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Elecciones del Poder Judicial, ¿VOTAR O NO VOTAR?

Dr. German Molina Carrillo / Por

                                                                                    *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

A veintiún días, de que se lleven a cabo las elecciones de ministros, magistrados y jueces de distrito del poder judicial de la federación, así como de los magistrados y jueces de los poderes judiciales de diecinueve estados del país, en esta primera fase, con 1800 cargos, y posteriormente en 2027, en una segunda fase, lo harán los estados que decidieron no llevar a cabo su proceso local en este año.

La situación, en la que se encuentran inmersos los poderes ejecutivo y legislativo, así como el INE y la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la federación, para sacar adelante el proceso, atraviesan por muchas dificultades y dudas, siendo en este momento lo más preocupante la falta de convencimiento a los ciudadanos que se encuentran inscritos en las listas nominales del padrón electoral y que podrán acudir a emitir su voto, en esta elección extraordinaria e inédita en la historia de la democracia en el país.

Los obstáculos y problemas que desde el inicio se previeron para primero sacar adelante la reforma a los artículos 96 al 100 de la Constitución General de la República, que señala que los Ministros, Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, deberán  ser elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.

Otro de los elementos, que han jugado en contra del proceso desde el principio ha sido la falta de recursos suficientes al INE para organizar adecuadamente las elecciones, ya que de los 13 mil millones de pesos que originalmente solicitaron, al final sólo les fueron asignados 8 mil millones de pesos, lo que trajo como consecuencia una reducción en el personal necesario para las tareas de capacitación y de organización, lo que originó una reducción en el número de casillas, que normalmente se instalan para una elección como la presidencial para tratar de cubrir todo el territorio del país.

El porcentaje de participación de electores en el proceso  que se tiene considerado, varia desde las estimaciones más pesimistas que la ubican hasta en un 5%, hasta el más optimista que prevé un 15% de participación; pero casi en todos los pronósticos, nadie considera que puede llegar al 20%, ni aún y cuando los operadores del oficialismo y los beneficiarios de los programas del bienestar logren llevar a los ciudadanos a emitir su voto, ya que uno de los principales problemas, es que muy pocos comprenden como deben emitir su voto y además desconocen la trayectoria y méritos de los candidatos, por lo que, han decidido mejor no complicarse la vida y abstenerse de participar en la jornada electoral del 1 de junio.

El discurso, que permeo entre los militantes y simpatizantes de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM y que hicieron extensivo a grandes sectores de la sociedad, sobre la conveniencia y significado que tendría el hecho de que ellos pudieran elegir mediante su voto a sus Ministros, Magistrados y jueces, popularmente dio buenos resultados, ya que la percepción de que esto beneficia a los ciudadanos llego a estimarse hasta en un 67%, lo que no significa que quienes entran en esa estadística, efectivamente irán a votar por los candidatos que aparecerán en la boleta.

Las últimas noticias sobre la inclusión en las listas aprobadas por el Senado de la república de candidatos identificados con los carteles y grupos de la delincuencia organizada, así como de defensores de lideres de estos grupos, puso una alerta roja en el proceso, que motivó que el propio Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente que se habían equivocado en los registros y que de no ser por las denuncias ciudadanas sobre los nexos de estos candidatos y trayectorias, hubiera sido imposible que los comités encargados de aprobar los registro se hubieran percatado de haber dejado pasar a dichos personajes; que a decir del INE ya no pueden ser excluidos de las boletas, por lo que legítimamente participarán en las elecciones con posibilidades de ganar para ocupar los cargos.

A pesar de todo lo aquí señalado, es inminente que el 1 de junio próximo, México vivirá su primera elección de integrantes del poder judicial y hasta el momento, nada, ni nadie, ya sea que se trate de los partidos de oposición o los inversionistas de Estados Unidos que tienen capitales en México y que han pedido el apoyo de los legisladores del Congreso Norteamericano que se frene el proceso, por la desconfianza y riesgo en que se encuentran sus intereses, ante un poder judicial controlado desde el gobierno y sin independencia para emitir sus resoluciones, así como el hecho de que la elección, viola el T-MEC y ello pudiera originar que en su revisión en 2026, Estados Unidos pudiera decidir, darlo por terminado o endurecer su posición afectando los intereses de México, parecerían suficientes para dar marcha atrás a las elecciones.

El abstenerse de ir a votar el 1 de junio, facilitará las cosas para que el oficialismo, ante la falta de vigilancia en las casillas y en el recuento e los consejos distritales, pueda manipular los resultados y finalmente inflar las cifras para que salgan como ganadores, los candidatos que a ellos les conviene y que estarán bajo su control; considerando que aunque exista un nivel de baja participación, al final el resultados será validado por el INE y no habrá poder humano que pueda revertir o modificarlos.

Mi invitación, es que se acuda a votar, analice la trayectoria de los candidatos y si no tiene el tiempo para ello, vote por los candidatos del poder judicial, que decidieron entrar al proceso; al menos ellos si tienen carrera judicial y actuarán en forma independiente, realmente en beneficio de los ciudadanos, alejada de los intereses políticos.

Pero además, conviértase en un observador electoral, y denuncie las anomalías que detecte el día de la elección, después ya no tiene caso quejarse de los resultados, porque si usted se mantiene al margen del proceso, de nada servirá lamentarse de la calidad de los impartidores de justicia en el país.

