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La defensa de AMLO en el segundo piso de la 4T

A diferencia del proceso de transición del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, al de Andrés Manuel López Obrador, en los qué tres días después de conocerse los resultados del proceso electoral, Peña Nieto, prácticamente le entregó el mando del país y la toma de decisiones; sin embargo, en el proceso en que López Obrador entregó el poder a la presidenta Claudia Sheinbaum, las cosas fueron distintas.

En primer lugar, porque desde su primer discurso como candidata ganadora la noche del dos de junio de 2024, la presidenta se ha dedicado, no sólo a agradecer a AMLO el haberle heredado la silla presidencial, sino también, a ensalzar su figura como un héroe nacional y como el forjador con Morena del movimiento de la cuarta transformación de la vida pública del país del período 2018-2024.

La presidenta ha venido destacando los logros de su gobierno y protegiendo su imagen, ante los ataques y descalificaciones de su gobierno provenientes no sólo de la oposición y los medios no afines al oficialismo, sino incluso de mandatarios de otros países con los cuales AMLO tuvo serias diferencias y desencuentros, como los casos del gobierno español, Perú, Ecuador y en un momento dado hasta con la Unión Europea.

Es evidente para los mexicanos, que la transición del gobierno de AMLO al de Claudia Sheinbaum, ha pasado por momentos confusos, donde tal pareciera que el expresidente sigue dando línea dirigiendo las acciones de la presidenta, a quien le encomendó concluir las reformas constitucionales y políticas que no pudo concretar al fin de su gestión.

Reformas como la del Poder Judicial, de la Ley de Amparo y la de reforma electoral que seguramente no tardará en ser analizada por las cámaras de diputados y senadores, para su implementación en las elecciones de 2027, han sido impulsadas por la presidenta siguiendo el guion del expresidente, que prometió retirarse de la vida pública para irse a vivir a su rancho a Palenque y dedicarse a escribir libros.

La administración de Sheinbaum se encuentra acotada por los funcionarios que AMLO dejó sembrados en su gabinete, en los liderazgos de ambas cámaras con incondicionales como Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, así como también en el control de la dirigencia nacional de Morena con Luisa María Alcalde y su hijo Andrés Manuel López Beltrán que hasta hace unos meses era considerado como el virtual sucesor de Claudia Sheinbaum para el 2030.

Ante dicha situación, el margen de maniobra de la presidenta para gobernar el país, pasa en forma obligada al filtro que forman dichos personajes fieles a AMLO, a quién le siguen debiendo lealtad y están comprometidos con él, por haberlos colocado en forma transexenal en los cargos que ocupan.

Aunque varios analistas y medios de comunicación, llegaron a considerar que el rompimiento entre la presidenta y AMLO, se daría de un momento a otro, bajo las presiones del gobierno de Donald Trump y la crisis de inseguridad que vive el país, por los cárteles del narcotráfico y la guerra entre los Chapitos y la Mayiza en Sinaloa, y los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos funcionarios de los tres niveles de gobierno emanados de Morena coludidos con los cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, hasta este momento la presidenta ha mantenido intacta la relación con el expresidente, y en sus conferencias mañaneras ha dedicado buena parte de su discurso a defender los logros del gobierno obradorista, con los mismos argumentos del sexenio pasado, es decir, culpando a los conservadores y a los empresarios y adversarios políticos del PRIAN de ser los autores de los ataques y cuestionamientos de su mentor.

Si revisamos los discursos de AMLO de sus conferencias, su villano favorito fue el expresidente Felipe Calderón, por haberle robado el triunfo electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno calderonista y actualmente sentenciado en los Estados Unidos por tener nexos y brindar protección a los cárteles del narcotráfico.

Para el gobierno de Sheinbaum, el discurso de culpar a los gobiernos del período neoliberal de todos los problemas y males que aquejan al país, se ha desgastado a tal nivel, que ya no es tan efectivo como lo fue para AMLO, porque la herencia que recibió y los escándalos de su antecesor, todos los días salen a la luz y cada día le es más difícil defenderlo ante la magnitud de los escándalos de corrupción y enriquecimiento de los funcionarios morenistas que pregonaban la  austeridad republicana y hoy viven en el lujo y la opulencia haciendo gala de sus propiedades, viajes y excentricidades, que no pueden justificar con los ingresos que reciben por su trabajo.

La andanada de escándalos, actos de corrupción, aumento de la deuda externa, así como las irregularidades detectadas en el gobierno de AMLO, rebasan el discurso de la presidenta, ya que la mayoría de los ciudadanos empiezan a desconfiar del movimiento, por la traición a los principios de no mentir, no robar y no traicionar que se diluyen y contradicen cada vez que surge una nueva denuncia o escándalo.

Si bien es cierto, que a la presidenta no está de acuerdo en romper con el expresidente AMLO, las circunstancias y escándalos están afectando a su administración y en la víspera de la revisión o eventual renegociación del T-MEC con los Estados Unidos y Canadá, así como de la amenaza del Departamento de Guerra del vecino del norte de combatir a los cárteles identificados como grupos terroristas hasta exterminarlos.

De no tomar medidas y dar un giro a su gobierno deslindándose de los escándalos y denuncias de corrupción que se atribuyen al gobierno anterior, las consecuencias pueden ser letales para el país que puede entrar en una crisis económica, donde los programas sociales y los grupos más vulnerables, así como la clase media, pagarán las consecuencias a corto plazo.

Jornada de Discusión sobre el Modelo Educativo 2025

Cartas a Gracia
Apreciada Maestra, el jueves 23 de octubre se publicaría el “Boletín 341. Convoca SEP a 423 mil docentes de bachillerato a participar en la Jornada Nacional de Discusión sobre el Modelo Educativo 2025”, en acatamiento a la instrucción (resaltada en negritas) que establecería el Artículo 28: 

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes.  

Previamente Gracia, la SEP publicaría en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos “número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior [y] número 22/08/25 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (SINBANEM)”.

