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Marco normativo de los libros de texto gratuitos

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Estimada Maestra

El sainete que escenificaría el exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública permitiría revisar el marco normativo que daría vida pública a los libros de texto gratuitos y que partiría de lo establecido en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo en el que se establecería que:

“Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica […]. En la fracción I establecería que “dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa [y en la II, señalaría que] El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios […] será democrática, considerando a la democracia […] como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; […] será nacional […] contribuirá a la mejor convivencia humana […] respeto por la naturaleza […], evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Otros incisos precisarían otros criterios como la inclusión; la interculturalidad; la integralidad y la excelencia; en tanto que la fracción IV establecería que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”; criterios que condicionarían contenidos y calidad de los libros de texto gratuitos.

El Artículo 23 del Capítulo V. De los planes y programas de estudio del Título Segundo. De la Nueva Escuela Mexicana de la Ley General de Educación establecería:

“La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley; y en consonancia, el Artículo 22 determinaría: «Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la Secretaría en los términos de esta Ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito [aplicable a las instituciones de educación básica particular, que operan a partir de una autorización otorgada por el gobierno]. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto».

Adicionalmente, el Artículo 113 del Capítulo Único De la distribución de la función social en educación [del] Título Séptimo Del Federalismo educativo [precisaría:]

Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional;
II. Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, […];
IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;
V. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria;
VI. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica;
XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables”.

Adicionalmente la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuitos estaría facultada y de acuerdo al “Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, [para] dictaminar sobre libros de texto, así como el diseño técnico y la elaboración de dichos libros, de conformidad con las facultades que al efecto establece la Ley Federal de Educación [entre otras atribuciones más].

El marco normativo institucional tendría marcada una ruta permanente de mejora, cambio y  modificaciones al que se someterían planes, programas de estudio y lo mismo los libros de texto gratuitos.

Su elaboración estaría sobre las decisiones y los caprichos de un solo funcionario que se atribuya la elaboración de los 107 libros de texto gratuitos, Gracia.

El Efecto Tequila en las gestiones municipales

Dr. German Molina Carrillo / Por

El alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera, emanado de Morena, fue detenido el pasado 5 de febrero, acusado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro agravado, siendo vinculado a proceso el pasado 11 de febrero.

También la Fiscalía general de la República lo acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva generación, quien habría financiado su campaña política, además le imputa el secuestro de dos políticos del PAN, en marzo de 2021, para que desistieran de competir en la elección de dicho año y dejaran paso libre al candidato Juan Gabriel Toribio Villareal como al final ocurrió.

Si bien es cierto, el Cabildo ya designó a una presidenta municipal sustituta, que forma parte del mismo grupo que apoyaba al alcalde detenido, a los dos días siguientes también ya fue señalada por su afinidad con el líder del CJNG Nemesio Oseguera cantando corridos en su honor, por lo que la población aunque en un principio festejó la detención de Rivera, hoy la situación del municipio aún con la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, no está segura de que la presidenta, rompa el vinculo y poder que tiene el CJNG en la zona.

Tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declararon que el gobierno como el partido con esta detención daban muestras de que no se protege a nadie y que no hay impunidad, porque un integrante de su movimiento que ocupaba un cargo público fue detenido y actualmente se encuentra sujeto a proceso por los delitos que se le imputan.

Lo que llama la atención es que sólo por las denuncias y presión de empresas como la de José Cuervo que se quejaron de los abusos de autoridad y extorsión del alcalde, fue como las autoridades del gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República, se vieron obligadas a actuar deteniendo a dicho personaje, cuyos vínculos con el CJNG había sido denunciado desde su campaña para la presidencia municipal.

El caso de Diego Rivera es similar, aunque no en la misma dimensión con la situación que día a día enfrentan los ciudadanos en los municipios gobernados por alcaldes emanados de Morena, cuyos vínculos con los cárteles del narcotráfico son evidentes, dejándolos actuar a sus anchas e imponiendo con apoyo de las autoridades municipales sus propias reglas y cuotas como el derecho de piso para poder continuar con sus actividades comerciales.

De los 2478 municipios en los que está dividido el país, los problemas que enfrentan los alcaldes son diversos atendiendo a las zonas geográficas, al tipo de población y número de habitantes, a su grado de desarrollo, actividades económicas y sobre todo al presupuesto que anualmente les es asignado por los Congresos estatales; sin embargo, desde el año 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, en el que se inicia la denominada guerra contra los cárteles de la droga, el sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros siete años de los gobiernos de la cuarta transformación, los gobiernos municipales, han dejado de tener proximidad con la población que gobiernan y en su mayoría han sido infiltrados por los grupos delictivos y cárteles de la droga, patrocinando sus campañas políticas e imponiéndoles a los funcionarios del primer nivel de sus administraciones, sobre todo en las áreas de seguridad pública, obras e infraestructura y de comercio, mediante las cuales pueden obtener jugosas ganancias y recuperar lo invertido en las campañas de los alcaldes que les deben el cargo.

Cada tres años en que se renuevan las presidencias municipales, los cárteles de la droga, ya cuentan con una lista de candidatos que proponer a los partidos políticos, para llevarlos al triunfo en las elecciones y apoyando su reelección en aquellos casos en que les han dado buenos resultados y los han dejado trabajar a sus anchas.

Por lo general, los habitantes de los municipios conocen perfectamente la historia de los que aspiran a contender en las elecciones de alcaldes, ya sea porque nacieron en muchos de los casos en esos lugares, porque identifican a su familia o bien porque tienen trayectoria política o han ocupado algún cargo público; incluso si tienen alguna actividad delictiva o están vinculados con algún cártel o grupo delictivo, los pobladores lo saben y deciden callar, para evitar ser víctimas de alguna agresión o poner en riesgo su vida.