 

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

 

Índice de paz México 2024

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
El Instituto para la Economía y la Paz, sección México, ubicada en la calle Caballo Calco 42 en la colonia La Concepción de la CDMX, publicaría el ÍNDICE DE PAZ MÉXICO 2024, con la clara intención de promover un concepto al que denominan “Paz Positiva” y que pretendería incidir Gracia, transformando a los “ocho factores críticos (Pilares de la Paz Positiva) para establecer una paz duradera”. El índice Global de Paz ubicaría a México en el lugar 26 de 30 de Los países más inseguros del mundo, obteniendo un índice de 2.778; mientras que Islandia, el país menos inseguro del orbe, obtendría un índice de 1.666. México estaría distante de Yemen en 0.619 puntos, nación que sería valuada como el país más inseguro del Mundo y quien obtendría una calificación de 3.397.
El Índice Global de Paz, estimada maestra, tendría su correspondiente nacional en el resumen ejecutivo del undécimo “Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz [incluiría] tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia”. El Resumen Ejecutivo señalaría que el Índice mejoraría 1.4% en 2023, con sus asegunes: sería el cuarto año de mejora consecutiva tras 4 años de deterioro continuo; en el 2023 mejorarían 15 estados, pero se deteriorarían 17.
nota: ÍNDICE DE PAZ MÉXICO 2024 PANORAMA DEL NIVEL DE PAZ EN MÉXICO, ubicaría a Puebla en el lugar 12, medianamente pacífico.
Entre los que mejorarían en el Índice de Paz México 2024 y de acuerdo a los autores de la gráfica anterior, estarían: Baja California Sur; Campeche; Chiapas; Ciudad de México; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; Michoacán; Morelos; Oaxaca; Puebla; Querétaro; San Luis Potosí y Yucatán. En sentido adverso, los que sufrieran deterioro serían: Aguascalientes; Baja California; Chihuahua; Coahuila; Colima; Estado de México; Guerrero: Nayarit; Nuevo León; Quintana Roo; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz y Zacatecas.
El Resumen Ejecutivo destacaría la “reconfiguración” del mercado de los estupefacientes originado por las preferencias del mercado estadounidense, en el que el fentanilo (drogas sintéticas) sustituiría a la “heroína y a la marihuana” en la predilección de los consumidores norteamericanos; cuestión que agudizaría la “competencia por las rutas de tráfico y el control de las mafias locales entre grupos, especialmente los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa”. Lo anterior, se reflejaría en el número de víctimas -más de “19 000 entre los años 2017 al 2022”- derivado de los enfrentamientos entre esas -y otras- organizaciones; aunque el resumen omitiese a las víctimas de desapariciones forzadas, fenómeno que se ha agudizado en los últimos años. Destacaría sin embargo a la violencia de carácter político que pasaría “de 51 asesinatos de figuras políticas y funcionarios gubernamentales en 2020 a 171 en 2023. Este es el tercer año consecutivo de deterioro”.
La receta para salir de la enfermedad parecería ser insuficiente Gracia; pero, lo mismo que la medicina homeopática, las campañas permanentes para alejar a niñas, niños y adolescentes del consumo de adicciones y encaminarlos a la adopción de la cultura de la paz, parecerían ser el último recurso que se pudiera adoptar, para cambiar el comportamiento violento del “pueblo bueno”, que en muchas ocasiones toma caminos malos.

El diferendo Zedillo_ Sheinbaum

Dr. German Molina Carrillo / Por

                                                                                     *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

En el fragor de la polémica que se desató en el país en las últimas semanas, por la transmisión de los spots de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Kristi Noem en contra de los migrantes, acusándolos de ser delincuentes y advirtiéndoles de las consecuencias que sufrirán en caso de intentar ingresar a territorio estadounidense en forma ilegal, mediante una campaña millonaria a nivel internacional y que fue difundida en las televisión mexicana en horarios estelares y en los partidos de futbol de la liga MX.

Lo que desató el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las bancadas de todos los partidos con representación en ambas cámaras del poder legislativo y que dio paso a que la presidenta, con el afán de evitar que este tipo de publicidad de un país extranjero se difundiera en medios mexicanos  presentara su iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que muchos críticos y analistas como el periodista Raymundo Riva Palacio han calificado como:” centralista, autoritaria y de control social y político” y otros que la han calificado como “ley censura”, por su contenido y el control que el estado pretende ahora ejercer en contra de la libertad de expresión.

Las criticas a la iniciativa y las descalificaciones en contra de la presidenta a quien se ha acusado de autoritaria, la obligaron a frenar  su aprobación, por lo que el Senado de la República, está convocando a un conversatorio, para escuchar las opiniones de expertos, académicos y de organizaciones de la sociedad civil, que de ninguna manera los obligan a ser tomadas en cuenta para una eventual modificación del texto de la iniciativa, como hubiera ocurrido en el ejercicio de un parlamento abierto, lo que significa que la estrategia del oficialismo, es ganar tiempo con otros distractores, para que al final se eche a andar la maquinaria legislativa y se apruebe el proyecto sin ningún cambio o con modificaciones mínimas, justificando que se escuchó al pueblo y que ellos manifestaron su aprobación, como ocurrió en los foros para la reforma al poder judicial.

Así en pleno debate público, por la eventual aprobación de la iniciativa de reformas a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, publicó en la Revista Letras Libres un artículo denominado: “México: de la democracia a la tiranía”  donde hace una crítica y cuestiona la reforma judicial impulsada por el ex presidente AMLO al señalar: “La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia, y somete a la corte a los intereses de un solo partido: las formas con las que el oficialismo ha impuesto su iniciativa- con mentiras, extorsiones y fraudes a la Constitución- dibujan de cuerpo entero un proyecto político que desprecia la ley, la división de poderes y finalmente la democracia. La eliminación de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las fuerzas armadas y la captura del poder judicial -todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante- dejan al descubierto que la “transformación” buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico”

El artículo por su contenido y reflexiones vale la pena, analizarlo; resalta además el hecho de que el expresidente decide volver a opinar sobre asuntos de la vida pública del país, obligado por el hecho de la aprobación de la reforma judicial y por el golpe a la democracia que ha significado la aprobación de las reformas de lo que se ha denominado como el segundo piso de la 4T impulsadas al final del sexenio de AMLO y por la actual presidenta.

