensables para toda persona, como el acceso a alimentos, vivienda, vestido, retiro digno e incluso actividades recreativas que coadyuvan al libre desarrollo de la personalidad”

Para nadie es un secreto que no sólo en México, sino en los principales países de América Latina, donde los índices en el aumento de la delincuencia se han disparado en los últimos veinte años, los objetivos y alcances de los sistemas penitenciarios, desde la prisión preventiva oficiosa hasta la sentencia en la que se condena a una persona a permanecer privado de su libertad, en algunos casos con cadena perpetua de acuerdo a la gravedad del delito o delitos cometidos, la “reinserción social “ establecida en nuestra Constitución, ha sido un fracaso y aquellas personas que después de pasar años en prisión, obtienen su libertad no logran reinsertarse en la sociedad y menos conseguir un empleo digno para ellos, ya ni se diga de sus familias, que en la gran mayoría de los casos los abandonan o se desintegran, por la pena de la esposa, hijos y familiares de tener a alguien en prisión.

Si a lo anterior sumamos, el grave problema que representan las sistemáticas violaciones a derechos humanos, abusos, corrupción, homicidios, tráfico de armas y drogas, así como el control de los penales que llevan a cabo los lideres de los grupos de la delincuencia organizada, que han tomado el mando de un número importante de centros penitenciarios en México, la situación se vuelve aún más delicada y las autoridades de los gobiernos estatales y federal, han sido rebasados perdiendo el control de estas prisiones conocidas como universidades del crimen.

Desde que el expresidente Felipe Calderón inició su denominada guerra al narcotráfico en 2006 en los centros penitenciarios estatales y en las cárceles de máxima seguridad, se vio la necesidad de modificar las condiciones en las que l funcionaban dichos centros y sobre todo, la necesidad de en algunos casos reforzar las medidas de seguridad, sobre todo cuando se logró detener a los capos y líderes de los carteles del narcotráfico, cuyo poder y riqueza les permitía continuar manejando a sus carteles y dando órdenes a sus subordinados.

La construcción de las denominadas cárceles de máxima seguridad lo que pretendieron es evitar que estos presuntos delincuentes, no pudieran seguir dirigiendo a sus seguidores y que mediante medidas más estrictas se evitara que tuvieran contacto con el exterior y además lograran fugarse como en los casos del Chapo Guzmán en que con la complicidad de personal de la prisión de Puente Grande en enero de 2001 al inicio del gobierno de Vicente Fox, logró fugarse de la cárcel; siendo recapturado hasta el 22 de febrero de 2014 y recluido nuevamente en la prisión del Altiplano, logrando fugarse por según vez un año cuatro meses después a través de un túnel que daba a su celda, siendo recapturado el 8 de febrero de 2016.

El poder de los líderes de los carteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México en las cárceles más importantes del país, los privilegios de los que han gozado, los negocios dentro de los penales, así como el manejo de sus grupos criminales y la continuidad de sus actividades delictivas, ha sido reconocida por las autoridades mexicanas, que ante el poder corruptor de estos capos, han preferido entregarlos a las autoridades de Estados Unidos, que han solicitado su extradición por tener procesos abiertos en varios estados como Nueva York, Virginia y los Ángeles, como lo demuestran las dos entregas en este gobierno, primero de 29 y en la última semana de 26 narcotraficantes que eran requeridos por cortes de Estados Unidos.

Por ello es necesario revisar el actual funcionamiento del sistema penitenciario en México, ya que las condiciones actuales por lo altos índices de criminalidad y corrupción que proliferan en las cárceles, lejos de lograr la reinserción social, demuestran que las actividades de los criminales se siguen desarrollando y creciendo de igual forma, dentro o fuera de las prisiones.