Ahora que la presidenta de la República y la dirigente nacional de Morena han declarado que pondrán más cuidado en la selección de sus candidatos y los investigarán antes de postularlos, verificando que no tengan abierta alguna carpeta de investigación en su contra; sería sano que lo hicieran con los alcaldes que actualmente está en funciones e investigaran también el financiamiento de sus campañas, así como su situación patrimonial y de sus familiares cercanos y que los Congresos locales pongan más atención en el desempeño de los ediles, así como la percepción de inseguridad que existe en las cabeceras municipales.

Estoy seguro, que el caso del alcalde del municipio de Tequila sólo es un botón de muestra de la situación que enfrentan los pobladores en varias zonas del país, con presidentes que abusan de su autoridad y se han coludido con cárteles del narcotráfico, ya que se sienten intocables por provenir del partido de Morena, PT o PVEM contando con una doble protección para seguir delinquiendo, la de los cárteles y la del oficialismo que prefiere sostenerlos, antes que detenerlos, por el costo electoral que puede representar para la continuidad en sus gobiernos.

El síndrome de los presidentes municipales como el personaje de Varguitas de la película La ley de Herodes ha cundido en el país, reforzado por la delincuencia organizada, que además hoy se ha empoderado y tiene el control territorial de más de la tercera parte del territorio naciona

Escuelas inseguras

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
“Cuando el silencio se sienta en el pupitre de enfrente”

Hay textos que deberían comenzar por la ley, no por los hechos. Y este es uno de ellos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su Artículo 12, establecería de manera inequívoca que toda persona que tenga conocimiento de una posible vulneración a los derechos de una niña, niño o adolescente está obligada a informarlo de inmediato a la autoridad competente (https://acortar.link/acmHO3), garantizando medidas de protección, investigación y restitución.

El mismo marco legal -en su Capítulo Octavo, particularmente el Artículo 46 y en sus diferentes fracciones- recordaría que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia, y que las instituciones deben implementar mecanismos de atención, canalización, seguimiento y promoción de la convivencia escolar armónica.

Si la norma es clara, Gracia, la pregunta inevitable en casos de agresión sería: ¿dónde estaría la maestra o el maestro? ¿Dónde estaría quien debería ejercer la vigilancia mínima que protegería a un grupo escolar? ¿Y dónde estarían, también, quienes deberían supervisar a esa maestra o maestro?

Habría días en que una nota periodística parecería más un espejo que una noticia. Esta semana, el caso documentado por la periodista Yadira Llaven Anzures en La Jornada de Oriente, ocurrido en una primaria de Cuautlancingo, volvería a mostrarnos lo que se preferiría no ver: que la escuela -ese espacio que debería ser seguro- también podría fallar.

La historia se conocería a finales de enero, aunque los hechos habrían ocurrido meses antes. La comunidad se movilizaría, la familia denunciaría, la escuela ¿activaría? protocolos tarde y el aula terminaría sustituida por clases a distancia. En la puerta del plantel quedaría la incertidumbre, el enojo y la sensación de que algo esencial no funcionaría.

Porque, Gracia, este no sería un caso aislado. Aunque México no contaría con un registro nacional que clasificara de manera precisa los hechos de violencia dentro de las escuelas, las señales estarían ahí y hablarían de un patrón que crecería, se diversificaría y se normalizaría. A nivel nacional, las encuestas indicarían que el 28 % de los adolescentes de 12 a 17 años reportarían acoso escolar en los últimos doce meses, unos 3.3 millones de estudiantes según referiría la ENADIS 2022 del INEGI, [cálculo y divulgación de REDIM (2023)].

En 2023, los servicios de salud registrarían 943 niñas, niños y adolescentes atendidos por agresiones dentro de la escuela, la cifra más alta desde que se contaría con registros sistemáticos. Dos de cada tres víctimas serían adolescentes, un tercio niños de primaria y casi 4 % menores de cinco años (Sistema Nacional de Información en Salud 2023).

Y si en la vida adulta 92.9 % de los delitos no se denunciaría ni generaría una carpeta de investigación (ENVIPE 2024 [datos de 2023], ¿qué podríamos esperar del mundo infantil, donde el silencio pesaría más que la valentía? Puebla, por supuesto, tampoco sería la excepción. Entre 2022 y mayo de 2024, la autoridad educativa estatal documentaría 74 casos de violencia dentro de planteles públicos, con 63 alumnos afectados por agresiones físicas, verbales, ciberacoso y otras formas de vulneración (e-consulta basada en información entregada por la SEP-Puebla vía transparencia).

Si se ampliara la mirada a seis años, se conocería que la Secretaría de Educación reportaría 105 denuncias de acoso escolar y 28 ceses de docentes por violencia, lo cual revelaría que el sistema no es ajeno a estas fracturas (SEP-Puebla, noviembre 2024).

Mientras tanto, la respuesta institucional se repetiría: “Se activaron los protocolos” (https://acortar.link/ypLAr4), como si decirlo fuera equivalente a aplicarlos correctamente. Pero el protocolo llegaría tarde, Gracia, cuando el niño necesitaría semanas o meses para encontrar palabras.

Llegaría tarde cuando la dirección escolar no escucha con prontitud. Llegaría tarde cuando la comunidad debería protestar afuera del plantel para que alguien atienda. Y llegaría tarde -sobre todo- cuando el mensaje hacia los estudiantes es que hablar podría costarles la escuela y más si se privilegiara a los agresores sobre el afectado, so pretexto de su edad y priorizando sus derechos, asumiendo la directora el papel de juez y parte y sin turnar el caso a las autoridades competentes.

Por eso se diría sin tapujos: México no estaría midiendo la violencia escolar con la rigurosidad necesaria; y esa ausencia de información fina sería, en sí misma, una forma de desprotección. Si quienes deberían hacerlo no nombran el lugar exacto donde ocurriría un hecho, no podría prevenirse.