La reacción de Claudia Sheinbaum a la publicación del artículo, no se hizo esperar por lo que en su conferencia mañanera, dio respuesta acusándolo de que ahora resulta que Zedillo es un demócrata y del que califico como el mayor fraude de la historia de México con el FOBAPROA, entre otros cuestionamientos a su gobierno.

En una segunda carta Zedillo respondió a la presidenta y le aclaró que el fobaproa fue sometido a una auditoria externa por un profesional independiente del extranjero y que sus resultados fueron dados a conocer en su momento y le pidió a la presidenta a su vez -se realicen auditorias independientes sobre la destrucción del NAIM en Texcoco, la construcción de la refinería dos bocas y el Tren Maya.

La respuesta de la presidenta ha sido, en el sentido de descalificar las acusaciones de Zedillo, sin dar respuesta a sus argumentos, sólo con calumnias, insultos y amenazas.

También la presidenta ignoró la propuesta de Zedillo de que se nombre un auditor internacional independiente, que audite el fobaproa y las obras insignia del expresidente AMLO y ahora su respuesta se centró en pedir se investigue a Zedillo por sus presuntos nexos con el crimen ante la difusión después de 25 años de unas grabaciones presuntamente entre la esposa del expresidente Ernesto Zedillo, Nilda Patricia, con el líder del cartel de Colima Jesús Amezcua Contreras casualmente dadas a conocer  por el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, César Gutiérrez Priego, quién busca ser electo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que seguramente pretende cobrar el favor al oficialismo pidiendo ser apoyado para ganar la elección el próximo 1 de junio.

La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo continuara seguramente los próximos días, mientras las presiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el gobierno mexicano y la presidenta continuarán.

Bajo este escenario los ciudadanos lo que deseamos es que se aclaren las acusaciones y que realmente se transparenten todas las acciones de gobierno de los expresidentes, sin importar su filiación política, por el bien de México, ya que en la época moderna somos el único país de América latina, donde ningún expresidente ha sido llamado a cuentas ante la justicia y menos aún pisado la cárcel por los delitos y faltas cometidos durante su gobierno.

 

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

La paz se construye

Gustavo Santin / Por
Maestros
La paz se construye
Cartas a Gracia
El fomento de la cultura de la paz en las escuelas de educación obligatoria Gracia, no sería tan solo un compromiso doctrinario mandatado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 78 de la Ley General de Educación, la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la Organización de Naciones Unidas -“instrumento que establecería principios y acciones para promover la paz, la tolerancia y la comprensión entre las naciones”-, lo mismo que por el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; sería también un imperativo derivado de las condiciones de violencia que vive la humanidad.
Las estadísticas en la materia así lo mostrarían. El “Índice Global de Paz [publicado por] el Instituto para la Economía y la Paz (IEP)” (https://acortar.link/WlFHvE), organización no gubernamental (ONG) “independiente y sin fines de lucro [con sede en] Sidney, Nueva York y Ciudad de México, [y que mediría] tanto el nivel de paz como la ausencia de violencia y conflicto en los países. Aunque se centra en la paz, utiliza indicadores que también reflejan el grado de violencia y conflicto, como la tasa de criminalidad, la intensidad de los conflictos y el nivel de militarización”. El resumen ejecutivo del GPI reportaría la existencia de “56 conflictos y guerras activas que involucrarían a 92 países”. Muchos de ellos, señalaría, serían mas agudos que  los que dieran origen a la segunda guerra mundial; embrollos entre los que destacarían, los que enfrentan a Israel en contra de grupos terroristas en Gaza y otros países; a EE.UU versus grupos Hutíes y piratas somalíes y a ellos se sumaría el reciente ataque terrorista de un grupo pro paquistaní en contra de ciudadanos turistas- hindúes.
El índice de paz consideraría “tres dominios principales […] Seguridad Social: Incluye tasas de criminalidad; violencia y percepción de seguridad. Conflictos Internos y Externos: Analiza la presencia de conflictos armados y su impacto. Militarización: Examina el gasto militar y la presencia de fuerzas armadas”. Aunque el IEP señalaría, la incorporación reciente, de un dominio más, el cuatro, que mediría la “capacidad militar global que incorpora sofisticación militar, tecnología y preparación para el combate”. El resumen ejecutivo del documento señalaría algunos puntos relevantes a destacar y entre ellos: la edición 18ª del “Índice Global de Paz (GPI)” [que clasificaría a] 163 estados y territorios independientes según su nivel de paz, cubriendo el 99.7 por ciento de la población mundial [y utilizaría para su construcción] 23 indicadores cualitativos y cuantitativos [ya citados renglones arriba, aunque valdría la pena resaltar que los autores mencionarían que el GPI, estaría] estructurado como una nota escolar y va del 1 al 6, por lo que cuanto más bajo es el IPG, más pacífico es el país”. El Resumen Ejecutivo señalaría que en el 2024 se incrementaría la militarización “en 108 países […], con 65 países mejorando y 97 deteriorando en paz” y que Islandia, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Singapur “fueron clasificados [salvo Singapur] entre los diez países más pacíficos en el primer año del índice [posición que aun conservan]. En contraposición, “Yemen es el país menos pacífico del mundo en el GPI 2024, seguido por Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Ucrania”.
El cuadro Los países más inseguros del mundo (https://www.datosmundial.com/paises-mas-peligrosos.php) construido por IPG, ubicaría a México en la posición 26 de 30, construido bajo los siguientes criterios: “el número de guerras libradas, la delincuencia de bandas, la tasa de asesinatos o los delitos violentos. Además, hay otra serie de indicadores que no evalúan directamente la violencia existente en un país, sino más bien su probabilidad. Así, también se incluyen en los cálculos el número de soldados profesionales, agentes de policía, importaciones y exportaciones, así como el número de armas pesadas”. El resultado es el «Índice de Paz Global» (IPG) que se publica anualmente.
 