Delitos cometidos en contra de menores

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia

La gráfica y el mapa “Ciberacoso – Agresores. Porcentaje de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses que conocía a su o sus agresores” (pág. 49) presentaría 4 estratos: 66.1/72.2; 63.4/66; 59.9/63.3 y 50.3/59.2. Puebla se encontraría en el primer estrato, obteniendo 66.8 en conocimiento del “agresor”, 3.9 puntos sobre la media nacional; Veracruz, también  se ubicaría entre quienes menos conocieran a su ciberacosador con un 7.2 puntos menos que la media nacional. La gráfica “Ciberacoso – Agresores conocidos(as) Población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses, según identidad de la persona acosadora, [mostraría que] 17.8% de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue acosada por un(a) conocido(a)”, aunque un 8.7% lo sería por un [mal] amigo; 8% por [ojo, mucho ojo maestras y maestros] “por un compañero de clase o trabajo”; 5.7 por una expareja; 3.5 por un familiar y un 0.7 por su actual pareja. El “Ciberacoso – Agresores Conocidos”(pág. 52) se realizaría (mediante el envío) de mensajes ofensivos (13.6%); el contacto mediante identidades falsas (9%),  si bien, “publicar y/o enviar información personal, fotos, o videos [lo mismo, que] Publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual, contaría con un 2.6% y 1.5%.
El cuadro “Ciberacoso – Edad de la persona acosadora. A nivel nacional, 61.6% de la población de 12 a 17 años que experimento una situación de ciberacoso durante los últimos 12 meses por parte de personas del mismo rango de edad. Población de 12 años y más que experimentó ciberacoso durante los últimos 12 meses, por edad de la víctima según edad de la persona acosadora (porcentaje)” (pág. 53); aunque 1 de cada 5 (21.1%) de los acosadores de jóvenes y adolescentes, tendrían entre 18 y 25 años; 6.6%  estarían en el rango de entre 26 y 35 años; 4.1% tendrían entre 36 y 45 años y cerrarían con broche de oro 1.3% de los acosadores que estarían en el rango de entre 46 y 60 años.
La gráfica “Ciberacoso – Edad de la persona acosadora – Sexo. A nivel nacional, de las poblaciones de hombres y mujeres, de 12 a 17 años, víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses, 61.8% y 61.4%, respectivamente, fueron agredidas por parte de personas del mismo rango de edad. Población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses por edad de la víctima según edad de la persona acosadora según sexo (porcentaje), mostraría que, adicional a la agresión entre pares, en el estratos de 18 a 25 los hombres acosarían más que las mujeres (19/22), si bien, en algunas de las franjas de 26 a 35 años y de 36 a 45, las mujeres tendrían preeminencia. La gráfica y el mapa (pág. 63) “Ciberacoso – Agresores identificados. Población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses y pudo identificar el sexo de su o sus agresores. Ciberacosador Hombre → Víctima Hombre” ubicarían a Puebla en la posición 10 obteniendo una calificación de 60.4%; 3.4 puntos arriba de la media nacional en tanto que Veracruz detentaría la posición 6, un puntaje de 61.1, 4.1 más que la media. La gráfica y el mapa Ciberacoso – Agresores identificados Población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses y pudo identificar el sexo de su o sus agresores. Ciberacosador Hombre → Víctima Mujer ubicaría a Puebla en el lugar 25 con un puntaje de 50.2, casi 2 puntos menos que el promedio nacional, si bien Veracruz ocuparía la posición 32, la menos acosadora en este rubro que estaría 8.7 puntos debajo de la media.
Si bien faltarían algunas gráficas y mapas valdría la pena detenerse en la difusión del indicador  “Ciberdelito [y sus acotaciones]. A nivel nacional, de la población de 12 años y más usuaria de internet, 6.1% experimentó alguna situación de ciberdelito en los últimos 12 meses”, 3.8% fue víctima del hackeo de medios/redes sociales; 2.0% sufriría la “infección de un virus informático que provocó una acción no deseada (malware); 1.5 hakeo de correo electrónico (e-mail); [y finalmente] 0.8% su dispositivo se infectó con un virus informático que bloqueó el acceso a sus datos y le pidieron un pago para recuperar el acceso (ramsonware)”.
La lectura del Módulo sobre ciberacoso 2024 (Mociba) es fundamental para quienes se desempeñan en el ámbito educativo;  sin dejar de lado, la responsabilidad de las autoridades lo mismo que de madres, padres de familia, tutores y primeros respondientes de la educación en casa, que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen con sus mayores, recordando que, como se citó líneas arriba en la gráfica “Ciberacoso – Edad de la persona acosadora – Sexo. A nivel nacional, de las poblaciones de hombres y mujeres, de 12 a 17 años, víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses, 61.8% y 61.4%, respectivamente, fueron agredidas por parte de personas del mismo rango de edad”; porcentajes que sugerirían que el lugar en el que se comete el ciberacoso tendrá origen, en la escuela, sitio en el que las alumnas y los alumnos se encuentrarían bajo el resguardo de las y los maestros.
Sin embargo, el fenómeno motivo de este estudio (Mociba) mostraría toda crudeza al reconocer que un 21.1% de las agresiones digitales a los jóvenes de entre 12 y 19 años provendrían de mayores de edad hasta los 59 años. Acoso digital que cometido en el porcentaje citado por mayores edad, sería constitutivos en muchos casos, de delitos que deberían perseguirse de oficio; no obstante, valdría la pena prevenir en escuelas y casas, que perseguir cuando ya no quede de otra.

Comparación Mociba 2023-2024 (2/2)

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
El análisis de los indicadores que proporciona el Módulo sobre Ciberacoso 2024 dotaría de herramientas que permitieran mejorar la convivencia en los hogares, las escuelas y en general, en el entorno social, Gracia; aunque la comisión de delitos, como la sustracción indebida de fondos de una tarjeta de débito, sea el pan nuestro de cada día y nos afecte directamente, lo mismo que a quienes nos rodean y sus estadísticas sean ignoradas por cualquier instrumento de medición. Razones suficientes para continuar con la difusión de la información publicada por el Inegi. El indicador “Ciberacoso – Situaciones. A nivel nacional, 36% de la población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses tuvo contacto mediante identidades falsas. ” (pág.36), las clasificaría como a continuación se enlistan y comparando el año 2024 con el 2023: Contacto mediante identidades falsas (36.0/35.9); Mensajes ofensivos (34.0/33.3); llamadas ofensivas (22.6/22.3); Insinuaciones o propuestas sexuales  (22.3/23.7); recibir contenido sexual (22.3²/26.0); Suplantación de identidad (19.8/18.6); provocaciones para reaccionar de forma negativa (18.2/17.6); rastreo de cuentas o sitios web (17.7/16.6); críticas por apariencia o clase social (13.6²/15.5); amenazar con publicar información personal, audios o videos para extorsionar (9.9²/8.3); publicar y/o enviar información personal, fotos o videos (5.4/5.8); publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual (3.9/3.6); otra situación (2.3²/0.8).
 