El acuerdo mencionado en primer término definiría “un nuevo modelo educativo con enfoque científico, humanista, intercultural y de género [y presentaría la nueva currícula, cuya estructura se integraría por un] Currículo fundamental: Lengua, Matemáticas, Ciencias, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés; [uno] ampliado: Formación socioemocional, cultural, deportiva y comunitaria; [y finalmente un] currículo laboral [orientado] a la formación de trayectoria ocupacionales básicas, técnicas y/o tecnológicas”.

Posteriormente, como señalaría el artículo de citado, la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior se enfocaría a la capacitación de maestras y maestros “respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios” como se establecería en las líneas 4 y 5 del Artículo 28.

El boletín señalaría el marco de referencia y la relación institucional de la jornada nacional; su carácter “histórico”; el número de instituciones de educación media superior participantes (“17 mil planteles públicos y privados”); la fecha de entrega de las “conclusiones y propuestas”; la cifra de maestras y maestros convocados (423 mil 587) por la “Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico (COSFAC)”; la fecha de realización (viernes 24 de octubre); el objetivo propuesto: “propiciar un diálogo abierto, reflexivo y constructivo entre las comunidades educativas, a dos meses del inicio de la implementación del Modelo Educativo 2025 […] la comprensión del nuevo modelo y enriquecer la actualización curricular con la experiencia y propuestas de las y los docentes”.

La COSFAC instruiría, que las comunidades educativas deberían revisar los documentos fundamentales del Modelo Educativo 2025 que estarían disponibles en el portal de la SEMS. Los materiales incluirían, entre otros, “los Acuerdos 21/08/25 y 22/08/25, el MCC, los programas por campo formativo y los componentes del currículum ampliado, como Formación Socioemocional y el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC).

Durante la jornada, cada plantel integrará grupos de trabajo que analizarán las fortalezas, retos y propuestas de mejora relacionadas con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. La coordinación giraría indicaciones para la integración de “grupos de trabajo que analizarán las fortalezas, retos y propuestas de mejora relacionadas con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles [al tiempo que sugeriría tres vertientes de análisis: la transición entre niveles educativos; el desarrollo de la formación socioemocional y el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC)”; trabajos encaminados al fortalecimiento del nuevo modelo pedagógico.

Finalmente, demandaría elaborar un documento de reflexione, con una extensión máxima de tres cuartillas por plantel, y registrarlo en el formulario disponible en https://forms.office.com/r/baC0WJZzVG, a más tardar el viernes 28 de noviembre de 2025”.

El trabajo coordinado por la COSFAC incidiría en la formación de 3,581,454 alumnas y alumnos de Bachillerato General; 1,911,037 de Bachillerato Tecnológico; 5,492,491 Total Bachillerato Nacional; 423,587 docentes; 17,798 planteles y 181 carreras técnicas que se ofrecen, según manifiesta la estadística que aparece en la página web https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/quienesSomos.html

La Jornada de Discusión sobre la Actualización del Modelo 2025 sería replicada por la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta de la Subsecretaría de Educación Obligatoria de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y sería tema de estudio en la primera sesión del consejo académico “comunidades de Aprendizaje Profesional” Educación media Superior (CAPEMS) ciñéndose al formato descrito previamente.

El huachicol fiscal y el financiamiento electoral

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, y el secretario de Marina Raymundo Pérez Morales, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República en conferencia de prensa el pasado 7 de septiembre destaparon el escándalo de corrupción más cuantioso de México, con el denominado huachicol fiscal.

Cabe destacar la declaración del secretario García Harfuch reconociendo la labor del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, para tratar de deslindarlo de los delitos cometidos por los sobrinos del almirante Manuel Roberto Farias Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusados por la Fiscalía General de la República de formar parte de una red de lavado de dinero procedente de la venta ilegal de combustible importado.

Aunque en la rueda de prensa mencionada Omar García Harfuch mencionó que las investigaciones realizadas en forma conjunta por la fiscalía, la Marina, el Ejército y elementos de su secretaría dio los primeros resultados en el 19 de marzo del año en curso, en un operativo logrando la incautación de un buque con combustible en el Puerto de Tampico y en tres inspecciones más aseguraron diez millones de litros de diesel siendo la mayor incautación de combustible ilegal en la historia de México y de que las investigaciones de la red continuaron durante los meses siguientes, las detenciones y la información no se había dado a conocer del todo.

Es de llamar la atención, que fue precisamente cinco días después de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se entrevistó con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 2 de septiembre, es cuando se dan a conocer públicamente los resultados del avance de las investigaciones y los nombres de los funcionarios implicados, así como de las empresas que participaron en la red para la venta ilegal de hidrocarburos evadiendo el pago de los impuestos respectivos y causando un daño patrimonial al Estado mexicano, que de acuerdo a una declaración de la Procuradora Fiscal podría superar los 600 mil millones de pesos.

En la red de funcionarios, personas y empresas que por años se dedicaron a este negocio, también se involucra a ciudadanos de Estados Unidos, pero también la activa participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien se dedicó a sobornar a funcionarios y contó con la complicidad de los gobiernos de estados como Tamaulipas y Baja California, así como del personal de las aduanas para realizar sus operaciones.

Los nombres de gobernadores, legisladores del partido oficial, líderes y de los hijos del expresidente López Obrador, Andy y Gonzalo, han sido mencionados en varias de las carpetas de investigación, pero sobre todo los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, aparecen como los principales operadores de este entramado delictivo.

Se espera que el trabajo del Gabinete de Seguridad, junto con el SAT y la UIF logren en los próximos días, detener y someter a juicio a todos los implicados en el huachicol fiscal, pero sobre todo se recupere el dinero y propiedades producto de las ganancias obtenidas por los responsables, quienes seguramente ya lo enviaron a otros países, para evitar su embargo.

Uno de los aspectos, que también deben considerarse en las investigaciones, es el destino de gran parte de las ganancias obtenidas por quienes participaron en el huachicol fiscal, ya que en las primeras declaraciones de algunos de los detenidos, se ha mencionado que gran parte de dichos recursos, se destinaron a financiar campañas políticas de gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales desde 2018 y en las elecciones de 2021 y 2024, sin que ni las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales en los estados, ni la Unidad de Fiscalización del INE, se hayan dado por enterados del financiamiento ilegal de candidatos, que hoy gracias al apoyo que recibieron del CJNG ganaron las elecciones y hoy ocupan los cargos por los que contendieron, dejando a los ciudadanos a merced de la delincuencia.