Si no se sistematizan de manera transparente, las políticas serían solo hojas sueltas. Si quienes deberían hacerlo no acompañan a las víctimas con oportunidad, la escuela dejaría de enseñar ciudadanía y empezaría a enseñar miedo.

Lo urgente no sería castigar -que también- sino reconstruir la cadena completa de cuidados: vigilancia presente, escucha temprana, formación docente sólida, atención psicológica de largo aliento y una integración real entre escuela, familia y autoridad. Porque las obligaciones legales ya existirían. Lo que faltaría sería cumplirlas con la seriedad que merecerían quienes ocupan los pupitres.

Y se volvería al inicio, Gracia, porque ahí está la pregunta que no podríamos evadir: ¿dónde estaría la maestra o el maestro? ¿Dónde estaría la escuela cuando más se le necesitaba? ¿Y dónde estaría la sociedad cuando el silencio se sentaría en el pupitre de enfrente?

HRW: Seis años de retroceso democrático con AMLO

Dr. German Molina Carrillo / Por

De acuerdo al informe mundial 2026 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) señala que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presidió un proceso de retroceso democrático en México marcado por reformas que debilitaron la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.

Advirtió que, al cierre de ese sexenio, el país heredó graves problemas de derechos humanos, entre ellos violencia criminal extrema y abusos cometidos por autoridades civiles y militares.

Uno de los puntos más relevantes del informe subraya que, con el respaldo del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma constitucional para obligar a jueces, magistrados y hasta ministros de la corte a someterse a elecciones populares.

Hace una crítica a las primeras elecciones judiciales, señalando que estuvieron marcadas por baja participación y cuestionamientos sobre la integridad del proceso, lo que generó preocupación internacional incluida la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y jueces.

El informe se pronuncia además sobre otros aspectos como: la seguridad y violencia criminal que en 2024, la tasa oficial de homicidios superó los 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más elevadas a nivel mundial.

El repunte de la violencia regional, asesinatos de funcionarios locales y vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

La impunidad y acceso limitados a la justicia; la reelección de la titular de la CNDH que solapó las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos del gobierno anterior.

El aumento de los casos de tortura, con más de 3 mil denuncias y la expansión de la prisión preventiva obligatoria a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno eliminarla por ser contraria a los estándares internacionales.

Refiere también a la militarización y abusos de las fuerzas armadas, con ejecuciones extrajudiciales, violencia contra civiles y falta de cooperación castrense, como el caso Ayotzinapa.

Finalmente, destaca los casos de 130 mil personas que permanecen desaparecidas, sin que el estado haya tomado las medidas necesarias para su localización, además del riesgo de los buscadores de desaparecidos. Cuestiona la falta de transparencia, libertad de prensa y de la libertad de expresión, ya que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, por los asesinatos y acoso judicial contra los periodistas y defensores de derechos humanos. Sobre los derechos de las mujeres, migrantes y población LGBT señala que persisten altos niveles de violencia de género, feminicidios y agresiones contra personas por su orientación sexual o identidad de género.

Si se revisa a fondo el informe, cualquier ciudadano con dos dedos de frente, puede dar crédito a su contenido, a pesar de que la realidad que el oficialismo vende a los mexicanos en las conferencias mañaneras con los otros datos que tenía AMLO, o ahora con la negación de la realidad con la presidenta Sheinbaum, se nos presenta un país distinto donde las cosas han mejorado como la disminución de los casos de homicidios, la detención de narcotraficantes, el combate a los cárteles, la creación de empleos, llegada de inversiones o que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca donde no faltan los medicamentos en las clínicas y hospitales del sector, sólo por citar algunos datos.

Es posible que, internamente el oficialismo, a través del control que tiene de los medios y de sus propagandistas, haya logrado que un alto número de mexicanos compren sus teorías o los tengan controlados por los beneficios que les otorgan a través de los programas sociales y del bienestar; sin embargo, México no es un país aislado del resto del mundo y organismos como HRW cuentan con información y estudios que difícilmente el oficialismo puede debatir o negar.

Lo más dramático para el país, es que, si así nos fue en el sexenio de AMLO con el primer piso de la 4T en una pesadilla de seis años y con las reformas que nos tienen hundidos en la situación actual, cabe preguntarse: ¿cómo nos irá en los seis años del segundo piso de la 4T?

Si a un poco más de un año, el país enfrenta una grave crisis en materia de inseguridad, corrupción, violencia, narcotráfico, impunidad, economía, falta de empleos y sobre todo, destrucción de los organismos como el INAI, COFECE, IFT, CRE y CNH, CONEVAL y desarrollo social y MEJOREDU, cuyas funciones fueron absorbidas por el Estado.

Las cosas no pintan bien, ya que ahora viene la reforma electoral que impulsa la presidenta y el oficialismo, que por lo que se ha anunciado, busca a toda costa el control de las autoridades electorales y el control absoluto de las elecciones para garantizar su permanencia y la continuidad de su proyecto, con lo que lo poco que queda de la democracia mexicana será sepultada en las cámaras en nombre de la voluntad del pueblo.

Yo preguntaría a los adoradores de AMLO, si después de conocer informes como el de HRW, seguirían gritando: “Es un honor estar con Obrador”.

El papel de las mujeres en la profesionalización del país

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
Parecería que Mario Delgado ensaya la tarea, la corrige, la transmite y su oficina de Comunicación Social emite un nuevo boletín. Sucedería así con temas como el Marco Curricular Común y el que te comparto en la Carta a Gracia que te envío este día, dedicado al Boletín 52: Durante la presente administración se registraron más de un millón 100 mil títulos y cerca de 800 mil cédulas: Mario Delgado, publicado el 3 de febrero, que parecería ser una copia al carbón del Boletín 31. Mujeres fortalecen su presencia en ingeniería y ciencias aplicadas en México: Mario Delgado Carrillo que estaría en la web a partir del 20 de enero.