La variable “Ciberacoso – Agresores conocidos. Situación de ciberacoso más frecuente experimentada por la población de 12 años y más en cada entidad federativa en los últimos 12 meses” (pág.37) elaborado por entidad federativa, evidenciaría que en Puebla, el ciberacoso mas frecuente sería el “Contacto mediante identidades falsas”; acoso digital que compartiría con 19 entidades más; en tanto que en Veracruz y 11 estados, los “mensajes ofensivos” se llevarían el palmares Gracia. El indicador “Ciberacoso –Situaciones. Porcentaje de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue contactada mediante identidades falsas” (pág.38), establecería la media nacional en un 36%, poco más de 1 de cada 3 usuarios; Puebla contaría con 0.9% más (36.9%) para posicionarse en el lugar 9, en tanto que Veracruz (36.6%) tan solo estaría 0.6% arriba y ocuparia la posición 11.
Asimismo, en esta misma entidad, el ciberacoso realizado a través de “mensajes ofensivos” coincidiría con la media nacional (34.0%) posicionándolo en el lugar 19, si bien Veracruz ocuparía el primer lugar (40.7%) distante 6.7 puntos del promedio nacional. El acoso digital no distingue sexo ni edad; 1 de cada 3 personas mayores de 12 años sin distinción de sexo (36.0%), lo sufrierian bajo el formato “identidades falsas”; aunque solo el 3.3% de hombres y el 4.4% de mujeres fueran amenazadas con “publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual”. Por entidad federativa, el acoso “mediante identidades falsas” hombres, agravaría al 36% de las y los acosados -promedio nacional- en tanto que en Puebla, lugar 19, afectaría a un 0.04% menos que el promedio (35.6%); pero en Veracruz, lugar 14, lo padecería 1.1% más (37.1%). El “Ciberacoso – Situaciones – Hombres. Porcentaje de la población de hombres de 12 años y más víctima de ciberacoso que durante los últimos 12 meses recibió mensajes ofensivos” (pág.44) rondaría en un 35.9% promedio nacional; si bien Puebla (39.3%) lo superaría en 3.4 puntos porcentuales estableciéndose en el lugar 6; en tanto que Veracruz ostentaría el lugar número 1 (46.3%) y una diferencia positiva de más 10.4. La misma variable (mensajes ofensivos) enfocada en una perspectiva de género (mujeres) (pág.40) establecería la media nacional en 32.4%; a Puebla en el lugar 8 (37.9%) 5.5 puntos más que el promedio, si bien Veracruz estaría en el lugar 12 (36.4%) con 4 puntos más.
Con independencia de los indicadores que aparecen en la gráfica “Ciberacoso – Frecuencia – Sexo. (pág.47) 43.2% de la población de mujeres de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses experimentó con mayor frecuencia amenazas con publicar información personal, audios o videos para extorsionar”; no obstante, el porcentaje mencionado solo tomaría en consideración dos subvariables: Muchas veces 18.3%, más algunas veces 24.9% = 43.2% y a ellas, habría que sumar al porcentaje de las que serían amenazadas “pocas veces” 24.7 = 67.9%, lo mismo de las que lo serían por única vez 31.6% = 99.5%. La gráfica Ciberacoso – Agresores [señalaría que] 62.9% de la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses, desconocía a la persona o personas que lo efectuaron” (pág.48) aunque el 21.6% sería acosada “solo [por] conocidos” y el 15.5% tanto por “conocidos y desconocidos”; por entidad federativa, el promedio nacional del “Porcentaje de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses que desconocía a su o sus agresores” se establecería en 62.9%. Puebla, para no variar obtendría un puntaje de 66.8 %, 3.9 más que le posicionarían en el lugar 6; Veracruz en tanto, se ubicaría en el lugar 27 y obtendría un por ciento de 55.7%, 7.2% menos.
La relevancia del MOCIBA se explicaría por sí sola al tomarse en cuenta los objetivos del instrumento del que forma parte: la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH); elemento que buscaría información sobre “la disponibilidad y uso” de las Tics en los hogares a partir de 2015, fecha en la que ya incluía el módulo sobre el ciberacoso que se convirtiera en una herramienta fundamental para el diseño de medidas preventivas en las casas, en las escuelas y para que las y los gobernantes, adopten medidas de políticas públicas, Gracia.

México, ¿en la ruta del monopartidismo?

Dr. German Molina Carrillo / Por

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheimbaum de abrir el debate, análisis y discusión de la reforma electoral en México, que forma parte del paquete del segundo piso del movimiento de la 4T, muchas organizaciones ciudadanas, partidos de oposición, exfuncionarios del INE, académicos, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación, pensaron que se encendía un foco de esperanza y que la presidenta estaba impulsando un cambio muy importante para el futuro del país, que la distinguía de su antecesor AMLO

El estilo de expresidente en la presentación de sus iniciativas de reformas legislativas y constitucionales se caracterizó por anunciar que se iban a escuchar todas las voces para mejorar sus propuestas y hasta en algunos casos, se propuso realizar consultas ciudadanas para reforzar sus propuestas y al final el texto original presentado, quedaba igual y así, sin cambiarle una coma, era aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

El hecho de que la reforma electoral que se llegue a aprobar sea producto de la participación de todos los actores sociales y de que se escuchen a todos los grupos, no sólo sería benéfico para el país, sino para la presidenta y de Morena y partidos aliados PT y PVEM porque demostrarían su apertura y que la reforma que se apruebe, tenga legitimidad y respaldo ciudadano.