En otros países, cuando se comprueba que un gobernante o legislador ganó el cargo con recursos y apoyo de los cárteles o de la delincuencia organizada, de manera inmediata, es separado de su cargo, sujeto a una investigación por la justicia del fuero común y de comprobarse su culpabilidad es sentenciado a una pena privativa de su libertad.

Pero en el caso de México, eso no lo veremos; primero porque las investigaciones pueden tardar varios años y aunque se tengan elementos de prueba, la detención de alguno de los acusados, dependerá si es militante del partido oficial primero; segundo si es conveniente protegerlo con un manto de impunidad, como ocurrió con el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación y a quien la Cámara de Diputados decidió no quitarle el fuero, para que no tuviera que ser sometido a una investigación criminal por la Fiscalía del estado de Morelos.

Otro caso emblemático de cómo funciona el criterio de protección e impunidad para el oficialismo, es del senador Adán Augusto López, quién a pesar de las declaraciones de testigos y señalamientos en su contra que obran en las carpetas de investigación sobre el cartel de La Barredora en Tabasco fundado durante su gobierno y  lidereado por su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien ya se encuentra detenido y sujeto a proceso, hasta el momento el Senador, se ha negado a pedir licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones  y deslindar su responsabilidad, por lo que continúa al frente de la bancada morenista en la cámara alta, sin ninguna preocupación, pensando que podrá seguir en su posición hasta 2030, con el apoyo del aparato de Estado pero sobre todo de su “hermano” el expresidente AMLO.

Constancia de Situación Profesional

Cartas a Gracia
La Dirección General de Profesiones difundiría, en un lapso de ocho días, su quehacer institucional mediante dos boletines de la SEP; en primer lugar, Boletín 329. SEP fortalece la legalidad y transparencia en el registro de títulos y cédulas profesionales, publicado el martes 14 de octubre, y en segundo término, el Boletín 336. Implementa SEP Constancia de Situación Profesional, mecanismo digital para consultar credenciales [CÉDULAS PROFESIONALES, entre otras] de profesionistas del país, de fecha 19 de octubre.

El “Registro Nacional de Profesionistas. Consulta de Cédulas Profesionales” contaría con la página web https://acortar.link/NHkxKi en la que sin dar la bienvenida, daría al consultor interesado unas sencillas instrucciones y una breve explicación mediante la que justificaría su carácter de “pública” y ceñirse “en estricto apego a la Política  de Datos Abiertos”, aunque sin deslindarse del mal uso que pudieran hacer “terceros interesados”. Adicionalmente, dedicaría una línea para destacar el carácter gratuito de la descarga de la constancia.

Si bien y para entrar en detalles, el Boletín 336 de la Secretaría de Educación Pública destacaría seis caracteríasticas de la “constancia”:

a) Sustituiría “procesos en papel”, incluida la piel en la que pintores dibujaban tanto títulos profesionales como grados académicos y que por lo menos en una ocasión, se habrían echado a perder, merced a la inundación del sótano de DGP y tuvieran que ser repuestos por las IES afectadas;
b) Tras el rediseño de la página Registro Nacional de Profesionistas, funcionaría como “un currículum profesional digital verificable, que favorecerá la empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas”;
c) Emitiría  “15 millones de certificaciones y microcredenciales adicionales (microcredencial: documento que “valida competencias específicas adquiridas en módulos académicos.”);
d) Compartiría la dirección del sitio: cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula-profesional/certificaciones;
e) En la que se podría verificar “la colegiación, microcredenciales, certificados y competencias transversales; g) fortaleciendo la seguridad y autenticidad en el ejercicio profesional; mencionaría que la vigencia del documento digital;
f) Reduciría “fraudes y falsificaciones, además de ofrecer una herramienta confiable de verificación para instituciones, empresas y organismos públicos.”

No obstante y las bondades atribuidas a la Constancia de Situación Profesional por el comunicado institucional, Gracia, surgirían algunos “asegunes” que merecerían la atención de las autoridades involucradas y que podrían ser planteados por los interesados (instituciones de Educación Superior, interesados en obtener el documento incluidos postulantes y empleadores) verbigracia:

¿El sistema aseguraría que “los datos académicos exhibidos estén actualizados y correctamente validados por las instituciones educativas”? ¿Estaría la información exhibida protegida contra hackers y ataques cibernéticos? ¿Quiénes tendrían acceso a la constancia, los 7 millones de titulados de manera digital o solo los 4 millones que cuentan con cédula profesional? ¿El registro incluiría a los titulados que cuentan con título y cédula profesional anteriores al 1 de octubre de 2018? Y si no fuera así, ¿qué trámites tendrían que realizar para aparecer? ¿Cómo se integrarían la microcredenciales y las certificaciones a las constancias, si hay colegios de profesionistas que no cuentan con un padrón actualizado de afiliados?

¿Se publicaría la información requerida para que las IES validen y registran las competencias adicionales (CONOCER y otras) que podrían integrarse a la constancia de servicios profesionales? ¿Cualquier institución interesada en acreditar estudios curriculares estaría en posibilidad de hacerlo? ¿La constancia tendría algún impacto en el mercado laboral? ¿Tendría influencia en los trámites que realizan otras dependencias? ¿Estaría vinculada a la llave MX que promueve la Agencia de Transformación Digital? ¿Cuál sería la finalidad de incluir un código QR que solo te remite a la página del Registro Nacional de Profesionistas y no a la validación de los datos, tomando en consideración que el profesionista ingresó previamente a la página para obtener su constancia?

Tras reconocer el avance del proceso de reingeniería que sufriera la página del Registro Nacional de Profesionistas, algunas de inquietudes de pronta resolución formuladas, Gracia, facilitarían la socialización de un instrumento que pronto apoyará la vida de las y los egresados del nivel superior, aunque la herramienta tenga un tufo peñista.

La tortuosa relación iniciativa privada y la 4T

Uno de los grupos con los que más se confrontó el expresidente AMLO, desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en las tres campañas en las que participó para llegar a la Presidencia de la República, en el año 2006, 2012 y 2018 fue el de los empresarios.