                             Los países más inseguros del mundo
No.
País/Región
IPG
1
3,397
2
3,327
3
3,324
4
3,294
5
3,280
6
3,264
7
3,249
8
3,173
9
3,115
10
3,095
11
3,091
12
3,055
13
3,045
14
3,009
15
2,969
16
2,943
17
2,907
18
2,887
19
2,872
20
2,845
21
2,827
22
2,821
23
2,792
24
2,783
25
2,780
26
2,778
27
2,773
28
2,748
29
2,704
30
2,693
La paz se construye Gracia y las escuela y las iglesias serían el lugar adecuado en las y los menores, aprenderían a resolver los conflictos mediante el dialogo y sin usar medidas de apremio, so pretexto de luchar por la defensa de los derechos laborales.

La crisis de las desapariciones forzadas y la 4T

Dr. German Molina Carrillo / Por

*Dr. Julián Germán MolinaCarrillo.

El tema del aumento de las desapariciones forzadas junto con el índice de homicidios en
el país, no es un fenómeno nuevo, ya que desde los gobiernos del período neoliberal,
México ha tenido una estadística notable, que para muchos se incrementa en forma
exponencial, a partir del inicio de la guerra contra los carteles del narcotráfico por el ex
presidente Felipe Calderón en 2006 en su natal estado de Michoacán, en la que involucra
en forma directa a las fuerzas armadas para combatir a los grupos delictivos, tratando de
frenar la producción de drogas y estupefacientes y la violencia e inseguridad que trajo
consigo el fortalecimiento de los carteles del Golfo, de Sinaloa, de los templarios que se
convirtieron después en la familia michoacana y de otras células que comenzaron a
extenderse como cáncer en distintas regiones del país.

Cuando afirmo que el fenómeno de las desapariciones forzadas no es nuevo en el país,
me refiero a los años de la denominada guerra sucia que data de 1974, en la que agentes
del estado mexicano como militares, policías y de otros grupos especiales, en los
gobiernos del PRI, se dedicaron a perseguir y desaparecer a lideres guerrilleros en
diferentes partes del país y muchos de estos casos, jamás se han esclarecido y quedaron
ahí como uno de los reclamos más sentidos de los grupos maginados cuyos lideres
sufrieron ese tipo de persecución por parte del estado; ejemplos como el del profesor
Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, quién fundó el partido de los pobres ,siendo
asesinado en un enfrentamiento con el ejercito el 2 de diciembre de 1974; cabe resaltar
que el movimiento de Lucio Cabañas estaba inspirado en el pobrismo, más no en el
socialismo su intención era lograr abatir la pobreza extrema de su comunidad y darles
mejores oportunidades para salir adelante, ante la opresión de los gobiernos de la
república de Luis Echeverría Álvarez y después de José López Portillo.

Todos los seguidores de Lucio Cabañas a su muerte fueron perseguidos, detenidos,
torturados, desparecidos y asesinados por militares y policías secretos de la extinta
dirección federal de seguridad a cargo del general Arturo Acosta Chaparro.
Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la persecución y muerte
de militantes del extinto PRD fue una constante, con más de 600 homicidios de militantes
y candidatos en distintas partes del país, en contra de los líderes de izquierda que
organizaron a nivel nacional todo un movimiento opositor al PRI con personajes como
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Andrés Manuel López Obrador,
dieron origen a una tercera fuerza política en el país, impulsando ideas socialistas, contra
los gobiernos del PRI hasta el período de Ernesto Zedillo Ponce de León y de la
alternancia con el triunfo del PAN en el año 2000 con Vicente Fox Quezada y en 2006
con el gobierno de Felipe Calderón, que con el respaldo del PRI, logró le fuera reconocido
el triunfo a la presidencia de la república, ante Andrés Manuel López Obrador candidato
del PRD, a quién le fue arrebatado el triunfo que obtuvo en las urnas.

El 17 de febrero de 2020, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una
iniciativa para crear una Comisión de la verdad con el objetivo de esclarecer los delitos de
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias ocurridas en lossexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como las violaciones a derechos
humanos, y establecer las responsabilidades correspondientes.
Denunciaron los hallazgos de cuerpos desmembrados, ejecutados y fosas clandestinas,
desde hace 14 años en el país. Señalaron además que: “México tiene derecho a conocer
la verdad, resulta indispensable obtenerla para que las víctimas directas e indirectas
conozcan la realidad sobre los crímenes de que han sido objeto y porque se reconozca
públicamente su sufrimiento”.

De acuerdo con los datos anteriores, con la llegada de AMLO a la presidencia de la
república en 2018, muchos mexicanos estábamos seguros de que lucharía por el
esclarecimiento de los asesinatos de los perredistas ocurridos en los gobiernos de
Calderón y Peña Nieto; sin embargo, nunca se pronunció al respecto, quizás porque el
PRD se había convertido en su enemigo o porque consideró que no valía la pena
desgastar la fuerza del estado en investigar hechos del pasado.

En el momento actual que vive el país, por la declaración del Comité de la ONU contra la
desaparición forzada, que acusó el pasado ocho de abril, de que son perpetradas por el
estado y que se presentan en forma sistemática y generalizada, derivado del hallazgo que
hicieron los grupos de buscadores en el Rancho de Teuchitlán Jalisco la presidenta
Claudia Sheinbaum, rechazó el diagnóstico afirmando que: “hay un fenómeno de
desaparición vinculada con la delincuencia organizada no con el estado, al defender que
su administración está haciendo todo lo que está en sus manos para combatir, atender,
desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.