Sin embargo, hasta ahora, las cosas no pintan bien y el hecho de que la presidenta  haya designado al extitular de la UIF Pablo Gómez Álvarez como el coordinador de la Comisión Presidencial para la reforma electoral encargada de convocar a foros de debate y discusión para  elaborar el proyecto de iniciativa, que de acuerdo a versiones periodísticas se le dio una salida digna, al haber pedido el gobierno de Estados Unidos su remoción del cargo, por los nulos resultados que dio para investigar a los funcionarios y empresas coludidas con los carteles del narcotráfico.

Así el pasado 6 de agosto, el anuncio de la presidenta de los nombres de los personajes que lo acompañarán en esta tarea, todos integrantes de primera línea de su gabinete, algunos incluso sin ninguna experiencia en materia electoral como son: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y jefe de la oficina de la presidencia, así como el impresentable Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y actual coordinador de Política y Gobierno de la presidencia, todos con derecho a voz y voto ha despertado fuertes críticas.

Los cuestionamientos a los funcionarios designados, se fundamentan en dos razones: la primera, porque el mensaje que sale desde Palacio Nacional, es que sólo esta cúpula de personajes tendrá la batuta y en el proceso mediante la simulación nos dirá, que todos los ciudadanos y grupos tuvieron el derecho de opinar y proponer, lo que no significa, que la comisión esté obligada a incorporar sus ideas en el texto final de la reforma. Y la segunda razón, es que la presidenta optó por privilegiar la lealtad de sus funcionarios para con ella, antes que la experiencia y profesionalismo necesarios para una tarea de esta envergadura.

Si bien es cierto, aun no se conoce a ciencia cierta el texto final de la reforma electoral, como lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, las directrices más relevantes ya están en la mesa, no de ahora, sino desde que en el sexenio anterior AMLO y que son plenamente compartidas por Pablo Gómez, entre otras: la necesidad de cambiar al INE por un nuevo órgano denominado Instituto Nacional de Elecciones, reduciendo drásticamente su presupuesto, eliminar plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos políticos.

Así las cosas, nos preguntamos, si los viejos líderes de la izquierda mexicana, como Pablo Gómez Álvarez que en 1979 se beneficio de la reforma electoral de 1977, que le permitió llegar a ser diputado federal electo por el PCM, en la que por primera vez la Cámara de Diputados se conformó por 400 diputados: 300 por mayoría relativa y 100 bajo el principio de representación proporcional.

Gracias a dicha reforma, la izquierda mexicana en las elecciones de 1979 con apenas el 5.1 % de la votación, les fueron asignadas 23 diputaciones. En las elecciones de 1982 el PSUM con sólo el 3.5 % de la votación nacional obtuvo por la vía plurinominal 17 diputaciones. En 1988 postulado por el PMS Pablo Gómez volvió a ser diputado federal por a vía plurinominal; es decir fue diputado dos veces, sin haber ganado una elección, sino por la vía de la representación proporcional. En 1991, otra vez Pablo Gómez postulado por el PRD se integró a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Hoy, la tarea que tiene a su cargo, se vuelve muy compleja, ya que lo que preocupa a la 4T, es la crítica al sistema de representación proporcional, que según sus ideas, se ha viciado y pervertido por beneficiar sólo a los líderes de los partidos y sus cúpulas y ahora es necesario, cambiarlo pero, ¿a qué precio?

Terminar con el carácter pluripartidista de las cámaras, para que sólo prevalezca un solo partido o con nuevas reglas, para hacer más justas y equitativas las elecciones, para que sólo lleguen a las legislaturas quienes hayan logrado obtener en las urnas el apoyo popular mediante el voto ciudadano.

La moneda está en el aire, porque de esta reforma, depende el futuro de la incipiente democracia de nuestro país y de que no exista una regresión a las conquistas en la materia que tantas vidas y luchas, costaron al país para terminar con el partido de Estado y la dictadura perfecta que por más de setenta años se impuso en México.

Comparación Mociba 2023-2024 (1/2)

Gustavo Santin / Por

Maestros

 

Comparación Mociba 2023-2024 (1/2)

 

Cartas a Gracia

 

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicaría el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024; versión actualizada del que difundiría en cartas anteriores Gracia. No pretendería repetir las mismas letras; aunque sí conocer la variación que existiera entre las variables, objeto de la divulgación no especializada. Del proemio se rescatarían que el actual correspondería a la “novena edición”. Las páginas subsecuentes serían copia uno del otro, lo mismo que el Objetivo General, los Específicos y el apartado Diseño estadístico, si bien variaría el formato de la presentación, Gracia.