Los dueños de las grandes empresas trasnacionales, a quienes acusó, no sólo de saquear al país en el período neoliberal por medio de las compras de empresas del estado, concesiones y permisos para explotación de bienes nacionales, sino también por haberse consolidado como un grupo de poder que apoyó incondicionalmente a los presidentes emanados del PRI y el PAN.

Para López Obrador, como líder de la oposición, inicialmente en el PRD y después con Morena, los grandes empresarios y representantes de la iniciativa privada, los consideró como sus enemigos y aprovechaba cualquier acto proselitista para acusarlos de ser junto con los neoliberales, los culpables de los grandes males del país, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la explotación de los trabajadores que laboraban en sus empresas con bajos salarios, mientras los empresarios amasaban grandes fortunas gozando de privilegios como condonaciones en los pagos de sus impuestos o ayudas para pagar a plazos o ejecutando proyectos, al amparo del poder con presidentes municipales, gobernadores y funcionarios de primer nivel en la Federación.

Los empresarios junto con los gobiernos neoliberales PAN y PRI en turno, representaban lo que el expresidente denominó como la mafia del poder por el apoyo que recibieron de los funcionarios de los tres niveles, en licitaciones para que se les asignaran grandes obras o proyectos y participando de las utilidades a los familiares o prestanombres de los presidentes municipales, gobernadores y secretarios de estado.

En el periodo neoliberal, los empresarios se vieron obligados por las circunstancias a acercarse a los partidos y gobiernos en turno, para lograr, primero la creación, crecimiento y por último consolidación de sus negocios, teniendo que pagar en muchos de los casos los famosos moches para realizar una obra o proyecto en los gobiernos, ya que quienes no pagaban, estaban condenados a nunca ganar una licitación y por ende a ejecutar algún proyecto u obra.

Derivado de lo anterior, fueron muy pocos los empresarios y grupos que, en las dos primeras campañas presidenciales de AMLO, le dieron su apoyo abierto e incondicional, por los riesgos que corrían en caso de que perdiera la elección López Obrador, de ser perseguidos por el gobierno en turno, por apoyar al candidato derrotado.

Fue hasta la tercera campaña en 2018 que algunos empresarios y gobernadores de otros partidos como el PVEM y se considera algunos del propio PRI, decidieron apoyar las aspiraciones de AMLO y en secreto le entregaron recursos económicos para su promoción y estructura partidista, sin que el INE tuviera conocimiento o fiscalizara el origen de dichos recursos.

Ya en la presidencia AMLO abandonó el discurso de la república amorosa, que millones de ciudadanos le compraron y se dedicó en el 90 por ciento de sus conferencias mañaneras, a culpar al PRI y el PAN de todos los problemas del país y por ende a los grupos empresariales y de la iniciativa privada que los sostuvieron y se enriquecieron al amparo de dichos gobiernos, por ende tanto dichos sobre los partidos como los empresarios fueron blanco de sus ataques y discurso de polarización para convencer a los mexicanos de que eran sus adversarios y el pueblo bueno y sabio, nunca más debería pensar en que regresen al poder.

Pero, desde el inicio del gobierno de la 4T, hubo empresarios como Carlos Slim y el mismo Ricardo Salinas Pliego, que todo apunta a que supieron jugar con el candidato ganador y fueron convocados por el presidente para participar en el diseño de políticas de gobierno en materia económica para impulsar el crecimiento del país.

De la buena relación de AMLO con Slim y Salinas Pliego, el único que la pudo conservar y beneficiarse de la misma fue el primero, ya que el dueño de Grupo Salinas terminó por tener diferencias con el presidente, con motivo de sus litigios fiscales y por decisiones del nuevo gobierno que afectaron a sus empresas, como el hecho de que no le fuera dado el manejo de los recursos de los programas del Bienestar que se habían considerado otorgar a las sucursales de Banco Azteca.

Existen además otros empresarios y grupos de la iniciativa privada, cercanos a los gobiernos de la 4T que han sido beneficiados económicamente en proyectos federales, estatales y municipales; aunque un grupo importante fue desplazado en la ejecución de las obras que AMLO asignó su ejecución al Ejército mexicano, como el AIFA y el Tren Maya.

Actualmente, investigaciones periodísticas han dado a conocer los grandes negocios y ganancias obtenidas por empresas en las que participan como socios, militantes de Morena y funcionarios de gobierno a través de familiares o socios incluso ligados a los cárteles del narcotráfico con operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Así la relación entre el gobierno y los empresarios que dejó el expresidente, sigue la misma línea en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, un día los recibe en Palacio Nacional y les promete resolver sus problemas y apoyar su crecimiento y al otro día, los somete a nuevas reglas del SAT e impulsa reformas que ponen en riesgo sus inversiones y subsistencia, con nuevas cargas fiscales y laborales, lo que ha tenido como consecuencia que muchos de ellos, estén sacando sus capitales del país, por la falta de seguridad y la reforma al Poder Judicial que ha creado incertidumbre y desconfianza en los mercados.

Podemos afirmar que para la 4T la iniciativa privada y grupos empresariales nunca han dejado de ser considerados como adversarios del régimen calificándolos como conservadores, fifís, neoliberales, corruptos, enemigos del pueblo, sin importar las fuentes de trabajo que generan, los impuestos que pagan, su contribución al PIB, y al crecimiento de la economía del país.

Para ellos quizás sólo sirven para donar despensas a los afectados en las catástrofes originadas por los fenómenos naturales, lo que tampoco se les reconoce, al ser entregadas con el sello y colores de Morena, lucrando políticamente hasta en la desgracia de los damnificados que requieren estos apoyos.

Jornada Nacional de Revisión Documental

Cartas a Gracia
El Boletín 329. SEP fortalece la legalidad y transparencia en el registro de títulos y cédulas profesionales publicado el martes 14 de octubre, Gracia, permitiría divulgar información de la última etapa que tienen que cubrir quienes egresan de una licenciatura, maestría, doctorado para obtener una patente de ejercicio profesional; trámite que estaría a cargo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Su quehacer, de acuerdo al Reglamento Interior de la SEP, radicaría en “ejercer las atribuciones que le confiere la Ley reglamentaria del Artículo 5º Constitucional […] Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México […] especialmente en lo que respecta al registro de títulos profesionales y grados académicos, así como la expedición de cédulas profesionales”.