Ambos boletines concordarían en el número de títulos registrados (1 100 000) aunque diferirían en el número de cédulas emitidas; 700 000 en el comunicado 31 contra 800 000 en el boletín 52, si bien, en la Carta anterior, te compartiría que una búsqueda en la ventana Datos abiertos del Registro Nacional de Profesionistas “observaría que la titulada 1 048 576 correspondería a una alumna egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”.

Argumentos en torno a un documento fundamental para justificar la contratación profesional en los sectores público y privado, cuyo acceso mediante el portal citado, estaría abierto para cualquiera que desee consultarlo de manera digital y en cuyos contenidos coinciden, parcialmente.

No obstante, las coincidencias y las diferencias entre los comunicados oficiales, habría un pretexto para profundizar en las cifras de titulados que se presenta como anillo al dedo.

De ese cuadro Gracia se habrían sacado las siguientes reflexiones, tomadas de las Estadísticas de la ANUIES del ciclo escolar 2024-2025 cuyo origen estaría en el Formato 911 de Educación Superior, el que reportaría que el total de titulados en ese ciclo escolar ascendería a 791 224 personas y de ellas 449 512, el 56.8% son mujeres, porcentaje que coincidiría con lo reportado por el titular de la oficina educativa del gobierno federal en su comunicado de prensa.  De la estadística considerada resaltan las columnas de titulados con discapacidad 5 563 (0.77%) y la de titulados hablantes de lenguas originarias: 7 170 (0.96%). Las proporciones se mantendrían en las entidades federativas.

Puebla contaría en el ciclo de referencia con 44 789 titulados, el 5.65% del total nacional; de esa cifra 25 691, el 57.36% corresponde a mujeres tituladas, porcentaje superior al del total nacional en 0.56 puntos. Por cuestiones de vecindad y de cercanía emocional Gracia, se revisaría la situación que privaría en Veracruz y Tlaxcala.

El primero de ellos contaría con 40 695 titulados, el 5.14% del total nacional, tan solo 0.51 décimas de punto porcentual menos que la entidad de Zaragoza; de ellos 23 193, el 56.99% son mujeres. Del universo 126, el 0.30% corresponden a titulados con alguna discapacidad y 379, el 0.92% de su total, correspondería a titulados hablantes de lengua indígenas; en tanto que el segundo contaría con 6 275 titulados, el 0.795% del total nacional y distante de Puebla en -4.86 puntos porcentuales; de ellos 3 792, el 60.43% son mujeres y 28, el 0.44% contaría con alguna discapacidad. 10 de ellos, el 0.15% son titulados hablantes de lenguas originarias”, a las que se agregarían otras, que destacan por la concordancia con el tema que se aborda.

Tanto en el total nacional como en cada una de las entidades, el número de “titulados mujeres” es superior al del número de titulados hombres; superando las mujeres a los hombres, que egresados de educación superior han cubierto su trámite recepcional y por ende retribuirían al estado, el gasto educativo invertido en ellas y ellos. El total favorecería en 107 800 mujeres más que los hombres (449 512 sobre 341 712).

Daría la impresión, Gracia, de que la SEP compone sus boletines como si fueran capítulos de una telenovela mal editada: se reciclan escenas y escuelas, se repiten parlamentos, solo cambian el fondo y el vestuario. Pero, entre líneas, queda una verdad que ningún corrector editorial lograría borrar: las mujeres tituladas son la fuerza real que sostiene la profesionalización del país.

Mientras en Comunicación Social luchan por cuadrar cifras, en la vida cotidiana ellas continúan entregando exámenes profesionales, cumpliendo servicio social, asesorando comunidades, trabajando en laboratorios, hospitales y escuelas. Si el boletín no cambia, que cambie entonces nuestra lectura: los personajes principales no son los que lo firman, sino quienes lo hacen posible.

Fin de la ayuda humanitaria de México a Cuba

Dr. German Molina Carrillo / Por

La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus declaraciones de fines del año pasado e inicios del presente, afirmó que el envío de petróleo a la isla de Cuba desde México, no se detendría ya que una parte de este formaba parte de los tratos comerciales y la otra como ayuda humanitaria al país, y que el envío se hacía incluso desde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y se mantuvieron en menor cantidad en el sexenio de AMLO.

Sin embargo, durante el primer año de gobierno de Sheinbaum se incrementó el volumen de los envíos de petróleo, en forma significativa, sin que la presidenta a la fecha haya transparentado los datos del contrato que México tiene con Cuba para entregarle petróleo. ¿Cuál es el precio en que se le vende?, ¿cómo se determina el porcentaje que es para venta y cuál se envía como ayuda humanitaria?, ¿por qué México se preocupa por la situación del gobierno de Díaz-Canel que representa una dictadura y por ello merece ser apoyado y no por otros países con peores niveles de pobreza como Haití por ejemplo?

Las respuestas de la presidenta a dichas interrogantes han sido evasivas y con argumentos falaces como los que dio en su conferencia del pueblo del pasado 12 de enero:

“Le preocupa mucho al Reforma, a la oposición. Y si está la información. Pero así al pueblo de México como que le preocupe mucho, no. Porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario. No aumentó el precio. Decían que iba a aumentar y no aumentó. Tenemos un acuerdo con los gasolineros. Por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante primero es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo.”

En resumen, con su declaración, la presidenta da por sentado que los mexicanos somos muy felices de saber que nuestro gobierno sin pedir la aprobación de nadie ha decidido dar “ayuda humanitaria” a una dictadura como lo es la cubana, aunque los beneficios de dicha ayuda sólo sean para los dirigentes del partido en el poder y sus familias y no para el pueblo cubano que se encuentra sumido en la pobreza y marginación.