 

La página dedicada al rubro Usuarios señalaría que “la población de 12 años y más estimada para 2024 [ascendería a] 107.8 millones de personas”. De ellas, 83.7% (90.2 millones) utilizaría internet; 2.4 millones más que en 2023 para un incremento porcentual anual de 1.3%. De ellos, un “74.2%” reportaría el uso de una “de alguna medida de seguridad”; un 0.8% más que en 2023. Un 95.9% (promedio nacional) “creó o puso contraseñas”; en tanto que, “por entidad federativa”, Puebla ocuparía el lugar 31 (90.8%) en 2024, mientras que un año antes se posicionara en el sitio 26 (90.8%); Veracruz se pondría las pilas y en 2024 obtendría la posición 4, con un porciento de 98.2; un año antes ocupaba el sitio 27 con un porcentaje de 94.2. En los rubros Usuarios-Medidas de Seguridad Hombres y Mujeres, Puebla obtendría porcentajes de 89.3% y 92%; 5.9 y 4.5 puntos abajo de los promedios nacionales respectivamente que los calificaría entre los y las menos diligentes. El capítulo dedicado al Ciberacoso evidenciaría que 18.9 millones de personas lo padecerían (8.3 millones de hombres y 10.6 millones de mujeres) cifra que equivaldría a poco más de 1 de cada 5.

 

El “Porcentaje de usuarios de internet que experimentaron alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses” por entidad federativa, mantendría a Puebla en la calificación “Sin Cambio” aunque pasaría del 25% al 23.4%; Veracruz se ubicaría también en la misma clasificación que Puebla.  El indicador ciberacoso por rangos de edad y sexo ubicaría a las mujeres del estrato de 20 a 29 años como las que más lo habrían sufrido con un 31.1%, 0.6% más que en 2023; si bien, el 22.9% de los hombres usuarios de internet, del estrato de 12 a 19 años serían los más “ciberacosados”, aunque el acoso disminuyera en 0.1%. El “Ciberacoso – Rangos de edad – Hombres de 12 a 19 años” por entidad federativa señalaría que en Puebla el 26,1% habría sido víctima, en tanto que en Veracruz afectaría al 28.2%; aunque Puebla se encontraría un 3.2% de la media nacional, distaría 18.9% de Yucatán, la entidad más acosadora; en tanto, 25.9% de las mujeres radicadas en la entidad y del mismo rango, sufrirían acoso, en un porcentaje inferior en 0.2% al de los hombres y distante 0.6 decimas del promedio nacional (26.6%).

 

El indicador “Ciberacoso – Nivel de escolaridad Población que experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses según nivel de escolaridad” [evidenciaría Gracia, que, el] 36.9% de la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses contaba con estudios de nivel básico”; 8.1 más que las y los alumnos de media superior y 5% que las y los de superior. En Puebla, el ciberacoso en preescolar, primaria y secundaria lo ubicaría en el sitio 14, con un puntaje porcentual de 37.8, 0.9% más que la media nacional; Veracruz se ubicaría en el cuarto lugar obteniendo un porcentaje de 42.2, 5.3% más que la media nacional. En media superior, las cosas mejorarían para Puebla y   desplazarían a la entidad al penúltimo sitio de la tabla (menos es mejor) con 23.9% distante 4.9% de la media nacional a 15.3 puntos de distancia de Quintana Roo, primer lugar nacional. Veracruz ocuparía en puesto 28 con un ciberacoso de 25%; y finalmente, el ciberacoso en superior, en promedio, se establecería en un 33.4%; Puebla ocuparía la posición 5, con un 37.8% y 4.4% por encima de la media nacional. Veracruz obtendría un 31.6%, un 1.8% menos que la media nacional. Por sexo y nivel de escolaridad, “37.4% de la población de hombres y 36.4% de la población de mujeres de 12 años y más que fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses contaba con estudios de nivel básico.”. Quienes vivieron acoso, utilizarían el internet en promedio 5.5 horas al día, casi una hora más que en 2022 (4.6 horas).

 

Por entidad federativa, las “horas promedio de conexión a internet de la población de 12 años y más que lo utilizó en los últimos 3 meses y experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses”, se establecería en 5.5 horas promedio nacional; si bien en Puebla, lugar 27, se utilizarían tan sólo 4.5 horas; aunque en Veracruz, lugar 22, se conectarían a Internet 5.1 horas en promedio. Las “Horas promedio de conexión a internet de la población de hombres de 12 años y más que lo utilizó en los últimos 3 meses y experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses”, coincidiría con las contabilizadas con el indicador genérico, a diferencia del puntaje y la calificación asignada a Puebla, ésta sería menor 4.7 horas en promedio, 0.4 horas menos lo que le permitiría ocupar el lugar 31 y a sólo 0.1 horas de Oaxaca. A las mujeres no les iría también como a los hombres; no obstante, las “horas promedio de conexión a internet de la población de mujeres de 12 años y más que lo utilizó en los últimos 3 meses 1 y experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses”, Puebla, entidad que ocuparía la posición 25 navegando 4.7 horas, estaría 0.9 horas menos que la media nacional, 5.6 horas, pero 0.6 horas más que sus paisanos; Veracruz ocuparía el lugar 19, utilizando la conexión a internet 5.3 horas.

La reforma electoral, en la línea de órdenes de AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por

El anuncio del pasado 4 de julio de la reforma electoral, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser discutida en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arrancará el 1 de septiembre, sigue al píe de la letra las instrucciones que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (también conocido como AMLO), desde el 5 de febrero de 2024, cuando anunció el paquete de reformas constitucionales, que vinieron a transformar y a desaparecer instituciones del sistema jurídico mexicano, resultado de la lucha de los partidos de la izquierda mexicana, para conseguir espacios en el poder legislativo y democratizar al país y que continuarán como parte del proyecto del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación, cuyas consecuencias ya estamos viviendo los ciudadanos, como lo fue la desaparición de los denominados organismos autónomos y la cuestionada elección de los integrantes del poder judicial el pasado primero de junio.