Entre sus funciones específicas destacarían, Gracia: “Registrar títulos y grados académicos expedidos por instituciones educativas nacionales y extranjeras (previa revalidación); emitir cédulas profesionales que acrediten legalmente el ejercicio de una profesión; autorizar el ejercicio profesional temporal a pasantes y profesionistas en trámite de titulación; registrar colegios de profesionistas y sus federaciones; coordinar con asociaciones y colegios para vigilar el correcto ejercicio profesional; fomentar la certificación profesional como mecanismo de actualización y mejora continua; notificar conductas irregulares al área jurídica de la SEP para posibles sanciones” y adicionalmente publicar el Registro Nacional de Profesionistas.

El comunicado de la SEP pretendería legitimar ante la opinión pública, las auditorías que realizara a sus pares locales en las entidades, lo mismo que a las instituciones autónomas y a las particulares, autorizadas para emitir títulos profesionales o grados académicos de manera directa.

Los “balazos” señalarían: “Desde noviembre de 2024 se implementó la Jornada Nacional de Revisión Documental, para garantizar que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional conforme a la normatividad vigente. La Jornada tiene un carácter preventivo y correctivo, no sancionador, y se realiza bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional [curiosa forma de señalar la finalidad de un ejercicio que se volverá rutinario y que evitaría se expidan títulos en Santo Domingo]”.

El boletín aportaría, además, otros datos interesantes como los relacionados con la emisión de “7 millones de títulos electrónicos y 4 millones de cédulas en el mismo formato” a partir del 1 de octubre de 2018, fecha de cumplimiento del Aviso de la Secretaría de Educación Pública publicado el 13 de abril de 2018 “por el que se da a conocer el estándar para la recepción en forma electrónica de los títulos profesionales y grados académicos [que por atributo de ley emiten y validan las instituciones educativas], para efectos de su registro ante la Dirección General de Profesiones”.

Otros datos de la DGP, resaltarían la convalidación de parte de las escuelas de los documentos anteriores a 2018, la “transformación digital”; la reducción de cargas administrativas y la “igualdad de la atención del servicio público”; auditorías practicadas a “15 mil 64 instituciones educativas, de las cuales 5 mil 898 son públicas y 9 mil 166 particulares.

Durante este proceso se revisaron un millón 008 mil 912 títulos físicos, 6 millones 30 mil 323 y 3.8 millones de certificados versus títulos electrónicos, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2025 […]. Entre los avances más significativos, destaca que el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes.

Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos, detectando un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado (inconsistencia entre el MET <DGP> y el MEC <DGIR>, responsabilidad de autoridades educativas).

El comunicado de la SEP añadiría que, entre los avances más significativos, destacaría que “el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes. Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos [no obstante, detectaría] un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado [y de la misma manera, indicaría que] también identificó que algunas de las instituciones educativas aún no se incorporan al Módulo Electrónico de Titulación”.

No obstante, Gracia, valdría la pena recordar que a siete años de instrumentarse esta medida, varias entidades siguen expidiendo títulos en formato físico y que existe una fuerte disparidad entre títulos y cédulas digitales emitidas; y que de acuerdo a responsables de departamentos de Titulación en las escuelas “las especificaciones operativas emitidas por la DGP para la revisión de expedientes han implicado una carga considerable para las IES, al solicitar que se: Numere digitalmente cada foja del expediente, reiniciando la secuencia en cada uno; se integre en carpetas con un máximo de 200 expedientes. Se completa un archivo Excel con datos adicionales definidos en anexos técnicos.

[Las y los expertos continúan opinando] si bien estas medidas buscan estandarizar el proceso, reproducen prácticas propias de los archivos físicos en un contexto que debería ser completamente digital, lo que contradice el discurso oficial de simplificación administrativa y transformación tecnológica.

En la práctica, este nivel de detalle ha generado un nuevo fenómeno: la aparición de empresas privadas que ofrecen a las universidades servicios especializados para cumplir con estos lineamientos, lo que ha encarecido el proceso y generado dependencia externa.

Paradójicamente, mientras la SEP promueve la eliminación de trámites burocráticos, sus propios requerimientos técnicos han abierto un nicho de mercado que se aprovecha de la complejidad impuesta a las instituciones. El doble discurso es evidente: mientras se habla de digitalización, interoperabilidad y eficiencia, se solicita a las universidades preparar y enviar expedientes completos con portadas y foliados, como si fueran archivos físicos, que además serán impresos por la DGP. Este esquema no sólo incrementa el esfuerzo operativo y los costos, sino que también pone en entredicho el verdadero avance hacia un gobierno digital.”

Observaciones que podrían aplicar el dicho “¡Mejor no me ayudes compadre!”.

Renacen los vicios del pasado

Uno de los puntos centrales de las tres campañas del expresidente López Obrador en las en las que participó en 2006, 2012 y 2018 fue la crítica hacía los gobiernos del PRI y el PAN del período neoliberal por la impunidad, escándalos de corrupción, nepotismo, enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos, peculado, colusión con los grupos de la delincuencia organizada y del narcotráfico, entreguismo a las políticas de los organismos internacionales como el Banco Mundial, aumento de la pobreza extrema, venta de las empresas de la nación, entre otras acciones, a las que se propuso combatir de ganar la Presidencia de la República.

Así en sus primeros discursos en 2018 ya como presidente electo, la frase más repetida en sus conferencias mañaneras y en los discursos que pronunció a lo largo y ancho del país, inaugurando obras o de visita en los pueblos, municipios y estados, fue: “nosotros no somos iguales que los prianistas” y “vamos a terminar con los vicios del pasado” haciendo compromisos con los ciudadanos como el de la austeridad republicana y barrer con la corrupción en el país de arriba para abajo”

Los mexicanos que le dimos el voto en las elecciones de julio de 2018 creímos en su discurso y promesas de campaña, porque existía un hartazgo de la ciudadanía, ante los escándalos de corrupción y enriquecimiento de quienes AMLO señaló de ser la mafia en el poder.