No puede considerarse válido el hecho, de que la ayuda a Cuba también la dieron los expresidentes Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, para argumentar que por ello era una acción avalada por los ciudadanos mexicanos, cuando millones de ellos, ni siquiera estaban enterados del regalo que hicieron los expresidentes, de recursos del país, que no les pertenecían y si se les debe llamar a cuentas por ello, nadie estaría en contra de que se aclarara su proceder y asumieran su responsabilidad.

Aún con los riesgos que significan para los intereses económicos de México y su relación con los Estados Unidos, ante el inicio de las pláticas para la revisión del T-MEC, el gobierno de la 4T, después de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de que por órdenes de Estados Unidos a la presidenta sustituta de dicho país Delcy Rodríguez de no enviar más buques petroleros a la isla caribeña para apoyar a la dictadura de Díaz Canel,  la presidenta envió un buque de petróleo a Cuba e insistió en que se continuarían enviando debido a que Venezuela ya no lo haría.

El discurso de la independencia y soberanía de México para la toma de decisiones y que la relación de nuestro país estaba basada en la cooperación, más no en la subordinación, se vino abajo, con el decreto que el 29 de enero firmó el presidente Donald Trump por el que ordena imponer aranceles contra importaciones de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, incluido México, ante la emergencia, que según él, representan las políticas del régimen cubano para Estados Unidos.

En el mismo texto del decreto se hacen críticas a la isla incluyendo la falta de democracia, y denuncia como amenaza los vínculos de Cuba con países rivales de EU- como China, Rusia e Irán- y sus presuntas ligas con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah.

De persistir la orden de la presidenta de seguir enviando petróleo a Cuba, bajo el concepto que sea, como venta comercial o como ayuda humanitaria, es lógico que México podría ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos aplicando aranceles a los productos que se fabrican en nuestro país y se exportan al vecino del norte; es decir la Presidenta debe priorizar entre ir en contra de las políticas de Estados Unidos apoyando a la dictadura cubana, o bien si deja de enviar petróleo a la isla para proteger los intereses económicos de México, evitando con ello se afecte la revisión del T-MEC y sobrellevar la relación con el gobierno de Donald Trump.

La postura de Estados Unidos de endurecimiento en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina y de que no está dispuesto a beneficiar a los países que apoyan a sus enemigos globales como Rusia, China e Irán, es muy clara y contundente.

Por ello las decisiones de la presidenta Sheinbaum deben alinearse al nuevo orden mundial, sin importar que internamente sea duramente cuestionada por los radicales de izquierda de su partido, que por cuestiones ideológicas están dispuestos a desafiar al gobierno de Estados Unidos, sin importar las consecuencias económicas para el país, bajo la frase: “Patria o muerte”.

Veremos en las próximas semanas si las medidas de presión internacional en contra de la dictadura cubana, obligan a su gobierno a abrirse al mundo y a promover un cambio de régimen mediante elecciones libres y democráticas para una transición pacífica en bien de la población; o si persiste  la cerrazón y represión del gobierno cubano para continuar en el poder a costa de lo que sea, sin importar se desate una lucha violenta o intervención extranjera en la que se pondría en riesgo la vida y seguridad de la población.

Mujeres

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
El Boletín 31 “Mujeres fortalecen su presencia en ingeniería y ciencias aplicadas en México”, firmado por Mario Delgado Carrillo el 20 de enero pasado, destacaría tres hechos: 1. En 2025 las mujeres representaron el 57 % de las cédulas y títulos profesionales registrados en el país; 2. La SEP tramitó más de 700 mil cédulas profesionales y se registraron más de 1.1 millones de títulos; y 3. Por primera vez, mujeres obtuvieron cédulas y títulos en áreas del ámbito militar.

Las cifras, maestra, parecen señalar un cambio que no nació ayer, viene gestándose al menos desde 2011. El cuadro “Estadística del Sistema Educativo 2024-2025” del anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Federal confirmaría esa trayectoria: México inició el ciclo con una matrícula total de 34 370 623 alumnos; 17 418 766 son mujeres (50.67%). La diferencia, si bien nimia al mirar el agregado, no es homogénea por nivel: en básica las niñas siguen siendo ligeramente menos, mientras que en media superior y superior se invierte la relación a favor de las mujeres.

En educación superior, la matrícula asciende a 5 519 791, de las cuales 2 988 614 son mujeres (54.14 %). En media superior la matrícula asciende a 5 942 491 estudiantes y de ellos 2 862 119 son mujeres (52.11 %). En cambio, básica mantiene ventaja masculina marginal: inicial (47.89 % mujeres), preescolar (49.86 %), primaria (49.35 %) y secundaria (49.71 %). Es decir, la inversión a favor de la participación femenina ocurre desde EMS y se acentúa en superior.

Ahora bien, el cierre de trayectorias se observa mejor en los titulados. Los datos ANUIES 2024–2025 (Formato 911) reportan 791 224 titulados; 449 512 son mujeres (56.81 %), proporción en sintonía con lo afirmado en el Boletín. Destacan además dos renglones que suelen pasar inadvertidos: titulados con discapacidad (5 563; ≈0.70%) y titulados hablantes de lenguas originarias (7 170; ≈0.91%).

En el ámbito estatal que nos toca de cerca, Puebla registra 44 789 titulados (5.65 % del total nacional); 25 691 son mujeres (57.36 %), 0.56 puntos por encima del nacional. Por vecindad y afecto, miro a Veracruz y Tlaxcala: el primero con 40 695 titulados, 23 193 mujeres (56.99 %); el segundo con 6 275 titulados, 3 792 mujeres (60.43 %); 3 puntos porcentuales más que en Puebla. En Veracruz, 126 personas tituladas reportan discapacidad (≈0.31%) y 379 son hablantes de lenguas originarias (≈0.93%); en Tlaxcala, 28 (≈0.45%) y 10 (≈0.16%), respectivamente.