Los argumentos para justificar la reforma en materia electoral del oficialismo dan lugar a un análisis de lo que se busca en el fondo y a quién realmente se pretende beneficiar o perjudicar con los cambios propuestos.

Quizás para muchos mexicanos, el INE, con sus pros y sus contras, vendría siendo el último reducto de la incipiente democracia mexicana, porque después de la reforma electoral de 1997, vivió momentos trascendentales para la vida de nuestro país, como el primer gobierno de alternancia en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox Quezada como el primer presidente distinto del partido de Estado, que nos gobernó durante más de 70 años. Después en 2006, quizás haya sido su prueba más difícil al reconocer el triunfo de Felipe Calderón como presidente, sobre AMLO, por lo cerrado de la votación, ocurriendo lo mismo en 2012 cuando obtuvo la presidencia el PRI con Enrique Peña Nieto, sobre López Obrador.

Posteriormente, en 2018, el INE validó el proceso electoral, donde por vez primera un presidente de la izquierda obtuvo el triunfo en forma contundente en las elecciones, a pesar de las críticas y cuestionamientos que los partidos de oposición hicieron en contra del organismo.

Finalmente, en las elecciones de 2024, el INE estuvo a la altura de las circunstancias, organizando el proceso electoral donde por vez primera en México, una mujer llegó para ocupar la presidencia de la República, pero las críticas hacia el organismo vinieron ahora de los que actualmente representan a la oposición, al oficialismo, como lo son el PRI, PAN y MC, que cuestionaron la sobrerrepresentación en ambas cámaras que el INE otorgó a la alianza ganadora, conformada por Morena, PVEM y PT, y que les permitió contar con una mayoría calificada suficiente para aprobar las reformas constitucionales y de leyes secundarias de acuerdo con los deseos del poder ejecutivo.

La elección de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, organizada por el INE en este año, sin contar con un presupuesto suficiente, sin personal para cubrir todo el territorio del país, con evidentes fallas en la selección de las candidaturas por el poder legislativo y ejecutivo, así como la intromisión de funcionarios de gobierno de los tres niveles en el proceso, el uso escandaloso de los acordeones que finalmente llevaron al triunfo casualmente a los candidatos y candidatas propuestos por el oficialismo, con una baja participación ciudadana el día de las votaciones con un porcentaje de apenas el 13% del padrón electoral nacional, sólo dejó satisfecho al oficialismo que por todos los medios ha pretendido calificar el proceso como un éxito por ser México el primer país del mundo que elige a sus ministros, magistrados y jueces.

Si sumamos las críticas y descalificaciones al proceso, emitidas por los observadores electorales de la OEA, realmente el INE terminó siendo el chivo expiatorio de las pifias e ilegalidades que se dieron en las elecciones.

Uno de los argumentos de mayor peso contra el INE es el alto costo que tiene para el país, por el presupuesto que tiene asignado, con sueldos elevados, procesos en la organización muy caros, descalificando su existencia, como un organismo que nos sale muy caro su sostenimiento, a los mexicanos, y que no ha aplicado la austeridad republicana como lo estableció AMLO.

Dicho argumento carece de sustento si revisamos el gasto de los 7 mil millones de pesos que se asignaron por la Cámara de Diputados al INE para  la elección de los integrantes del Poder Judicial, con una muy baja participación de los ciudadanos.

El tema de la eliminación de los legisladores plurinominales bajo el argumento de que “no  son una verdadera representación del pueblo” y porque muchos ciudadanos están en contra de dicha figura, olvidando que ésta fue la vía para que pudieran acceder a estos cargos militantes de izquierda, cuando el PRI era el partido de Estado, que tenía todo bajo su control.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, cuestionó la propuesta declarando que “existen alternativas con menor costo democrático”, al mecanismo de primera minoría, como lo propone la presidenta, y se pronunció por fórmulas intermedias, que conserven sus virtudes –pluralidad, inclusión, diversidad– y al mismo tiempo fortalezcan la rendición de cuentas, la cercanía territorial y la legitimidad democrática, proponiendo las listas semiabiertas y las listas abiertas.

Pero ayer (jueves) Monreal salió a declarar que respalda la propuesta de reforma electoral de la presidenta, reculando de sus anteriores declaraciones.

Otro aspecto que se ha manejado en el discurso del oficialismo como un elemento que el pueblo ve con buenos ojos, es la reducción del financiamiento a los partidos políticos.

Aunque hasta hoy, no se ha conocido el proyecto de reforma en su texto final, es previsible que se apruebe en los términos que se ha presentado por la presidenta y que, para las elecciones de 2027, desaparecido el INE y los organismos electorales de los estados, las elecciones se realicen con nuevas reglas para garantizar, desde el órgano electoral, la continuidad del proyecto de transformación, modificando el modelo de democracia y pluralismo que tuvimos los últimos años.