La situación en que López Obrador dejó al país a la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha vuelto cada vez más complicada a un año de haber asumido el cargo, ya que todos los días continúa creciendo el número de desapariciones, homicidios dolosos, extorsión, secuestros, robos, la guerra entre los cárteles en estados como Sinaloa y Tabasco por el control de sus territorios.

Si a los anterior se suma la presión del gobierno de los Estados Unidos, declarando a los cárteles mexicanos como el de Sinaloa, del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana como grupos terroristas y que se les dará el mismo trato como enemigos del gobierno del norte, que esta semana declaró que su ejército se encuentra en guerra para combatir a los cárteles.

La situación se vuelve aún más difícil, ya que ellos mismos se han autorizado para intervenir y ejecutar acciones en contra de dichos grupos, sin necesidad de pedir autorización a los gobiernos de los países donde los ubiquen.

Aunque la presidenta en mayo de este año hizo un llamado a través de un documento de diez puntos a los militantes de Morena para que se apegaran a los principios del partido, como el de la austeridad y evitar los viajes en primera clase, usar ropa de diseñador y joyas ostentosas, el uso de camionetas de lujo con escoltas, usar aeronaves particulares, hoteles de lujo y vivir en la justa medianía y con humildad.

Los escándalos de personajes como el diputado Sergio Guzmán y su esposa la diputada “dato protegido”, del hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, secretario General de Morena; del senador Gerardo Fernández Noroña, del secretario de Educación Mario Delgado, del diputado Ricardo Monreal y del senador Adán Augusto López, quienes han hecho todo lo contrario de lo que la presidenta les pidió con viajes a todo lujo, hospedaje en hoteles de los más caros, uso de camionetas blindadas con escoltas, viajes en primera clase, propiedades cuyo valor excede el monto de sus ingresos, cuentas bancarias con recursos cuyo origen no está aclarado, han llevado las cosas a un punto insostenible para ser defendidos por la presidenta, que en sus últimas conferencias al ser cuestionada sobre dichas conductas, se ha limitado a declarar que cada quién haga las aclaraciones correspondientes.

El dicho del expresidente AMLO, de que “no podía haber gobierno rico, con pueblo pobre” ha quedado rebasado, debido a que ante lo indefendible, los militantes y legisladores de Morena como Gerardo Fernández Noroña, olvidando la austeridad republicana, han declarado a los medios, que es su derecho gastar su dinero en lo que mejor les parezca y que por ello ya no dará explicaciones de los gastos que haga y de sus viajes.

Aunque el oficialismo, ha echado la culpa a los medios de que la información de los escándalos de los funcionarios y legisladores se publique y de que existe una campaña en contra para afectar su imagen; la realidad es que resulta imposible tapar el sol con un dedo, porque al tratarse de personajes de la vida pública, los ciudadanos se preguntan, ¿Dónde quedó la ideología de izquierda y su discurso contra lo que representa la “derecha neoliberal” si con el poder que ostentan ahora actúan y viven como aquellos a quienes tanto criticaron a costa del erario.

Las acciones de dispendio y lujos de los morenistas reviven el pasado neoliberal y distan mucho de los principios que vendieron a los ciudadanos en las campañas para obtener sus votos y la desaprobación y rechazo a dichas conductas, pueden traer a la larga en 2027 un cobro de facturas en las que no podrán hablar de una vida austera y humilde, a favor del pueblo, cuando su vida y actuación pública, demuestra, que los cargos los están usando para servirse del poder y no para servir al pueblo.

Conclusión de un informe

Cartas a Gracia
Los Boletines SEP 312. De NL donde ya se enseña IA y Robótica, a Tabasco donde renovamos infraestructura educativa: Mario Delgado Carrillo y 301. La transformación educativa avanza en los estados y se consolida para lograr bienestar y justicia social: Mario Delgado, serían el preámbulo del informe La Transformación Avanza que rindiera la titular del Ejecutivo federal, el domingo 5 de octubre.

Previamente habría realizado una gira de rendición de cuentas por las 31 entidades de la república y concluido con el realizado en el Zócalo de la CDMX. De manera muy sucinta, Gracia, en la carta retomaría las acciones educativas del informe denominado La Transformación Avanza.

La titular del ejecutivo federal señalaría su propuesta “para garantizar la educación pública desde la inicial hasta la universidad a las maestras y maestros”; el incremento salarial otorgado al magisterio; la disminución gradual de la jubilación, de quienes trabajadores de la educación bajo la égida del Artículo 10 transitorio; lo mismo que la consulta para sustituir el famoso “USICAMM”, con lo que los maestros y maestras quieran y decidan.

Mención por separado merecería la creación del bachillerato nacional; la apertura de “38 mil espacios nuevos para jóvenes de preparatoria”; la construcción de nuevas instalaciones de preparatoria; la cancelación del examen de admisión de media superior; el fortalecimiento de las  “Universidades del Bienestar “Benito Juárez” García [y la creación] de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes”; el incremento de las becas de bienestar tanto a (“3.9 millones de estudiantes cuentan con la Beca Universal [“Benito Juárez”] por asistir a preparatoria pública; 2.2 millones de familias con hijas e hijos en primaria reciben becas educativas y todos los estudiantes de secundaria reciben la Beca “Rita Cetina”; así como 400 mil universitarios reciben beca; 63 mil 252 escuelas de educación básica y 6 mil 50 preparatorias reciben la aportación del Programa La Escuela es Nuestra y sin faltar una referencia a la inversión en escuelas de educación artística.

Los Acuerdos número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior y 22/08/25 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (SINBANEM), que darían vida al Bachillerato Nacional, abriría “una ventana de oportunidad” que permitiría que las autoridades educativas realicen acciones que sincronicen las declaraciones sobre lo esperado y la realidad que viven las comunidades escolares de los planteles de educación media superior, y entre ellos, lo referente a la capacitación mandatada por el Artículo 28 de la Ley General de Educación relacionada con los nuevos planes y programas de estudio.