Tres entidades concentran los mayores números absolutos de titulados –Ciudad de México, Estado de México y Jalisco– con una proporción femenina que va de 54.15 % a 59.30 %. Puebla no solo aporta 5.65 % del total nacional, sino que supera el porcentaje nacional de mujeres por 0.56 puntos; Tlaxcala presenta la proporción más alta del trío vecino (60.43 %).

En la ventana Datos Abiertos del Registro Nacional de Profesionistas, consultado el sábado 31 de enero de 2026, se observaría que la titulada 1 048 576 correspondería a una alumna egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Y así, Gracia, entre porcentajes, brechas que se cierran y silencios que todavía pesan, se vuelve evidente que la presencia de las mujeres en las aulas y en los títulos no es una concesión reciente, sino el fruto de trayectorias sostenidas, muchas veces sin reflectores. Los boletines celebran lo visible; las cifras, cuando se leen con cuidado, dicen lo que falta. Aun así, algo se mueve. No siempre al ritmo que quisiéramos ni donde más se necesita, pero se mueve. Y quizá ahí, en ese avance que se abre paso contra viejas inercias, esta es la verdadera noticia.

Te lo dejo por escrito, maestra, para que no olvidemos que el futuro -este que ya asoma con nombres y apellidos- también se construye nombrando a quienes lo empujan cada día desde el aula. Alguien señala por ahí, que es tiempo de mujeres.

México-Estados Unidos: seguridad vs. soberanía

Dr. German Molina Carrillo / Por

Las presiones del presidente Donald Trump hacia el gobierno de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en las tres primeras semanas de 2026 se han endurecido, con las exigencias del inquilino de la Casa Blanca, al declarar que, nuestro país, no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico, y agregando ante preguntas de los medios , después de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que algo se tenía que hacer con México ante los resultados de su gabinete de seguridad.

El discurso de la presidenta en sus conferencias mañaneras sobre defender la soberanía y el territorio de México y de no aceptar la intervención de fuerzas militares de los Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico, con base en lo establecido en nuestra Constitución; y las amenazas y acciones del presidente Trump de subir los aranceles o incluso dar por terminado el T-MEC que se revisará este año para sustituirlo por acuerdos comerciales, colocan a la Presidenta en una posición sin salida y en la que se ponen en juego, los intereses económicos del país y por qué no decirlo, el futuro de su gobierno.

La lucha que hoy enfrenta el gobierno de la 4T ya no es contra los partidos de oposición y los gobiernos del período neoliberal, que, durante el periodo de AMLO, fueron los villanos favoritos de sus conferencias, acusándolos de todos los males que vive el país y de ser sus adversarios políticos que solo veían por sus intereses y no por el pueblo.

No debe pasar desapercibido para los mexicanos, que los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles, en ningún momento han sido señalados como enemigos del gobierno y del pueblo, porque el propio AMLO los ubicó como víctimas del sistema y que habían tenido que emplearse en la delincuencia por la falta de oportunidades y la desigualdad que había en el país por los gobiernos neoliberales

De ahí que lejos de combatirlos, había que atacar las causas del problema para evitar que más jóvenes se sumaran a los cárteles y se convirtieran en delincuentes, lo que derivó en su frase abrazos, no balazos, que nos ha llevado como país, al crítico momento que hoy se vive en materia de seguridad pública en la tercera parte del territorio nacional, que está bajo el control de los cárteles.

A pesar de lo anterior, en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum ya en el segundo piso de la 4T, aunque públicamente no se ha vuelto a proponer la continuidad de la política de AMLO de abrazar a los delincuentes, para la presidenta y su gabinete de seguridad, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las cosas cambiaron radicalmente, debido principalmente a los daños a la salud de los estadounidenses que representan el mercado mundial más importante para la distribución, compra y consumo de drogas, siendo el combate a los carteles uno de las propuestas de campaña hacia la presidencia de Trump, que se comprometió a combatir a los narcotraficantes para evitar que llegara más drogas a su país.

Otra de sus promesas de campaña fue el combate a la migración proveniente del sur y que llegaba de la frontera con México.

Para el presidente Trump y su gabinete consideran que, aunque México ha apoyado en ambos temas, por lo que hace al narcotráfico las estructuras de los cárteles continúan operando con nuevos grupos y liderazgos y aunque han disminuido los cargamentos de drogas, no se ha logrado frenar la producción, distribución y venta de estupefacientes, por lo que las muertes de ciudadanos estadounidenses por drogas se siguen presentando.

Así al haber declarado el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico de México y de otros países, la defensa de la soberanía y del territorio mexicano que la presidenta ha enarbolado, no es, ni será un obstáculo para frenar sus acciones, debido a que de acuerdo a la lógica del gabinete de seguridad de Estados Unidos, dicha declaratoria los faculta para llevar a cabo las acciones que consideren necesarias, tanto dentro como fuera de su territorio, para detener y exterminar a los narcotraficantes.

Por ello inicialmente en varias conversaciones telefónicas con la presidenta, Trump le ha ofrecido la ayuda de las fuerzas de seguridad de su país para combatir a los cárteles, que Sheinbaum ha rechazado, proponiendo una estrategia de coordinación, más no de subordinación a las decisiones de Estados Unidos.

Si analizamos la situación actual y los últimos acontecimientos, a la luz del anuncio de Trump de que una vez que por mar han logrado frenar la llegada de cargamentos de droga a Estados Unidos, y del inicio de acciones por tierra para exterminar a los cárteles, no son suficientes los argumentos de la presidenta, ni las entregas de capos que Estados Unidos ha solicitado y obtenido, el último de 37 en esta semana y de dos fugitivos de los más buscados por el FBI para dejar conformes a las autoridades del vecino del norte.