Usuarios según entidad federativa

Gustavo Santin / Por
Maestros
Usuarios según entidad federativa
Cartas a Gracia
El reporte de resultados 9/25 de la Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la información en los hogares (ENDUTIH), publicada el 6 de mayo de 2025, mostraría el desarrollo desigual y la existencia de “brechas territoriales” entre zonas urbanas y rurales, lo mismo que entre las regiones del norte y centro-sur de la república; entre entidades “ricas y pobres” Gracia, que ¿justificarían inversiones? cuestionadas, como la del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, pretensos detonantes del desarrollo económico en esas zonas.
El apartado 10 “Porcentaje de personas usuarias de Internet, según entidad federativa 2024”, referiría cuales serían: Las entidades “con mayor porcentaje (Sonora 91.3%, Quintana Roo 90.7% y Baja California Sur 90.4% [y, lo mismo que las de] menor porcentaje Oaxaca 69.2% y Chiapas 64.9%, en tanto que el mapa 1, elaborado en 5 tonalidades de verde, mostraría una clasificación del “% de personas usuarias” en entidades con un porcentaje mayor a “90.1 (3)”, seguidas en orden descendente, por entidades en las que el por ciento oscilaría entre “85.1 [y] 90.0 (13)”; los estados que contarían con un porcentaje entre “80.1 [y] 85.0 (9)”; las entidades con un porcentaje entre “75.1 [y] 80.1 (5)” y, finalmente, las que contarían con un porcentaje inferior a “75.0 (2)”. Puebla y  Veracruz se ubicarían en el tercer estrato. El apartado “Hogares con internet” evidenciaría que el total de “hogares con acceso  a internet [ascendería en 2024] a 28.8 millones, lo que representó 73.6 % del total a nivel nacional”, en tanto que la “Gráfica 10 Hogares con internet 2015, 2021-2024 (porcentaje y hogares)” evidenciaría el crecimiento que tendrían a lo largo de 9 años, al pasar de “39.1% (12.6 millones en 2015 [al] 73.6% (28.8% en 2024)”; porcentaje y cifras que equivaldrían a 3 hogares de cada 4.
El indicador “Hogares con internet, según entidad federativa” repetiría la misma historia. El Mapa 2 Porcentaje de hogares con internet, según entidad federativa 2024” evidenciaría que salvo la Ciudad de México (84.4%), los estados que contarían con mayor número de hogares con internet serían los norteños: “Sonora 84.4% y Nuevo León 83.7%”; en tanto que los sureños “Guerrero 58.9%, Oaxaca 55.5% y Chiapas 50.7%”, tendrían menos. Puebla y Veracruz se ubicarían en el tercer estrato de cuatro y contarían con entre 60.1% y 70.7% de hogares con internet. El apartado “Hogares que disponían de servicios de streaming, según los ámbitos urbano y rural [y la] Gráfica 11 Porcentaje de hogares que disponían de servicio de streaming, según los ámbitos urbano y rural”, acreditarían que el 38.5% de los hogares en el ámbito urbano y el 8.4% en el rural, contarían con esta tecnología; en tanto que el capítulo IV. DISPONIBILIDAD Y USO DE TELÉFONO CELULAR, personas usuarias de teléfono celular, estimaría que el 81.7% (98.6 millones” de la población usuaria lo ocuparon.  La “Gráfica 12 Personas usuarias de teléfono celular 2015, 2021-2024 (porcentaje y personas)” evidenciaría el crecimiento entre 2015 y 2024, años en los que pasarían de 76.4 millones (71.4%), a 98.6 millones (81.7%), 27.2 millones teléfonos celulares más; y el apartado Personas usuarias de teléfono celular, según sexo [y la] Gráfica 13 Porcentaje de personas usuarias de teléfono celular, según sexo 2021-2024”, estimarían que el “82.5 % de los hombres y 81.1 % de las mujeres usaron teléfono celular”; si bien, los hablantes superarían a las hablantes por 1.4% (82.5/81.1).
El apartado “Personas usuarias de teléfono celular, según entidad federativa [y el] Mapa 3 Porcentaje de personas usuarias de teléfono celular, según entidad federativa informaría que “Sonora 90.8%, Baja California Sur 88.7% y Quintana Roo 88.0%” [serían las entidades con mayor] porcentaje de usuarios [en tanto que] Guerrero 73.5%, Oaxaca 69.6% y Chiapas 62.5%” serían los menos favorecidos. El apartado “Personas usuarias de teléfono celular, según tipo de equipo [y la] Gráfica 14 Porcentaje de personas usuarias de teléfono celular, según tipo de equipo 2021-2024” mostrarían la gran preferencia por el uso de la telefonía celular inteligente 96.6% sobre el celular común 3.2%.
En el inciso “Personas usuarias de teléfono celular inteligente, según tipo de conexión a internet en 2024 [y en la] Gráfica 15 Porcentaje de personas usuarias de teléfono celular inteligente, según tipo de conexión a internet 2021-2024, se evidenciaría que 72.8 de las personas usuarias “empleó ambos tipos de conexión (wifi y conexión móvil). Un 16.3 % utilizó exclusivamente wifi y 10.9 %, solo conexión móvil”. El apartado “Personas usuarias de teléfono celular inteligente, según tipo de aplicación que usaron” [y la] Gráfica 16 Porcentaje de personas usuarias de teléfono celular inteligente, según tipo de aplicación y sexo 2024”, destacaría “sus usos” (mensajería, redes sociales, contenidos, compras, banca móvil, fotos y juegos). En 5 de 7 predomina el acceso de las mujeres sobre los hombres. El apartado “Hogares con computadora” [del capítulo] V. DISPONIBILIDAD Y USO DE COMPUTADORA [y la] Gráfica 17 Hogares con computadora 2015, 2021-2024 (porcentaje y hogares) señalaría que el 43.9% (17.2 millones) de los hogares contaba con un ordenador (computadora, laptop o Tablet) en casa, en tanto que el apartado “Hogares con dispositivos inteligentes conectados a internet o a una red local, según entidad federativa [del capítulo] VI. DISPONIBILIDAD DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES EN EL HOGAR [lo mismo que el] Mapa 4 Porcentaje de hogares que disponían de dispositivos inteligentes, según entidad federativa 2024”, precisaría que 1 de cada 4 hogares (26%) contaba con 1 en 2024;  de igual manera, evidenciaría el crecimiento desigual entre las más conectadas: La CDMX, 38% y las entidades del norte: Nuevo León 36.7% y Baja California 36% y las menos conectadas: Guerrero 11.7%, Oaxaca 10.5% y Chiapas 9.6%. El inciso “Hogares con televisor [del capítulo] VII. DISPONIBILIDAD DE TELEVISOR EN EL HOGAR” señalaría que 9 de cada 10 hogares  (35.3 millones) dispondría de al menos 1 televisor, el 90.2%; y de ellos el 74.1% tendría un televisor inteligente. El apartado “Personas usuarias de televisión abierta [del capítulo] VIII. USO DE TELEVISIÓN ABIERTA Y RADIO” indicaría que 1 de cada 2 (53.1%) residentes en la república mexicana, sería usuaria de “televisión abierta” en 2024 “porcentaje que representó un decremento estadísticamente significativo de 3.8 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 7.0 respecto a 2021”.
La ENDUTIH se convertiría, como otras encuestas del INEGI, en una herramienta de consulta para que políticos-gobernantes de las diferentes áreas involucradas diseñen políticas públicas que reviertan las inequidades producto del desarrollo desigual, Gracia.