Pese a su declaración y de que su gobierno asumió el compromiso de entregar un informe
detallado de las medidas y resultados en un plazo de 30 días no se ha cumplido con la
entrega de este, por lo que, es previsible que finalmente el caso llegue a la Asamblea
General de la ONU y se emita una declaración en contra del gobierno federal, que hasta
el momento no ha logrado frenar las desapariciones forzadas, en las que se han visto
involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con los carteles del
narcotráfico que siguen con sus actividades delictivas.

*dIrector fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Cultura de la paz

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
 
El Boletín 124. Realiza SEP primer Foro Metropolitano para impulsar cultura de paz en planteles de Educación Media Superior, publicado por la SEP el 19 de abril, informaría acerca de una actividad que realizarían “20 planteles” metropolitanos (CDMX) del Colegio de Bachilleres, como parte de la elaboración de “un diagnóstico sobre las violencias y las acciones para erradicarlas que llevan a cabo los subsistemas de Educación Media Superior […]”, que impulsaría la titular del ejecutivo federal. La subsecretaria del ramo, Tania Rodríguez Mora, precisaría la conformación de un comité por escuela quien tendrían la “misión” de realizar actividades que les permitieran: “1. Identificar las violencias presentes en los planteles y promover la conformación de Comités de Paz en cada uno de ellos; 2. Valorar las acciones que los distintos planteles del Colegio han llevado a cabo en torno a la cultura de paz y la resolución de conflictos; 3. Reflexionar sobre los conceptos guía de la Campaña Nacional Cultura de Paz que impulsa la SEP, tales como: cultura de paz, tejido social, prevención y violencias; y, finalmente, 4. Conformar los Comités de Paz en cada plantel.
El parágrafo 3 del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mencionaría el término cultura de la paz de manera expresa: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.
El Artículo 74 de la Ley General de Educación, señalaría: “Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos […]. Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarían a cabo las siguientes acciones: “I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz […]; II. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos […] III. Proporcionar atención Psicosocial y en su caso [asesoría legal a las partes involucradas]; IV  Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, […] para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar […]; V. Solicitar a la [extinta] Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, [etc.]; VI. Celebrar convenios […] con los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas; VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales; VIII. Realizar campañas […], que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato [de cualquier naturaleza] en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social; y por último, IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar […]. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo […]”.
El Artículo 3º de la CPEUM y la LGE “aterrizarían” las políticas públicas en favor de la paz; la Secretaría de Educación Pública, por su parte, emitiría lineamientos mediante los que abordaría “la cultura de la paz”. Uno de ellos dataría del 22 de marzo del 2014 y sería intitulado: Política Nacional de Convivencia Escolar. La Secretaría de Educación Pública Trabaja por una escuela libre de violencia. El documento en cuestión, plantearía por intermedio de quien en ese tiempo era la responsable del área “que la educación básica tiene dos grandes propósitos, que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a convivir para que la violencia no se reproduzca”; la misma funcionaria asociaría el abandono escolar como una de las causas. Señalamientos que se darían “en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) que llevaba a cabo la SEGOB [en el que su representante, reiteraría] que la participación de las autoridades educativas es clave para erradicar la violencia de las aulas, brindar seguridad a la comunidad escolar a través de la prevención, contar con los protocolos de atención para canalizar de manera oportuna a los alumnos a la red institucional de apoyos a las escuelas”.
Por su parte, la nueva propuesta educativa (la Nueva Escuela Mexicana) no se quedaría atrás y abordaría el tema en los programas del Campo Formativo “Ética, Naturaleza y Sociedades. Campo [que incluiría] específicamente contenidos sobre cultura de paz, derechos humanos, igualdad de género y ciudadanía democrática”; en tanto que el Chat GPT sugiere la lectura de los siguientes “materiales didácticos en el portal de la NEM: En pro de la paz  https://prueba-nem.aprende.gob.mx/contenido/coleccion/en-pro-de-la-paz-2/  y “Cultura de paz entre las naciones” [https://prueba-nem.apr]”. El diálogo entre pares permitiría Gracia, que los consejos de “no pegues pero no te dejes; si vienes chillando, te chingo [o la actitud cristiana] si te agreden pon la otra mejilla” queden sin efecto. La intervención de las y los docentes con conocimiento de causa, sería fundamental para resolver los conflictos por intermedio del dialogo.