Capacitación que aunque podría encontrarse prevista en la Estrategia de Formación Docente 2025-2030, aún tendría pendiente la “específica sobre el nuevo marco curricular común [situación] que genera incertidumbre sobre cómo enseñar los nuevos contenidos y cómo evaluar bajo los nuevos criterios y los lineamientos sobre los mecanismos de evaluación y acreditación” que se requerirían, para que las y los alumnos obtengan la certificación de los bachilleratos general y técnico, considerando que de manera genérica, los subsistemas continúan operando “bajo sus propios marcos curriculares y administrativos”.

La portabilidad de los estudios aún continuaría pendiente por lo que las y los jóvenes que cambian de escuela o de subsistema, deben continuar realizando trámites como revalidaciones de estudios, equivalencias y obtener sus certificados parciales, con la consecuente pérdida de tiempo y dinero.

Quienes toman decisiones en el despacho educativo federal, seguramente, ya habrían tomado en consideración el impacto presupuestal, los ajustes académico-administrativos y las protestas magisteriales que derivarían de afectaciones laborales que significaría la adopción del nuevo marco curricular común.

Los dos primeros estarían ya previstos, tanto en el anteproyecto de presupuesto 2026, como en las oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y en las direcciones centrales de los organismos descentralizados de los gobiernos de los estados con participación federal, quienes cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, y operan bajo coordinación de la Subsecretaría de Educación Media Superior <Colegios de Bachilleres Estatales (COLBACH); Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTEs); Institutos Descentralizados Estatales de Formación para el Trabajo; Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios; Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y finalmente, entre otros, el Colegio Nacional de Estudios Profesionales>.

No obstante el control gubernamental, habría aspectos humanos que deberán ser objeto de negociación vinculados a las organizaciones sindicales (como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Federación Nacional de Sindicatos de Organismos Públicos Descentralizados de Educación Media Superior; el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior; los Sindicatos estatales de los CECyTEs; Sindicato Único de Trabajadores del Sistema CONALEP y otros muchos más), tales como la pérdida de los derechos adquiridos que sería originado por la reestructuración de la currícula y que podría traducirse en una reducción de horas laborales, que afectarían ingresos ($$$$) de un número no determinado de maestras y maestros; aunque ante estas circunstancias más valdría recordar, que más vale paso que dure y no trote que canse.

Gira de norte a sur

Cartas a Gracia
Estimada Maestra, la carta que envió este 6 de octubre difunde información divulgada por el “Boletín 312. De NL donde ya se enseña IA y Robótica, a Tabasco donde renovamos infraestructura educativa: Mario Delgado Carrillo”, daría cuenta de las actividades que el titular de la oficina federal realizaría en una gira de dos días y en la que verificaría “la construcción de los CBTIS No. 298 y No. 299”.

Ambos se suman al No. 295 del Estado de México, No. 302 de Tamaulipas, No. 293 de Hidalgo, No. 305 de Yucatán, No. 301 de Quintana Roo, No. 304 de Querétaro y No. 291 de Chihuahua, que ya se construyen”. Adicionalmente, el comunicado institucional mencionaría la supervisión “de obras en una primaria, una secundaria y dos bachilleres en los municipios de Centro, Nacajuca y Comalcalco”.

Al margen de la disparidad en las obras anunciadas, tanto del norte como del sur, Gracia, el titular de la oficina educativa, como lo señalaría el comunicado, resaltaría la preparación de “las y los jóvenes en carreras técnicas de vanguardia como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Semiconductores y Microelectrónica, Robótica y Automatización, las cuales se alinean con los objetivos del Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar”, que si bien, serían fundamentales para dar el salto cualitativo en materia educativa que disminuiría la brecha que separa a México de países más avanzados, aún se encuentra en periodo de incubación.

El funcionario citado previamente recordaría: “en todo el país se construirán 20 nuevos planteles, se ampliarán 35 bachilleratos y se reconvertirán 35 secundarias para ofrecer Educación Media Superior en turno vespertino”.

Reconversión que de acuerdo al funcionario permitiría el acceso a la educación media superior a “casi 40 mil jóvenes” [y quienes incorporados al Nuevo] Bachillerato Nacional [serían formados como] ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país, con pensamiento crítico y valores como la solidaridad y la fraternidad además de fomentar el respeto al medio ambiente”.

El boletín sería reiterativo, Gracia, fundamentalmente al insistir en señalar que los “dos nuevos planteles de Educación Media Superior y las carreras que ofrecerán se impulsa la innovación y fortalece las cadenas de producción, con el propósito de que México se convierta en una de las 10 principales potencias económicas del mundo”; si bien la inclusión de IA y robótica, respondería a tendencias globales y necesidades del mercado laboral sería poco probable que en un sexenio México ascendiera cinco posiciones en la escala mundial y pasara del lugar 15 al 10 de la economía mundial.

De acuerdo al anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2023-2024, México contaría con 21 175 escuelas de educación media superior, incluidos todos los subsistemas; de ellas 16 914 corresponderían a Bachillerato general (79.87%); 3 776 (17.73%) a Bachillerato tecnológico (1/Incluye profesional técnico bachiller); a Profesional Técnico 485 (2.29%).

Estos tres subsistemas atenderían en bachillerato general a un total de 5 492 491 estudiantes, y de ellos, corresponderían 3 581 491 (65.20%) a bachillerato general; 1 867 440 (33.99%) a bachillerato tecnológico y 43 597 (0.793%) a profesional técnico. Cada bachillerato general atendería a 211 alumnas y alumnos, en tanto que 500 estudiantes asistirían en promedio a cada bachillerato tecnológico y 899 a cada escuela profesional técnica.

Respecto a la planta docente, cada subsistema contaría, en caso del bachillerato general con 13 maestras y maestros por plantel; mientras que el bachillerato tecnológico dispondría de 50 catedráticos por institución y el profesional técnico con 13.

En el caso de la relación -muy genérica- maestros por alumno corresponderían a 16 alumnos por maestra o maestro tratándose de los bachilleratos generales y tan solo 10 estudiantes por cada 1 docente en bachillerato tecnológico. La relación maestro-alumno profesional técnico se establecería en tan solo 6.85 alumnos por cada 1 docente.