La frase “No estás solo” y su tergiversación

Dr. German Molina Carrillo / Por

En la narrativa política en la que los mexicanos nos hemos visto envueltos las últimas tres semanas, a raíz de la orden de búsqueda emitida por la Interpol para la detención del exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “Comandante H”, quien encabezó el grupo conocido como La Barredora y quien se desempeñó en el cargo en los gobiernos de Adán Augusto López y de su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, resaltan los esfuerzos del oficialismo por tratar de salvar la imagen y cuestionamientos de la oposición y de los medios hacia Adán Augusto López, actual líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado.

Así, desde la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, se ha tratado, por los diputados y senadores, de evitar que se haga un linchamiento político hacia Adán Augusto por el peso de la representación que hoy ostenta y por ser, precisamente, como lo declaró la presidenta: “un compañero de lucha y pilar fundamental del movimiento de la Cuarta Transformación”, a lo que podemos añadir la cercanía que tiene con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso públicamente ha mencionado que lo considera como su hermano, lo que quedó demostrado al nombrarlo como su secretario de Gobernación y después como una de sus ‘corcholatas’ para contender como aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena y sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Diversos medios, desde la campaña de Adán Augusto López como aspirante a la candidatura presidencial, denunciaron el gasto multimillonario del que hizo derroche en medios impresos, espectaculares por todo el país y recorridos y mítines, donde nunca se esclareció ni por Morena ni por el Instituto Nacional Electoral (INE), el origen de los recursos gastados y si hubo uso de recursos públicos para impulsar su candidatura.

A pesar de lo anterior, a Adán Augusto López no le alcanzó para lograr imponerse en la elección interna de Morena y terminó en un tercer lugar con un 11.2% de la votación, por debajo del 39.4% de Claudia Sheinbaum y del 25.8% de Marcelo Ebrard, por lo que tuvo que conformarse con encabezar la bancada de Morena en el Senado de la República en la actual legislatura.

En el centro del debate, sobre el grado de responsabilidad y culpa que se atribuye a Adán Augusto López por haber designado a Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad, siendo gobernador y después por imponérselo a su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, aún a sabiendas de que existían denuncias e indicios que apuntaban a que encabezaba al grupo delictivo de La Barredora, que se formó de una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de que como secretario de Gobernación no haya informado al expresidente López Obrador ni solicitado una investigación a la Fiscalía estatal ni a la Fiscalía General de la República contra dicho funcionario.

Los argumentos en su defensa del oficialismo, cada vez más caen por sí mismos, ya que los partidos de oposición han insistido en equiparar esta situación a la misma que, en su momento, la 4T planteó contra el expresidente Felipe Caderón, al haber nombrado a Genaro García Luna como secretario de Seguridad en su gobierno y quien se encuentra purgando una sentencia de 38 años en una prisión de Estados Unidos, por haberse demostrado sus vínculos y protección que brindó al Cártel del Golfo y de Sinaloa durante su gestión.

La versión tanto de Felipe Calderón como de Adán Augusto López para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra por las designaciones de sus secretarios de Seguridad son similares, en el sentido de pretender convencer a los mexicanos que fueron ajenos a las actividades de sus subordinados y que ignoraban los vínculos que hicieron con los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles; dicha versión además de ser inverosímil, sólo deja más dudas y la certeza de que a final de cuentas: tanto estaban enterados de sus actividades delictivas como también de que ellos mismos las solaparon.

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