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Independientemente del saldo rojo que dejaron los presidentes del período neoliberal en México, en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, por el PRI y en la denominada alternancia en el poder en los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón por el PAN, además del gobierno de Enrique Peña Nieto en el período 2012-2018, en lo que se refiere al crecimiento y consolidación de los cárteles en el país, que sin duda alguna, pudieron florecer gracias a la complicidad de las autoridades en turno y a los pactos no escritos, en los cuales el contubernio y corrupción de los cuerpos policiales, incluido el propio ejército mexicano, que no ha quedado limpio en cuanto a su desempeño y resultados para desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada, nos demostraron algo que aunque siempre se ha sabido, existía la duda, de que era imposible que todas las autoridades estuvieran de acuerdo en aliarse con los cárteles, sin importar la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas.

Muchos creíamos, que el Estado mexicano, aun con sus deficiencias y altos índices de corrupción, al menos medianamente cumplía con las funciones que le marca la Constitución General de la República, para lograr el respeto al Estado de derecho, la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos.

Cada presidente en su momento, tuvo la oportunidad de deslindar a sus gobiernos de los grupos criminales y de evitar siguiera creciendo la corrupción y la impunidad de los delincuentes, mejorando los cuerpos de seguridad y de la procuración e impartición de justicia.

Cabe preguntarse: ¿cuáles fueron los factores que nos han llevado a la situación actual que vive México, en cuanto a los altos índices de criminalidad e inseguridad de la que casi todos hemos sido víctimas? Las respuestas pueden ser variadas y quizás los gobiernos se han equivocado creyendo que con solo reformar a las leyes y cambiar a los funcionarios en turno se podrían modificar las cosas en bien del país.

Sin duda alguna, y sin ánimo de buscar culpables, considero que la sociedad mexicana en su conjunto tenemos un grado de responsabilidad, ya que siendo una tarea tan difícil, no podemos pensar que las autoridades por sí mismas la pueden atender y resolver.

Pero, aún y cuando el problema no nació en el gobierno de AMLO, su política de “dar abrazos y no balazos a los delincuentes” permitió la expansión y dominio de los cárteles en el país, con un saldo de casi 200 mil homicidios dolosos, que los llevaron a controlar a casi la tercera parte del territorio, bajo la sospecha de haber financiado con dinero proveniente del narco, las campañas políticas de candidatos y candidatas de Morena en las elecciones desde 2006, 2012 y de 2018 a la fecha ya como gobierno, lo que había sido negado en forma insistente por López Obrador, pero que hoy sale a la luz por las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada y de El Chapo Guzmán y otros delincuentes que ya están detenidos en Estados Unidos.

En los últimos días, ante la presión ejercida por Donald Trump presidente de los Estados Unidos, hacia el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, para frenar, por un lado la producción y tráfico de fentanilo de México hacia el territorio del norte y por otro lado detener la llegada de migrantes a la frontera sur de nuestro vecino, con la amenaza de imponer aranceles del 25% a las exportaciones de los productos mexicanos que se envían a Estados Unidos al amparo del T-MEC; las cosas en el país, han cambiado radicalmente y la actitud de la presidenta, que si bien había sido de negar que en México existieran laboratorios donde se produce el fentanilo y que su gobierno protegiera a los cárteles del narcotráfico, ante la exigencia y amenazas de Trump, se ha visto obligada a detener a los delincuentes, que suman a la fecha más de 900, a llevar a cabo incautaciones de cargamentos de fentanilo producidos en algunos estados del país y a destruir laboratorios donde se producía la droga; así como también hacer la deportación de 29 de los capos más importantes que se encontraban en cárceles mexicanas donde seguían dirigiendo las operaciones de sus organizaciones con una vida de privilegios y concesiones en complicidad con los directores de los penales, y según el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en complicidad con jueces y magistrados del poder judicial, que estaban a punto de liberarlos.

Resulta evidente, que la presidenta, no tuvo opción más que atender las demandas de Trump, a fin de evitar la aplicación de los aranceles, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 4 de marzo pasado y que finalmente Trum prorrogó para el 2 de abril, bajo el criterio de que sólo serán para los países que también cobran aranceles a los productos estadounidenses, por lo qué Sheinbaum confía que estos no aplicarán para los productos mexicanos, ya que nuestro país, no cobra aranceles a ningún producto proveniente de Estados Unidos.

Asimismo, Donald Trump ha insistido en que también sean detenidos y en su caso extraditados a Estados Unidos, a los políticos y gobernantes cuyas campañas fueron financiadas por los carteles del narco y los protegieron, así como que se investigue a aquellas empresas que mediante operaciones de lavado de dinero se coludieron para permitir su crecimiento a nivel nacional e internacional.

Será muy interesante saber hasta donde la presidenta está dispuesta a entregar información y a los políticos y gobernantes, incluso de su propio partido, que hayan cometido estos delitos. Esperemos a que la UIF demuestre que su labor es sin distinción de personas y colores y que finalmente, están dispuestos a acabar con la impunidad, sin proteger a gente del oficialismo y de sus partidos aliados PVEM y PT; ya que si se trata de políticos de la oposición PRI, PAN y del extinto PRD seguramente no tardarán en abrir la información, para beneficiarse políticamente.

Por lo pronto, con la prórroga al 2 de abril concedida por Trump, sin echar las campanas al vuelo, el oficialismo se prepara para sacar adelante la elección judicial el domingo 1 de junio, aún y cuando todo el proceso de la reforma es violatorio del T-MEC en cuanto a la independencia judicial; pero ya habrá tiempo para justificar una decisión que seguramente afectará de nuevo la relación bilateral entre México y Estados Unidos.