El boletín, Gracia, elaborado con un lenguaje optimista, transmitiría proyectos en proceso como si ya fueran logros de gobierno, tal como sucede con el nuevo Bachillerato Nacional que para su estricta aplicación requeriría cumplir con lo que establece el artículo 28 de la Ley General de Educación, el que literalmente mandata:

“Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes” y lo mismo sucede con la construcción de nuevos planteles del CBTIS y los COBATAB.

Los esfuerzos por ampliar la matrícula del nivel en comento y cumplir con los sueños de la juventud que se incorporaría a media superior agudizarían, de no corregirse el desarrollo desigual en materia educativa y ampliaría las brechas (zanjas) tecnológicas y pedagógicas entre estados. Las autoridades educativas tendrían que recordar “que el sur también existe” como canta Juan Manuel Serrat.

Morena vs. Morena

A raíz de los casos del denominado “huachicol fiscal” y de la acusación del gobierno de Javier May en Tabasco y de la fiscalía estatal de que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Adán Augusto López y de su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, Hernán Bermúdez Requena, encabezaba el cartel de La Barredora en Tabasco y Chiapas; la situación en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum y del partido oficial Morena, se han visto envueltas en un escándalo que afecta su credibilidad.

Sin embargo, también ha originado el descontento en algunos grupos al interior de Morena y de los ciudadanos, que esperamos que los responsables de la comisión de delitos como homicidios, desapariciones, extorsión, cobro de piso, robos, delincuencia organizada, lavado de dinero entre otros sean detenidos y procesados.

Desde que se emitió la orden de captura en contra de Bermúdez Requena conocido como el Comandante H, comenzaron los señalamientos en contra de Adán Augusto López, líder en el Senado de la bancada morenista, haciéndolo responsable de haberlo nombrado y permitido encabezara a dicho grupo criminal, que, desde hace más de cinco años, ha sembrado la violencia y el terror entre los pobladores de Tabasco.

La detención de Bermúdez Requena, quien se encontraba prófugo en Paraguay, el pasado 14 de septiembre y quien fue expulsado por las autoridades de dicho país, y trasladado dos semanas después a México, hicieron que aumentara la presión contra Adán Augusto López por los partidos de oposición en el Senado y por los líderes de PAN, PRI y MC exigiendo que se separara del cargo y aclarara lo que sucedió durante su mandato como gobernador de Tabasco con su secretario de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionada en su mañanera del pueblo, acerca de la responsabilidad de Adán Augusto López por haber nombrado a Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad, se limitó a contestar que “mientras no hubiera pruebas en contra del senador no tenía por qué dejar el cargo y que mientras la fiscalía no lo llamara a declarar no podía ser acusado de haber cometido delito alguno”.

Es de llamar la atención que aunque la presidente había tratado de frenar las acusaciones contra López Hernández y de que buscó restarle importancia al tema; en días pasados al darse a conocer información acerca del patrimonio del senador y sus declaraciones ante el SAT, reconociendo un ingreso de cerca de 79 millones de pesos en los últimos tres años, le envió el mensaje de que debía salir a aclarar el origen de dichos recursos ante la opinión pública, convocando a una inusual rueda de prensa, donde se presentó sólo, sin el apoyo de los senadores de su bancada y donde dejó más dudas que certezas sobre el origen de los 79 millones, de los que sólo pagó por ISR el 2.6 % cuando estaba obligado a pagar el 35 % como cualquier ciudadano.

Para nadie es un secreto, que la relación entre la presidente y Adán Augusto López no atraviesa por su mejor momento y que cada vez le es más difícil a Sheinbaum sostenerlo al frente de la bancada morenista en el Senado pactada por seis años, porque conforme transcurra el proceso contra Bermúdez Requena y se vaya dando a conocer los vínculos y delitos cometidos por la barredora, así como de sus cómplices, será más complicado para el oficialismo defender y demostrar que el líder del senado, no tenía conocimiento de las actividades delictivas de su secretario.

Para la presidente sostener a Adán Augusto significa un desgaste a su gobierno que no le conviene, ni a ella, ni a Morena, por los señalamientos de la oposición de que en la gestión de López Hernández hubo un narco gobierno y de que la colusión entre las autoridades del estado y La Barredora dañaron gravemente la seguridad y las actividades económicas.

Por otra parte, si la presidente decide impulsar la salida de Adán Augusto López, a quien AMLO declaraba que era su hermano podría significar un rompimiento con el expresidente y desatar una guerra de grupos al interior de Morena, entre quienes siguen siendo fieles al legado de López Obrador y de quienes apoyan incondicionalmente a la presidente.

Si a lo anterior sumamos el caso del huachicol fiscal  en el que están involucrados los sobrinos del ex secretario de Marina en el gobierno de AMLO uno de ellos detenido y el otro prófugo de la justicia, que fue dado a conocer en conferencia de prensa por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la que a pesar de que, tanto el fiscal, como la presidente han tratado de exculpar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda de estar al tanto de la comisión de los delitos cometidos por sus sobrinos, es evidente que las investigaciones de la fiscalía lo involucran y de que difícilmente saldrá librado de su responsabilidad.

Pero el hecho de que en la carpeta de investigación, aparezcan declaraciones de testigos protegidos en los que se mencionan los nombres de los hijos del expresidente AMLO, coloca a la presidente en una encrucijada porque de comprobarse la participación de Andrés y Gonzalo López Beltrán en esta red de huachicol fiscal, la fiscalía se vería obligada a actuar en su contra, originando con ello un rompimiento con su antecesor y al interior de Morena por que sus militantes se verían obligados a tomar una postura ya sea a favor o en contra de Claudia Sheinbaum.

n todo este entramado, la intervención del gobierno de los Estados Unidos, y su lucha en contra de los cárteles del narcotráfico a quienes ha calificado como grupos terroristas y que se extiende a todas aquellos funcionarios, empresas y grupos que hayan apoyado sus actividades delictivas en territorio norteamericano o en otros países, obliga al gobierno mexicano a agotar las investigaciones y detener a los responsables, antes de que los vecinos del norte decidan actuar en nuestro territorio para llevarlos a la justicia de aquel país.

Por ello, la presidente debe actuar con prudencia y medir las consecuencias de sus decisiones, ya que está en juego el futuro de su gobierno y los intereses de México, ahora que se avecina la revisión del T-MEC.

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