Con todos los líderes de los cárteles y cómplices que ya están detenidos en Estados Unidos, el gobierno de Trump cuenta con información suficiente de quienes han participado en la producción, traslado y protección a los cárteles en México, que incluyen a políticos, empresarios y hasta instituciones financieras que han lavado el dinero proveniente de estas actividades.

Se prevé que, en las próximas semanas, empiecen las detenciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno: presidentes municipales, gobernadores y militantes de partidos políticos que protegieron a los cárteles y se beneficiaron de la venta de drogas, ya que sólo con la complicidad de las autoridades fue posible que los cárteles pudieran expandirse y hasta colocar a gente de su confianza en los cuerpos de seguridad en los tres niveles.

Para Estados Unidos, la seguridad de su país y de sus ciudadanos, está por encima de la soberanía de otras naciones, y por lo menos hasta ahora, nada ni nadie parece poder detener sus acciones en el extranjero y en el caso de México, aunque lo considera su aliado comercial, no está exento de sufrir las acciones militares y de seguridad que decida implementar para exterminar a los cárteles, porque considera al gobierno de Sheinbaum incapaz de poder resolver el problema, dados los niveles de corrupción e infiltración de las estructuras gubernamentales que ha logrado la delincuencia organizada.

Bachilleratos agraciados

Gustavo Santin / Por

Cartas a Gracia
El Boletín 29. Ciberseguridad, sustentabilidad, IA, nanotecnología y producción digital, carreras estratégicas para el Edomex: Mario Delgado, publicado el lunes 18 de enero, anunciaría adicionalmente “la construcción de tres bachilleratos tecnológicos y la habilitación de cinco ciberbachilleratos [que incorporarían], a su oferta formativa nuevas carreras que responden a las necesidades del espectro nacional y vinculadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el urbanismo y el desarrollo sustentable, la logística, la enfermería, la nanotecnología y la producción digital.

Con esta nueva infraestructura se generaron 8 mil 910 nuevos lugares mediante la construcción de seis bachilleratos tecnológicos y la realización de seis reconversiones, con el apoyo de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con impacto directo en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco”.

La prospectiva educativa evidenciaría un futuro luminoso para la educación media superior, Gracia; siempre y cuando, las declaraciones llegasen a feliz término. Todo parecería indicar un futuro promisorio por lo menos, para los nuevos bachilleratos tecnológicos, los ciberbachilleratos y las secundarias reconvertidas en bachilleratos vespertinos que pronto se convertirían en una manzana de discordia; no obstante, la rezagada Tabla 6.2a

Escuelas primarias, secundarias, y planteles de Educación Media Superior por entidad federativa según disponibilidad de servicios básicos (2018-2019 a 2021-2022), publicada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CONAEDU) señalaría que en el ciclo 2021-2022 el 64.8% disponía de ellos. En Puebla y en el ciclo escolar de referencia, el 72.9 % de los planteles escolares contaría con ellos; 8.1 puntos porcentuales más que el promedio nacional. En tanto que en Oaxaca el porcentaje descendería al 34.6 %, que equivaldría a una de cada tres escuelas.

La Tabla 6.2 Escuelas y planteles por nivel, tipo de servicio y mantenimiento según disponibilidad de servicios básico (2021-2023) elaborado a partir de una muestra constituida por 18 048 escuelas, reportaría que 11 410, el 63.2% de las “Escuelas [contarían] con servicios básicos completos”; 15 251 de ellas, el 84.5 %, dispondría de electricidad; 12 912, el 71.5 %, con agua potable; 13 943, el 77.3 %, con servicio de lavado de manos; 16 615, el 92.1 % del total, con sanitarios [de ellos 14 874, el 82.4% tendrían el carácter de independientes y 3 311, el 18.3 %, la de mixtos; ambas categorías calculadas a partir del total (16 615 sanitarios)].

El cuadro y las gráficas Servicios básicos, infraestructura y equipamiento escolar, indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, publicado por el anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2024-2025 a cargo de la Dirección General de Planeación mostraría que, de las 21 175 escuelas de educación media superior  [14 745 públicas + 6 430 privadas] el 93.2 % de las públicas y el 92.2 % de las privadas contarían con electricidad; 75.7 % públicas y 73.9 % privadas con computadoras; 56.9 % públicas y 50.7 % privadas con Conexión e Internet; 40.8 % públicas y 43.7% privadas con infraestructura adaptada para discapacidad; 1.5 % públicas y 1.9 % privadas con materiales adaptados para discapacidad; 78.7 % públicas y 77.1% privadas contarían con agua potable; 81.8% públicas y 80.8 % privadas dispondrían de lavabo de manos; 86.2 % públicas y 86.5 % privadas contarían con sanitarios independientes y, finalmente, 16.6 % y 17.8 % contarían con sanitarios mixtos.

Gracia, quizá el porvenir de la Educación Media Superior esté ya escrito en boletines y conferencias; pero, la realidad -esa que se mide con agua que no llega, luz que se va y sanitarios que fallan- seguiría esperando.

“Ojalá” que estas nuevas escuelas, tan celebradas en discursos, no terminen repitiendo la vieja historia de promesas sin mantenimiento y aulas sin servicios; porque, al final, ningún bachillerato será realmente “estratégico” si el futuro de sus estudiantes depende todavía de cargar cubetas, improvisar conexiones o estudiar a contraluz o de aportaciones voluntarias –obligatorias- que hacen madres y padres de familia.

Recordarías que grosso modo, el 36.6 % de los planteles de Educación Media Superior carecerían de alguno de estos servicios; situación que se agudizaría alrededor de 9 puntos porcentuales entre el subsistema estatal y el federal, y por si fuera poco, las carencias serían mayores en zonas rurales y marginadas que en las zonas citadinas, según hallazgos de MEJOREDU. Recuerda, Gracia que “lo que se cuida, crece; lo que se descuida, se pierde.”