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
El  miércoles 15 de abril se publicaría en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo que establece “los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”; metodología incorporada al texto constitucional  en la época en la que Miguel de la Madrid Hurtado fuese el titular del ejecutivo, Gracia.
Así lo reiteraría el “Comunicado No. 14 Publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”, publicado en la fecha ya mencionada y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (DOF: 15/04/2025), documento que partiría de la elaboración de un “Diagnóstico de la Nación: ¿Dónde Estamos?; la definición de los fines; la metodología para su elaboración y los objetivos que pretendería alcanzar. Establece en el punto tres: “El PND establece los grandes objetivos nacionales y las estrategias prioritarias, a partir de los cuales se elaboran los programas presupuestarios y sectoriales, se orientan los recursos públicos y se definen los indicadores con los que se dará seguimiento y se evaluarán los resultados”. Acto seguido, daría a conocer que el plan se habría estructurado en “Cuatro Ejes Generales: Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana. Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo. Eje General 3: Economía moral y trabajo. Eje General 4: Desarrollo sustentable; y en tres Ejes Transversales:  Eje Transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Eje Transversal 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Eje Transversal 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, [de los que se derivarían los] objetivos estratégicos, líneas de acción y una visión integral que guiará el quehacer del Gobierno de México en los próximos seis años”.
La educación [el sector educativo] se mencionaría en la Presentación del PND por intermedio de tres referencias bajo las que el gobierno refrendaría su compromiso con La Escuela Es Nuestra (LEEN) mediante “planes y programas de estudio de  enfoque humanista”, adoptada en las postrimerías de la anterior administración [y cuyo avance sería medido por vez primera, a través de los resultados que obtengan los más de 8 500 jóvenes de 15 años] que sustentan la prueba PISA]; la impresión de “160 millones de libros de texto gratuitos; [la rehabilitación de] 174 mil planteles con La Escuela Es Nuestra y la basificación] a 960 mil profesores, con un aumento de 48% de sus salarios. Quienes hoy tienen un ingreso mínimo de 17 mil pesos mensuales”.
El primer párrafo destinado al eje 2. “Desarrollo con bienestar y humanismo [sintetizaría principios doctrinarios al dotarlo del siguiente calificativo] es el corazón de la transformación [y definir que], no es solo reducir la pobreza, sino erradicar las condiciones que las perpetúan. Se fortalecerán los derechos a la educación, la salud, la vivienda y la cultura, con una visión donde la equidad y la justicia social sean la base de la acción pública”. La declaración y su justificación Gracia no requieren interpretación. El mismo texto lo expresaría: “Se mantendrán todos los programas y garantizaremos que el incremento anual de los apoyos económicos nunca esté por debajo de la inflación. Además, el H. Congreso de la Unión aprobó que estos derechos sean constitucionales y nadie los puede revertir.”. El eje 2 reiteraría la creación de 300 mil espacios más para preparatoria y superior, lo mismo que la infraestructura que requiriera [en cualquiera de sus 3 modalidades: nuevos edificios, reparación de los planteles que lo necesitaran y adaptación de edificios de secundaria que a contraturno permitieran prestar servicios de preparatorias vespertinas] para lograr las metas propuestas.
La actual administración incorporaría al diseño del PND 2025-2530 los “CIEN COMPROMISOS PARA EL SEGUNDO PISO DE LA TRANSFORMACIÓN”, que la ahora titular del ejecutivo anunciara el día de su toma de protesta: “Cien Compromisos de gobierno para el periodo 2025-2030, mismos que se agrupan en Catorce Repúblicas y fundamentan la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo”. La III se denominaría República educadora, humanista y científica, que propondría las líneas de acción que a continuación se presentan conservando la numeración original:
26. Continúa la Nueva Escuela Mexicana.
27. Desaparece la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
28. La Escuela Es Nuestra se ampliará a nivel medio superior.
29. Las primarias extenderán horarios para incluir deportes y artes.
30. Las escuelas serán espacios de prevención de la salud.
31. Se aumentarán los espacios en educación media superior.
32. 300 mil nuevos espacios para educación superior.
33. México será potencia tecnológica y de innovación.
34. Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional.
35. Todos a ponernos la pila con deporte comunitario y apoyo a deportistas de
       rendimiento
Si los resultados de la prueba PISA calificarían el rendimiento académico de la pasada administración Gracia, la actual, estaría a tiempo para realizar las modificaciones que requirieran planes y programas de educación básica y estar en mejores condiciones cuando se realice, en 2029, la siguiente evaluación internacional que mediría la mejora, si se da, del presente gobierno. Lástima por la guardia que tienes que cumplir en tu nuevo encargo.

Sheinbaum – AMLO, el rompimiento que viene

Dr. German Molina Carrillo / Por

                                                                                    *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La encomienda y el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el expresidente AMLO, desde que el segundo impulsó su candidatura a la presidencia, un año antes de las elecciones del pasado dos de junio de 2024, fue la de ejecutar el denominado segundo piso de la cuarta transformación; la que hoy cada día se tambalea y  encuentra en grave riesgo de no cumplirse, ante las circunstancias que enfrenta nuestro país, de diversa índole y que es necesario analizar, a fin de determinar, lo que le espera a la presidenta en los meses por venir.

Aún y cuando el oficialismo tiene el control absoluto del poder legislativo y de que sus iniciativas y reformas, difícilmente podrían ser bloqueadas o sujetas a modificaciones, lo ocurrido hasta ahora, nos demuestra que quienes controlan ambas cámaras, la de diputados con Ricardo Monreal y la de senadores con Adán Augusto López, han impuesto decisiones y cambios, desafiando a la presidenta, como por ejemplo la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH y la modificación a la entrada en vigencia de la reforma constitucional contra el nepotismo en los cargos públicos, para las elecciones de 2030, en un claro desacato a la iniciativa de la presidenta que la propuso para 2027, hecho que nunca hubiera ocurrido en el gobierno de AMLO, cuyas ordenes e iniciativas, no se les cambiaba ni una coma, para no despertar su ira.

A los hechos anteriores podemos sumar la división de la alianza de Morena y sus aliados PT y PVEM en la aprobación del dictamen de la Comisión instructora para el desafuero del ex gobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, para lo que debieron echar mano de los votos del PRI, para protegerlo, cubriéndolo de un manto de impunidad y sin importarles, lo que ello significaba para la imagen de la presidenta, quién declaró en su toma de protesta la frase: llegamos todas y que se vino abajo por la postura del oficialismo de apoyar a costa de todo la impunidad de su compañero de bancada.

A pesar de ello, la presidenta no ha perdido la calma y ha tratado de no llegar a una confrontación pública, con Monreal y Adán Augusto López, lo que pudiera significar una fractura o división entre quienes le son leales y fieles, con aquellos que siguen venerando a AMLO y sienten que es su obligación dejar claro a la presidenta que necesita de ellos y que no basta su voluntad para la toma de decisiones, dejando el mensaje de que si las cosas se salen de control, pudieran usar su cargo para poner en jaque la figura  y autoridad presidencial.

