La procuración de justicia secuestrada
En los últimos días los mexicanos hemos sido testigos de un proceso mediante el cual se designó a la nueva Fiscal General de la República que recayó en la licenciada Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia.
El proceso en sí estuvo viciado de origen desde la aceptación por el Senado de la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero cuyo período concluía hasta el año 2029, siendo relevado del cargo en un proceso que aún no ha quedado del todo claro ni para los senadores a cuyo cargo está la designación, ni para los ciudadanos que estamos al pendiente del respeto a la Constitución General de la República y al Estado de derecho; sobre todo en nombramientos de esta relevancia para el país.
La falta de claridad respecto a la salida del exfiscal y después la designación de Ernestina Godoy en sí representa la pérdida de la “autonomía” que supuestamente debe tener el Fiscal General de la República en relación con otros poderes para actuar.
Con los antecedentes de esta funcionaria en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y posteriormente en la consejería jurídica, resulta evidente que con este nombramiento, Sheinbaum logró colocar a una incondicional en un puesto vital para su gobierno.
El proceso para la designación tuvo muchos inconvenientes y sobre todo la duda en principio de que si el exfiscal fue removido del cargo por una causa grave o bien si se le pidió la renuncia y se negoció su salida a una embajada de México en Alemania.
La Constitución General de la República establece que el fiscal general solamente puede ser separado del cargo por una causa grave a juicio del Senado; sin embargo, si existió o no dicha causa, hasta la fecha no ha sido aclarado y si el premio que se le otorgó para ir a una embajada nos lleva a pensar que hubo una negociación para obligarlo a dejar el cargo, para así colocar a una fiscal a modo, y sobre todo fiel a la Presidenta de la República.
Después de la elección judicial que se llevó a cabo el 2 de junio de este año en México los cuestionamientos al proceso de llegada de nuevos ministros, magistrados y jueces federales sigue estando en tela de juicio precisamente porque muchos de ellos carecían de experiencia de carrera judicial y hasta este momento no hay una certidumbre jurídica acerca del sentido de sus resoluciones.
Muchas voces se alzaron para pedir, que, junto con la reforma al Poder Judicial, se debería llevar a cabo una reforma a la procuración de justicia y a la función de las fiscalías para lograr realmente abatir la impunidad y se lograra frenar la delincuencia y el aumento de la inseguridad en el país.
Pero, hasta la fecha. Ni el Poder Ejecutivo ni el legislativo han promovido alguna iniciativa respecto a la función de las fiscalías, por lo que actualmente nos encontramos en una encrucijada en la cual los ciudadanos, las empresas y los inversionistas extranjeros viven en la incertidumbre, porque tienen, la duda de que si tanto los impartidores como los procuradores de justicia actuarán salvaguardando los derechos establecidos en la Constitución o simplemente como ha sido costumbre, desde los gobiernos del período neoliberal, se van a sujetar a los mandatos de la Presidenta de la república.
México en sí, ya atravesaba una crisis muy grave en materia de impartición de justicia con un Poder Judicial que requería una reforma a fondo, que no se podía solucionar, sólo con una elección judicial como lo planteó el expresidente López Obrador; sino mediante un proceso de mejora para combatir los viejos vicios como el nepotismo y la corrupción negociando los asuntos y el secuestro que había de los cargos judiciales por un grupo de ministros y de magistrados que estaban al pendiente de colocar a sus familiares y cercanos en los puestos que se iban abriendo.
En su momento nos pronunciamos porque la elección de los jueces se diera bajo otros criterios ponderando la carrera judicial, el profesionalismo y la experiencia en los cargos para garantizar a los ciudadanos una justicia de calidad.
También nos pronunciamos porque debería existir una reforma a fondo de las fiscalías a fin de mejorar la procuración de justicia; sin embargo esta propuesta nunca fue escuchada y ahora con la nueva Fiscal General de la República continuarán los vicios del periodo neoliberal, con fiscales a modo que solamente estarán para responder a los intereses y mandatos a nivel federal de la Presidenta de la República y en los estados de los gobernadores que llevan a cabo estas designaciones a través de los congresos locales.
Si realmente se busca demostrar, como lo ha dicho la Presidenta, que “México es el país más democrático del mundo”, con la elección de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y ahora el Judicial también debería promover iniciativas para que los fiscales puedan ser designados a través de este procedimiento a nivel federal y de los estados.
Lo mismo hemos planteado en el caso de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los presidentes de las comisiones estatales
Así los medios e intelectuales han cuestionado a la Presidenta sobre si tanta concentración de poder en el Ejecutivo nos lleva a un autoritarismo y una dictadura para perpetuarse en el poder y lograr que su partido gobierne al estilo del viejo PRI al país por décadas, exterminando a la oposición y controlando todo el aparato gubernamental y social.
Aunque el discurso oficial nos habla todos los días de un país democrático, de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, la realidad que vivimos los mexicanos es contraria, por la pérdida de derechos y la inseguridad que enfrentan varios estados del país, con una pésima procuración e impartición de justicia.