Revolución en la educación media superior

Gustavo Santin / Por
Cartas a Gracia
Un comunicado de prensa de la presidencia de la república intitulado El Bachillerato Nacional es una revolución en la educación Media Superior: Presidenta; en 2026, se crearán 95 mil 400 lugares nuevos, lo mismo que el Boletín 8. Presenta secretario Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026 con el que se abrirán 95 mil 400 nuevos lugares, y por último el Boletín 7. Impulsa SEP nuevas carreras por regiones en el Sistema Nacional de Bachillerato: secretario Mario Delgado, publicados el 7 y el 6 de enero respectivamente, darían cuenta de las expectativas y de las acciones que el ejecutivo federal tendría para este subsistema de educación obligatoria.
El cuadro Estadística del Sistema Educativo Nacional por Tipo, sostenimiento y modalidad, del anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2024-2025, reportaría que la matriculación total, en el ciclo escolar de referencia, ascendería a  5 492 491 alumnos; de ellos, 2 862 119 (52.10%) son mujeres y 2 630 372 (47.89%) hombres, que serían atendidos 423 587 docentes, en 21 175 planteles; 4 671 284 (85.04%) de los estudiantes corresponderían a instituciones públicas y serían atendidos por 325 205 docentes, en 14 745 planteles; en tanto que 821 207 (14.95%) alumnos asistirían a escuelas privadas y recibirían atención de 98 379 docentes en 6 430 escuelas. Los porcentajes de alumnas y alumnos inscritos en ambos casos, variarían solo en varias décimas respecto al comportamiento del total de este rubro.
El comunicado de prensa y lo mismo el boletín 8 de la SEP, anunciarían la “creación de 95 400 nuevos lugares en Educación Media Superior [y que equivaldrían a un incremento del 2.04%, que saldria del porcentaje entre alumnos de nuevo ingreso sobre la matrícula total de 95 400/4 671 284 alumnos en educación pública; a través]; 292 acciones que contemplan la construcción de 20 Bachilleratos Tecnológicos cerca de la casa de los estudiantes, 52 ampliaciones, 130 nuevos Ciberbachilleratos [con un incremento del 1.49%] y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, serán 10 Bachilleratos Tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos” [estrategia inserta -señala el comunicado- en el] Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato que [sumado a las becas] contempla nuevos planes de estudio, atención a los jóvenes y ampliación de la matrícula con más preparatorias que queden cerca de la casa”.
El comunicado de la presidencia relataría la intervención de Mario Delgado, jefe de la oficina educativa de la presidencia, quien abundaría en la materia y precisaría: “la meta del sexenio pasó de 120 mil nuevos lugares [en educación media superior] a 150 mil [cifra que tentativamente incrementaría la matrícula en 2.73%, que pasaría de 5 462 461 a  5 612 491 alumnos, mediante el cual se daría cumplimiento al compromiso 31 de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación]; por esta razón en 2025, se elevó de 37 mil 500 a 44 mil 685 espacios con 88 acciones: 20 planteles nuevos, cuyas construcciones están cerca del 90 por ciento; 33 ampliaciones de las que nueve ya fueron concluidas [que se sumarían a] las proyectadas para el 2026 y arrojarían un total de 380 acciones [292 más que en 2025];  50 planteles nuevos, 30 bachilleratos tecnológicos que incluirían 10 en Michoacán [y que se sumarían a los 20 bachilleratos generales que se edificarían en 2025]; 70 ampliaciones en 2026 [20 de ellas en Michoacán que sumadas a las de 33 del 2025 arrojarían un total de 103]; 190 ciberbachilleratos [60 de ellos en Michoacán en 2026]. [El comunicado especificaría que] los 130 nuevos Ciberbachilleratos se ubicarán en municipios contemplados en los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas, en el Plan Balsas, en los Polos de Desarrollo y en Municipios Prioritarios de Paz, con ello se tendrán 65 mil 400 espacios. Y con las acciones contempladas en el Plan Michoacán serán 30 mil lugares”.
Tania Rodríguez Mora, señala el comunicado de la presidencia aseveraría “que los nuevos Ciberbachilleratos cerca de la casa cuentan con un sistema modular en el que se imparten clases presenciales con maestros, mediante un marco curricular común que se complementa con educación Artística, Aula de cómputo y conectividad, Actividades deportivas y espacios destinados al deporte y sala de usos múltiples, áreas al aire libre y techada. [en tanto que detallaría] que algunas de las nuevas formaciones que se imparten en el Bachillerato Tecnológico son aeronáutica, biónica, ciberseguridad, electromovilidad, gestión e innovación turística, inteligencia de negocios, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sustentable. Y están en desarrollo aquellas que comprenden el proyecto de “México, país de innovación” sobre desarrollo de habilidades de gestión de software”.
Querida Gracia:
La lectura de los comunicados que proclamarían una “revolución” en la educación media superior, no evitaría pensar que las cifras -tan precisas, tan dehesas- cabrían mejor en la aritmética del optimismo que en la realidad de las escuelas. Anuncian miles de lugares nuevos, cientos de acciones y un Bachillerato Nacional que prometeria cercanía, modernidad y justicia territorial; sin embargo, los números no siempre cuentan la historia completa: una escuela no es solo paredes y un ciberbachillerato no es solo conectividad. Faltaría la vida dentro: maestros suficientes y capacitados en el uso de las Tics, artes y otras disciplinas, incluido el acompañamiento socioemocional de las y los estudiantes, equipamiento real, continuidad en el apoyo y un proyecto que sobreviva a los comunicados y boletines. Ojalá Gracia que esta vez las cifras no se queden en discurso, y que la revolución llegue también al aula, al maestro y al estudiante que la esperan. Aún quedarían 4 de cada 10 estudiantes que estando en la edad requerida, no asisten a las preparatorias y bachilleratos y uno de cada 2 planteles estatales del nivel, que no cuentan con servicios indispensables. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.
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