El escándalo que se dio a conocer a nivel nacional, por la millonaria campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez de Chihuahua, para lograr posicionarse para ser la candidata a la gubernatura, con el apoyo de Fernando Padilla empresario beneficiado con contratos otorgados durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y después con su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, así como del ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, que provocó reclamos de los partidos de oposición PRI y PAN en el Senado y una declaración de la presidenta en su conferencia mañanera del Pueblo, descalificando los actos adelantados de campaña de la senadora y el dispendio de recursos utilizados en las caravanas médicas en las poblaciones de la Sierra de Chihuahua, con la respuesta de la senadora de que la presidenta no podía descalificarla, si ella también había hecho campaña adelantada a la presidencia de la república dos años antes, declaración que representa un desafío a la investidura presidencial, lo que no importó a la senadora, que cuenta con el apoyo de Adán Augusto López.

Si revisamos la situación en los gobiernos de los 24 estados que maneja Morena, aún y cuando todos los gobernadores se han pronunciado por apoyar las políticas y decisiones de la presidenta firmando cuanto desplegado o manifiesto se ha requerido a nivel nacional para respaldarla; no dejan de existir divisiones y luchas por los compromisos que tienen varios de ellos tanto con Ricardo Monreal, como con el grupo de Adán Augusto López, a los que les deben haber sido postulados y después haber recibido los apoyos necesarios para alcanzar el triunfo en sus estados.

En cuanto a la situación, que se vive al interior de Morena, aún y cuando la “presidenta del partido” Luisa María Alcaide se ha pronunciado públicamente por respaldar las decisiones y políticas de la presidenta, sin confrontar las acciones de Monreal y Adán Augusto López; para la militancia del partido, es evidente que quién maneja en los hechos el partido es el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán con quién todos los presidentes de las dirigencias de los estados, se subordinan al considerar que siguen las directrices del expresidente, de quién suponen desea que su hijo sea impulsado  para alcanzar la candidatura presidencial en 2030.

Las decisiones que ha tomado la presidenta, para cumplir las exigencias del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para detener la migración y la producción y tráfico de fentanilo; así como la cooperación para exterminar a los carteles del narcotráfico que ha declarado como grupos terroristas, a fin de evitar la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos que se exportan al vecino del norte para lo cual ha modificado la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, han significado romper con las políticas y actuación de las fuerzas de seguridad que se implementaron en el gobierno de AMLO: dejando además al descubierto la complicidad y contubernio que en seis años, existieron entre los capos de los carteles con autoridades de los tres niveles y algunos empresarios; por lo que a la presidenta le es casi imposible defender al gobierno anterior, cuyos escándalos se dan a conocer semana tras semana, como en el caso del huachicol fiscal que ha afectado por más de 500 mil millones de pesos al país, de acuerdo a los últimos reportes y en el que se han visto involucrados funcionarios aduanales y de los gobiernos del norte del país.

Después de las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia que se llevarán a cabo el 1 de junio, en todo el país y de cuyos resultados depende que el oficialismo tome el control absoluto del Poder Judicial Federal; que fue uno de los compromisos de la presidenta con AMLO, vendrá un momento decisivo para la presidenta, quién deberá decidir, entre seguir las directrices de AMLO y terminar con las acciones del segundo piso de la 4T, con las consecuencias subsecuentes, o bien, romper con el y asumir su papel como presidenta, por el bien del país, defendiendo los intereses de los ciudadanos y haciendo un lado, el populismo y presiones del ex presidente y su cúpula, que siguen empecinados en anteponer sus intereses a los de la Nación.

                               *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El T-MEC, último reducto para frenar la reforma judicial

Dr. German Molina Carrillo / Por

Desde que el ex presidente AMLO, propuso la reforma al poder judicial, en la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas de lo que denominó como el plan C, una de las que más criticas y cuestionamientos recibió fue precisamente la del poder judicial, no sólo por dar fin a la independencia de dicho poder, que ahora mediante la elección popular de los ministros, magistrados y jueces de distrito, implicaría que tanto el poder ejecutivo, como el legislativo se inmiscuyeran en el proceso de elección; sino también por el hecho de que la reforma en si, por su contenido y lo que representa, estaría violando el T-MEC suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que el estado mexicano, dejaría de dar certeza jurídica a los inversionistas de dichos países y aún de consumarse la elección de los funcionarios judiciales, por la desconfianza que ello genera, les obligaría a llevar los casos a tribunales internacionales.

Pese a lo anterior, aunque México desde la llegada del presidente Donald Trump, ha sido víctima de las amenazas y exigencias del vecino del norte, de aplicar aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los días ha tenido que salir a defender los intereses de nuestro país y a cumplir en la medida de lo posible lo solicitado por el inquilino de la casa blanca, como lo fue enviar diez mil elementos de la guardia nacional, a frenar la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos, terminar con los carteles que introducen fentanilo al norte, de entregar a veintinueve capos que se encontraban en cárceles de nuestro país, esperando ser deportados, de entregar información de las empresas fachada que se dedicaron por años a blanquear dinero del narcotráfico, de detener el huachicol y a los grupos criminales, entre otras exigencias.

La semana que concluye, se sumaron dos exigencias más, derivadas precisamente de reformas aprobadas por las cámaras de diputados y senadores recientemente, como la prohibición de la venta en México, del maíz transgénico y que afecta a empresas estadounidenses y la exigencia de que México cumpla con el tratado de 1944, mediante el cual nuestro país, debe entregar agua al Estado de Texas, volviendo a amenazar al gobierno mexicano de aplicar los aranceles, sino se entrega el agua que se adeuda.

Bajo este escenario, y a pesar de que la ejecución de la reforma judicial, que se concretará en las  elecciones del próximo uno de junio en todo el país, será también un factor determinante y pretexto para que de nueva cuenta Estados Unidos, por el riesgo que corren las inversiones de empresas instaladas en nuestro país, acuse de violaciones al T-MEC al gobierno mexicano; todo el aparato de estado, principalmente el poder ejecutivo y el legislativo, con el visto bueno que les acaba de dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que puedan promover las elecciones del poder judicial, se volcarán a hacer labor proselitista en forma pública y abierta, a fin de lograr que la votación crezca y con ello se legitime a quienes participan como candidatos a los diferentes cargos.

La elección por si misma, ya ha tenido un costo importante para el país, con los más de ocho mil millones de pesos que se destinaron por el INE para la organización del proceso
que a estas fechas, no permea en el ánimo de los ciudadanos, quienes no saben a ciencia cierta, que cargos se elegirán, no conocen a las candidatas y candidatos, no entienden la forma en que deben emitir su voto y peor aún el tiempo que deberán permanecer en la casilla a la espera de poder sufragar con más de seis boletas electorales.

Las campañas de las candidatas y candidatos a los cargos, con los candados que se les han impuesto, no han logrado llegar a un sector importante de la población, siendo física y humanamente imposible, que con tan pocos recursos puedan garantizar una votación que les permita ganar la elección.

Pero ninguna circunstancia, hasta ahora podrá frenar la elección del poder judicial y que finalmente, dicho poder pierda su independencia al estar controlado por los grupos políticos que les apoyen para llegar a los cargos.

Si ahora el poder ejecutivo y legislativo tienen el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, para promover la elección judicial, no sería extraño que los partidos políticos con registro nacional, soliciten lo mismo y que al final, todo mundo meta mano, en una elección, que desde las tómbolas que se llevaron a cabo en el Senado para integrar las listas finales de candidatos, se ha convertido en un circo, donde al final los únicos que perderemos seamos los ciudadanos, cuando solicitemos la intervención de los tribunales para resolver una controversia o solicitar justicia.

El único poder, que obligaría al estado mexicano, a dar marcha atrás a la reforma judicial, es el del Gobierno de los Estados Unidos, que tan sólo con un decreto del presidente Donald Trump o una amenaza en su cuenta de truth social, puede obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum , a frenar un proceso electoral, diseñado para dar gusto al ex presidente López Obrador para consumar su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación, por todos los agravios y resoluciones que no le fueron favorables durante su mandato.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2025

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia Mediante el Boletín 106. Inicia la aplicación de la Prueba PISA [Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes] para alrededor de 8 mil estudiantes de escuelas públicas y privadas en todo el país: SEP, publicado el 1 de abril se señalaría que “la aplicación se llevará a cabo en las 32 entidades del país durante 30 días hábiles, en abril y mayo. Participarán escuelas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores”. El comunicado destacaría que el proceso habría reiniciado una semana antes de la fecha de la publicación de referencia; aunque párrafos más adelante haría notar que, en realidad, “los trabajos para este ejercicio iniciaron en octubre pasado con una prueba piloto en las escuelas de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala [al que concurrirían] 321 planteles públicos y privados  de Educación Secundaria y Media Superior, con la participación de alrededor de 8 mil estudiantes a nivel nacional”. Asimismo, resaltaría el carácter internacional de la prueba y la seriación trianual [hasta ahora] de su aplicación; el concurso de “91 países, 13 de ellos de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y México”, y la participación mexicana en todos los momentos de la evaluación incluido el pago y la prueba piloto, a pesar del desaire de la administración anterior. En la evaluación actual y curándose en salud por los malos resultados, “el secretario de Educación Pública [mencionaría], que este tipo de exámenes estandarizados tienen limitaciones muy importantes para evaluar de manera objetiva el desempeño educativo y los resultados son muy relativos dadas las enormes diferencias que existen en los distintos entornos escolares”; pese a que la memoria colectiva a corto plazo, ignore que México se marginaría voluntariamente del diseño de los instrumentos de una prueba, criticada por estandarizada, al no enviar expertos mexicanos que dieran los puntos de vista nacionales cuando ésta se diseño. Propiedad “moral” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se establecería en el año 2000 con “el objetivo de evaluar y comparar el rendimiento educativo de estudiantes de 15 años en diferentes países [pertenecientes a la organización], en tres áreas principales: matemáticas, ciencias y comprensión lectora”. No obstante el San Benito de la elección, radicaría en la designación de la sociedad civil –de carácter privado– elegida por dedazo para la aplicación de la prueba: el Ceneval, ligada a exfuncionarios de la SEP. El cuadro Resultados de México [en la prueba PISA], elaborados por el Chat GPT a partir de información que ese medio tomaría de las páginas: https://www.oecd.or; resultados PISA 2022–SEP y  https://blogs.iadb, daría cuenta de la evolución de las competencias lectoras, matemáticas y científicas de las y los jóvenes en el contexto internacional. Resultados de México en la prueba PISA (2000–2022)
Año Lectura Matemáticas Ciencias Lugar entre países de la OCDE Lugar global entre participantes Número de países
2000 422 387 422 27 de 28 35 de 41 41
2003 400 385 405 29 de 30 38 de 41 41
2006 410 406 410 30 de 30 49 de 57 57
2009 425 419 416 33 de 34 48 de 65 65
2012 424 413 415 34 de 34 53 de 65 65
2015 423 408 416 35 de 35 56 de 70 70
2018 420 409 419 36 de 37 53 de 70 79
2022 415 395 410 37 de 37 51 de 81 81
Nota del autor: Los puntajes son redondeados. Las posiciones son aproximadas y basadas en informes de OCDE, INEE, SEP y medios especializados Tras una suspensión temporal, originada por la
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